Sentencia SL9316-2016/46984 de junio 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrados Ponentes:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL9316-2016

Rad.: 46984

Acta 23

Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por José Luis Alcalá Marrugo, contra la sentencia proferida el 5 de agosto de 2009 y adicionada el 27 de enero de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso que instauró el recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales.

En atención al memorial de folios 34 y 35 del cuaderno de la Corte, téngase como sucesor procesal del Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2013 de 2012, artículo 35, en armonía con el artículo 60 del CPC hoy 68 del CGP, aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social, por expresa remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social.

I. Antecedentes

De conformidad con la demanda primigenia y la reforma de la misma, el citado accionante demandó al Instituto de los Seguros Sociales, a fin de que se condenara a reconocer y pagar la pensión vitalicia de vejez, por tener cumplidos los requisitos consagrados en el Acuerdo 49 de 1990 artículo 12, aprobado por el Decreto 758 de igual año, junto con la “indexación monetaria más intereses moratorios” y las costas.

En subsidio solicitó que se condene por tal derecho pensional, teniendo en cuenta los aportes en mora de su empleador, para el periodo comprendido entre el 1º de junio de 1980 hasta el 28 de febrero de 1981, y que no cobró el ISS.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que estuvo afiliado al ISS, desde el 31 de agosto de 1974 hasta el 20 de agosto de 1991, tiempo en el que cotizó un total de 592.71 semanas; que nació el 22 de junio de 1929, por lo que cuenta con más de 60 años de edad; que por ser beneficiario del régimen de transición, la normatividad aplicable para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez es el Acuerdo 49 de 1990 art.12, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; que en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, cotizó 501.7 semanas; que el Instituto demandado no realizó las acciones tendientes a efectuar el respectivo cobro coactivo o judicial de los aportes en mora en que incurrió su empleador Germán Saldarriaga Ltda., correspondientes a los ciclos del 1º de junio de 1980 al 28 de febrero de 1981 equivalentes a 34 semanas; y que el 3 de mayo de 2006 presentó la respectiva reclamación administrativa ante el ISS, sin que la misma le haya sido resuelta.

Al dar respuesta a la demanda, el Instituto de Seguros Sociales, se opuso a todas las pretensiones, y solicitó ser absuelto. En cuanto a los hechos, adujo que es parcialmente cierto que el accionante cotizó al Sistema General de Pensiones “563.8571 semanas”, sin embargo, expresó que no es cierto que el actor hubiese cotizado 500 semanas antes del cumplimiento de la edad mínima, ya que únicamente cuenta con 430 semanas, sin que se omitiera contabilizar ningún ciclo, dado que en el reporte de la historia laboral del afiliado se refleja las semanas efectivamente aportadas, además que el actor fue quien manifestó su imposibilidad de seguir cotizando al sistema, incluso la última cotización data de agosto de 1991, y en tales condiciones optó por solicitar la indemnización sustitutiva. Respecto de los demás supuestos fácticos manifestó no constarle o que no eran ciertos.

En su defensa, propuso como excepción previa, la falta de competencia, por no haber agotado el afiliado la reclamación administrativa, la cual se declaró no probada por el juez de conocimiento (fl. 64 y 65 del cdno. ppal.). No propuso ninguna excepción de fondo o de mérito.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, puso fin a la primera instancia con la sentencia del 16 de noviembre de 2007, en la que absolvió al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones; y condenó en costas a la parte demandante.

III. Sentencia de segunda instancia

Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante sentencia del 5 de agosto de 2009, revocó la decisión de primer grado, en su lugar, dispuso condenar al Instituto de Seguros Sociales, a reconocer al actor la pensión de vejez a partir del 20 de agosto 1991, en cuantía de $51.720 mensuales, equivalente al salario mínimo legal de la época, junto con las mesadas dejadas de percibir “debidamente indexadas”, desde la fecha de reconocimiento de la prestación hasta el mes de agosto de 2009, en la suma de $98.322.348, más los reajustes de ley. Así mismo, autorizó al ISS para descontar de lo adeudado a manera de compensación, el valor de la indemnización sustitutiva por valor de $5.656.142 que deberá devolverse indexada; condenó en costas de primera instancia al demandado ISS, y se abstuvo de impartirlas en la alzada.

Con proveído del 27 de enero de 2010, se adicionó la sentencia, en el sentido de absolver al demandando ISS del pago de intereses moratorios y condenó a pagar a favor del actor las mesadas adicionales indexadas causadas hasta el 31 de diciembre de 2008 por valor de $ 13.943.887.

El ad quem, comenzó por establecer como premisas que el demandante nació “el 22 de junio de 1929 (fl. 13), que se encontraba afiliado al ISS en el Régimen General de Pensiones” y que estaba cobijado por el régimen de transición.

Señaló que el accionante cumplió 60 años de edad el 22 de junio de 1989, por haber nacido el mismo día y mes del año 1929 (fl. 13); que se encontraba afiliado al ISS y cotizó hasta el año de 1991, resultando aplicable el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, por lo que para poder acceder a la pensión de vejez, debió cotizar 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o 1.000 semanas en cualquier tiempo. Como no cotizó las 1.000 semanas, tiene solo la opción de cumplir las 500 semanas de aportes en el lapso mencionado.

Afirmó que del análisis del material probatorio, se obtiene que el número de días cotizados en toda la vida laboral del demandante fue de 3.947, los cuales equivalen a 563 semanas; que para determinar cuáles son las que efectivamente corresponde a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, debe solo tomarse las cotizadas entre el 22 de junio de 1969 y el mismo día y mes de 1989, que arroja en la realidad un total de 482 semanas, que son insuficientes por faltarle 18 semanas; sin embargo, que pese a lo anterior, al sumarle las cotizaciones en mora del empleador Germán Saldarriaga Ltda que son 33 semanas, arroja un total durante toda la vida laboral de 596 semanas cotizadas, de los cuales 515 son en los últimos 20 años a la fecha de la edad mínima; como el ISS no efectuó las respectivas acciones de cobro, efectivamente dichas semanas si suman, con lo cual quedó cumplido el requisito exigido por el Decreto 758 de 1990 artículo 12 literal b, para efectos de obtener la pensión de vejez a cargo de la administradora de pensiones demandada.

A continuación, el juzgador de segundo grado procedió a liquidar la pensión de vejez, teniendo en cuenta la última cotización al sistema general de pensiones que lo fue el 20 de agosto de 1991 y los ingresos base de cotización reportados en la historia laboral del accionante, para con ello obtener el IBL, que al actualizarlo arroja la suma mensual de $77.272, pero al aplicarle una tasa de reemplazo del 48% su mesada queda reducida a $37.090 mensuales, que por ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente, el monto de la pensión será para el año 1991 de $51.720.

A reglón seguido, se liquidó el retroactivo pensional con el salario mínimo mensual legal vigente de cada año, y se estimó que era procedente el reconocimiento de la indexación de las sumas adeudadas para cada mesada, todo lo cual arrojó un retroactivo pensional indexado, entre septiembre de 1991 y agosto 2009 por la suma de $98.322.348, como quiera que no se propuso la excepción de prescripción. Del mismo modo, se autorizó a deducir de ese valor lo cancelado por indemnización sustitutiva en la cantidad de $5.656.142.

En la adición de la sentencia, se estableció que como el Tribunal había omitido pronunciarse sobre los intereses de mora y las mesadas adicionales, procedía complementar en estos puntos la decisión adoptada, y por ello frente al primer aspecto, negó los intereses moratorios dispuestos en la Ley 100 de 1993 artículo 141, toda vez que ya se había ordenado la indexación de las condenas, conceptos que estimó eran incompatibles al no poder coexistir, “habida cuenta que la tasa de interés moratorio se calcula a partir del interés bancario corriente, el cual lleva incluida la corrección monetaria. Luego, como no puede haber doble pago por un mismo concepto, no hay lugar al pago de intereses moratorios”. En lo que atañe al segundo punto de las mesadas adicionales, se accedió a su pago por ser procedente, desde el año 1991 hasta diciembre de 2008, junto con la indexación correspondiente, lo que arrojó el valor de $13.943.887.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

La censura con el recurso extraordinario persigue, conforme lo dijo en el alcance de la impugnación, que se CASE parcialmente la sentencia del Tribunal y su adición, para que en sede de instancia, la Corte revoque parcialmente el fallo de primer grado y, en su lugar, se condene también al pago de los intereses moratorios previstos en la Ley 100 de 1993 artículo 141, proveyendo lo que corresponda por costas.

Con tal objeto invocó la causal primera de casación laboral y formuló dos cargos que fueron replicados, los cuales serán estudiados en forma conjunta por estar orientados por la misma vía, compartir una argumentación que se complementa, denunciar similares normas y perseguir igual cometido.

VI. Primer cargo

Atacó la sentencia recurrida por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 29 y 53 de la Constitución Nacional, artículo 8º de la Ley 153 de 1887, artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 307 del Código de Procedimiento Civil.

En la demostración del cargo, la censura arguyó que no comparte el argumento que esgrimió el ad quem para negar el reconocimiento de los intereses moratorios, en el sentido que ya se “había reconocido el pago de la indexación monetaria solicitada por el demandante, lo cual, (...) impide la coexistencia de estos dos conceptos monetarios a fin de evitar un doble pago”, pues según la sentencia impugnada no puede coexistir la indexación monetaria con los intereses moratorios, pese a la existencia de la mora en el pago de mesadas atrasadas.

Afirmó que el anterior análisis se torna errado debido a que la Ley 100 de 1993 en su artículo 141, reza: “(...) de producirse mora en el pago de las mesadas pensiónales se pagará al pensionado la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”, por lo tanto la única condición establecida por la norma transcrita para que el pensionado tenga derecho al pago de dichos intereses, es que la entidad de seguridad social haya incurrido en mora en la cancelación de las mesadas pensiónales, sin que se establezcan salvedades o excepciones. De allí que, la correcta interpretación de la norma apunta a que existiendo la mora en el pago de mesadas adeudadas, proceda el pago de los mencionados intereses.

Aseguró que la Corte ha establecido respecto del tema en comento que: “(...) para que nazca el derecho a la cancelación de los intereses de mora consagrados en el citado precepto legal, solamente debe estarse frente al incumplimiento de la obligación de la entidad llamada a reconocer la pensión a su cargo, y que por tanto tales intereses no están sujetos a miramientos, condiciones o requisitos diferentes a ese mero incumplimiento (...)”.

Agregó, que la indexación corrige la devaluación de la moneda por inflación, mientras que los intereses moratorios compensan al acreedor por la tardanza en el pago de la obligación. Por lo tanto, el reconocimiento de estos dos conceptos a favor del acreedor, no se constituye en un doble pago, pues no persiguen un mismo fin, como erradamente lo considera el juzgador de segundo grado, quien interpretó equivocadamente el verdadero sentido de la Ley 100 de 1993 respecto del artículo 141.

VII. Segundo cargo

Acusó la sentencia del Tribunal de violar por la vía directa, en el concepto de “falta de aplicación” el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 29 y 53 de la CN, 8º de la Ley 153/1887, 19 del CST y 307 de la CPC.

Explicó que en la adición de la sentencia recurrida, el Tribunal reconoció que efectivamente el ISS incurrió en mora ante el cumplimiento de la obligación, para lo cual aceptó que en ese evento se tendría que cancelar los intereses moratorios al pensionado consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y al negarlos inaplicó la mencionada normatividad.

VIII. La réplica

A su turno, la parte opositora solicitó la Corte rechazar los cargos, ya que el Tribunal con su decisión, no incurrió en los conceptos de vulneración de ley denunciados, ni en ningún otro.

Advirtió, que la Sala, debe abstenerse de estudiar el fondo de las acusaciones propuestas, ya que, la parte recurrente en casación y demandante en el proceso, al apelar, ninguna inconformidad expuso respecto del fallo de primera instancia en relación con la absolución de los intereses moratorios, pues hizo referencia a otros conceptos, ello de conformidad con el principio de la consonancia contemplado en el CPT y SS artículo 66 A.

Puntualizó, que de estudiarse el fondo de los cargos, no se puede acceder a la condena de intereses moratorios en virtud a que el Tribunal no incurrió en la errónea interpretación del artículo 141 de la Ley 100/1993 y normas concordantes y, menos aún, en “falta de aplicación” de tal precepto, resultando su absolución acertada y ajustada a la ley.

IX. Consideraciones

Respecto del reproche que esgrimió la réplica, en el sentido que la “Sala debe abstenerse de estudiar (...) la acusación propuesta”, por cuanto el recurrente demandante al apelar la decisión del juzgador de primer grado, no expuso ninguna inconformidad en relación con los intereses moratorios que ahora se solicitan en sede casación, se tiene que el a quo al momento de desatar las pretensiones incoadas, en el fallo calendado 16 de noviembre de 2007, encontró que el actor no tenía derecho a la pensión de vejez reclamada, por lo que absolvió de tal pretensión Ky consecuencialmente de las demás peticiones”, sin hacer ningún análisis de la súplica de los intereses de mora. En consecuencia, como la argumentación para que el juez de primera instancia denegara la totalidad de las pretensiones incoadas fue una sola, consistente en que el demandante no reunió el número mínimo de semanas exigidos por los reglamentos del ISS, le bastaba a la parte actora que mostrara su inconformidad sobre este puntual aspecto, para aspirar ante el Superior a que se le concediera todas las peticiones incoadas, que fue exactamente como procedió, tal como aparece en la sustentación del recurso de apelación que obra a folios 82 y 83 del cuaderno principal.

Es más, nótese que el Tribunal que conoció del recurso de alzada de la parte actora, al adicionar la sentencia impugnada, se pronunció sobre la súplica de los intereses moratorios, estimando que eran incompatibles con la indexación condenada e improcedentes, y por ende, absolvió de ellos, lo cual permite que esas consideraciones se puedan atacar mediante el recurso extraordinario, como en efecto sucedió. De aquí que, el recurrente demandante cuenta con el interés jurídico suficiente para acudir en casación a cuestionar la absolución de los intereses moratorios.

Ahora bien, en relación con el fondo del asunto, de la lectura de los cargos encauzados por la vía directa, el recurrente busca que se definan jurídicamente, dos temas que si bien son diferentes están unidos entre sí, a saber: (i) la incompatibilidad de los intereses moratorios con la indexación de las condenas; y (ii) la procedencia de tales intereses de mora, por el solo hecho de que la administradora de pensiones demandada hubiera incurrido en mora en el reconocimiento y pago de las mesadas adeudadas. En este orden se estudiará el estudio de la acusación.

1. Incompatibilidad de los intereses de mora con la indexación de las sumas adeudadas.

El Tribunal condenó a la indexación de las sumas adeudadas por mesadas ordinarias y adicionales, y negó los intereses moratorios toda vez que ya se había ordenado dicha indexación de las condenas, conceptos que estimó eran incompatibles al no poder coexistir, “habida cuenta que la tasa de interés moratorio se calcula a partir del interés bancario corriente, el cual lleva incluida la corrección monetaria. Luego, como no puede haber doble pago por un mismo concepto, no hay lugar al pago de intereses moratorios”.

Por el contrario, para la censura no existe tal incompatibilidad, ya que la indexación corrige la devaluación de la moneda por inflación, mientras que los intereses moratorios compensan al acreedor por la tardanza del deudor en el pago de la obligación. Por lo tanto, el reconocimiento de estos dos conceptos a favor del acreedor, no se constituye en un doble pago, pues no persiguen un mismo fin, como erradamente lo considera el juzgador de segundo grado.

Pues bien, la razón está de parte del Tribunal y no del recurrente en casación, como quiera que es criterio de la Sala, que la condena por indexación de las sumas adeudadas o dejadas de percibir y los intereses de mora son efectivamente incompatibles. Al respecto, basta con traer a colación lo sostenido en la sentencia de la CSJ SL, 6 sep. 2012, rad. 39140, en la que se dijo:

(...) que el criterio actualmente imperante en la Sala es el de la incompatibilidad de intereses moratorios con la indexación, ya que los primeros involucran, en su contenido, un ingrediente revaluatorio; tal como se dijo, al rectificar el antiguo criterio de compatibilidad de ambas figuras vertido en sentencia del 1º de diciembre de 2009, radicación 37279, en la sentencia del 6 de diciembre de 2011, radicación 41392, la que acogió, para ello, pronunciamiento de la Sala de Casación Civil de la esta misma Corporación datado el 19 de noviembre de 2001, expediente 6094.

En igual sentido, la sentencia CSJ SL, 28 ag. 2012. rad. 39130, sobre el particular precisó:

Habida consideración de que a lo largo de la historia de la jurisprudencia, la Corte ha dejado claro que procede la indexación de los créditos laborales cuando quiera que respecto de los mismos no proceden los intereses moratorios, tal y como ocurre en este caso, en el cual, el juez de la alzada la impuso al no encontrar procedentes los primeros.

Y en sentencia más reciente CSJ SL 6114 - 2015, 18 mar. 2015, rad. 53406, se puntualizó:

En cuanto al fondo, ciertamente la jurisprudencia actual de la Sala, ha dicho que las condenas por intereses moratorios e indexación sobre mesadas pensionales insolutas resultan incompatibles, en tanto como atinadamente lo afirma la censura, comportan una doble sanción para el deudor.

Al efecto, es conveniente recordar, que si bien es cierto se trata de dos conceptos diferentes, ya que los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, corresponden a una sanción por mora, es decir, por el pago tardío de la prestación que se ha debido cancelar oportunamente en los términos legalmente dispuestos, en cambio la indexación es la simple actualización de la moneda para contrarrestar la devaluación de la misma por el transcurso del tiempo, dada la generalizada condición inflacionaria de la economía nacional. Sin embargo, también lo es, que tales intereses moratorios se pagan a “la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”, lo que equivale a una suma considerablemente superior a la corrección monetaria o indexación, que alcanza para cubrir perfectamente la devaluación de la moneda, esto es, que el valor adeudado se “actualice” y mantenga el mismo poder adquisitivo al momento de su pago. De ahí que se entienda, en términos de justicia y equidad, que aplicado el interés moratorio este comprende el valor por indexación.

Con otras palabras, mientras se condene al deudor —para el caso de mesadas pensionales adeudadas— a reconocer y pagar los intereses moratorios, a “la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”, habrá de entenderse que no son compatibles con que, de manera simultánea o coetánea, se condene indexar dichos valores, pues los primeros llevan implícita esa actualización de la moneda y más, por tratarse de una sanción, se itera, equivalente a “la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”. Y si lo que procede es la condena a indexar los valores, no podrá entonces, de manera concurrente o simultánea condenarse al pago de dichos intereses moratorios.

2. Procedencia de los intereses moratorios en caso de resultar más favorable que la indexación de las sumas adeudadas.

No obstante lo expresado en el primer punto, en el presente asunto no procede realizar el ejercicio de comparación para determinar que sería lo más favorable, los intereses moratorios o la indexación, por cuanto esta corporación encontraría que al verificar la procedencia de los intereses moratorios, ellos no tienen cabida, según el criterio mayoritario de la Sala, como quiera que siendo un hecho indiscutido que el demandante, causó el derecho y la pensión de vejez que se le reconoció a partir del 20 de agosto de 1991, es decir con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 que introdujo el pago de tales intereses moratorios, se concluye que no hay lugar a los mismos, tal como la Sala lo dejó sentado en la sentencia de la CSJ SL, 15 may. 2007, rad. 29837, en los siguientes términos:

Le asiste toda la razón al recurrente en cuanto a la interpretación que esta Corporación le ha dado al artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En efecto ha dicho:

“Respecto del cuarto cargo se tiene que le asiste razón al recurrente en la acusación que le formula a la sentencia atacada, ya que, efectivamente, la Corte ha expresado, de un tiempo para acá, entre otros pronunciamientos, en el de 11 de agosto de 2003 (Rad. 20242) que los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 solo están previstos respecto de las pensiones gobernadas en su integridad por el sistema de seguridad social en pensiones consagradas en esa ley, y la prestación aquí reconocida por el Tribunal tuvo su causación con anterioridad a la vigencia de tal norma, esto es, el 4 de julio de 1986”. (Rad. 21892 - 27 de febrero de 2004).

En consecuencia el cargo prospera.

Como consideraciones de instancia basta señalar que la pensión aquí reconocida lo es a partir del 21 de agosto de 1991, y por lo tanto, no cumple con la exigencia del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que impone el pago de intereses moratorios a partir del 1º de enero de 1994, “en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley”. (destaca la Sala)

Así las cosas, en este caso en particular, por tratarse de una pensión de vejez causada o consolidada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,

se tiene que dichos intereses moratorios no contaban con norma jurídica que los consagrara previó al 1º de abril de 1994; y por tanto, respecto de las mesadas atrasadas que no se cancelaron en su oportunidad al demandante, solo procederá la indexación de las sumas adeudadas, que fue la súplica objeto de condena por parte del Tribunal y que no es materia de controversia en la esfera casacional, que obliga a mantener incólume la decisión impugnada y, por ende, no se quebrará la sentencia recurrida.

En consecuencia, como el Tribunal acertó, al señalar la incompatibilidad entre los intereses de mora y la indexación de las mesadas adeudadas, y como en este asunto no tienen cabida los intereses moratorios, previsto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no puede prosperar la acusación y por ende se rechazan los cargos.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente demandante, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $3.250.000, que se incluirán en la liquidación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 5 de agosto de 2009 y adicionada el 27 de enero de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso que instauró José Luis Alcalá Marrugo contra el Instituto de Seguros Sociales, sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

Costas como se indicó en la parte motiva de la sentencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.