Sentencia SL9317-2016 de junio 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9317-2016

Radicación: 69336

Acta 23

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Recurso de Anulación

Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Corte

Fin del recurso extraordinario de anulación y la competencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Esta Corporación tiene adoctrinado, que las precisas facultades que le concede el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dentro del denominado actualmente por la ley procesal recurso de anulación, se limitan a: (i) verificar la regularidad del laudo y otorgarle fuerza de sentencia, si el Tribunal de Arbitramento no extralimitó el objeto para el que se le convocó, o anularlo en caso contrario, ello respecto de los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo, y que cobijen la totalidad de los aspectos que son materia del diferendo; (ii) verificar que el pronunciamiento del Tribunal no afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo; y (iii) disponer la anulación de disposiciones del laudo que sean manifiestamente inequitativas y en forma excepcional, puede adoptar la decisión de modular las cláusulas del Laudo para eliminar o suprimir aspectos que de mantenerse puedan generar una ilegalidad de las normas o una inequidad, por cuanto entran en contradicción con el orden jurídico y con los mínimos estándares de equidad. Todo lo anterior, dentro del marco de las potestades propias de los árbitros para decidir conflictos de intereses económicos.

La Corte en Sentencia de anulación CSJ SL, agosto 5/2004, radicación 24443, adujo:

“En relación con esa manifestación del recurrente, cumple repetir que los arbitradores tienen la expresa facultad para dictar su fallo en equidad, por lo que se ha admitido que sólo en casos excepcionalísimos al estudiar el recurso de anulación es posible enfrentar su criterio de equidad con el de la Corte y por tal razón ha sido aceptada la posibilidad de anular un laudo cuya inequidad resulte manifiesta. Mas, esa potestad debe manejarse con la mayor mesura, de tal suerte que sólo puede acudirse a ella cuando exista una prueba suficiente que permita concluir la “manifiesta inequidad”, porque a los jueces laborales, y desde luego a la Corte Suprema de Justicia, no se les faculta para fallar con fundamento en su íntima convicción, aunque se les libera de la tarifa legal de pruebas”.

También tiene asentado la Sala, que merced al recurso de anulación, confirmará o anulará el laudo arbitral, total o parcialmente. Empero, en la segunda hipótesis, esto es, cuando anula la decisión de los árbitros, no puede dictar el pronunciamiento de reemplazo, por cuanto los conflictos económicos se resuelven en equidad, no en derecho. Entonces, la competencia de la Corte se agota con la anulación, total o parcial del laudo, de suerte que no goza de la atribución de sustituir a los árbitros y, en tránsito por esa vía, la de tomar la decisión que reemplace a la anulada. Ello significa que las relaciones contractuales de trabajadores y empleador se regirán por la convención colectiva o el pacto colectivo o laudo arbitral vigentes, o por las normas legales en vigor (Sent. CSJ SL, oct. 27/2009, rad. 41497).

Igualmente, ha enseñado esta Corte con profusión, que los derechos y facultades que no pueden afectar los árbitros con sus fallos son: (i) los reconocidos en la Constitución Política, tales como el de propiedad y demás derechos adquiridos, el de asociación, reunión, huelga y todos aquéllos que establecen directa o indirectamente un régimen de protección al trabajo y garantizan al empresario el ejercicio de su actividad; (ii) los reconocidos por las leyes cuando desde el punto de vista del trabajador constituyen un mínimo que no puede afectarse y los que por ser de orden público son irrenunciables; y respecto del empleador los que emanan de su calidad de subordinante, de propietario y director de la empresa y establecimiento, y (iii) en relación con los convencionales son aquéllos que por haber consolidado situaciones subjetivas concretas o que por no haber sido propuesta su variación por parte legalmente habilitada para hacerlo, deben ser respetados en el laudo.

De manera que, conforme a la línea jurisprudencial en precedencia, la Sala no anulará el Laudo Arbitral impugnado por la organización sindical, respecto de los puntos objeto de inconformidad, pues de hacerlo, y al no tener competencia para sustituir o dictar una nueva decisión en torno a las cláusulas que se anulen, sin hesitación alguna, los trabajadores quedarían sin posibilidad de gozar de los beneficios al menos en los términos otorgados y que se encuentran consagrados en el laudo arbitral bajo estudio.

Además, cabe destacar que el recurso de anulación que se interpone contra los laudos arbitrales que resuelven un conflicto económico, es diferente al recurso de anulación que se presenta contra un laudo arbitral que define un conflicto jurídico, puesto que en este último evento sí le es dable al Tribunal Superior anular y reemplazar, mientras que, como se explicó, a la Corte no le es dado anular y proferir una decisión sustituyendo la voluntad del tribunal de arbitramento que decide en equidad.

En ese horizonte, si la Corte en el presente asunto, anulara las cláusulas atacadas, que sin duda son benéficas de alguna manera para la organización sindical, lesionaría de manera frontal el principio prohibitivo de la reforma en peor, porque, se insiste, de anularlas no habría posibilidad jurídica de reemplazarlas, luego los trabajadores «perderían» lo que el Tribunal de arbitramento les concedió.

La Corte Suprema de Justicia ha repetido inveteradamente que el laudo arbitral en conflictos de naturaleza económica, como el que ocupa la atención de la Sala, al resolver y fallar en equidad los puntos del pliego de peticiones que no fueron acordados por las partes en la etapa de arreglo directo, se constituye en un acto creador o generador de derechos que anteriormente no existían, o modificador de los ya existentes, o simplemente que impide o niega la creación o modificación pedida. De suerte que, al ser conferidas a los trabajadores ciertas prerrogativas por parte de los árbitros, como aquí aconteció, la anulación ahora pretendida por el sindicato a través del recurso de anulación, iría en contravía de sus propios intereses.

En este orden de ideas, y siendo consecuentes con lo explicado, no queda otro camino que desestimar la petición del Sindicato; sin embargo, en relación con las inconformidades del recurrente, puede observarse lo siguiente:

1) Sobre la noción de equidad y la «ausencia» de la misma.

En Sentencia CSJ SL, 28 mar. 1986, la Sala acogió como noción de equidad «la adaptación de la idea de justicia a los hechos, en consideración a las circunstancias individuales, teniendo en cuenta las ideas generales o bien moldeándolas de conformidad con los elementos concretos… Este segundo concepto es el que se ha calificado por algunos doctrinantes como la justicia del caso concreto, porque permite adaptar los principios abstractos contenidos en las normas, a las peculiaridades del supuesto de hecho, para de este modo ‘acomodar la ley especial a los diversos negocios que se presenten’. Como simple sentimiento o conciencia de lo justo, la equidad escapa de las formulaciones de los jueces de derecho, estando reservada la solución de los conflictos que con ella toquen a los jueces llamados de equidad (porque fallan en conciencia), como son los tribunales de arbitramento».

Ahora bien, para refutar el planteamiento de la organización sindical en cuanto a que el laudo arbitral fue proferido en «ausencia de equidad», es menester memorar lo expuesto en tal decisión arbitral, en el que se consignó: (i) que el Tribunal de arbitramento, al hacer el análisis del pliego de peticiones, «no puede dejar de tener en cuenta que existe un (1) Pacto Colectivo vigente que resolvió dentro de la misma empresa, peticiones similares, a las que nos ocupan al emitir el presente Laudo. Este hecho, fue analizado y llevó al Tribunal a aplicar principios de no discriminación, igualdad y sirve de fundamento para su análisis de equidad, en la que soporta las decisiones»; (ii) que para adoptar la decisión en equidad, tuvo en cuenta no solamente la copiosa información económica y financiera que aportó la Empresa, sobre «la precaria situación económica de ALUMINA, demostrada con la presentación de cifras concretas y verificables. En espacial la de haber tenido pérdidas en el año 2011, por valor de $47.178 millones, así como perdidas adicionales en el año 2013 y en lo corrido del año 2014, que la ha obligado a realizar una reestructuración financiera privada con los Bancos», sino también «que no se agote o se extinga la fuente de empleo y generación del trabajo».

Luego, basta con una lectura somera de las anteriores consideraciones, para concluir, que el Tribunal de arbitramento no soslayó el principio de equidad; cosa diferente es que la solución que dio al conflicto colectivo de intereses, no satisfaga las aspiraciones de la organización sindical o de los trabajadores a quienes agrupa.

De suerte que, el Tribunal de arbitramento explicó palmariamente en el laudo, las razones concretas que dieron origen a sus decisiones, e hizo explícita su intención de establecer su criterio a partir de la equidad y otros parámetros válidos, como la «fuente de empleo y generación del trabajo».

No sobra recordar, que como lo ha dicho repetidamente esta Corporación, los árbitros son autónomos para tomar decisiones sobre aspectos económicos y, en principio, ello no es revisable por la Corte sino en el excepcionalísimo caso de comportar una «inequidad manifiesta», situación esta última que brilla por su ausencia en el asunto bajo examen.

2) En torno a la violación del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo.

La decisión del Tribunal de arbitramento, controvertida en el recurso de anulación, en cuanto a conceder algunas peticiones del pliego que no fueron objeto de acuerdo durante la etapa de arreglo directo, no constituye una violación del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto el laudo decidió sobre los puntos respecto de los cuales persistió el conflicto por no haberse solucionado directamente por los contendientes, y no existe fundamento alguno para afirmar que al fallar de esta manera, los árbitros afectaron «derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Nacional, por las leyes o por normas convencionales vigentes».

La circunstancia que el derecho de negociación colectiva, que es uno de los medios de solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo, se encuentre garantizado directamente en la Constitución Política, no resulta como forzosa consecuencia, que siempre deba el tribunal de arbitramento conceder exactamente las peticiones contenidas en el pliego presentado por el sindicato que provoca el conflicto.

Además, debe insistir la Corte en que si el tribunal de arbitramento por razones de equidad resolvió conceder algunos beneficios, no afecta derechos o facultades del Sindicato de Trabajadores de Aluminio Nacional S.A.- SINTRALUMINA-, ni tampoco extralimita el objeto para el cual se le convocó, por cuanto no existe ninguna norma constitucional o legal, y mucho menos alguna contenida en una convención colectiva, que le imponga a los árbitros el deber de inexorablemente acceder a todo lo pretendido por el Sindicato o por los trabajadores, que buscando mejorar sus condiciones generales de trabajo generan el conflicto colectivo.

3) No hubo desconocimiento del principio de igualdad.

El sindicato recurrente aduce, en síntesis, que el laudo violó el principio de igualdad, porque al proferirlo el Tribunal tuvo como referencia el pacto colectivo.

Sobre el particular, esta Corte en sentencia de anulación CSJ SL, diciembre 4 de 2012, radicación 53118, enseñó:

(...) la heterocomposición equitativa del conflicto —que es la misión legalmente adjudicada a los árbitros en esta situación—, no puede darse por fuera del marco constitucional ius-fundamental. De allí que, al momento de ejercer su papel, los árbitros deben tomar en consideración, cuando sea necesario, lo estatuido en otras convenciones o pactos colectivos, vigentes en el respectivo ámbito laboral. Así lo expresó esta Corporación en su sentencia Rad. 50995, del 28 de febrero de 2012:

“(…) los beneficios contenidos en una convención colectiva de trabajo que rigen en determinada empresa, pueden servirle de referencia o de parámetro a los árbitros en trance de solucionar un conflicto colectivo suscitado entre esa misma empresa y otro sindicato que en ella también funcione”.

Pero también, precisa la Corte, al tomar tal referencia los árbitros han de efectuar un juicio de igualdad, o sea, decidir teniendo en cuenta la prescripción fundamental contenida en el principio de igualdad y no discriminación. Ello no necesariamente significa que deban adoptar en el laudo exactamente las disposiciones de otros estatutos colectivos, sino que, luego de un examen cuidadoso de las peticiones consignadas en el respectivo pliego sometidas a su arbitrio, y de lo preceptuado sobre la materia en otros estatutos colectivos vigentes en el respectivo contexto laboral, diluciden si existe en juego un problema de igualdad —a la luz de los principios fundamentales ya señalados— y decidan —dentro de las posibilidades fácticas concretas, esto es, en forma ponderada—, de modo que en el laudo no se entronicen tratos discriminatorios, vale decir, tratamientos diferentes que no obedezcan a criterios objetivos. En otros términos, los tratos diferentes que se consagren en el laudo han de ser —se itera, mirando las características concretas— objetivos y debidamente justificados.

Entonces, la Sala no observa, que el Tribunal de arbitramento hubiese lesionado el principio de igualdad y no discriminación, al tener como referencia algunas cláusulas del pacto colectivo vigente al interior de la empresa empleadora.

Puestas en esa dimensión las cosas, se reitera que se impone la desestimación de la petición de la organización sindical elevada en el presente recurso de anulación, que deja incólume el Laudo arbitral impugnado.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO ANULAR ninguna de las cláusulas denunciadas del Laudo Arbitral proferido el 23 de septiembre de 2014, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio, convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE ALUMINIO NACIONAL S.A. —SINTRALUMINA— y la sociedad ALUMINA S.A.

Cópiese, notifíquese y envíese el expediente al Ministerio de Trabajo para lo de su cargo.»