Sentencia SL9318-2016/45931 de junio 22 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9318-2016

Radicación 45931

Acta 22

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil dieciséis.

Procede la Sala a decidir el recurso de casación interpuesto por Iván de Jesús Martínez, contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario que promovió en contra de la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada “Seguridad Atlas Ltda.”.

I. Antecedentes

El accionante llamó a juicio a la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada “Seguridad Atlas Ltda.”, con el fin de que se declare que entre las partes en contienda existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual fue terminado por el empleador en forma unilateral y sin justa. Como consecuencia de lo anterior, pide que la llamada a juicio sea condenada a reconocerle y pagarle, por el periodo comprendido entre el 18 de abril de 1981 y el 18 de junio de 2005: (i) $ 3.187.000,oo por concepto de diferencia de cesantía; (ii) $ 2.986.000,oo por diferencia de intereses sobre la cesantía;(iii) $ 1.980.000,oo por diferencia en las vacaciones; (iv) $ 1.500.000,oo por horas extras diurnas y nocturnas; (v) $ 3.000.000,oo por dominicales; (vi) $ 2.100.000,oo por diferencia de primas semestral y anual; (vii) $ 19.953.694,oo por indemnización por terminación de la relación laboral sin justa causa; (viii) $ 1.800.000,oo por subsidio de transporte; (ix) $ 3.150.000,oo por descuentos realizados a título de pólizas por muerte. También imploró el reintegro a un cargo de igual o superior categoría al que desempeñaba al momento de la ruptura del vínculo contractual y las costas del proceso.

En lo que en estricto rigor concierne al recurso extraordinario, el accionante tuvo como sustento de las súplicas anteriores, que laboró para la sociedad demandada desde el 18 de abril de 1981 hasta el 18 de junio de 2005, “en la modalidad de guarda”, mediante un contrato de trabajo a término indefinido; que después de 24 años de servicios y concretamente desde el año 2003 fue objeto de persecución laboral, por no haberse acogido a la Ley 50 de 1990; que como no firmó el cambio de régimen de cesantía que le propuso su empleador, fue acusado, de manera temeraria, de unos supuestos actos ilícitos, sin que mediara denuncia penal alguna ni prueba de ello; que le fue terminado el contrato de trabajo sin justa causa; que elevó reclamación al Ministerio de Trabajo; y que la demandada le adeuda las acreencias laborales solicitadas a través de esta acción judicial.

Al dar respuesta a la demanda, la convocada al proceso se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió la relación laboral para con el demandante y la modalidad de contrato de trabajo, manifestando en relación con los demás que no eran ciertos. Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, ausencia de causa petendi, mala fe, falta de personería sustantiva con relación a la demandada, prescripción y la innominada. En su defensa sostuvo que durante la vigencia del vínculo laboral y a la terminación del mismo, le canceló al actor la totalidad de salarios y prestaciones sociales a que tenía derecho, y además fue despedido con justa causa por las faltas que trabajador aceptó en el acta de descargos.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, a quien le correspondió el conocimiento del proceso, profirió sentencia el 28 de septiembre de 2007, por medio de la cual dispuso “Inhibirse para conocer de fondo las pretensiones incoadas por el demandante”. Sin costas.

III. Sentencia del tribunal

Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con sentencia del 31 de agosto de 2009, confirmó la decisión del juez de primer grado. No impuso costas.

El juzgador, tras copiar los artículos 25A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 82 del Código de Procedimiento Civil, sobre acumulación de procesos y pretensiones, asentó que “En este caso se reclama la diferencia de pagos por cesantías, intereses a las cesantías, indemnización por despido y reintegro entre otras. Así planteadas las súplicas son incompatibles y excluyentes entre sí y la elección de cualquier de ellas destruye la otra, ya que el pago de la indemnización por despido, es el resarcimiento de perjuicios causados por la terminación unilateral del contrato sin justa causa, terminación que lleva consigo el pago definitivo de cesantías, y el reintegro lo que pretende es la prolongación del contrato de trabajo, por lo que, tal como lo ha expuesto la jurisprudencia al indicar que cuando los jueces dispongan el reintegro de un despedido a su empleo, lo que jurídicamente equivale a una reanudación de aquel contrato, cae de su peso que el pago de cesantía definitiva y el pago de indemnización por despido que haya hecho el patrono a quien creyó despedir, pierde su causa, imponiéndole al fallador que ordena el reintegro, decretar de oficio o a petición de parte la devolución de dichos valores al patrimonio de quien lo satisfizo por una causa que dejo (sic) de existir como consecuencia de un fallo (cfr. Sentencia de marzo 11 de 1985 de la CSJ, Sala de Casación laboral)”.

Copió, en extenso, algunos pasajes de la Sentencia CSJ SL 9 oct. 1996, rad. 8966, para luego, sostener que ante la imposibilidad de acumular las pretensiones en este proceso “por cuanto que son opuestas y se excluyen entre sí, además no fueron pedidas como principales y subsidiarias”, que el tribunal al igual que el a quo, se declarará inhibido para fallar el fondo del asunto, por existir indebida acumulación de pretensiones, y en tales condiciones el fallo de primer grado se encuentra ajustado a derecho.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del tribunal y, en su lugar, “ordenar que el Juzgado 1º Laboral el Circuito de Bogotá D.C., debe revocar su decisión inhibitoria y fallar las pretensiones de la demanda ordinaria laboral, conforme a las pruebas aportadas y las pretensiones de la misma, a favor del demandante”.

Para el efecto formula un cargo, que no fue replicado.

VI. Cargo único

Ataca la sentencia recurrida “como violatoria de la ley sustancial, y concretamente por la violación del artículo 7º, numeral 7º, aparte A), del Decreto 2351 de 1965, modificatorio de los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo por interpretación errónea, así como por error de derecho”.

Para fundar este ataque el recurrente aduce que “la relación de los pedimentos que en derecho se efectuaron en la demanda laboral, son unísonos cada uno de ellos, y configurativos de una misma causalidad efectiva y entre sí, respetuosamente violadas jurídicamente en los derechos del trabajador, que si bien es cierto hace unas pretensiones de orden legal que se le adeudan a luz del derecho positivo laboral, si (sic) son pretensiones que no se pueden considerar llanamente excluyentes una o unas de las otras, por cuanto la coexistencia de las mismas, son el producto de la violación de la ley laboral por parte del empleador”.

Insiste que el tribunal no se debió declarar inhibido sino pronunciarse de fondo, máxime que el actor tiene derecho al reintegro impetrado, pues con la decisión impugnada se está desconociendo los derechos del actor y una recta y adecuada administración de justicia.

Por último, se refirió a los artículos 84 y 85 del CPC, para señalar que los jueces de instancia omitieron en su oportunidad efectuar el control de la demanda inicial, para subsanar cualquier anomalía jurídico-procesal, y evitar nulidades procesales.

VII. Consideraciones

Como ya quedó visto, la esencia del debate radica en el hecho de determinar si el juez plural, se equivocó al no pronunciarse de fondo en relación al debate propuesto por el demandante y por el contrario declararse inhibido.

1. Sobre los fallos inhibitorios por indebida acumulación de pretensiones.

Al respecto, resulta pertinente memorar, que las sentencias inhibitorias dejan en suspenso la materialización del derecho sustancial y constituyen un pronunciamiento formal que no cumple con las aspiraciones de los contendientes, ni resuelve la controversia, lo cual va en contravía de los fines de la administración de justicia, por tanto el juzgador debe procurar determinar el sentido de las pretensiones y mirar si alguna de ellas es válida aun cuando no se haya formulado de la mejor manera, para efectos de lograr su solución, siendo la inhibición el último camino a tomar, ello según las enseñanzas vertidas en la sentencia de la CSJ SL580-2013, 21 agosto 2013, rad. 43604, así:

El tribunal estimó conforme con lo dispuesto por los artículos 25 y 25A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que no era posible acumular en una misma demanda pretensiones excluyentes y en tal sentido halló que “la indemnización por despido sin justa causa y la de reintegro al cargo que venía desempeñando u otro igual o similar ... van en contravía a los preceptos legales mencionados, porque la primera lleva implícita la finalización de la relación laboral, mientras que el reintegro al cargo que venía desempeñando implica que la relación no se termina sino que la misma continua”.

No obstante, para esta Corte, los fallos inhibitorios dejan en suspenso la materialización del derecho sustancial y constituyen un pronunciamiento formal que no satisface las aspiraciones de los sujetos procesales, quienes lejos de resolver su controversia se ven sometidos a su indefinición, lo que sin lugar a dudas contraría la más vital de las aspiraciones de la justicia, cual es lograr la paz social.

Lo anterior implica que, para evitar cualquier ruptura de tal talante, corresponde a los juzgadores de instancia, ante lo oscuro o impreciso, interpretar la demanda a través de los distintos métodos posibles, para determinar cuál es el verdadero querer de las partes, la auténtica intención de quien la presentó.

No puede perderse de vista que tal instrumento de acceso a la justicia tiene una connotación de esencialidad, pues es por su conducto que quienes comparecen a la jurisdicción exteriorizan su propósito y corresponde al juez encontrar si existe razón en lo pedido, una vez se ha surtido todo el debate para tal efecto y ha escuchado a su contradictor.

Es verdad que tanto en el artículo 25, como en el 25A del CPT y S.S. se regula lo relativo a la demanda y allí se indica que corresponde referir el cimiento jurídico, los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones, que deben ser “expresad [as] con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado”, y en lo relacionado con su acumulación se fijan como reglas principales que exista competencia del juzgador para resolverlas, que no sean excluyentes “salvo que se propongan como principales y subsidiarias” y que puedan tramitarse por el mismo procedimiento; todo ello debe verlo el juez en su contexto, y no de manera desconectada, a efectos de poder desentrañar, ante la eventual vaguedad, el querer del demandante, con el fin de evitar una nulidad o, como en este caso, una decisión meramente formal con grave detrimento de las partes, como ya se dijo.

De ese modo corresponde al juzgador, a través de la lógica jurídica, determinar el sentido de las aspiraciones, y advertir, bajo ese norte, que aunque pueda existir contradicción en lo pedido, alguna de las pretensiones debe ser la válida, ya sea porque existió mayor énfasis en su argumentación, o porque la ubicación del texto permite argüir que se planteó como principal, o subsidiaria, aunque no lo haya puesto en un acápite específico, siendo el último camino, como ya se ha insistido, el de la inhibición.

Todo lo advertido tiene una mayor significación en los juicios del trabajo, en tanto deben servir para “lograr la justicia en las relaciones que surgen entre (empleadores) y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social” (art. 1º, CST) y su materia goza de protección preeminente del Estado al punto que “Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones” (art. 9º, CST); ello traduce en que los jueces están convocados a materializar tales aspiraciones, a través de una sentencia definitiva.

En ese contexto es evidente que, tal como lo advirtió el censor, el ad quem se limitó a cotejar la existencia de dos pretensiones excluyentes, esto es, la indemnización por despido injusto y el reintegro, sin detenerse a reparar que en la demanda no solo se planteó en primer lugar el pago de la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, y como última aspiración el reintegro, sino que de los hechos que la originaron claramente explicó que “en una forma unilateral e injusta la entidad demandada Instituto de Seguros Sociales dio por terminado el contrato de trabajo el día 31 de marzo de 2005, sin darle la comunicación correspondiente de conformidad como lo ordena la ley con treinta (30) días de anticipación al vencimiento del mismo so pena de renovarse automáticamente por un tiempo igual al pactado”, por demás nada dijo respecto a que la reclamación administrativa que hizo a dicha entidad, solo exigió la citada indemnización, aspectos que de haberse advertido hubiesen llevado a concluir, sin duda alguna, que aquella era la pretensión principal y no el reintegro, de manera que incurrió en los yerros endilgados y por ello los cargos prosperan y se casará la sentencia acusada”.

También tiene dicho la Corte Constitucional que “las providencias judiciales inhibitorias únicamente pueden adoptarse cuando, ejercidas todas las atribuciones del juez y adoptadas por él la totalidad de las medidas procesales para integrar los presupuestos del fallo, resulte absolutamente imposible proferir decisión de fondo” (Sent. C-666/96).

2. Mecanismos procesales para evitar las decisiones inhibitorias.

2.1. Del juzgador.

Es bueno recordar que el proceso está conformado por actos y actuaciones procesales y judiciales concatenados entre sí, cuyo fin no es otro que definir una controversia que se ha puesto en consideración de la administración de justicia y que, por seguridad jurídica, está regido por postulados, tales como la preclusión, impugnación, eventualidad, definición de la controversia y cosa juzgada, en fin, todos ellos tendientes a mantener incólumes, los derechos constitucionales al debido proceso, contradicción y defensa.

El juez, como director del proceso, goza de todos los poderes para evitar llegar a una decisión inhibitoria que, a no dudarlo, genera zozobra entre los destinatarios del derecho fundamental de una pronta y eficaz administración de justicia, pues como se adujo en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 44 de 2006, Cámara, por la cual se buscaba reformar el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social “Urge satisfacer una demanda de justicia para la ciudadanía sin dilación, con medidas que aseguren no solo el efectivo acceso a la administración de justicia, puesto que toda postergación significa un alto costo social, económico y fiscal y sin duda alguna afecta el orden público”.

Así, entonces, veamos algunos de tales mecanismos:

a) Control sobre el escrito inaugural del proceso

El artículo 28 del CPT y S.S., modificado por el artículo 15 de la Ley 712 de 2001, estatuye en su inciso primero: “Devolución y reforma de la demanda. Antes de admitir la demanda y si el juez observare que no reúne los requisitos exigidos por el artículo 25 de este código, la devolverá al demandante para que subsane dentro del término de cinco (5) días las deficiencias que le señale”.

La simple lectura de la citada norma instrumental, colige que es deber ineludible del juzgador, revisar cuidadosamente que la demanda se ajuste a lo contemplado en la ley adjetiva y, de no ser así, es menester su devolución para que se corrijan las deficiencias a que haya lugar.

b) Audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio

El parágrafo 1º del artículo 77 del CPT y S.S., reza:

“Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliación. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez declarará terminada la etapa de conciliación y en la misma audiencia:

1. Decidirá las excepciones previas conforme a lo previsto en el artículo 32.

2. Adoptará las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.

3. Requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales se declararán probados mediante auto en el cual desechará las pruebas pedidas que versen sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que queden excluidas como resultado de la conciliación parcial.

Igualmente, si lo considera necesario las requerirá para que allí mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito”.

Repárese en que el papel del juez en esta audiencia es fundamental, debe estar preparado y tener pleno conocimiento de los supuestos fácticos, pretensiones, excepciones, en fin su participación debe ser activa. La ley le impone el cuidado para evitar que el proceso se contamine, es decir, que se le otorgan amplias facultades para precaver vicios de procedimiento y decisiones inhibitorias. Dicho en breve, el marco litigioso que fijan las partes, para el momento de la audiencia debe estar claramente identificado por el fallador.

2.2. De la parte actora.

En virtud de lo estatuido en el inciso segundo del artículo 28 del CPT y S.S., el demandante puede reformar la demanda por una sola vez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial o de la de reconvención, si fuere el caso.

2.3. Del extremo pasivo.

Bien puede suceder que el sentenciador soslaye las deficiencias presentadas en la demanda y la admita. Si ello es así, la convocada a juicio, en desarrollo de los principios de claridad y lealtad, propios de las partes en contienda entre sí, y que estos le deben al juez, le corresponde advertir sobre las irregularidades o deficiencias que luce la demanda, a través de la proposición de la excepción previa de inepta demanda, para el caso por indebida acumulación de pretensiones.

3. En cuanto a las pretensiones de reintegro e indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa planteadas como principales.

El artículo 8º, numeral 5º del Decreto 2351 de 1965 consagra como regla general el reintegro para aquellos trabajadores que a 1º de enero de 1991 tuvieran 10 o más años de servicios y que sean despedidos sin que medie una justa causa, como una expresión palpable de la protección a la estabilidad laboral. Por tanto, primeramente es deber del juez echar mano de esta garantía que el legislador instituyó en favor de los empleados.

Empero, ha enseñado de antaño esta corporación que a pesar de la existencia de dicha regla general, pueden concurrir circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores al fenecimiento del vínculo laboral, con la suficiente entidad para afectar la armonía propia de las relaciones laborales entre el trabajador y el empleador, situación que necesariamente debe conducir al director del proceso a ordenar el reconocimiento pero de la indemnización por despido como manera de reparar los perjuicios ocasionados con la determinación del empleador, decisión esta que solo debe adoptar el juez, rigurosamente como excepción a la regla general, la cual, se itera, es el reintegro.

Por manera que siendo la excepción el pago de la indemnización, es deber del juez analizar cuidadosa y objetivamente las circunstancias que hacen inconveniente o incompatible el reintegro, hechos que, desde luego, se acreditan con los diferentes elementos demostrativos que regular y oportunamente se allegaron al proceso (Sent. CSJ SL, 26 ago. 2008 rad. 31399).

Es indudable, pues, que si el juez tiene ante sus ojos una demanda en la que se pide el reintegro y la indemnización por despido sin justa causa, como pretensiones principales y no saneó tal irregularidad pudiéndolo hacer, le corresponde pronunciarse inicialmente sobre el reintegro. Si este procede, por obvias razones debe denegar la petición de indemnización por terminación de la relación laboral, precisamente porque el reintegro lleva ínsito la no solución de continuidad.

Ahora bien, si el juez considera que no es viable el reintegro, bien porque no se cumplen los supuestos fácticos de la norma que consagra tal figura, ora porque se exhibe inconveniente, su tarea a continuación debe centrarse a analizar la súplica en torno a la indemnización por ruptura sin justa causa.

4. Caso concreto.

Por lo expuesto en precedencia, resulta claro que la Sala sentenciadora incurrió en los graves yerros que la censura le enrostra, al confirmar la decisión del a quo quien no evitó con los mecanismos que la ley adjetiva le confiere un fallo de estirpe inhibitorio, además que en casos como el que nos ocupa no era inevitable una determinación de esta naturaleza, pues sin desconocer que hay pretensiones que resultan indebidamente acumuladas por razón del carácter opuesto o contradictorio que ellas tienen entre sí, al interpretar la demanda inaugural y establecer el sentido de las súplicas incoadas, era dable concluir que el reintegro impetrado finalmente se ha de entender formulado como petición principal y la indemnización por despido como subsidiaria, lo que permitía su estudio en las instancias.

Así las cosas, habrá de casarse la sentencia impugnada.

VIII. Sentencia de instancia

Procede la Sala a pronunciarse sobre las pretensiones incoadas en el libelo genitor.

1. Sobre la causa invocada por el empleador para el despido (fl. 59).

En la carta de terminación de la relación laboral la empleadora adujo como justa causa la siguiente:

(...) la empresa no encuentra justificación alguna, al hecho de haber sido observado por medio del CCTV durante 25 minutos abriendo los cajones del escritorio de la oficina del Dr. (...), gerente banca personal del Banco de Crédito oficina Pepe Sierra, donde al parecer (según informe del banco de crédito) se perdió una pulsera por valor de $ 420.000, recordando que entre sus funciones no se encuentra la de revisar los cajones de los escritorios y menos que Ud. demore 25 minutos pasando revista en una sola oficina, hecho que usted reconoce y acepta en los descargos.

1.1. De la acreditación de la justedad de la terminación de la relación laboral.

a) Contrato de trabajo (fl. 89 y vto.).

La cláusula cuarta letra n del contrato de trabajo suscrito entre las partes, reza:

“fuera de las justas causas reconocidas por la ley para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo según los artículos 62 del Código Sustantivo del Trabajo y el 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, en esta relación se estipulan otras causas justas de despido por parte del patrono por considerarse como graves (...) n) Violar cualquier consigna especial que el trabajador haya recibido para la prestación del servicio en determinados lugares o establecimientos confiados a su vigilancia (...)”.

b) Acta de los descargos rendidos por el actor el 12 de abril de 2005, obrante a fls. 99 y vto.

Se puede destacar las siguientes preguntas formuladas por la demandada, así como las respuestas ofrecidas por el trabajador demandante:

“Diga qué buscaba en el puesto de trabajo que está ubicado al frente de las escaleras del segundo piso”. Contestó: “una cinta para pegar un papel con el número del teléfono de mi casa, el cual dejé en la antena de la garita”.

“Diga qué actividad fue a cumplir en la oficina de banca personal y cuánto tiempo permaneció allí”. Contestó: “solamente ingresé a pasar revista pero fue entrada por salida”.

“Retomando una pregunta anterior qué actividades desarrolló entre las 21:32 y las 21:57 dentro de dicha oficina”. Respondió: “Mirar por la ventada a través de los vidrios”.

c) Ampliación de la diligencia de descargos fechada 3 de mayo de 2005, visible a fls. 101 y vto.

Del mismo modo, cabe destacar las siguientes preguntas:

“Sirvase (sic) decir por qué razón ud. Requiza (sic) los puestos de trabajo a usted asignados”. Contestó “estaba buscando una cinta para colocar un teléfono en la garita”.

“Sirvase (sic) decir si es consiente y acepta que realizar esta actividad es abusar de la confianza que en ud. se ha depositado toda vez que no ha sido autorizado para hacer esto en su puesto”. Respondió: “Sí de pronto fue un abuso de confianza, pero son errores que uno comete”.

“Sirvase (sic) decir si es consiente y acepta que este hecho es un incumplimiento grave a las consignas dadas y que por esto podría ser amonestado disciplinariamente”. Contestó: “De lógica, yo cometí un error”.

“Sirvase (sic) decir si es correcto que ud. se ha visto involucrado en la pérdida de otros bienes en otros puestos durante su turno”. Respondió: “Sí son problemas que se presentan en los puestos (...)”.

d) Interrogatorio de parte absuelto por el demandante (fls. 362 y 363).

El demandante reconoció que rindió los descargos correspondiente ante la empresa, así mismo admitió que abrió un escritorio de la entidad bancaria que cuidaba, aun cuando a contrario de las explicaciones dadas en las actas de descargos esta vez adujo que el escritorio era el de la recepcionista y no el de otras oficinas.

e) Declaraciones de terceros.

De los diferentes testimonios rendidos en el proceso se infiere que a ninguno de ellos les consta de manera directa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que sirvieron de base para dar por fenecido el contrato de trabajo del demandante, salvo el de la señora Luz Marina Sánchez Vélez, jefe de gestión humana, y quien fue la persona que firmó la carta de terminación del contrato de trabajo, narra que la empresa demandada prestaba servicios de vigilancia al Banco de Crédito y que se recibió una comunicación informando sobre la pérdida de una manilla del gerente de una de las oficinas que había dejado en su escritorio, y en un video se pudo observar que el demandante que era el guarda de seguridad asignado en la noche anterior, había ingresado a esa oficina y abierto los escritorios, permaneciendo allí por espacio de 40 minutos, lo cual reconoció el trabajador en sus descargos, lo cual no estaba permitido y lleva a un incumplimiento de las consignas de la empresa, pues es prohibido abrir escritorios de las oficinas (fls. 382 a 384).

Del análisis a los medios probatorios referidos con precedencia, en sentir de la Sala se desprende claramente que el actor, incurrió en la justa causa que la empleadora le imputó en la carta de terminación de la relación, pues el demandante aceptó que abrió y revisó un escritorio de una de las oficinas que se le confiaron para su vigilancia, sin autorización alguna, lo que, a no dudarlo, constituye una falta grave en las obligaciones y deberes del trabajador.

Es que dicha conducta se agrava aún más si se tiene presente la naturaleza o el carácter de la labor de vigilante desarrollada por el promotor del proceso, toda vez que esta clase de trabajadores atienden una actividad de confianza en la medida en que a ellos se entrega la responsabilidad, cuidado y custodia de unos bienes para la tranquilidad privada y pública, máxime que en este preciso asunto el amparo se trató de bienes de una entidad financiera.

El actor con su proceder desconoció que la relación laboral entraña vínculos que no se contraen o condensan exclusivamente a sus efectos puramente materiales, sino que también se extienden a los de orden moral y ético, los cuales, a la vez, imponen el cumplimiento de las recíprocas obligaciones de manera fiel y de forma que de plano excluya la posibilidad que entre las partes se genere un ambiente de desconfianza u otras situaciones que, sin hesitación alguna, van a afectar el normal y armonioso desarrollo de lo convenido.

De manera que si las funciones a las que se comprometió el actor estribaban en el deber de vigilancia de las instalaciones del banco usuario, la mencionada conducta grave e indelicada del demandante, de requisar un escritorio, nada menos ni más que del gerente de banca personal, que tiene bajo su custodia documentos importantes y reservados, constituye una justa causa para dar por terminado el vínculo laboral, tal como lo hizo el empleador demandado, por lo que este se avino a lo estatuido en la ley del trabajo.

Así las cosas, se absolverá de las pretensiones que giran en torno a una declaratoria de despido sin justa causa, que como se dijo no se configuró porque tal decisión fue justificada.

2. En cuanto al reajuste de la cesantía y sus intereses, vacaciones, primas semestral y anual, subsidio de transporte, por el periodo comprendido entre el 18 de abril de 1988 y el 18 de junio de 2005. Así como el pago de horas extras diurnas y nocturnas, dominicales, por el mismo periodo en precedencia.

Debe la Corte comenzar por recordar lo adoctrinado de tiempo atrás por esta Sala, en cuanto a que el denominado principio dispositivo del derecho procesal, en materia de los procesos del trabajo, está gobernado por la regla que impone al interesado en la resolución de un conflicto jurídico de esta naturaleza, el deber de precisar al incoar el proceso, el tema de decisión y establecer los hechos en que funda su pretensión. Y a tales límites debe estarse el juzgador, quedando a salvo la facultad que en nuestro ordenamiento procesal habilita a los jueces de primera y única instancia para decidir extra o ultra petita - artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, por excepción al fallador de segundo grado. Por manera que es el actor quien marca el thema decidendum.

En el presente asunto una cosa ha de quedar claro, esto es, que el actor omitió delimitar la causa petendi soporte de las súplicas, al igual que estas, al haber planteado la controversia en términos genéricos, pues por ejemplo pide la diferencia pagada por concepto de vacaciones dentro del periodo comprendido del 18 de abril de 1981 y el 18 de junio de 2005, es decir por más de 24 años, sin explicar cuál es la causa de tal reliquidación, lo mismo sucede con los otros conceptos de carácter prestacional. Tampoco se precisan las causas de la supuesta mala liquidación de prestaciones sociales y menos indica cifras o parangones entre lo pagado por la accionada frente a lo que ha debido ser, sino que lo hace de manera abstracta como soporte de las súplicas.

Es que en verdad la demanda se exhibe débil e inconsistente, toda vez que si el actor aspiraba a obtener en un juicio laboral, por ejemplo el pago de horas extras, dominicales y festivos y, por ende, el reajuste de sus prestaciones sociales, era menester asumir la carga procesal de indicar, en forma diáfana y cristalina, las razones y soportes de su inconformidad. Las súplicas generales o abstractas, a no dudarlo, lesionan frontalmente los derechos de defensa y contradicción, ya que ponen a la contraparte en la imposibilidad de asumir una oposición congruente frente a lo que se implora.

Aquí, es importante recordar, que para que el juez produzca condena por horas extras, dominicales o festivos las comprobaciones sobre el trabajo más allá de la jornada ordinaria han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no dejen duda alguna acerca de su ocurrencia, es decir, que el haz probatorio sobre el que recae tiene que ser de una definitiva claridad y precisión que no le es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones acomodaticias para determinar el número probable de las que estimen trabajadas. Lo anterior, brilla por su ausencia.

Igualmente, recuérdese que el demandante en el acápite de los hechos sostuvo textualmente: “11. A mi mandante señor juez, como siempre ocurre con estas compañías de vigilancia, dejaron de cancelar al momento de su despido, acreencias laborales, tales como: Diferencias de sueldos, desde su vinculación, hasta la fecha de su despido, horas extras, vacaciones, primas descuentos efectuados por pólizas o seguros de vida, indemnizaciones por despido injusto, así como también las diferencias en el pago de subsidio de transporte etc. Y como es natural valores que inciden en el pago de Cesantías (sic) finales (sic)” y el hecho 13 adujo “por último, la liquidación efectuada por la demandada laboral, no concuerda con el valor real que le corresponde al trabajador por espacio de 24 años de servicios ininterrumpidos; y con las acreencias que le corresponden por los diferentes itemns (sic) de trabajo suplementario, extras dominicales, festivos etc., así como las demás acreencias laborales ya citadas”.

Obsérvese que en la pieza procesal, bajo análisis, el promotor del litigio adujo que la llamada a juicio debía ser condenada a la diferencia, por el periodo del 18 de abril de 1981 al 18 de junio de 2005, de la cesantía y sus intereses, vacaciones, primas semestral y anual, auxilio de transporte; lo que a las claras corrobora lo antes dicho, en relación a que sus peticiones no fueron concretas, y mucho menos acreditó lo que efectivamente se le pagó por todo el tiempo solicitado para así determinar la presunta diferencia implorada por el actor.

Por ejemplo, repárese en que a la terminación de la relación laboral la demandada le canceló al actor, a título de cesantía, la suma de $ 13.187.522,oo de la cual le descontó $ 9.037.283,oo por “anticipos de cesantías” (fl. 91). Sin embargo, el demandante pretende que la sociedad accionada sea condena al monto de $ 3.187.000,oo “como diferencia y por el todo el tiempo laborado”, pero no indica por qué se generó esa diferencia.

Ahora, si bien el salario promedio que tuvo en consideración la demandada es diferente al certificado a folio 24, ello no es suficiente para que las pretensiones cobren éxito, pues dichos salarios corresponden a fechas diferentes, es decir, que el certificado tiene una data disímil a la de terminación de la relación laboral. Además, que el salario base varía de acuerdo a la acreencia laboral objeto de liquidación.

Razones bastantes suficientes, para concluir que al inobservar la parte actora lo estatuido en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que busca que las pretensiones y los hechos de la demanda inicial sean planteados con claridad y precisión, es decir, alejados de toda ambigüedad, en conclusión no le es dable a la Corte dilucidar si le asiste derecho o no al actor en este proceso a las diferencias reclamadas así como al pago del tiempo suplementario y dominical.

Sobre el tema, en sentencia de la CSJ SL, 25 oct. 2011, rad. 40109, se dijo:

Conviene agregar, que las pretensiones de una demanda, además de reunir las exigencias propias de su formulación, requieren ser claras y precisas y traer consigo los supuestos fácticos que las apoyen o las respalden, que es lo que finalmente permite al juez del trabajo resolverlas, pues la claridad y precisión de las peticiones y los hechos son fundamentales. De allí que se sostenga que una demanda deficiente perjudica al propio accionante, en la medida que el juez no puede sustituirlo en la afirmación de los hechos omitidos, ni modificarlos cuando la manifestación es defectuosa, a más que ello iría en contra del derecho de defensa que le asiste al demandado.

(...).

Igualmente, en casación del 23 de mayo de 2001 radicado 15771, reiterada en sentencia del 13 de octubre de 2006 radicación 28130, la Sala puntualizó:

“(...) El derecho de defensa y el debido proceso exigen que la relación jurídica procesal quede delimitada ab initio en el juicio. Es por eso que el demandante, al elaborar su demanda laboral, debe ser cuidadoso no solo al formular las pretensiones, sino de manera muy especial al presentar los hechos que constituyen la causa petendi. Si bien las falencias en cuanto a las primeras pueden ser reparadas en los juicios del trabajo por el juzgador de primer grado, en el desarrollo de la facultad extra petita, a condición de que los hechos que le sirven de apoyo hayan sido planteados y discutidos en juicio, no puede ese mismo funcionario, ni ningún otro, corregir el rumbo del proceso trazado por el accionante, alterando la causa petendi en que este fincó su acción”.

3. Devolución de los dineros por descuentos de la “póliza por muerte del trabajador”.

A folio 92 reposa autorización de descuento efectuado por el demandante por concepto de “póliza de seguro por gastos fúnebres en caso de fallecimiento del trabajador”, en la cual se lee “Autorizo a la empresa descontar por nómina el valor de (...) quincenales mientras dure mi vinculación laboral con la compañía”.

Luego no es viable dicha pretensión, puesto que obra en el expediente autorización escrita del demandante por los descuentos que el empleador le realizó a título de la mencionada póliza.

4. No hay violación al principio prohibitivo de la reforma en perjuicio del único apelante.

Sobre este punto en sentencia de la CSJ SL, 11 feb. 2004, rad. 21191, esta Corte sostuvo que no se presenta vulneración al principio de la no reformatio in pejus, cuando el juez de primera instancia dicta un fallo inhibitorio que a la postre es revocado por el juez colegiado y, en su lugar, adopta la decisión de absolver a la demandada, pues la prohibición de la agravación en perjuicio solo tiene ocurrencia frente a una decisión judicial que haya resuelto un asunto de fondo, razón por la que la misma no es posible que ocurra en relación con un fallo inhibitorio, en tanto en este caso el funcionario judicial no resuelve la controversia por falta de un presupuesto procesal; por ende, si no hay decisión de fondo sobre el derecho pretendido, no puede afirmarse válidamente que con la decisión de segundo grado, así sea absolutoria, se esté reformando en perjuicio del único apelante que lo es el demandante. El anterior criterio fue reiterado en sentencia de la CSJ SL 21 feb. 2006, rad. 26217.

5. Conclusión.

La Corte actuando como tribunal de instancia, revocará la sentencia de primer grado, por medio de la cual el juez de conocimiento se inhibió y, en su lugar, se absolverá a la sociedad llamada a juicio de todas las pretensiones incoadas por el accionante.

Sin costas en el recurso extraordinario, por cuanto no hubo oposición. No se causan en la alzada y las de primera instancia serán a cargo del demandante.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA TOTALMENTE la sentencia proferida el 31 de agosto de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario que promovió Iván de Jesús Martínez en contra de la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada “Seguridad Atlas Ltda.”.

En sede de instancia:

1. SE REVOCA íntegramente el fallo dictado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, el 28 de septiembre de 2007, por medio del cual se dispuso “INHIBIRSE para conocer de fondo las pretensiones incoadas por el demandante” y no impuso costas.

2. SE ABSUELVE de todas las súplicas incoadas por Iván de Jesús Martínez en contra de la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada “Seguridad Atlas Ltda.”.

3. Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.