Sentencia SL9364-2017 de junio 21 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL9364-2017

Rad.: 51094

Acta 22

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandada, contra la sentencia proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 14 de diciembre de 2010, en el proceso que RODRIGO DE JESÚS TASCÓN RICO adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Téngase como sucesor procesal del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, de conformidad con el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, en armonía con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales por expresa remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

I. ANTECEDENTES

El citado accionante reclamó el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez a partir de junio de 2003, los intereses de mora y las costas del proceso.

En lo que interesa al recurso extraordinario, relató que nació el 10 de septiembre de 1951; que entre el 30 de mayo de 1977 y el 7 de junio de 2003 cotizó 1280 semanas al ISS; que en desarrollo de su trabajo, estuvo expuesto a altas temperatura durante de 17 años, 8 meses y 22 días; que, en virtud de lo anterior, tiene derecho a que se le descuente 1 año de edad por cada 50 semanas adicionales a las 750, vale decir «que se le rebaje o anticipe su pensión de vejez en 3 años, 3 meses, para entrar al disfrute de su pensión especial de vejez al cumplimiento de 52 años de edad, es decir desde el mes de junio de 2003».

Adujo que el 1º de julio de 2003 solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez, sin embargo, esta entidad ha declinado sus peticiones.

El ISS al dar respuesta a la demanda, se opuso al éxito de sus pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió que el demandante estuvo expuesto a altas temperatura por 17 años, 8 meses y 22 días, que reclamó la pensión de vejez el 1º de julio de 2003 y el ISS se la negó; los demás hechos, o los rechazó o negó su carácter fáctico. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, improcedencia de la indexación, prescripción, imposibilidad de condena en costas y las que fuesen declarables de oficio.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, a través de fallo de 1 de febrero de 2010, condenó al ISS al pago de la pensión especial de vejez, a partir del 10 de septiembre de 2003, en el equivalente a un salario mínimo legal; declaró parcialmente probada la excepción de prescripción; ordenó el pago de $ 29.957.433 por concepto de mesadas pensionales adeudadas entre el 16 de febrero de 2005 y diciembre de 2009; determinó en $ 515.000 el valor de la mesada pensional para el año 2010; y condenó al pago de los intereses moratorios sobre las mesadas debidas desde el mes de marzo de 2005, liquidados con la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento en que se satisfaga la obligación.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación que interpusieron ambas partes, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante la sentencia recurrida en casación, dispuso:

[Se] CONFIRMA la sentencia que se revisa por vía de apelación de los apoderados de ambas partes, empero REVOCA la declaratoria de prosperidad parcial de la excepción de prescripción, para en su lugar, declarar que ésta no prosperó. En consecuencia CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar al señor RODRIGO DE JESÚS TASCÓN RICO la pensión especial de vejez, a partir del 11 de septiembre de 2003. Igualmente la MODIFICA respecto el valor en que fue establecida la mesada pensional y el calculado por concepto de retroactivo de dichas mesadas, para en su lugar ORDENARLE al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que proceda a calcular el IBL, teniendo en cuenta para ello el sistema liquidatorio que más le favorezca al actor, esto es, el promedio de las cotizaciones efectuadas entre el 23 de junio de 1994 y el 7 de junio de 2003, o el promedio de cotizaciones de los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento pensional, en ambos casos, actualizando dichas cotizaciones hasta la fecha de reconocimiento de la pensión —11 de septiembre de 2003—, y a que éste (sic) IBL se le aplique como tasa de reemplazo (sic) el 69%; igualmente se MODIFICA la condena por intereses moratorios, para en su lugar, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagarle al señor RODRIGO DE JESÚS TASCÓN RICO los intereses moratorios causados a partir del 11 de enero de 2004 y hasta cuando le cancele lo adeudado por mesadas ordinarias y adicionales, a la tasa máxima de interés moratorio vigente a dicho momento, por lo explicado en la parte considerativa.

En lo que tiene que ver con la prescripción de las mesadas pensionales, que es el tema que se controvierte en casación, el tribunal desaprobó la fecha a partir de la cual el juez a quo la declaró, habida cuenta que el computo trienal debía contarse, no desde la calenda de presentación de la demanda sino a partir de aquella en la que se le notificó al demandante la Resolución Nº 24254 de 2005, mediante la cual el ISS le negó su pensión.

Desde esta perspectiva, advirtió que la citada resolución se notificó el 16 de febrero de 2006 (fl. 18), y como la demanda inicial se presentó el 16 de febrero de 2009 (fl. 8), concluyó que ninguna mesada pensional prescribió. Por tal motivo, ordenó el pago de la pensión especial de vejez a partir del 11 de septiembre de 2003.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente el fallo impugnado en cuanto revocó la declaratoria parcial de la excepción de prescripción; en sede instancia solicita que se modifique la providencia del a quo a fin de que dicho fenómeno se declare a partir del 16 de febrero de 2006.

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, que no fueron objeto de réplica.

VI. CARGO PRIMERO

Por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, le atribuye al fallo fustigado la violación de los artículos 15 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, y 8 del Decreto 1281 de 1994, transgresión que afirma, fue consecuencia de la aplicación indebida (violación medio) de los artículos 145 y 151 del Código Procesal del Trabajo y 91 del Código de Procedimiento Civil.

Acusa al sentenciador de haber incurrido en el error de hecho de «no dar por establecido, estándolo, que las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 16 de febrero de 2006 estaban prescritas», lo cual se produjo a raíz de la valoración errada de la Resolución Nº 24254 de 2005 de folios 16 a 18.

Previo a la exposición de los razones de disenso, la censura deja en claro que acepta las siguientes premisas fácticas: (i) que el actor se notificó del contenido de la Resolución Nº 24254 de 2005 el 16 de febrero de 2006, (ii) que la demanda inicial se presentó en la Oficina de Apoyo Judicial el 16 de febrero de 2009, y (iii) que el derecho pensional del actor se causó desde el 11 de septiembre de 2003.

Especifica que su discrepancia probatoria con el fallo recurrido estriba en que el tribunal dio una lectura equivocada a la Resolución Nº 24254 de 2005, dado que allí claramente se consignó que el demandante presentó su reclamación el 1º de julio de 2003. Asevera que, en consecuencia, «si el derecho pensional se causó a partir del 11 de septiembre de 2003, se trató de una petición antes de tiempo, la cual, haciendo una analogía con el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D.E. 2282/89, art. 1°, num. 42), daría lugar a una especie de resolución inhibitoria, la cual no interrumpe el término prescriptivo».

Por lo tanto —concluye—, solo la demanda inicial interrumpió el término prescriptivo, por lo que debió declararse la prescripción de las mesadas causadas con antelación al 16 de febrero de 2006.

VII. CARGO SEGUNDO

En esta acusación, el recurrente denuncia la transgresión de las disposiciones enunciadas en el cargo primero, la comisión de igual error de hecho y reproduce los mismos argumentos. En criterio de la censura, este cargo, idéntico al anterior, se justifica en la medida que «las normas sobre la prescripción al extinguir un derecho son de carácter sustancial y, por lo tanto, no formulamos este cargo como violación medio».

VIII. CONSIDERACIONES

Sustancialmente, el recurrente acusa al tribunal de haber valorado equivocadamente la Resolución Nº 24254 de 2005, donde claramente se establece que el demandante presentó su reclamación administrativa el 1º de julio de 2003, esto es, antes de que causara su pensión.

A ello habría que responder, en primer lugar, que el juez ad quem nunca expresó que el demandante hubiese solicitado su pensión en una fecha distinta o con posterioridad a la calenda en que cumplió los requisitos pensionales, y ello obedeció a que en el análisis de la prescripción, su preocupación se centró en la fecha en que se notificó el acto administrativo, mas no en la que se presentó la reclamación administrativa. Desde este punto de vista, mal podría atribuírsele un error de juicio en este aspecto.

En segundo lugar, si en un plano hipotético, se afirmara que el tribunal, al resolver como lo hizo, implícitamente asumió que la reclamación administrativa se presentó con posterioridad a la data en que el actor cumplió los requisitos, no obstante que en realidad se radicó en fecha anterior, de cualquier modo, ello no conduciría al quiebre parcial del fallo, dado que, no necesariamente la petición prematura de una pensión ante la administradora genera una decisión inhibitoria ni mucho menos priva de eficacia la reclamación como medio idóneo de interrupción de la prescripción.

Aunque lo lógico es que la prestación pensional se solicite en el momento o después de que se han satisfecho todos los requisitos pensionales, habida cuenta que no es posible reclamar aquello a lo que no se tiene derecho, como tampoco hacer valer prerrogativas que ni siquiera se han causado, puede pasar —y es algo común— que en el trámite administrativo se consolide el derecho pensional de un afiliado. En este último caso, no es oportuno negar la pensión con fundamento en que al momento presentarse la solicitud la prestación no se había causado, con mayor razón si entre la fecha de la reclamación y aquella en que se emite la respuesta, la administradora ha desbordado los tiempos legales con que cuenta para decidir.

Por lo anterior, la tesis de la censura conforme a la cual, la petición antes de tiempo genera «una especie de resolución inhibitoria», carece de asidero, debido a que el incumplimiento de los requisitos pensionales (edad y tiempo de servicios), si a algo da lugar, es a una decisión desfavorable o de rechazo, a no ser que entre la fecha de la solicitud y aquella en que se resuelve, se satisfaga el lleno de los requisitos pensionales.

Y no podría ser de otra forma, pues si una administradora no resuelve oportunamente una solicitud pensional, mal podría luego aferrarse a que se presentó prematuramente. Si en verdad una petición es anticipada, lo correspondiente es resolverla prontamente y, en todo caso, antes de que se cumpla la totalidad de los requisitos pensionales. Después, no vale alegar que se presentó antes de tiempo o cuando el derecho aún no había madurado, como tampoco es válido restarle a la reclamación los efectos naturales que le asignan las normas sustanciales y procesales.

Cabe recordar que el servicio público de la seguridad social que por delegación del Estado prestan las administradoras de pensiones, impone el deber de ser diligentes frente a los reclamos de los afiliados y usuarios del sistema, para lo cual, las entidades están en la obligación de procurar en sus actuaciones dar respuesta oportuna a los requerimientos, evitar pronunciamientos inhibitorios, al igual que incurrir en conductas que obstaculicen o dilaten la efectividad de los derechos de las personas.

Bajo esta comprensión, cuando una administradora niega una pensión o se inhibe, a sabiendas que la persona ha cumplido la totalidad de los requisitos pensionales, actúa contra su propósito de garantizar el derecho irrenunciable a la seguridad social, es decir, desconoce la razón de ser de su propia existencia.

Por lo mismo, si una petición se eleva antes de tiempo y no se resuelve oportunamente, como aconteció en el sub examine, donde la respuesta se dio a conocer dos años después, esta surte todos sus efectos en punto a la interrupción y suspensión de la prescripción, hasta tanto se emita y notifique la decisión definitiva de la administradora.

Por lo brevemente reseñado, los cargos son infundados.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de siete millones de pesos ($ 7´000.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2010 por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral que RODRIGO DE JESÚS TASCÓN RICO adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.