Sentencia SL9373-2017 de junio 28 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL9373-2017

Rad.: 52919

Acta 23

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 16 de junio de 2011, en el proceso que GUSTAVO MERCHÁN GÓMEZ adelanta contra BANCOLOMBIA S.A.

I. ANTECEDENTES

Gustavo Merchán Gómez demandó a Bancolombia S.A. con el propósito de obtener el pago de los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales insolutas, la indexación de las condenas y las costas procesales.

En respaldo de sus pretensiones refirió que ante el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., adelantó proceso ordinario laboral contra Bancolombia S.A.; que el juicio terminó mediante sentencia de casación, en la que esta Sala de la Corte resolvió no casar la decisión del colegiado de instancia mediante la cual se condenó al pago de la pensión de jubilación; explicó que en el trámite judicial de marras no se discutió el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Puntualizó que, a continuación del proceso ordinario, inició proceso ejecutivo, en el cual, tanto el juzgado como el tribunal, negaron el mandamiento de pago por los intereses moratorios, habida cuenta que respecto de ellos no hubo pronunciamiento en el juicio ordinario cuya sentencia constituía la base de la ejecución.

El banco accionado se opuso al éxito de las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos, aceptó, en lo esencial, que en el proceso ordinario laboral en el que se le condenó al pago de la pensión de jubilación, no se debatió lo relativo a los intereses moratorios y, por este motivo, se negó el mandamiento de pago en el juicio ejecutivo. En su defensa formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, pago, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., a través de fallo de 10 de febrero de 2011, declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada y condenó en costas al actor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación que interpuso la parte accionante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la del a quo.

En sustento de su decisión, el tribunal determinó que el problema jurídico que debía dilucidar consistía en establecer «si la demanda ejecutiva presentada por el actor con el fin de conseguir el pago de los intereses moratorios causados entre el 1º de noviembre de 1993 y el 14 de febrero de 2006, fecha esta última en que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia proferida por esta corporación, que había confirmado la de primera instancia en la que se concedió la pensión al demandante a partir del 1º de noviembre de 1993, interrumpió o no el término de prescripción para reclamar dichos intereses».

Recordó, para tales efectos, que conforme al artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones que emanan de las leyes sociales prescriben en el término de tres años contados desde la fecha en que el derecho se haya hecho exigible; agregó que a la luz de esa misma disposición, el simple reclamo escrito del trabajador interrumpe dicho término, pero solo por un lapso igual.

En cuanto al punto objeto de debate, destacó que si bien el proceso ejecutivo que se adelantó para obtener el pago de los intereses moratorios «no es precisamente un reclamo presentado al empleador, sí cumplió el mismo fin», pues una vez notificada la demanda ejecutiva a la entidad accionada, esta tuvo la oportunidad de enterarse de que el actor también pretendía el pago de los intereses moratorios, de manera que «a dicha solicitud bien puede atribuírsele la facultad de interrumpir el término de prescripción».

Clarificó a continuación que la interrupción del término debía contarse a partir de la presentación de la demanda ejecutiva, mas no desde que el Tribunal declaró la improcedencia del mandamiento de pago, como lo pretendía hacer ver el recurrente, dado que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es claro en señalar que lo que interrumpe la prescripción es el simple reclamo. En línea con lo anterior, agregó que «lo que se aplica es la interrupción de la prescripción, más no su suspensión».

Por último, señaló:

Así las cosas, aunque en el acervo probatorio no se encuentra la fecha exacta en la que se presentó la demanda ejecutiva, se observa que el demandante estableció que dicha demanda tiene el número de radicación 2006-000895 lo que permite deducir que, en el mejor de los escenarios, dicha demanda fue presentada el 15 de diciembre de 2006 último día de labores antes del inicio de la vacancia judicial, y como quiera que la presente acción se inició con la demanda presentada el 9 de marzo de 2010, es evidente que operó el fenómeno de la prescripción, circunstancia esta por la que habrá de confirmarse la providencia apelada, en todas sus partes.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada a fin de que, en sede de instancia, revoque el fallo del a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.

VI. CARGO ÚNICO

Por la vía directa, le atribuye al fallo fustigado la interpretación errónea del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la inaplicación de los artículos 141 de la Ley 100 de 1993, 2524 y 2539 del Código Civil, 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil, y 7º de la Ley 1149 de 2007, «todo dentro de los parámetros contemplados en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 y 162 de la Ley 446 de 1998».

Antes de presentar los argumentos de su acusación, el recurrente hace hincapié en que acepta todos los hechos que encontró acreditados el tribunal.

A su juicio, esa Corporación interpretó desacertadamente el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dado que, a pesar de acoger la tesis de que la demanda ejecutiva interrumpió el término de prescripción «a partir del 15 de diciembre de 2006, consideró que por haber presentado la demanda el 9 de marzo de 2010 había operado el fenómeno de la prescripción».

En función de lo anterior, señala que el citado artículo, si bien regula el fenómeno de la interrupción, guarda silencio en torno a la suspensión de la prescripción cuando se interpone una acción ejecutiva. Esgrime que ante esta laguna legislativa, el juez ad quem debió acudir al artículo 2524 del Código Civil, «que aunque derogado se encuentre, por el artículo 698 del Código de Procedimiento Civil, actual, y considerando el vacío legislativo de las normas laborales, atendiendo la defensa de los derechos laborales debió aplicarlo al caso».

Señala que igual sucede con el artículo 2539 del Código Civil, el cual debió ser acompasado con los artículos 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil, modificados por la Ley 794 de 2003, cuyos textos transcribió.

Asevera que si el tribunal hubiera aplicado esos preceptos, seguramente habría «deducido que la prescripción se interrumpió el 15 de diciembre de 2006, con la presentación de la demanda ejecutiva, y como dicha demanda se notificó al demandado dentro del año siguiente del Auto que profirió el mandamiento de pago, que es el admisorio en el proceso de pago, conocido como ejecutivo, el Tribunal también hubiera entendido que una vez interrumpida la prescripción, debía remitirse a lo ordenado por los artículos 2536 y 2544 del Código Civil».

En línea con lo precedente, explica que el juez plural debió entender que una vez interrumpida la prescripción con la demanda ejecutiva, este término se suspendió hasta el 31 de agosto de 2007, cuando se emitió el fallo de segunda instancia en el que se definió que los intereses moratorios debían ser objeto de un proceso declarativo.

Finalmente, manifiesta que en vigencia del artículo 7º de la Ley 1149 de 2007, el juez de segundo grado tenía el deber de «adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio de las partes, la agilidad y rapidez en su trámite».

VII. RÉPLICA

Al oponerse a la prosperidad del cargo, el accionado le imputa a la demanda de casación la falencia de combinar reflexiones fácticas y jurídicas. Asimismo, sostiene que la censura, inapropiadamente, divaga en normas civiles, a pesar de que el proceso del trabajo incorpora una disposición que regula expresamente el fenómeno de la prescripción y su interrupción.

VIII. CONSIDERACIONES

1. Contrario a lo que afirma el opositor, no es cierto que en su acusación el recurrente haya incurrido en el defecto de combinar planteamientos fácticos y jurídicos, de hecho, antes de presentar los fundamentos de su demanda, dejó en claro que aceptaba todas las premisas fácticas establecidas por el tribunal.

2. Ahora bien, uno de esos supuestos fácticos asentados por el juez plural y que la censura abiertamente acepta, es que el 15 de diciembre de 2006 se verificó una interrupción de la prescripción, aspecto que asumirá la Sala a la hora de abordar el análisis del argumento jurídico del recurrente.

Claro lo anterior, considera la Corte que el problema de derecho que le corresponde dilucidar consiste en determinar si, en efecto, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social posee una laguna normativa en punto a la suspensión de la prescripción, la cual debe llenarse mediante la remisión a normas de estirpe civil.

Para este fin, conviene recordar que el instituto de la prescripción y su interrupción en materia laboral se encuentra regulado en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, que disponen:

ART. 488.Regla general. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto. 

ART. 489.Interrupción de la prescripción. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente. 

En consonancia con lo anterior, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social también se ocupa de la figura de la prescripción y su interrupción en los siguientes términos:

ART. 151.Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual. 

A criterio de esta Sala, los citados preceptos no contienen un defecto lógico o un vacío en punto a las consecuencias del simple reclamo realizado al empleador, que obligue al juez a remitirse a disposiciones civiles, por la potísima razón de que ellos regularon íntegramente los efectos de esta figura y, al hacerlo, solo le atribuyeron el poder de interrumpir la prescripción, esto es, que el término que esté corriendo «principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente».

Por tal motivo, no puede predicarse una laguna normativa en el texto del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social o 489 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que, se repite, estas disposiciones se ocuparon, de lleno o íntegramente, de los efectos del simple reclamo, dentro de los cuales no se contempla la suspensión del término, sino su conteo de nuevo y por una sola vez.

Consecuente con ello, resulta entonces improcedente la remisión a los preceptos civiles que plantea la censura, pues, recuérdese, la analogía en asuntos del trabajo se encuentra autorizada siempre que no exista una norma aplicable al caso.

3. Ahora, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, en la versión de la Ley 794 de 2003, si bien consagró que la demanda interrumpe la prescripción, este efecto tiene cabida «siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente», lo cual no aplica, puesto que en el proceso ejecutivo nunca se libró el mandamiento de pago.

Corolario de lo anterior, el cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3´500.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 16 de junio de 2011 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del proceso ordinario laboral que GUSTAVO MERCHÁN GÓMEZ adelanta contra BANCOLOMBIA S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.