Sentencia 9452-2014 de julio 16 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9452-2014

Radicación 42000

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 25

Bogotá, D.C., dieciséis de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones

No acierta la parte opositora en los señalamientos de falta de técnica que le hace al cargo para calificarlo de inviable, por cuanto si bien el recurrente, en la demostración, mezcló argumentos jurídicos y fácticos, ello no impide su estudio, pues el escollo se supera concentrándose el estudio a los argumentos eminentemente fácticos.

De los argumentos de la censura se desprende, con claridad, que la inconformidad del recurrente planteada en los yerros 7º y 8º se contrae a que el juez de alzada, al proferir la sentencia impugnada, no se percató de que el recurso de apelación de la demandada fue presentado de manera extemporánea el 3 de abril de 2008, folios 121 a 124, que no fue concedido ni surtido legalmente, además que la fecha de presentación obrante al folio 121 fue enmendada, con el supuesto propósito de habilitar el término de ejecutoria que había vencido el 2 de abril, y que dicho recurso fue el soporte de la decisión de revocatoria de las condenas ordenadas por el a quo a favor del actor.

La citada inconformidad bien se podía plantear por la vía indirecta, contrario a lo dicho por el replicante, dado que los supuestos desatinos endilgados al ad quem, de haber ocurrido en efecto, habrían sucedido por la equivocada apreciación del juzgador de segundo grado de piezas procesales que para el caso adquieren el carácter de documentos, como son el escrito de apelación y el auto de concesión del recurso.

Descendiendo al caso del sublite, encuentra la Sala que, ciertamente, del fallo de primera instancia apeló oportunamente la parte actora, según el informe secretarial de fecha 8 de abril de 2008 (visible al fl. 125 del plenario), y, consecuencialmente, mediante auto del 9 de abril de 2008 (ibídem), se dispuso por el a quo:

Teniendo en cuenta que el recurso de apelación contra el fallo proferido por este despacho fue interpuesto por el apoderado de la parte actora, dentro del término legal, concédase el recurso interpuesto, en el efecto suspensivo ante el honorable Tribunal Superior de este Distrito Judicial.

No aparece registro, dentro del plenario, de que la anterior decisión hubiese sido objeto de recurso, o que se hubiese modificado por el juez de primer grado, por tanto esta cobró ejecutoria, tal cual, de conformidad con el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil.

Si bien observa la Sala que, a folios 121 al 124, obra un escrito proveniente del apoderado de la demandada (donde dice interponer recurso de apelación contra la sentencia del a quo adiada 28 de marzo de 1998) con fecha de presentación, supuestamente, 2 de abril de 2008 a las 10 y 30 am, y aparece el 2 sobrepuesto, también aprecia que al último folio de este escrito (fl.124) figura como fecha de presentación, de forma clara y sin enmendaduras, el 3 de abril del mismo año, es decir, para cuando ya se había vencido el término de tres días para apelar (art. 66 original del CPT y ss); lo cual explica que solo se hubiere concedido el recurso de la parte actora, en razón a que, en realidad, el de la contraparte fue presentado el 3 de abril, como lo sostiene el recurrente, y, por tanto, fue extemporáneo; conclusión que se corrobora con el hecho de que la parte demandada guardó silencio ante el auto que concedió solamente el recurso de la parte actora.

El desarrollo del cargo permite a la Corte entender que el tribunal, al estudiar el recurso de apelación de la parte demandada, habiendo sido presentado extemporáneamente y sin que se hubiere dictado auto ordenando su trámite, se equivocó; circunstancia que perjudicó a la parte demandante que, en definitiva, resultó ser el único apelante.

Según el examen de las piezas procesales precitadas, al haberse referido la sentencia del ad quem únicamente a las razones de la demandada contenidas en el escrito de apelación que fue presentado de forma extemporánea, por tanto no apto, lo que a su vez dio como resultado la revocatoria de las condenas reconocidas a favor de la parte actora, quien sí había apelado pero, injustificadamente, no le fueron atendidas sus objeciones presentadas en contra de la decisión del a quo, no se necesita de más razonamiento de parte de esta Sala, para concluir que, efectivamente, la equivocación del ad quem, a todas luces evidente, es suficiente para desquiciar la sentencia impugnada, pues no solo trasgredió el principio de consonancia, sino también, con la abstracción, sin fundamento, de las inconformidades expresadas por el recurrente frente a la sentencia de primera instancia, se afectó el derecho de contradicción de la parte, lo que conlleva una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y el de defensa (C.N., art. 29), no quedando otro remedio aplicable por la Sala que el de casar, en su integridad, la sentencia impugnada, según lo acabado de exponer.

Dado el resultado del estudio del presente cargo, lo que sigue es proferir la decisión de segunda instancia correspondiente, en atención al recurso de la parte actora.

Sin costas en el trámite de casación.

IX. Sentencia de instancia

El extrabajador inició proceso con el fin de que se declarase que entre las partes en litigio existió un contrato de trabajo con vigencia desde el 15 de agosto de 1992 hasta el 30 de julio de 2004, cuando la empresa le puso fin a la relación laboral sin justa causa.

Por su parte, el a quo determinó que las pruebas documentales relacionadas, entre ellas las certificaciones laborales, la liquidación del contrato de trabajo de folios 17 y 73 (con fecha de inicio 1º de enero de 1997 y de terminación el 30 de julio de 2004), la carta de renuncia del actor presentada el 31 de diciembre de 1995, de folio 76, (donde el actor comunicó al empleador su deseo de renunciar al cargo desempeñado desde el 16 de junio (sic) de ese año), la liquidación de este contrato a folio 77 (con extremos laborales del 16 de julio de 1995 al 31 de diciembre del mismo año), así como la confesión ficta conforme al artículo 210 del CPC (mediante la cual se dio, expresamente, por demostrado que el actor comenzó a laborar para la demandada el 15 de agosto de 1992), indicaban que ciertamente existió una relación laboral entre las partes, pero que, no obstante la declaración de confeso al accionado de haber vinculado al demandante el 15 de agosto de 1992, se había probado plenamente que el actor presentó renuncia el 31 de diciembre de 1995 y que, posteriormente, no existía constancia de vinculación diferente a la expresada y aceptada por el demandado en la contestación de la demanda, la cual se había referido a que las labores iniciaron el 1º de enero de 1997.

El recurrente se aparta de lo anterior con el argumento de que la renuncia presuntamente presentada por el demandante el 31 de diciembre de 1995, a que se refirió el a quo, no había tenido efecto alguno y que, por tanto, no se había probado la interrupción de los servicios, y que la fecha de ingreso había quedado demostrada con la confesión ficta según el acta de folio 87, al igual que con las certificaciones de trabajo obrantes en el plenario.

La Sala observa que el a quo no valoró correctamente las siete constancias de trabajo allegadas por el actor junto con la demanda (fls. 9 al 15), donde la convocada a juicio manifiesta que el extrabajador labora en esa empresa en el cargo de contador; en cinco de ellas se dice que lo hizo desde el 15 de agosto de 1992, de las cuales cuatro no tiene destinatario específico, y todas con distintas fechas de expedición entre los años 1997 al 2003; lo cual concuerda con lo dicho por el apelante de que la supuesta renuncia del 31 de diciembre de 1995, en la realidad, no produjo efectos; premisa esta que cobra fuerza también con la documental visible al folio 44 del plenario, consistente en el certificado de ingresos y retención en la fuente, correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1996, expedido el 28 de febrero de 1997, con firma y sello de la empresa en original, donde consta que el actor tuvo, durante el periodo mencionado, ingresos laborales gravados por $8.100.000 más ingresos no gravados por concepto de cesantías por $672.000, como también honorarios por $7.800.000 y otros por $1.000.000, de lo cual se desprende que el actor sí estuvo vinculado por contrato de trabajo durante el año 1996, pues si no, cómo fue que recibió salarios de parte de la empresa dentro de ese periodo; por tanto, la conclusión no puede ser otra de que no hubo solución de continuidad en la relación laboral, pese a la supuesta renuncia del 31 de diciembre de 1995; con la advertencia de que todas estas documentales que fueron allegadas junto con la demanda no fueron tachadas de falsas por la demandada, y que tampoco esta hizo aclaración alguna de cara a tales pruebas en la contestación; máxime que no compareció al despacho a rendir interrogatorio de parte, por lo que se hizo merecedora de la declaración de confeso, de forma expresa, sobre este particular punto, al igual que por el salario real devengado por el actor.

De lo antes dicho se concluye que la carta de renuncia de fecha 31 de diciembre de 1995 y la liquidación del contrato de trabajo a esa fecha, no alcanzan a desvirtuar la confesión ficta de que el contrato inició el 15 de agosto de 1992, contrario a lo estimado por el a quo, en tanto que se probó que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio en el año 1996, pues el hecho positivo de la actividad laboral resulta confirmado con el certificado de ingresos y retención en la fuente expedido por la demandada, como también con las certificaciones laborales igualmente expedidas por la propia demandada.

En este orden de ideas, tiene razón el apelante al reclamar la liquidación de la indemnización por despido con base en esta fecha inicial, y no, con la tomada por la empresa y que fue avalada por el juzgador de primer grado.

En consecuencia, se modificará la condena impuesta por el a quo por la reliquidación por este concepto que ordenó en razón a que determinó que la empresa la había liquidado con base en un salario inferior al establecido en el proceso. Es decir que, en segunda instancia, se ordenará también el reajuste de la indemnización por despido por haberse tomado un tiempo menor al realmente laborado por el trabajador, según lo atrás expuesto. Liquidación que se refleja de la siguiente manera:

 

Indemnización por despido injusto
Fecha de ingreso=15-ago-92
Fecha de retiro=30-jul-04
Último sueldo=$ 1.951.000,00
FechasAñosDías a indemnizar
DesdeHasta  
15-ago-9214-ago-93Primero45
15-ago-9314-ago-94140
15-ago-9414-ago-95140
15-ago-9514-ago-96140
15-ago-9614-ago-97140
15-ago-9714-ago-98140
15-ago-9814-ago-99140
15-ago-9914-ago-00140
15-ago-0014-ago-01140
15-ago-0114-ago-02140
15-ago-0214-ago-03140
15-ago-0330-jul-040,9638
Total días483
Último sueldo=$ 1.951.000,00
Sueldo diario=$ 65.033,33
N° de días a indemnizar=483
Valor indemnización=$ 31.411.100,00

 

Por tanto, sobre la base salarial establecida en primera instancia, $1.951.650, y por un tiempo de servicio comprendido del 15 de agosto de 1992 al 30 de julio de 2004 (11 años, 11 meses y 15 días), en arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 del CST, modificado por el artículo 6° de la Ley 50 de 1990, que dispone 45 días por el primer año, más 40 por los siguientes y proporcional por fracción, por tener más de 10 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 789 de 2002, le corresponde una indemnización equivalente a la suma de $ 31.411.100, cifra a la que se le restará lo pagado por este concepto por el empleador en la liquidación final, esto es la suma de $8.900.558, lo que arroja el saldo insoluto a cargo de la demandada por este concepto equivalente a $22.510.542. De esta manera queda modificado el punto 1. del ordinal primero de la sentencia del a quo.

En lo que atañe a las condenas por indemnización moratoria que reclama el apelante, por considerar que estas proceden de conformidad con los artículos 64 del CST y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y que no había razones de buena fe de parte de la empresa al no contabilizar todos los factores salariales para efectos de liquidar las prestaciones sociales, como equivocadamente, según él, lo estimó el juez de primer grado, es de advertir por la Sala que, además de lo dicho por este, en la sentencia impugnada, de que el empleador pagó oportunamente lo que creyó deberle al actor por salarios y prestaciones, convencido de que había quedado a paz y salvo por tales conceptos, el actor se desempeñó en el puesto de contador de la empresa, ocupación que supone tener a cargo el control de los pagos de la empresa, entre ellos los de carácter laboral, como lo alegó la convocada a juicio al contestar la demanda, por lo que él había podido indicarle al empleador que hiciera las correcciones salariales para efectos de que no hubiera diferencias insolutas por prestaciones sociales, pero no se allegó prueba por el actor de que esto hubiese ocurrido así.

Tal situación, desvirtúa la mala fe de la demandada en el incumplimiento, presupuesto necesario para que se hiciera merecedora de las condenas por indemnización moratoria; las cuales, como bien lo dijo el a quo, no proceden de forma automática, sino que se deben examinar las razones que la empresa tuvo para actuar como lo hizo, en atención al carácter sancionatorio de estas indemnizaciones, como lo tiene asentado la jurisprudencia laboral de vieja data. En consecuencia, se confirmará la absolución de la demandada para estos conceptos.

Sin costas en el recurso extraordinario, dado que fue exitoso. Las de segunda instancia serán a cargo de la parte demandada, por cuanto prosperó parcialmente la apelación.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28de mayo de 2009, en el proceso que instauró Fernando Oquendo Ospina contra Transportes Santa Lucía S.A.

En instancia se modifica el punto 1. del ordinal primero de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de Descongestión de Bogotá en el sentido de que la empresa deberá pagar la suma de $22.510.542, por concepto del reajuste de la indemnización por despido sin justa causa. Se confirma en todo lo demás.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».