Sentencia SL964-2018 de abril 4 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 3

Magistrada Ponente:

Jimena Isabel Godoy Fajardo

SL964-2018

Rad.: 55925

Acta 8

Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil dieciocho (2018).

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante Sacramento Ochica de Serna, concedido por el tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

(...).

VIII. CONSIDERACIONES

No le asiste razón al opositor en cuanto considera que resulta equivocada la manera como se vinculó al juicio a Luz Marina González de Serna en su calidad de compañera permanente del de cujus, pues como lo ha señalado en reiteradas ocasiones esta Corporación, en tratándose de pensión de sobrevivientes no se predica el litis consorcio necesario entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente, a menos que previo al inicio del proceso, la pensión se le hubiese reconocido a uno de ellos, que es el caso, pues tal como dan cuenta las resoluciones Nos. 006354 de 19 de febrero de 2008 y 036351 de 7 de septiembre de 2006 (fls. 42-47, cdno. ppal.) el Instituto de Seguros Sociales con antelación al juicio le reconoció la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente del fallecido, Luz Marina González de Serna. Soporta lo anterior, entre otras, la sentencia con radicación CSJ SL 16855-2015, en la que sobre tal aspecto se señaló:

Ahora bien, y sin que en casación haga parte de la discusión la legalidad de ese auto del juez, estima la Sala pertinente traer a la memoria que en casos como el presente, la Corte ha dicho que entre posibles beneficiarios de una pensión de sobrevivientes, verbi gracia entre cónyuge y compañera(o) permanente, no es posible predicar un litis consorcio necesario, pues la resolución de la controversia judicial puede darse en favor de una de ellas sin que sea necesario la comparecencia de la otra, pues el eventual mejor derecho de la última puede ser objeto de declaración en otro juicio. 

En sentencia del CSJ SL, del 2 de nov. de 1994, rad.6810, esta Corte dijo: 

“EL LITISCONSORCIO NECESARIO: 

“Conforme acontece en materia civil de acuerdo con los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil, en los procesos laborales puede suceder que sea indispensable la integración de un litisconsorcio necesario, vale decir que las partes en conflicto o una de ellas deban estar obligatoriamente compuestas por una pluralidad de sujetos en razón a que en los términos de la última norma aludida, “... el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos ...”. 

“Desde luego, la razón de ser de esta figura se halla ligada al concepto del debido proceso como derecho fundamental de las personas que les otorga la garantía de no ser vinculadas o afectadas por una decisión judicial, sin haber tenido la oportunidad de exponer su posición en un proceso adelantado de acuerdo con los ritos preestablecidos (C.N., art. 29) y es que el litisconsorcio necesario se explica porque es imperativo para la justicia decidir uniformemente para todos los que deben ser litisconsortes. 

“Acorde con lo que establecen los textos mencionados, los cuales son aplicables en los juicios del trabajo a falta de norma específica sobre el tema en el Código Procesal Laboral, la exigencia de conformar el litisconsorcio obedece en primer término a la naturaleza de la relación jurídica sustancial que da lugar al litigio o, en segundo lugar, a que la ley en forma expresa y en precisos casos imponga su integración. 

Ahora bien, se hace indispensable la integración de parte plural en atención a la índole de la relación sustancial, cuando ella está conformada por un conjunto de sujetos, bien sea en posición activa o pasiva, en modo tal que no sea “... susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan sino que se presenta como una sola, única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos. En tal hipótesis, por consiguiente un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relación no puede proceder con la intervención única de alguno o algunos de los ligados por aquella, sino necesariamente con la de todos. Sólo estando presente en el respectivo juicio la totalidad de los sujetos activos y pasivos de la relación sustancial, queda debida e íntegramente constituida desde el punto de vista subjetivo la relación jurídico-procesal, y por lo tanto sólo cuando las cosas son así podrá el Juez hacer el pronunciamiento de fondo demandado. En caso contrario, deberá limitarse a proferir el fallo inhibitorio...” (G.J., Ts. CXXXIV, pág. 170 y CLXXX, pág. 381, recientemente reiteradas en Casación Civil de 16 de mayo de 1.990, aún no publicada). (Ver, extractos de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Tercer Trimestre de 1992, págs. 47 a 50, Imprenta Nacional, 1993) (...). 

“NECESIDAD DEL LITISCONSORCIO Y VIABILIDAD DEL CARGO: 

“Ahora bien, acerca de si al proceso debió concurrir como litisconsorte de la parte actora la otra supuesta compañera permanente, ante todo debe descartarse que ello se constituya en una exigencia expresa de la ley, pues ni el artículo 295 citado, ni otros preceptos lo prevén así. Antes por el contrario, este canon lo que indica es que los beneficiarios en conflicto deben ser contrapartes en un posible litigio pero en modo alguno litisconsortes obligados, figura que como se ha visto, supone defender idéntico interés en el juicio. 

Menos aún se impone la conformación litisconsorcial por la naturaleza del asunto. En efecto, el derecho de los beneficiarios del trabajador o jubilado, aunque puedan acudir a reclamar en conjunto, es un derecho individual emanado normalmente de su relación familiar o de dependencia frente al fallecido. En otros términos, los derechohabientes en general no se consideran como herederos, sucesores de la persona del causante en su relación de trabajo, cosa que por demás se excluye en razón del carácter intuito personae del operario en el nexo laboral, sino que cada cual tiene su propia relación jurídica con el patrono o entidad responsable de los derechos laborales del fallecido, tanto es así que entre ellos es dable que existan intereses encontrados y si acuden a la justicia en conjunto, el correspondiente fallo ha de puntualizar la situación de cada uno, de suerte que algunos pueden resultar triunfantes al paso que otros derrotados. (...) 

“ALGUNAS POSIBLES CONTROVERSIAS JUDICIALES Y LA FORMA COMO DEBEN COMPARECER LOS INTERESADOS A LAS MISMAS: 

“En ocasiones se da el caso de que el supuesto empleador de un trabajador fallecido, niegue en absoluto la existencia de derechos para beneficiarios, pues estima, por ejemplo, que no existió contrato de trabajo. En tal hipótesis los posibles beneficiarios podrán individualmente o en conjunto acudir ante la justicia en reclamo de su derecho. Si no tienen controversias entre sí lo indicado, por razones de economía procesal, es que comparezcan conjuntamente en calidad de litisconsortes facultativos por parte activa (CPC, art. 50). Pero si hay controversia deberán comparecer, unos como demandantes y otros en calidad de intervinientes “ad excludendum”, pues estos habrán de formular su pretensión frente a demandante y demandado (CPC, art. 53). En este caso la sentencia resolverá por razones obvias el conflicto con el presunto empleador y si éste resulta obligado se decidirá seguidamente el litigio entre los reclamantes. 

“Suele acontecer también, como en el asunto de los autos, que el empleador no niegue los derechos pero que decida retenerlos en atención a la controversia entre los que se dicen, con algún respaldo, titulares de ellos. Para esta hipótesis estos pueden acudir a un proceso puramente declarativo en el que la justicia dirimirá su conflicto, pero sin producir decisiones condenatorias en tanto que todos los litigantes sólo pretenden ubicarse en calidad de acreedores. Uno de los interesados puede obrar como demandante y el otro u otros como demandados o si es el caso intervinientes ad excludendum. Igualmente, en la situación que se analiza es viable que los presuntos derechohabientes decidan demandar al patrono, caso en el cual surgirá un proceso declarativo y de condena, cuya decisión dirimiría la controversia entre los reclamantes y ordenaría al empleador cancelar a quien corresponda. Si sólo demanda uno de los peticionarios, los demás podrán intervenir con posterioridad en calidad de excluyentes en los términos del artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, mas si no lo hacen así el asunto habrá de decidirse sólo con respecto a las partes que actuaron, caso en el cual el fallo no vincula a los ausentes. 

“En todas estas eventualidades siempre debe contemplarse la posibilidad de que posteriormente acudan nuevos beneficiarios que no han sido parte en los procesos y, por tanto, dado que su situación es individual, al no darse cosa juzgada frente a ellos, hay lugar a que ejerciten sus propias acciones. Si ello ocurre, debe recordarse que los beneficiarios que hubieren recibido son los obligados para con los nuevos, respecto de los derechos que a estos correspondan. 

“Sirve de ejemplo la situación generada por el fallo recurrido en casación pues resulta que la señora Mercedes Jiménez Parra tiene reconocido el derecho a sustituir en la jubilación que le cancelaba Bavaria S.A, a su compañero permanente Ricardo Marín Zamudio, de ahí que la compañía deba cancelarle la prestación. No empece a ello, otros beneficiarios diferentes del señor Marín podrían discutir judicialmente el derecho jubilatorio en todo o en parte, reclamándoselo principalmente a la beneficiaria Jiménez Parra quien responde por lo que haya percibido y a la empresa en vista que sigue respondiendo de el en tanto prestación vitalicia”. 

Ese criterio ha sido constante y pacífico, como se refleja, entre otras, en sentencias CSJ SL, del 24 jun. 1999, rad. 11862, del 21 de feb. de 2006, rad. 24954, del 15 de feb. y 25 de oct. del 2011, radicaciones 34939 y 36379; y más recientemente en la del 22 de ago. de 2012, rad. 38450 (...)”. 

Dada la senda de ataque escogida, no hay discusión en los aspectos puntuales que el juez de la alzada dio por probados respecto de la aquí recurrente Sacramento Ochica de Serna, tales como: (i) que el causante Jorge Antonio Serna Moque falleció el 29 de septiembre de 2003, (ii) que contrajo matrimonio católico con aquel el 27 de junio de 1970, (iii) que no convivió con su cónyuge los 5 años anteriores a su deceso y que lo hizo desde la fecha del matrimonio y hasta el año 1995 y, (iv) que a reclamar la prestación pensional de sobrevivientes además de la demandante concurrió Luz Marina González de Serna como compañera permanente del causante.

No hay controversia en cuanto a que la fecha de fallecimiento del causante, que para este caso lo fue el 29 de septiembre de 2003, es la que determina la normatividad aplicable para efectos del reconocimiento de la prestación pensional de sobrevivencia, por lo que la que resulta aplicable es el artículo 47 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que en su tenor literal reza:

ART. 47.Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.  

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).  

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. 

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; 

c) (...) 

Del precepto legal se extrae que, en cualquiera de las hipótesis allí descritas, es requisito indispensable para acceder a la pensión de sobrevivientes el acreditar convivencia real y efectiva con el causante.

Ahora bien, tal como lo indica la censura, en Sentencia CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 40055, se precisó el anterior criterio, en el sentido de que la hipótesis de la Ley 797 de 2003, artículo 13, literal b, inciso 3º, solo aplica para el evento en que, luego de la separación de hecho de un cónyuge con vínculo matrimonial vigente, el causante establezca una nueva relación de convivencia y concurra un compañero o compañera permanente, caso en el cual la convivencia de los 5 años de que habla la norma para el cónyuge que va a recibir una «cuota parte» de la prestación, puede ser cumplida en cualquier tiempo. En esa oportunidad, la Sala señaló:

Es indudable que el precepto en cuestión establece como condición que la convivencia «haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante”; pero un análisis de esa disposición legal, en su contexto, permite concluir que, de la forma como está redactada, ese requisito se predica respecto de la compañera o del compañero permanente, mas no del cónyuge porque, con claridad, no se refiere a éste sino a aquéllos, ya que está escrita, en la parte que interesa, en los siguientes términos: “...la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante”.  

Para la Corte no tendría ningún sentido y, por el contrario, seria carente de toda lógica, que al tiempo que el legislador consagra un derecho para quien “mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho”, se le exigiera a esa misma persona la convivencia en los últimos cinco (5) años de vida del causante; porque es apenas obvio que, cuando se alude a la separación de hecho, sin lugar a hesitación se parte del supuesto de que no hay convivencia, ya que en eso consiste la separación de hecho: en la ruptura de la convivencia, de la vida en común entre los cónyuges. 

Sin embargo, debe la Corte precisar que, siendo la convivencia el fundamento esencial del derecho a la prestación, el cónyuge separado de hecho debe demostrar que hizo vida en común con el causante por lo menos durante cinco (5) años, en cualquier tiempo, pues de no entenderse así la norma, se restaría importancia al cimiento del derecho que, se insiste, es la comunidad de vida; al paso que se establecería una discriminación en el trato dado a los beneficiarios, sin ninguna razón objetiva que la justifique, pues, como se ha visto, al compañero o a la compañera permanente se le exige ese término de convivencia, que es el que el legislador, dentro del poder que tiene de configuración del derecho prestacional, ha considerado que es el demostrativo de que la convivencia de la pareja es sólida y tiene vocación de permanencia, de tal suerte que da origen a la protección del Sistema de Seguridad Social. 

De conformidad con lo anterior, resulta acreditado el error que la recurrente le endilga al Tribunal, pues contrario a lo que dicha corporación sostiene, Sacramento Ochica de Serna acreditó convivencia real y efectiva con el causante Jorge Antonio Serna Moque, por los cinco años a los que alude dicho precepto «cumplidos en cualquier época», lo que la hace beneficiaria de la prestación pensional.

Por lo dicho, el cargo prospera y se casará la sentencia.

Sin costas en el recurso extraordinario.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA

Se encuentra demostrado en el juicio que el vínculo marital de la demandante con el causante, inició el 27 de junio de 1970, calenda en la cual contrajeron matrimonio católico tal como da cuenta el registro civil del folio 19 del, cdno. ppal., el que no estaba extinguido para el momento de la muerte del causante que lo fue el 29 de septiembre de 2003 (fls. 21, cdno. ppal.), convivencia que de conformidad con la declaración rendida por la cónyuge supérstite, Sacramento Ochica de Serna ante el ISS (fls.120-122, cdno. ppal.), así como de su interrogatorio de parte (fls. 239-242) en el que afirmó haber convivido por 25 años con el fallecido hasta el año 1995, sin que hubiera separación y, de los testimonios rendidos por Yenny Marcela Sánchez López (fls. 242-245), María del Rosario Sánchez Nivia (fls. 247-250) y, María Angélica Rojas (fls. 255-258) se extendió hasta el año 1995, anualidad a partir de la cual como lo indicaron las deponentes, el señor Serna Moque se fue de la casa pero continuó brindando apoyo y ayuda económica en forma permanente a su cónyuge y a sus hijos hasta el momento de su deceso; así lo afirmó María del Rosario Sánchez Nivia al rendir declaración, «Si el después que se separo (sic) de ella el siguió normalmente frecuentando la casa y ayudándole económicamente» (fls. 250, cdno. ppal.).

Así las cosas, al no ser un hecho debatido la separación de hecho de la pareja Serna Ochica, así como tampoco su convivencia por espacio de 25 años, queda debidamente acreditado el derecho al reconocimiento de la pensión que reclama la demandante Sacramento Ochica Parra, la que, en todo caso, como lo concluyó la jueza de primera instancia, deberá ser compartida con la compañera permanente del de cujus, Luz Marina González de Serna con quien convivió los 5 años anteriores a la fecha de su fallecimiento.

En lo atinente a la inconformidad que en relación con la sentencia de primera instancia elevó la compañera permanente del causante, Luz Marina González de Serna y que se contrae a que se corrijan los porcentajes allí establecidos asignándole a ella el 100% de la prestación pensional por haber iniciado la convivencia con su compañero desde el año 1984, encuentra la Sala que el hecho de la procreación del hijo de la pareja en dicha anualidad, como lo afirma en el escrito de impugnación, en manera alguna implica de manera indubitable convivencia de pareja como lo afirma la recurrente, la que, en todo caso, no fue demostrada desde dicha calenda en el curso del proceso.

Respecto de la apelación del ISS (fls.290-291, cdno. ppal.) como lo afirmó el Tribunal, no se hará pronunciamiento alguno ya que de su texto se advierte que corresponde a un juicio distinto al que ocupa la atención de la Sala, en tanto en su encabezado se lee «REF: PROCESO ORDINARIO DE LUIS APOLINAR ARIAS CONTRA EL ISS. EXPEDIENTE: 2008-01067» y los asuntos que allí controvierte resultan ajenos al objeto del presente litigio (naturaleza jurídica de los incrementos pensionales del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990).

Finalmente, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los intereses moratorios que en el recurso de apelación reclama la demandante Sacramento Ochica de Serna le sean cancelados a partir del 29 de septiembre de 2003, cierto es, que esta Corte desde la Sentencia CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512, ha señalado que deben ser ordenados siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas; no obstante, también ha aceptado su improcedencia en eventos como el del sub examine, en el que la entidad administradora no se abstuvo de reconocer la pensión de sobrevivientes de manera arbitraria o injustificada, sino por una controversia legítima entre potenciales beneficiarios (CSJ SL 11940-2017, CSJ SL704-2013, CSJ SL13369-2014 y CSJ SL14528-2014).

En consecuencia, no se impartirá condena en contra del Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, por ese concepto.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá el 30 de abril de 2010.

Sin costas en segunda instancia. Las de primera se confirman.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 31 de enero de 2012, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que instauró SACRAMENTO OCHICA DE SERNA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES y al que se llamó a LUZ MARINA GONZÁLEZ DE SERNA como litis consorte necesaria.

En sede de instancia CONFIRMA en todas sus partes la decisión proferida por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá el 30 de abril de 2010.

Costas conforme a lo indicado en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Donald José Dix Ponnefz—Jimena Isabel Godoy Fajardo—Jorge Prada Sánchez».