Sentencia SL9694-2014/46265 de julio 23 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9640-2014

Rad. 46265

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta 26

Bogotá, D.C., veintitrés de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

Sea lo primero señalar, que como la vía escogida fue la indirecta, no hay discusión en la norma que gobierna el caso, el art. 13 de la L. 797/2003, dado por demás, que el causante, cuya muerte determina el tipo normativo aplicable, falleció el 16 de agosto de 2004 (fls. 10). Tampoco se controvierte la calidad de beneficiaria de la demandante, como madre del afiliado fallecido, en la medida en que la administradora demandada le reconoció su derecho a la devolución de saldos.

Sobre el objeto de reparo, en el único cargo presentado por la vía indirecta, se tiene que se acusa la sentencia de segundo grado, de haber incurrido en los errores de hecho enlistados, como que el Tribunal dejó de tener en cuenta que la demandante, al momento de la muerte de Óscar Alejandro Penagos Rivas, vivía con su compañero Isidro García, quien era dueño de 2 taxis y percibía al menos $ 358.000 mensuales, luego los $ 150.000 que la misma reconoció que le daba su hijo “no tenía la cuantía o significancia suficiente para considerar que existía una dependencia económica”, ya que contaba con otros recursos distintos para atender su manutención. Además que “los aportes de Óscar Alejandro Penagos Rivas solo constituían un medio que contribuía a un mayor bienestar de dicha señora pero de ninguna manera eran la fuente que garantizaba su congrua subsistencia y, por tanto, era obvio que Protección debía ser absuelta de todo lo pedido contra ella”.

Yerros que, en concepto del recurrente, cometió el Tribunal como consecuencia de la apreciación equivocada o falta de valoración de las siguientes pruebas:

1) Mal apreciadas: a) Documento denominado “Declaración para acreditar derechos a pensión de sobreviencia pensión obligatoria” (fls. 49 a 52, c.1), b) Testimonios de Amanda Casilimas de Pava (fls. 106 a 108, c1), Ángela Cristina Ramírez Castellanos (fls. 110 a 112, c1), David Pava Bueno (fls. 108 a 110, c1) y Luis Orlando Figueroa García (fls. 112 a 114, c1).

2) Dejadas de apreciar: a) Declaración extra procesal de Darío Penagos Ramírez (fls. 42, c1), b) Interrogatorio de parte absuelto por Martha Elena Rivas (fls. 119 y 120, c1), c) Carta remitida por Protección S.A. a Martha Elena Rivas, con fecha 22 de octubre de 2004 (fls. 59 y 60, c1), d) Historia de aportes en Protección S.A. (fls. 162 a 165, c1).

La Sala observa que lo que pretende demostrar la censura con las pruebas denunciadas, es que la actora recibía ayuda económica de su compañero y, en consecuencia, que el hijo fallecido no era quien suministraba el soporte económico a su madre. Sin embargo, tales aspectos no fueron desconocidos en la decisión impugnada, ni el Tribunal soslayó o malinterpretó las probanzas documentales señaladas, pues partió de que la expresión de la norma de que la dependencia económica fuese “total y absoluta” no podía ser tomada en forma literal, “sino con apego a la dignidad humana”, es decir, que no desconoció que la demandante tenía otros ingresos para su congrua subsistencia y concluyó que no porque “se diga que dependía parcialmente”, había razón suficiente para negar la prestación deprecada.

Con otras palabras, el Tribunal no negó que hubiera pruebas como las señaladas por la censura, que dieran cuenta de ayudas económicas como la que podía brindarle un compañero a la demandante, sino que infirió que la ayuda suministrada por su hijo, Óscar Alejandro Penagos Rivas, la necesitaba “para su congrua subsistencia”, por lo tanto no pudo cometer los yerros fácticos endilgados.

Varios aspectos fácticos probados e incluso reconocidos por la demandada en el proceso, confirman la acertada decisión del Tribunal: el hijo de la demandante, entregaba a su señora madre un monto de por lo menos $ 150.000 mensuales, para la época, tal como se extrae de la declaración de la demandante a que hace referencia la censura (fls. 51), suma equivalente a un 41.89% de un salario mínimo legal mensual vigente del año 2004, anualidad en que falleció su hijo (fls. 10). Es decir, una suma muy considerable y determinante, si se tiene en cuenta que la propia demandada asegura —basada en el material probatorio que invoca— “que en la época del fallecimiento de su hijo su grupo familiar estaba conformado por un hermano y la ‘abuelita, Isidro García Compañero de la madre tía y prima’” y que el monto de ingresos “que percibe su grupo familiar asciende a $ 358.000 aproximadamente que corresponde al ingreso de su compañero como independiente tiene 2 taxis”.

De ahí que si el ingreso de dicho “grupo familiar” era el equivalente al salario mínimo de 2004 ($ 358.000), no hay duda ninguna para la Sala que esos $ 150.000 que el hijo le suministraba a su madre, eran necesarios para la congrua subsistencia de esta, máxime que no está demostrado que ella trabajara, tuviera rentas, bienes ni pensión.

Adicionalmente, en relación con los presuntos bienes de su compañero (2 taxis según se informa en el plenario), no es posible atribuírselos a la demandante como patrimonio o fuente de ingresos. Ella dependía no solo del ingreso de su compañero, incluso como pensionado, al grupo familiar, sino también de lo que le daba su hijo, en el monto indicado de $ 150.000 mensuales. Esta última suma representa casi la mitad de lo que este devengaba, pues según Protección S.A. cotizaba por $ 358.000, y si bien dicho aporte no hacía autosuficiente a la señora Rivas Velásquez, constituía la única suma de ingresos propia e indispensable para su manutención, independientemente de que eventualmente su compañero también contribuyera —como es apenas natural al ingreso de su grupo familiar del que hacía también parte.

Consecuencialmente, la Sala no observa que el ad quem haya valorado de manera equivocada los documentos enlistados por la censura.

No es de recibo lo pretendido por la censura, de que solo se valore lo que la demandada crea pertinente del material probatorio, dejándose de lado las pruebas recaudadas en el proceso, con el argumento de que ellas fueron producidas con posterioridad a la declaración inicial que hizo la demandante y que las informaciones suministradas por ella “el 7 de septiembre de 2004”, son “las únicas verdaderas (y no las contenidas en el interrogatorio de parte), pues para esa época su decir era realmente espontáneo y estaba libre de cualquier influencia (...)”.

La recurrente, usa argumentos similares para desestimar los testimonios. Debe recordarse que esta prueba sirvió de basamento para que el Tribunal fundara libremente su convencimiento, al tenor del art. 61 del CPT y S.S., y sin que hubiera sido tachada por la parte demandada de falsedad, presentara oposición a ella, ni evidenciara contradicciones, pues la propia censura reconoce que fue unánime en lo atestiguado, como tampoco que sea descartable por razones de su validez probatoria ya que no hizo parte del ataque formal del cargo. Sin embargo, como la censura no demuestra un yerro fáctico con alguna de las pruebas calificadas (documento auténtico, interrogatorio de parte o inspección judicial), no es posible abordar el estudio de los referidos testimonios.

En cuanto a las aseveraciones del censor, en el sentido de que la cifra de $ 358.000 —que la misma parte demandada defiende como cierta en su ataque— debe ser “sin grandes cavilaciones, (...) mucho mayor”, y que “es evidente que el valor de esa prueba testimonial en realidad es nulo”, la Sala observa que no pasan de ser consideraciones subjetivas, y tampoco son desvirtuadas mediante prueba calificada en casación.

Respecto a la acusación de que el Tribunal soslayó la declaración de la propia demandante, en la que reconocía la existencia de un compañero permanente de nombre Isidro García, resulta inane frente a la consideración basilar del argumento del ad quem para conceder la prestación de sobrevivientes, conforme se explicó en precedencia. Como quedo visto el Tribunal no niega la eventual existencia de otro apoyo económico de la demandante, sino que se fundamenta en que el suministrado por su hijo era indispensable o necesario para mantener su existencia y en ello finca la dependencia que la norma contempla.

Adicionalmente observa la Sala, específicamente en cuanto al documento denominado “Declaración para acreditar derechos a pensión de sobrevivencia pensión obligatoria” (fls. 49 a 52, c1), que no es que haya sido “mal apreciado”, sino que, además de no ser una prueba recaudada por la propia parte interesada, y sin posibilidad de contradicción por ser extra proceso, no era el único medio probatorio para resolver la controversia.

Lo anterior, aunado a que el Juzgado de alzada, al confirmar la sentencia de primer grado, hizo suyos los argumentos del a quo pues contextualizó el conjunto del acervo probatorio, sin que sea significativo que la demandante haya variado o no la calidad de la relación con el señor Isidro García, como su compañero, si en verdad lo era, dado que la demandante —en ello estriba lo probado— no tiene bienes, rentas ni ha trabajado. Por tanto, el acreditado aporte que su hijo le suministraba, constituye la prueba de la subordinación económica para su necesaria subsistencia exigida por la normativa a fin de acceder al derecho deprecado.

Respecto a la declaración extra procesal de Darío Penagos Ramírez (fls. 42, c1), cabe decir que no se trata de una prueba recaudada dentro del proceso y por tanto no fue controvertida, aparte de que, aún si se hubiese ventilado en este, ella no sería apta en casación, por lo que no sería factible su estudio.

La documental contenida en la carta remitida por Protección S.A. a Martha Elena Rivas, con fecha 22 de octubre de 2004 (fls. 59 y 60, c1) y la historia de aportes de la AFP Protección S.A. (fls. 162 a 165, c1), no tienen alcance ninguno para desvirtuar lo acreditado por otros medios probatorios respecto de la “dependencia económica” que era el tema central por el cual fue negada la prestación y se discutió en el proceso.

Demostrada como lo fue la dependencia económica de la señora Rivas Velásquez respecto de su hijo fallecido, no queda otro camino que declarar infundado el cargo.

Al margen de lo anterior, cabe recordar que sobre el requisito de la dependencia “total y absoluta”, que contenía la norma que gobierna el caso, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, en Sentencia C-111/2006, esta Corporación, en Sentencia CSJ SL 6690-2014, 21 may. 2014, Rad. 54451, puntualizó:

“Adicionalmente la doctrina de la Corte ha señalado que para surtirse el requisito de dependencia económica, no es necesario que el dependiente esté en estado de mendicidad o indigencia, toda vez que el ámbito de la Seguridad Social supera con solvencia el simple concepto de subsistencia y ubica en primerísimo lugar el carácter decoroso de una vida digna que continúe las condiciones básicas ofrecidas por el extinto afiliado.

Complementa lo señalado a este punto, que el colegiado de apelación sin desatender los medios de pruebas en referencia, con apoyo en la Sentencia C-111/2006 y en consideración al pronunciamiento jurisprudencial de esta Sala de Casación Laboral, estimó que para poder tener al demandante como beneficiario de la pensión de sobreviviente por la muerte de su hijo, no se requería acreditar una dependencia económica ‘total y absoluta’, sino que como en este evento acontece, en un ‘apoyo subordinante o determinante’ con el que se colme un mínimo sostenimiento que permita su subsistencia. El beneficio del ingreso familiar representado por la pensión reconocida a su cónyuge, no permite concluir su autonomía económica, por ser evidentemente relevante el aporte dejado de percibir con ocasión del fallecimiento de su hijo (...)”.

Además la prestación de sobrevivientes tiene por finalidad permitir que el aporte esencial o necesario que el asegurado suministraba en vida a sus beneficiarios, sea continuado luego de su muerte, no para que tales beneficiarios se enriquezcan, sino para que puedan seguir llevando una vida en condiciones de dignidad, como la que tenían antes de la muerte del aportante.

Proyectado lo analizado en precedencia al caso bajo examen, la Corte NO CASA la sentencia impugnada.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente, Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., dado que el recurso no salió avante y que hubo réplica. Se determinan las agencias en derecho en la suma de $ 6.330.000.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 16 de diciembre de 2009, en el proceso que instauró la señora Martha Elena Rivas Velásquez contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».