Sentencia SL9652-2017/51884 de julio 5 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9652-2017

Rad.: 51884

Acta 24

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá D.C., cinco de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.

Ante la Corte se formularon tres demandas de casación de manera independiente, por tres abogados diferentes, la primera de ellas en representación de Carlos José Petro Soto, Carlos Acosta Ladeust, Carlos Simón Álvarez Jiménez, Cesar Portillo Maduro y Clarisa Mendoza de Castillo; la segunda en nombre de Everaldo Oviedo Alarcón, Francisco de Paula Sáenz Valverde, Hugo Jiménez Álvarez, Graciela Bárcenas Osdosgoitia y Hernando Bustamante Villadiego; y la tercera en nombre de los mismos anteriormente mencionadas.

En vista de ello, la Corte tendrá como demandas de casación las dos primeras, presentadas por los abogados Luis Fernando Borja Ávila y Ramiro Borja Ávila, pues fueron radicadas dentro del término de traslado concedido para esos efectos. Asimismo, desatenderá la demanda presentada por la abogada Carmen Anaya de Castellanos, pues la impetró respecto de quienes ya se había presentado demanda de casación y se había vencido el término de traslado, y no en beneficio de aquellos a quienes se les había corrido el traslado respectivo (fls. 8, 9 y 54 vto.).

Ahora bien, en vista de que las dos demandas de casación presentadas por los abogados Luis Fernando Borja Ávila y Ramiro Borja Ávila son similares en su esencia, la Corte procederá a su descripción y estudio conjunto.

V. Alcance de la impugnación

Pretenden los recurrentes que la Corte case totalmente la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, confirme la decisión emitida por el juzgador de primer grado, en lo que tiene que ver con sus representados.

Con tal propósito formulan un cargo, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicado y que pasa a ser analizado por la Sala.

VI. Cargo único

Acusan la sentencia recurrida por ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, por aplicación indebida del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, debido a los errores de hecho derivados de la errónea interpretación de los artículos 1 y 49 de la convención colectiva de trabajo y de la constancia de depósito de la misma.

Alegan que el tribunal incurrió en varios errores de hecho, que se pueden resumir en que: i) dio por demostrado, sin estarlo, que la convención colectiva de trabajo 1965-1999 no les era aplicable a los recurrentes; ii) dio por demostrado, sin estarlo, que con el artículo 49 de la convención “…no se quiso prever una prestación que sobrepasara la legal…”; iii) dio por demostrado, sin estarlo, que las primas extralegales y las mesadas adicionales son lo mismo y constituyen un doble pago; iv) dio por demostrado, sin estarlo, que el pago de las primas estaba condicionado a que los beneficiarios hubieran laborado por lo menos la mitad del respectivo semestre; v) y no dio por demostrado, estándolo, que la convención colectiva fue pactada sin tener en cuenta lo establecido en la Ley 100 de 1993.

En desarrollo de la acusación, los recurrentes aducen, de manera genérica, que el tribunal incurrió en los errores de hecho que denuncian, por haber seguido la orientación jurisprudencial plasmada en las sentencias del 1 de agosto de 2002, rad. 18349, y 20 de septiembre de 2002, rad. 18385; por haber concluido que los demandantes no eran beneficiarios de la convención colectiva de trabajo, por ser pensionados y no trabajadores, además de haber recibido sus pensiones con anterioridad al año 1998; al haber deducido que las primas extralegales pretendidas eran equivalentes a las mesadas adicionales legales y no podía existir un doble pago por ese mismo concepto; y al haber inferido que, en todo caso, no se cumplía la condición de haber laborado la mitad del respectivo semestre, para obtener el pago de la prestación pedida.

Explican, en tal sentido, que el artículo 49 de la convención colectiva de trabajo es absolutamente claro en definir que las primas extralegales están dirigidas a quienes tenían la condición de pensionados para la fecha de su suscripción, por lo que, para percibirlas, no era necesario tener la condición de trabajador activo, como lo infirió erróneamente el tribunal.

Sostienen también que el tribunal erró al concluir que en la convención colectiva no se había “…previsto nada al respecto…”, por lo que debía tenerse en cuenta la regulación de las primas extralegales para trabajadores, tras lo cual impuso a los demandantes una condición imposible de concluir, de laborar durante por lo menos la mitad del semestre respectivo, y, de paso, tornó inane el derecho convencional expresamente dispuesto a favor de los pensionados, sin condicionamiento alguno, “…pues esa exigencia es incompatible con el carácter de pensionado…”

Indican, por otra parte, que el tribunal dejó de apreciar la constancia de depósito de la convención colectiva y la certificación que en ese sentido se expidió el 16 de abril de 2009, con lo cual hubiera podido inferir que cuando los demandantes se pensionaron sí estaban vigentes los beneficios establecidos en la convención colectiva de trabajo. Añaden que dicha corporación también interpretó de manera errónea el literal c) del artículo 1, pues si bien allí se dice que el campo de aplicación de la norma está circunscrita de manera integral a los trabajadores, el artículo 49 prevé expresamente que las primas extralegales se hacen extensivas a los pensionados.

Señalan que en ninguna parte de la convención o de alguna otra prueba del expediente se encuentra previsto que las primas del artículo 49 son iguales o no pueden sobrepasar a las legales, de manera que el tribunal incurrió en un grave error al así concluirlo y al deducir que ordenar su cancelación aparejaría un doble pago por el mismo concepto. Expresan, en ese orden, que la finalidad de las primas es regular una situación particular y concreta entre empresa y sindicato, mientras que la teleología de las mesadas adicionales está dada en regular una situación abstracta del sistema de seguridad social integral, por lo que si el empleador se obligó a pagar las primas en un acuerdo colectivo, debe cancelarlas sin excusa, teniendo en cuenta la naturaleza y obligatoriedad de la convención colectiva de trabajo, emanada del derecho a la negociación colectiva.

Finalmente, en la segunda demanda de casación se denuncia una violación medio del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, porque el tribunal leyó de manera aislada y descontextualizada el literal c) del artículo 1 de la convención colectiva, sin tener en cuenta que el artículo 49 de la misma norma preveía una aplicación extensiva a los pensionados de la entidad demandada.

VII. Réplica

El apoderado de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. advierte, en primer lugar, que la demanda de casación suscrita por la abogada Carmen Anaya de Castellanos debe reputarse inexistente, porque se presentó respecto de los demandantes que ya habían tenido traslado y presentado demanda, además de que, frente a los demandantes que sí eran beneficiarios del traslado, nunca se presentó la demanda de casación.

Precisa, igualmente, que las dos demandas presentadas correctamente son esencialmente iguales, por lo que merecen una réplica conjunta. En tal dirección, afirma que, desde el punto de vista técnico, lo discutido en el proceso era un tema jurídico y, por ello, el cargo debió haberse planteado por la vía directa, además de que, con todo, la censura no justifica el error de hecho que habría cometido el tribunal en el análisis de las pruebas del proceso y se refiere inadecuadamente a cuestiones de naturaleza jurídica.

Agrega que, desde el punto de vista conceptual, no se derribó la premisa jurídica en virtud de la cual la convención colectiva no es aplicable a los pensionados, ni se tuvo en cuenta que la interpretación que le dio el tribunal a las cláusulas de la convención colectiva es razonable, pues, entre otras cosas, es la que ha defendido esta corporación en su jurisprudencia.

VIII. Consideraciones

Una vez más, en perspectiva de lo que señala la réplica, es preciso aclarar que las demandas de casación analizadas por la Corte son las presentadas oportunamente por los abogados Luis Fernando Borja Ávila y Ramiro Borja Ávila, en relación con los demandantes Carlos José Petro Soto, Carlos Acosta Ladeust, Carlos Simón Álvarez Jiménez, Cesar Portillo Maduro, Clarisa Mendoza de Castillo, Everaldo Oviedo Alarcón, Francisco de Paula Sáenz Valverde, Hugo Jiménez Álvarez, Graciela Bárcenas Osdosgoitia y Hernando Bustamante Villadiego. Asimismo que, en relación con los otros demandantes Gustavo Barraza Orozco, Gustavo Bonilla Zumaque, Héctor Ramos Cárdenas, Hernán Trespalacio García y Hernando Quijano Acevedo, no se presentó demanda de casación dentro del término de traslado concedido para tales efectos.

En lo fundamental, para negar el reconocimiento de las primas extralegales pedidas en la demanda, el tribunal hizo las siguientes aserciones: i) los demandantes no eran beneficiarios de la convención colectiva de trabajo, por no tener la condición de trabajadores activos y por haber obtenido sus pensiones con anterioridad a la fecha de expedición del acuerdo; ii) en todo caso, si se aceptara que eran beneficiarios de la referida convención, lo cierto es que, con fundamento en la jurisprudencia desarrollada por esta corporación en torno al tema, las primas extralegales eran equivalentes a las mesadas adicionales previstas en la Ley 100 de 1993, de manera que no podía prohijarse un doble pago por el mismo concepto.

Las referidas inferencias, a su vez, fueron el producto de un análisis de la convención colectiva de trabajo 1965-1999, particularmente de sus artículos 1º —literal c)— 46, 47, y 49, de manera que no son atendibles los reparos técnicos de la réplica, en los que sugiere que la discusión era jurídica y debió haberse planteado por la vía directa, pues, como lo ha señalado en repetidas oportunidades esta corporación, este tipo de documentos conservan el carácter de prueba, por lo menos en lo que al ámbito del recurso de casación concierne, de forma tal que su análisis debe plantearse por la vía indirecta, con la indicación de los errores de hecho que habría cometido el tribunal sobre su lectura, como lo hizo la censura.

Precisado lo anterior, para la Corte, a los recurrentes les asiste razón cuando objetan la conclusión del tribunal en torno al ámbito de aplicación de la convención colectiva, pues aunque el literal c) del artículo 1 de la convención lo limita a los trabajadores de la Electrificadora de Córdoba S.A., afiliados a Sintraelecol, el artículo 49 es lo suficientemente diáfano al identificar como sus beneficiarios a los “…trabajadores jubilados por la empresa…” (fl. 134). Por lo mismo, en realidad no era dable exigir que los demandantes tuvieran la condición de trabajadores activos, para reclamar las primas extralegales, o que prestaran sus servicios durante determinado lapso, pues, se repite, fue el mismo texto de la convención el que clarificó que esas prestaciones de los trabajadores se harían extensivas a los trabajadores jubilados por la empresa.

Ahora bien, a pesar de la anterior falencia argumentativa, lo cierto es que el tribunal acertó al definir que esas primas extralegales eran equivalentes a las mesadas adicionales previstas en la Ley 100 de 1993, de manera que no podía prohijarse un doble pago por el mismo concepto. Frente a ese tema, la Sala ha precisado que las primas extralegales reclamadas, en relación con las mesadas adicionales, tienen la misma finalidad y “…conforman una unidad en su naturaleza conceptual y jurídica…”, de manera que no es procedente su pago simultáneo, por cuanto la duplicidad de prestaciones para una misma contingencia resulta contraria al principio de unidad y a los propósitos de la seguridad social. En la sentencia CSJ SL, 1º ago. 2002, rad. 18349, reiterada en las CSJ SL, 20 sep. 2002, rad. 18385, CSJ SL, 26 sep. 2006, rad. 26193, CSJ SL, 17 mar. 2009, rad. 31987 y CSJ SL-3691-2017, la Corte expresó al respecto:

En alusión al artículo 49 de la convención colectiva de trabajo invocada por la parte actora, el tribunal encontró el acuerdo de las partes según el cual prima legal y extralegal de servicios no se cancelaría en el evento de resultar superior la suma recibida por mesada adicional, respecto a la prevista en la Ley 4ª de 1976. Disposición extralegal en la que se fundó esa corporación para concluir la existencia de una relación directa entre el pago previsto en ella y el legal, bajo el entendido que su finalidad es la misma y conforman una unidad en su naturaleza conceptual y jurídica; pues advierte que no otra cosa se desprende de la cláusula convencional mencionada cuando se remite a dicha ley. Enfoque que igualmente estimó se extiende a la prima legal y extralegal del primer semestre, pues la ley en su momento no disponía el pago de una mesada adicional para tal período y por tanto las partes no podían reglamentar lo que jurídicamente no existía.

Inferencia que no resulta equivocada y por el contrario se atempera a los principios que orientan el régimen de seguridad social integral, particularmente el relacionado con la unidad, previsto en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993, el cual persigue entre otras cosas la articulación de regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social, del cual se infiere con lógica que la duplicidad de prestaciones económicas frente a una misma contingencia es opuesta a los propósitos de este sistema.

En este mismo sentido el inciso segundo del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que cuando la ley nueva establezca una prestación ya prevista extralegalmente, el empleador sólo pagará al trabajador la más favorable a sus intereses; luego, de acuerdo con esta preceptiva resulta clara que es contrario al régimen laboral el pago doble de obligaciones, pues en principio ello contraría el equilibrio económico que debe regir las relaciones de trabajo.

En desarrollo de los postulados referidos el Decreto Reglamentario 692 de 1994 dispuso, en su inciso segundo, en relación con la mesada adicional de junio establecida en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, que tal obligación se entenderá cumplida para las entidades territoriales cuando ya vinieren cancelándola.

En estas condiciones no aparece que la interpretación sistemática que hizo el tribunal de la norma convencional que contempla las primas legales y extralegales semestrales y la legal denunciada resulte equivocada, puesto que la prestación extralegal referida es equivalente a las mesadas pensionales previstas en la Ley 100 de 1993.

Incluso la redacción del artículo 50 de la citada ley, referente a la mesada adicional de diciembre, deja en claro que no consagró una nueva prestación económica sino que mantuvo la ya existente en la legislación, pues dispone textualmente que “los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, junto con la mesada del mes de noviembre, en la primera quincena del mes de diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad adicional a su pensión”.

En ese sentido, como lo dedujo el tribunal, incluso admitiendo que los recurrentes son beneficiarios de la convención colectiva de trabajo, no era dable proceder al pago a su favor de las primas extralegales, pues, como se dijo en la sentencia gravada y no se controvierte en los cargos, “…a los pensionados se les está pagando las primas reconocidas por ley 100 de 1993…”.

El cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 3.500.000 M/CTE), que se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 24 de marzo de 2011, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario laboral seguido, entre otros, por los señores Carlos José Petro Soto, Carlos Acosta Ladeust, Carlos Simón Álvarez Jiménez, César Portillo Maduro, Clarisa Mendoza De Castillo, Everaldo Oviedo Alarcón, Francisco Sáenz Valverde, Hugo Jiménez Álvarez, Graciela Bárcenas Ordosgoitia Y Hernando Bustamante Villadiego contra la Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».