Sentencia SL9661-2014 de julio 23 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9661-2014

Rad.: 43849

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 26

Bogotá, D. C., veintitrés de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Recurso de casación

La impugnación tiene como finalidad que se case la sentencia, para que, en sede de instancia, se revoque la decisión del a quo y, en su lugar, se absuelva a la demandada. En subsidio, se pide que se revoque la sentencia de primera instancia, para que únicamente se ordene la indemnización por el despido.

Con el citado propósito presenta un solo cargo que fue objeto de réplica.

VI. Único cargo

Acusa la sentencia del tribunal de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta en el concepto de aplicación indebida de los artículos 5º y 6º de la Ley 50 de 1990, 7º y 8º del Decreto 2351 de 1965, 58 y 60 del CST; 60, 61, 66 A, 145 del CPT y SS, 305 y 306 del CPC, como violación de medio.

Los supuestos yerros fácticos cometidos por el ad quem fueron:

1. No dar por demostrado que en la Droguería 527 en el mes de enero de 2001 se detectó un faltante por $76.960.055 a precio de venta.

2. No dar por demostrado, estándolo, que, en su condición de vendedora, la actora tenía participación en el manejo y control de la mercancía dispuesta para su venta.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la actora tenía entre sus funciones la de recoger la mercancía para cerrar la operación de entrega y cobro de la misma.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante tuvo conocimiento de que los inventarios anteriores arrojaban un resultado correcto.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada estaba obligada a darle a conocer a la actora los resultados de todos los inventarios.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada alegó, desde la contestación de la demanda, la inexistencia de la obligación de reintegrar a la demandante y que existen múltiples razones para considerar desaconsejable el reintegro.

Señala como pruebas mal apreciadas:

1. Carta de terminación del contrato, folios 7, 51 y 105.

2. Llamados de atención y registros disciplinarios, folios 36 y ss.

3. Manual de funciones, folios 41 y ss.; 107 y ss.

4. Contestación de la demanda, folios 56 y ss.

5. Confesión de la actora, folios 157 y ss.

6. Escrito de apelación de la demandada, folios 183-184.

Señala como pruebas dejadas de apreciar:

1. Comunicación del 28 de abril de 2001, folio 40.

2. Inventario físico practicado sobre la Droguería 527, folios 45 y 113.

3. Reglamento interno de trabajo, folios 69 y ss.

Demostración:

La censura sostiene que el tribunal no abordó la esencia del conflicto porque ubicó su estudio en que, como a la demandante no se le había dado a conocer el resultado de los inventarios, no había lugar a estudiar su responsabilidad en los mismos, e, igualmente, en que como en la contestación de la demanda no se había aludido a lo desaconsejable del reintegro, ni siquiera era posible abordar dicho tema.

Manifiesta que el ad quem debió afrontar su estudio en determinar si eran o no reales los hechos señalados en la carta de terminación del contrato de trabajo como motivo de la determinación que sobre el particular asumió la empresa empleadora, para luego sí calificar si ellos eran o no constitutivos de una justa causa para esos efectos. Por esto el ad quem, dice, no vio que en realidad se había detectado por la demandada un faltante en los inventarios realizados sobre la Droguería 527 en el mes de enero de 2002.

Refiere que la demandante no discutió el faltante detectado por la empresa, y, estima, que con su silencio lo acepta; señala que, como soporte probatorio, se encuentra el documento de los folios 45 y 113 que ni siquiera fue visto por el ad quem y en el cual, afirma, se aprecia claramente dicho faltante, sin que exista el más leve indicio de haberse puesto en duda la veracidad y autenticidad de ese inventario y del documento que lo contiene, por lo que considera se dio el craso error de hecho al no haber concluido el ad quem que la circunstancia fáctica invocada por la demandada como justa causa, efectivamente existió, otra cosa, agrega, era determinar si esto era suficiente o no para justificar el despido, a lo cual se responde que sí, con base en el manual de funciones para el cargo de vendedora que el tribunal apreció muy superficialmente, según su dicho, donde se demuestra la responsabilidad de la actora de las mercancías en relación con las cuales se dio el faltante, pero que, para el ad quem, lo único que importaba era que, en ese manual, no constaba que a la demandante se le hubiera hecho entrega de las mercancías.

Asevera que la demandante confesó que, en la droguería, donde ella laboraba, sí se habían realizado inventarios anteriormente y que, cuando este salía bueno, no les decían que había salido bueno; es decir, sin que sea necesario un gran esfuerzo, sostiene, que los inventarios anteriores habían salido buenos y por esto no le habían dicho nada a la actora, lo cual pone de relieve, deduce la recurrente, que en este caso el inventario efectivamente salió mal, como se ve en el documento del folio 45 y 113.

Considera confuso el motivo por el cual el ad quem estimó que era obligación del empleador dar a conocer a la demandante el resultado de los inventarios para poder valorar el resultado de los mismos; afirma que no discute que esto pueda ser conveniente para facilitar las comparaciones, pero de ahí a considerar que si no se ha compartido el resultado de los inventarios, para el trabajador no existe responsabilidad respecto de los faltantes que se detecten, hay una inmensa diferencia. Además, añade, la demandante sabía que había inventarios buenos, como antes se había destacado, porque solo le comunicaban los malos, con lo cual, concluye, se confiesa que, efectivamente, sí se les daba esa comunicación que para el tribunal resultó ausente.

Retoma el manual de funciones de folios 41 y ss., de donde infiere que todas las obligaciones a cargo de la actora tenían que ver con la mercancía que conformaba el inventario, en concordancia con la comunicación de folio 40 en que, según su dicho, queda claro que la demandante recogía la mercancía para cerrar la operación de entrega y cobro de la misma; comunicación con la cual se sustentó la idoneidad de la demandante para que se le formalizara la función como vendedora, afirma.

Se duele de que el tribunal no vio el reglamento interno de trabajo que coincide en estos aspectos con los artículos 58 y 60 del CST, donde el trabajador se obliga a conservar y restituir en buen estado los instrumentos y útiles que se le han facilitado, deber que considera trasgredido por la actora.

Sobre lo desaconsejable del reintegro le reprocha al ad quem el que hubiese dicho que no se podía tener en cuenta en segunda instancia, dado que, considera, tales motivos sí se incluyeron en la apelación y que, en la contestación, se había excepcionado la inexistencia de la obligación respecto del reintegro, lo cual sí habilita el estudio, pero además, alega, dicha excepción no tenía por qué ser propuesta a la luz de los artículos 305 y 306 del CPC, y, por tanto, sostiene que también se desconoció el artículo 66 A.

Réplica

La parte antagonista del recurso se opone a la prosperidad del cargo por considerar que la censura no logra demostrar que el fallo impugnado se hubiese proferido contrario a la realidad fáctica establecida en el proceso. Además dice que, desde el traslado de la actora a la citada droguería, el 3 de enero de 1999, la empresa nunca le entregó una relación de la droguería debidamente detallada e inventariada, que la hiciera responsable de una presunta pérdida o faltante que ocurriese en el mencionado establecimiento, por esto no le podía imputar después balances o inventarios efectuados sin la presencia y sin el conocimiento de la trabajadora, dado que se violarían los sagrados derechos de defensa y contradicción.

VI. Consideraciones

Le corresponde a la Sala establecer si el ad quem se equivocó al darle la razón al a quo, en cuanto acogió el razonamiento de que el despido de la actora fue injusto, por haber estimado que la actora no conoció los inventarios que le fueron realizados y que no le fue entregado el puesto con la mercancía inventariada, como para atribuirle responsabilidad por los faltantes encontrados por el empleador.

El ad quem tuvo en cuenta el argumento presentado por la demandada en la apelación sobre que la extrabajadora había reconocido que, con anterioridad, se le habían realizado otros inventarios y que, por lo tanto, contrario al raciocinio del juez de primera instancia, ella sí conocía cual era la mercancía que tenía a su cargo.

Ante lo anterior, el ad quem hizo la precisión de que la empresa no estaba en desacuerdo con la conclusión del a quo en el sentido de que el empleador no había acreditado que a la demandante se le había entregado la mercancía inventariada al inicio del ejercicio de sus funciones; premisa esta que no ha sido refutada, en forma directa, por la recurrente, al igual que tampoco resulta desvirtuada con los reparos formulados en el cargo, como seguidamente se expone.

El juez de alzada no le dio la razón al argumento de la apelante consistente en que la extrabajadora tenía una pauta para conocer el monto real de las mercancías que estaban bajo su control, supuesto este que se sustentaba, según la empresa, en que la actora había aceptado en el interrogatorio de parte que le fueron realizados inventarios con anterioridad.

La recurrente reprueba la valoración que hizo el ad quem de la supuesta confesión de la actora contenida en el interrogatorio de parte, pues estima que allí la extrabajadora aceptó que sí se habían realizado inventarios anteriormente en la droguería donde ella trabajaba y que, cuando este salía bueno, no les decían que había salido bueno; de donde la censura deduce que los inventarios anteriores habían salido buenos y que por esto no le habían dicho nada a la demandante, lo cual, dice, pone de relieve que en este caso el inventario efectivamente salió mal, como se ve en el documento de folios 45 y 113.

Sobre la citada objeción de la parte impugnante considera esta Sala que, con ella, la censura no logra derribar la conclusión del ad quem, fundante de su decisión, sobre que a la actora no le fue entregado el puesto con la mercancía inventariada y que esta desconocía con anterioridad la cantidad de mercancía que tenía a su cargo; la recurrente omite referirse a la falta de recibo de la mercancía de la droguería debidamente inventariada echado de menos por el tribunal, e intenta superar dicho escollo con los inventarios realizados con anterioridad al que determinó el supuesto faltante, los cuales, en efecto, la actora admitió que le fueron realizados, al absolver el interrogatorio de parte.

Sin embargo, observa la Sala que la aceptación por la demandante de la realización de tales inventarios en la citada diligencia no rebate la deducción del tribunal, basada en dicha prueba, de que la actora no conocía la mercancía que tenía a su cargo, como se puede ver enseguida; esto es lo que respondió la actora:

1ª PREGUNTADO: Diga la interrogada si es cierto… que usted hacía parte del grupo de trabajo de la Droguería 527 para los años 2001 y 2002. CONTESTÓ: Era vendedora de mostrador. 2ª. PREGUNTADO. Diga el interrogado si es cierto… que el resultado de los últimos inventarios practicados a la Droguería 527 arrojaron un cuantioso faltante por más de $63.000.000 a precio de costa (sic) y más de $76.000.000 a precio de venta. CONSTESTÓ: Lo que yo lo respondo (sic) lo siguiente si la droguería tuvo ese faltante en costo y en venta cuando hacían el inventario en la droguería a nosotros no nos decían si el inventario había salido bueno, cuando salía bueno, y cuando salía malo entonces si lo recargan en contra de uno digo otra cosa cuando yo llegue a la droguería a mí no me lo entregaron inventariada siendo yo vendedora de droguería yo no era la administradora solo era vendedora y como cual me desempeñaba. 3ª. PREGUNTADO: Diga la interrogada si es cierto… que durante la vigencia de su contrato de trabajo a la Droguería 527 se le habían practicado anteriormente otros inventarios. CONTESTÓ: Si se le habían practicado (destaca esta Sala).

Y de las citadas respuestas, el ad quem dedujo:

De la anterior declaración se desprende que si bien durante el vínculo laboral con la demandante se hicieron varios inventarios, si eran buenos no se los daban a conocer, es decir, en tal caso, no sabían cuánta mercancía había, por lo cual mal puede decirse que tuviese una pauta para conocer la cuantía de la mercancía que se encontraba en la droguería, ni mucho menos cuánta mercancía existía desde el último inventario realizado con anterioridad al que dio lugar a la terminación del contrato de trabajo. No existe prueba que acredita que a la demandante efectivamente se le daba a conocer el resultado de tales inventarios, diluyéndose en consecuencia este argumento de la parte demandada.

Es decir, para el ad quem, si la empresa no le había dado a conocer previamente a la extrabajadora la cantidad de mercancía que ella tenía a su cargo, no le podía imputar luego faltante alguno resultante de un inventario, lo cual resulta razonable y a tono con el derecho de defensa de cualquier persona, dado que, conforme a la lógica, la trabajadora solo podía responder por las cantidades de mercancía que realmente había recibido, entrega que se había podido surtir con la participación de la trabajadora en los inventarios realizados, lo cual, conforme a lo ya visto, no se dio en razón a que estos se hicieron sin su intervención y no se le notificó a la trabajadora, siquiera, el resultado de las cantidades.

Es de sentido común que, por más que la empresa hubiese realizado inventarios con anterioridad al que arrojó el supuesto faltante, si la trabajadora no había participado en ellos, o si el empleador no se los había dado a conocer a la demandante en su momento, por supuesto, para que ella conociese y verificase las cantidades relacionadas, no es posible achacarle a esta trabajadora la responsabilidad por el descuadre que se pudiera presentar en inventario posterior, pues, en todo caso, en virtud del principio del debido proceso, se han de garantizar al trabajador los principios de publicidad y contradicción de los hechos que puedan configurar una falta en su contra.

Por lo anterior, no atina la censura al calificar de confuso el motivo por el cual el ad quem estimó que era obligación del empleador dar a conocer a la demandante los resultados de los inventarios anteriores, como quiera que, a juicio de esta Sala, el participar la trabajadora en los inventarios de la mercancía a su cargo se trata de una materialización del debido proceso; por el hecho de que la demandante supiera que anteriormente hubo inventarios buenos, ello no significa necesariamente que conociera la cantidad de la mercancía por la que debía responder, hecho este que es fundamental tratándose de determinar la responsabilidad por un supuesto faltante de mercancía detectado en un inventario.

Ciertamente en el manual de funciones (fls. 41 y ss.) se observa que las funciones de la demandante, de alguna forma, tenían que ver con la mercancía que integraba el inventario, como lo reclama la parte recurrente, pero también los es que, justamente, dentro de las semestrales, está la de “participar en la toma de inventario físico de los productos de la droguería, de acuerdo con las pautas fijadas por auditoría interna”; igualmente, en las semanales, está la de “participar en las labores de toma de inventario físico de la mercancía, con el fin de determinar la existencia y rotación de las distintas referencias de artículos y presentar esta información al administrador para la definición de pedidos”.

Las funciones de participar precitadas ponen en evidencia que la actora no solo debía conocer los inventarios, sino que debía intervenir en su elaboración, lo cual, antes de restarle sustento a las consideraciones del ad quem, compartidas por esta Sala, las refuerza.

Estas funciones no dependían exclusivamente de la trabajadora, puesto que “el participar” supone que se cumplían en concurrencia de otras personas, y tal parece que la empresa ni siquiera facilitaba a la actora el cumplimiento de estas funciones, puesto que, como se desprende del mismo argumento de la demandada, los inventarios los hacía la empresa, sin darle oportunidad a la trabajadora de participar en ellos, dado que, según su dicho, solo le comunicaban que había salido malo cuando había sido así.

De tal manera que el ad quem no se equivocó en la valoración del manual de funciones; tampoco de cara a la comunicación del folio 40 al no tenerla en cuenta, de cuyo contenido lo único que se desprende es la justificación de la solicitud de traslado de la actora del cargo de cosmetóloga al de auxiliar de vendedora, presentada por el supervisor de droguerías a la dirección de droguerías, y no sirve para acreditar que la actora hubiese recibido la mercancía de la Droguería 527 debidamente inventariada al inicio, y menos que hubiese conocido las cantidades de mercancía a su cargo, previamente a la realización del inventario que dio como resultado el supuesto faltante sobre el cual la empresa le atribuyó responsabilidad para efectos de configurar la justa causa de despido.

Tampoco se configura yerro fáctico alguno con el hecho de que, conforme al reglamento interno de trabajo en concordancia con los artículos 58 y 60 del CST, la trabajadora estaba obligada a conservar y restituir en buen estado los instrumentos y útiles que se le han facilitado, pues para decir, como lo hace la recurrente, que este deber fue trasgredido por la actora a causa del faltante detectado por ellos, primero, debe estar comprobado que la actora recibió determinada cantidad de mercancía, para que se pueda establecer con un inventario posterior que falta mercancía, pues si no se tiene el primer supuesto, como sucede en el caso del sublite, no se puede hacer la comparación de cantidades ni determinar diferencia alguna, dado que no se tiene contra qué comparar los resultados del inventario posterior.

En este orden de ideas se tiene que el ad quem no se equivocó en el análisis probatorio de la justa causa, como lo señala la recurrente; para efectos de comprobar el faltante endilgado a la trabajadora por la empresa, era menester establecer primero cuánta mercancía había recibido la trabajadora antes del inventario que arrojó la diferencia, lo cual, al no haberse dado dentro del plenario, era imposible verificar el faltante que presuntamente ocurrió según las documentales de folios 45 y 115 allegadas por la empresa. Por esta razón, tampoco tiene incidencia que el ad quem no se hubiese referido a ellas.

En lo que respecta a la condición de desaconsejable del reintegro que, según el dicho de la recurrente, la empresa sí lo alegó desde la contestación de la demanda y en la apelación, contrario a lo considerado por el tribunal, corresponde anotar lo siguiente:

El tribunal sí examinó este aspecto, pero, dado el resultado del estudio de la justa causa, consideró que no había motivo para negar el reintegro de la trabajadora, comoquiera que no se había probado que se le hubiese entregado a la demandante la mercancía inventariada con anterioridad y, por tanto, mal podía acusársele de negligencia en el ejercicio de sus funciones; premisas estas que, en arreglo a lo atrás dicho, conservan intacta su presunción de legalidad, en consecuencia, siguen sirviendo de sustento a la decisión; además que guardan estrecha relación con las razones que podían hacer desaconsejable o no el reintegro, por lo que el juicio del ad quem en este sentido es todas luces razonable.

Sobre el embate que le hace la censura al argumento adicional dado por el ad quem sobre que el artículo 305 del CPC impone que la sentencia debe resolver en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda y de las oportunidades pertinentes, y con las excepciones que aparezcan probadas en el proceso y las alegadas que así lo exija la ley, advierte la Sala que esto lo dijo el ad quem de cara a las puntuales razones dadas en la apelación para desaconsejar el reintegro, con relación a los llamados de atención realizados a la trabajadora invocados por la demandada con ese fin, por haber estimado que “… estos no fueron alegados en la contestación de la demanda ni en las excepciones como motivos que harían desaconsejable el reintegro”.

La Sala se remite al texto de la contestación y encuentra que, en efecto, la demandada ni siquiera refirió el hecho de los llamados de atención realizados a la demandante, y que, cuando se opuso al reintegro al responder el hecho 7º, lo único que sostuvo fue que era desaconsejable, pero no dio motivo alguno de su posición; además que tener llamados de atención no es por sí solo una razón necesaria para considerar desaconsejable el reintegro; por tanto concluye la Sala que no se equivocó el ad quem en este razonamiento fáctico.

A lo anterior se suma que el ad quem, al respecto, agregó “… tales llamados de atención fueron realizados en 1991 en tanto que el cargo de vendedora lo empezó a realizar el demandante en junio de 2001, es decir, con casi 10 años de distancia entre unos u otros”, o sea que, en todo caso, el ad quem sí examinó los llamados de atención, pero los descartó porque habían sido realizados hace mucho tiempo. Sobre lo cual la censura guardó silencio, por tanto sigue sirviendo de sustento a la decisión.

Por último, resta decir que, contrario a lo dicho por la impugnante, la trabajadora no guardó silencio de cara al supuesto faltante detectado por la empresa, pues, en el hecho 3º de la demanda, esta dijo que la demandada la había despedido con una carta en la que narraba una serie de hechos irreales, extemporáneos y completamente alejados de la verdad; y, en el 4º, dijo que el despido fue ilegal e injusto, ya que ella nada tenía que ver con el presunto faltante de sumas de dinero endilgado.

Por las razones expuestas no prospera el cargo.

Costas en el trámite de casación dado que hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 14 de julio de 2009 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dentro del proceso iniciado por Horiza Ávila Gómez contra Supertiendas y Droguerías Olímpica S. A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».