Sentencia SL9663-2014 de julio 23 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9663-2014

Radicación Nº 43099

Acta 26

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., veintitrés de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Recurso de casación

Inconforme con la anterior decisión, el demandante interpuso recurso extraordinario, el cual concedido por el Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver, previo estudio de la demanda de casación. No hubo réplica.

Pretende el impugnante que la Corte case totalmente la sentencia acusada, y en sede de instancia, revoque el fallo del a quo por cuanto denegó al actor el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes prevista en el Acuerdo 049/90, aprobado por el Decreto 758/90, esto por expresa remisión que realiza el Art. 48 de la Ley 100 de 1993. Causación del derecho 8 de febrero de 2002. Así mismo, se disponga el pago indexado de las mesadas generadas.

Con tal propósito formula dos cargos que no fueron replicados, así:

Primer cargo. Acusa la sentencia por vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de la ley, específicamente del (los) “Arts. 6º y 25 del Decreto 758 de 1990, en estrecha concordancia interpretativa con los arts. 10, 48 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 13, 48, 53, y 228 de la Constitución Política”

En la demostración aduce el recurrente, luego de reproducir el contenido los artículos 48 de la Ley 100 de 1993; 25 y 6 del Decreto 758 de 1990, que:

En vista que el análisis que realizó el Tribunal tendiente a resolver la apelación propuesta, fue supremamente sucinto, en orden a llegar a la conclusión a la que arribó, en la medida que básicamente lo soportó en pronunciamiento de esa H. Corte (aunque como se verá más adelante inadecuado al caso objeto de estudio), -y que no por ello se dejará de abordar con el rigor debido-, me veo en la obligación de elucubrar un poco sobre el tema, para precisamente demostrar el (los) errores jurídicos del ad quem al emitir su fallo y de esta forma desvirtuar la presunción de legalidad de que goza dicho pronunciamiento.

Impera igualmente aclarar, que el Tribunal conoció los soportes jurídicos sobre los cuales se estructuraban las pretensiones en: Demanda y recurso de apelación.

Siendo los extremos del silogismo que estructuran el ataque por la vía directa: la ley en su sentido material, por una parte, y la sentencia, por la otra, bajo la modalidad seleccionada: aplicación indebida de la ley, se observa, que el marco jurídico señalado en los párrafos anteriores, permite establecer por expresa remisión que efectúa el Art 48 de la Ley 100/93, las condiciones bajo las cuales ‘el afiliado’, y aquí inmediatamente surgen los siguientes interrogantes: ¿Cuál afiliado? y afiliado a ¿Qué? para ir dilucidando el asunto, llegando necesariamente a las siguientes conclusiones relevantes:

Que el ‘afiliado’ al que se refiere la norma, es o son todos aquellos que no se encuentren dentro de los exceptuados señalados por el Art 279 ibídem que hacen parte del sistema, y que, el ‘sistema’ mencionado, es obviamente el que estaba introduciendo la nueva ley (100/93).

De allí que, y sobre la premisa que los servidores públicos vinculados a los entes territoriales, una vez en vigencia la Ley 100/93, se afiliaron al régimen de prima media administrado por el ISS, por expresa disposición de esta, es claro que pasaron a ser parte del ‘sistema’ introducido por dicha normatividad.

Siendo ello así, cuando la preceptiva soporte ‘madre’ o ‘primaría’, (Art 48 de la Ley 100/93) hace referencia a la prerrogativa legal de poder acceder a una prestación ‘equivalente’ a la contemplada en el régimen anterior vigente de pensión de sobrevivientes del ISS, (Decreto 758/90), de todos aquellos afiliados al ‘sistema’ que acrediten el número de semanas establecidas por dicha administradora para el mismo evento, lo que hace es, habilitarlos para deprecar dicha prestación de la caja, Fondo o ente, donde el ‘de cujus’ acumuló tal densidad de cotizaciones antes de la entrada en vigencia de la Ley 100/93.

Y es que este ‘ahorro’ o acumulado que traían los servidores públicos territoriales, en sus respectivos Fondos o Cajas de previsión, es bien sabido que constituyen capital con el cual se financiarían cualesquiera de las pensiones que pudieren causárseles, al punto que el Decreto 2527/00, previo la posibilidad que los Fondo Territoriales de Pensiones, creados para asumir la carga prestacional ya existente, ante la liquidación de las Cajas o Fondos que venían establecidos con tal fin, pudieran reconocer aquellas pensiones que ya se encontrarán causadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100/93.

Efectivamente, como quiera que la causante/empleada, murió con posterioridad a su afiliación al sistema creado por la Ley 100/93, y de hecho tuvo que afiliarse al ISS, si quería conservar los beneficios del régimen de transición, y como quiera que por principio del sistema de seguridad social, quien debe reconocer la prestación causada, por regla general, es la última entidad de previsión a la que estuvo afiliado el trabajador, y porque además, ‘Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualesquiera de ellos’, según lo estipula el literal ‘g’ del Art 13 de la Ley 100/93, se dirigió la acción judicial, así mismo, contra el ISS.

Siendo ello así, el asunto a definir sería si la prestación la reconoce el ISS por ser la última administradora donde estaba afiliada la causante, para lo cual obviamente esta contaría con el cúmulo de cotizaciones efectuadas en el Departamento de Bolívar, o, que sea el ente territorial quien la reconozca, por encontrarse allí el número de semanas exigidos por la normatividad soporte, con traslado por parte del ISS, de las sumas que la ex trabajadora alcanzó a cotizar en dicha administradora.

El acervo probatorio en el caso que nos ocupa, es contundente al poder establecerse claramente, tal como lo pudieron advertir los sentenciadores en sus respectivas instancias, que no fue este el motivo para arribar a las conclusiones ya conocidas, cuando con claridad meridana, se observa que la causante, para la fecha de entrada en vigencia la Ley 100/93, acreditaba un poco más de 800 semanas, tal como se afirma en el hecho No 2 de la demanda, afirmación que está debidamente soportada documentalmente.

Luego de reproducir el contenido de la sentencia proferida por esta Sala bajo el radicado No.19092 de fecha 30 de abril de 2003, señaló:

Luego entonces, el Tribunal al realizar su análisis jurídico para desatar la alzada y arribar a la conclusión que llegó, no aplicó debidamente la normatividad correspondiente, porque si bien se refirió al Decreto 758/90, fundó su análisis como si la situación planteada, correspondiera a la reclamación de una pensión de vejez, y de hecho, se apoyó en sentencia de esa alta corporación, referida a una situación de esta índole, cuando, la argumentación debió ser orientada tanto a lo expresamente establecido por el Art 48 de la Ley 100/93, el que a su vez remite a unas disposiciones específicas del mismo Decreto 758/90, pero que regulan una materia diferente, como lo es el acceso a una pensión de sobrevivientes.

Ahora bien, inclusive esa H. Corte ha concedido la misma prestación a beneficiarios cuyo afiliado en virtud del nuevo sistema introducido por la Ley 100 de 1993, seleccionó el Régimen de Ahorro Individual, respetándose el principio de la condición más beneficiosa, salvaguardándose su esencia, cual es la de conceder la prestación por traer el causante, a la vigencia de la Ley 100/93, ya cumplido los requisitos de Decreto 758/90.

Termina la argumentación de esta acusación, diciendo que:

Por lo dicho, resulta claro, partiendo de la necesidad de efectuar una interpretación sistemática de las normas involucradas en el raciocinio, Vgr. Art 10 y 48 de la Ley 100/93, y los Arts 6 y 25 del Decreto 758/90, cuando el legislador dispone, que los ‘afiliados’ al ‘sistema’, tendrían derecho a una pensión de sobrevivientes ‘equivalente’ a la establecida en el régimen anterior del ISS, para que exista coherencia jurídica en su interpretación, debe entenderse, que aquellos afiliados como es el caso de los servidores públicos de las entidades territoriales, vinculados forzosos al sistema de Ley 100/93, de traer acumuladas una densidad de semanas como las que venía exigiendo el ISS a sus afiliados para que sus beneficiarios accedieran a una pensión de sobrevivientes, tendrían al igual que estos, derecho a la misma prestación.

Arribar a una conclusión que negare a personas como el actor, el derecho a la pensión de sobrevivientes, no obstante haber acumulado/sobrepasado con creces el causante el número de semanas con las cuales se les reconoce el mismo derecho a otros afiliados al mismo ‘sistema’ bajo los mismos requisitos de aportes, sería además de ininteligible, injusto, como quiera que, mientras muchos de los beneficiarios de los ‘nuevos’ afiliados al sistema han accedido a la prestación con tan solo 26 semanas, y a otros como los que venían afiliados al ISS, bien con 150 o 300, a un sinnúmero importante de beneficiarios en similares circunstancias a la del actor, se les desconocería, aun cuando el de cujus, haya dejado acumuladas más de 800 semanas.

Y concluye diciendo que:

es notoria la falencia advertida en el fallo del tribunal que confirmó la sentencia del juez de instancia, sobre el cual se solicita su quebrantamiento, habida cuenta que, tal como se expuso y estructuró con argumentos jurídicos y jurisprudencia de esa H. Corte, si bien, para la realización de su análisis jurídico para resolver el recurso de apelación, el ‘ad quem’, menciona las previsiones del Decreto 758 de 1990, pero enfocada a la causación de una pensión de jubilación/vejez, y que se patentiza, por el hecho de argumentar acerca del beneficio, no esgrimido por cierto, por no venir al caso, del régimen de transición previsto por el Art 36 de la Ley 100/93, con lo cual, hace una aplicación indebida de la norma, pues si bien es cierto, la misma normatividad igualmente contempla la prestación de marras, al involucrar el tema de transición, previsto en la Ley 100/93, lo que hace es apartarse de la estructura jurídica esgrimida en la demanda, como lo es el hecho de haber capitalizado la causante a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100/93, más de 800 semanas, es decir, mucho más del exigido por el régimen anterior vigente del ISS, que le permitía a los familiares de los afiliados fallecidos, acceder a una prestación de sobrevivientes, eje central sobre el cual esa H. Corte cimienta el principio ‘de la condición más beneficiosa’, para este tipo de eventos.

Considero se incurriría en una gran injusticia de no admitirse la pertinencia de este derecho a personas como el actor, cuya compañera acreditó sobradamente el número de semanas exigido anteriormente por el ISS, en un Fondo (con una estructura similar, aunque a menor escala a la del ISS, de fondo común de reparto simple), cuyos aportes de igual manera deben encontrase allí preservados, máxime si se afirma indubitablemente que la causante falleció haciendo parte del contingente de ‘afiliados al sistema’.

En consecuencia, el Tribunal al confirmar la sentencia del a quo, en los términos en que la realizó, no obstante la claridad de la normatividad que regula la materia, y a la reiterada jurisprudencia de esa H. Corte sobre el tema, incurrió en la causal por la cual se acusa la ilegalidad de la sentencia, razón de suficiente peso para que se case la sentencia como viene solicitado.

Por todo lo anterior, estima queda probado el cargo y por consiguiente su prosperidad.

Segundo cargo. Acusa la sentencia por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, específicamente del (los) «Arts. 6º y 25 del Decreto 758 de 1990, en estrecha concordancia interpretativa con los arts. 10, 48 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 13, 48, 53, y 228 de la Constitución Política».

Sustenta el presente cargo con idénticos argumentos a los expuestos en el anterior.

IV. Consideraciones de la Corte

La Sala procederá al estudio conjunto de los dos cargos que se formulan contra la sentencia del Tribunal aunque el segundo fue propuesto como subsidiario, puesto que se orientan por la vía de puro derecho, denuncian similar elenco normativo y persiguen idéntico objetivo, y por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 161 de la Ley 446 de 1998.

Así, dada la vía de ataque escogida no hay discrepancia en cuanto a los supuestos fácticos que encontró demostrados el Tribunal: i) que la afiliada falleció el 8 de febrero de 2002, momento para el cual no estaba cotizando y tampoco registraba aportes en el año inmediatamente anterior a su deceso; ii) que en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 cotizó al Instituto un total de 167 semanas, entre julio de 1995 y febrero de 2000, unas como servidora del Departamento de Bolívar y otras como independiente (fls. 59 y 60); iii) con anterioridad, entre el 28 de junio de 1979 y el 6 de junio de 1995 acumuló 823,14 semanas por tiempo de servicio en el sector público - Departamento de Bolívar-, con cotizaciones al Fondo de Previsión Social de Bolívar.

El Tribunal asentó que en razón a que la asegurada había fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1993, le era aplicable esta normatividad y no otra, pues no era posible de conformidad con la ley y la jurisprudencia, para efectos de la pensión de sobrevivientes en este caso, acudir al régimen anterior previsto en los reglamentos del seguro y acumular para completar las semanas allí previstas, cotizaciones efectuadas a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, distintas de las realizadas al Instituto.

El reproche de la censura a la decisión absolutoria del Tribunal, se funda en que, en su sentir, la pensión suplicada debió concederse con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, invocando la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, para lo cual es procedente acumular el tiempo de servicio al sector público -sin cotizaciones al Instituto-, con las cotizaciones efectuadas a dicha entidad por la afiliada fallecida.

1. Se ha de precisar como lo tiene adoctrinado esta Sala, que el derecho a la pensión de sobrevivientes, por regla general, debe ser dirimido de acuerdo con las disposiciones vigentes al momento del deceso del afiliado o pensionado.

En el presente caso, por cuanto la causante falleció el 8 de febrero de 2002, el derecho de los beneficiarios a la pensión de supervivencia está gobernado por los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original.

Los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes analizados en la sentencia gravada, y conforme los señalaba el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión primigenia, son los siguientes:

Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y

1. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;

b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

PAR.—Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley.

En el sub lite es claro que la causante siendo cotizante inactiva al momento del fallecimiento, no cotizó 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a su fallecimiento, pues en ese lapso no aportó al sistema general de pensiones, esto, por cuanto su última contribución se realizó en febrero del año 2000, es decir, dos años antes de su deceso.

2. Ahora bien, una excepción a la anterior regla general, la constituye la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, que implica que en caso de tránsito normativo, cuando el legislador no haya previsto un régimen de transición como ocurrió frente a la pensión de sobrevivientes al expedirse la Ley 100 de 1993, si se cumplen las exigencias de la normatividad anterior en número mínimo de cotizaciones, aunque el riesgo se estructure bajo la reglamentación posterior, puede el juez acudir a la precedente, porque se trata de proteger una expectativa legítima.

En reiterados pronunciamientos esta Sala ha clarificado la aplicación de la condición más beneficiosa en los eventos en los que el o la afiliada al régimen del Instituto cumple con las exigencias previstas en los artículos 6º, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

En este sentido pueden citarse las sentencias CSJ SL, 4 dic. 2006, rad. 28893 y 27 jul. 2010, rad. 36948, entre otras. En esta última, se pronunció en los siguientes términos:

Esta Corporación en asuntos semejantes, en relación con el punto de derecho que se discute, ha dejado claro, que pese a haber fallecido el afiliado en vigencia de la Ley 100 de 1993, son aplicables, por virtud del principio de la condición más beneficiosa, las disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, si para el momento de entrar en vigencia la citada ley, se daba el supuesto del número de semanas cotizadas para que sus beneficiarios pudiesen acceder a la pensión de sobrevivientes (...).

Pero se ha de recalcar, que es necesario haber cumplido las exigencias de número mínimo de semanas de cotización en la legislación anterior, y bajo el supuesto claro está, de que dicha legislación haya cobijado al causante durante el tiempo que tuvo vigencia.

En otras palabras, para que fuera viable acceder a la pensión aquí deprecada en virtud del principio de condición más beneficiosa con invocación del Acuerdo 049 de 1990, y que implica una aplicación ultraactiva de esta última normativa, la causante debió estar cobijada por ella en algún momento de su vida laboral, y acreditar plenamente el requisito de número mínimo de semanas de cotización allí exigido cumplido durante el tiempo que tuvo vigor, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en los términos indicados por la jurisprudencia; solo así podrá predicarse la existencia de una expectativa legítima susceptible de protección. (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 40662).

3. Ahora bien, para efectos de la acumulación de contribuciones en perspectiva de la pensión de sobrevivientes reclamada bajo la protección de la condición más beneficiosa y sobre el supuesto de la aplicación ultraactiva de los reglamentos del Instituto, o sea, el Acuerdo 049 de 1990, es menester que tales aportes o cotizaciones hayan sido vertidos al Instituto, sin que sea dable integrar los efectuados a otras cajas de previsión públicas o privadas, o los tiempos de servicios prestados sin cotizaciones al Instituto.

Esto porque los reglamentos de la citada entidad de seguridad social no lo preveían, como tampoco la Ley 100 de 1993, pues ni siquiera acudiendo a interpretaciones sistemáticas que incluyan el artículo 48 ibídem, se puede colegir que para acceder a la pensión de sobrevivientes regulada por los acuerdos del Instituto, sea viable tener en cuenta el tiempo prestado como servidor público sin cotizaciones a esa entidad, o cotizaciones a otras cajas de previsión, por cuanto las contingencias pensionales en esos eventos estaban cubiertas o amparadas por otras regulaciones, sin que se previera tal mixtura de regímenes.

4. En conclusión, en el asunto bajo examen, no procede apelar a la condición más beneficiosa, para pretender por ese camino guarecerse en los reglamentos del Instituto y concretamente en el Acuerdo 049 de 1990, por la potísima razón de que la causante, antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, nunca estuvo afiliada a dicho Instituto y cuando lo hizo, después de la entrada en vigor del sistema, ya dichos reglamentos habían sido derogados; por lo tanto, nunca la cobijaron.

Adicionalmente, de todas maneras, para el cumplimiento de número mínimo de cotizaciones de las prestaciones pensionales previstas en los reglamentos del Instituto, solo están habilitadas las contribuciones vertidas a dicha administradora de pensiones.

Para corroborar lo dicho, basta remitirse a las enseñanzas plasmadas por la Sala en la sentencia CSJ SL851-2013, en los siguientes términos:

Al punto, la Sala en providencia del 21 de junio de 2011, radicación 37.619, en la que reiteró la del 1º de marzo de 2007, radicación 29.141, enseñó que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, consagra la obligación del Instituto de Seguros Sociales de reconocer, entre otras, la pensión de sobrevivientes, pero sobre la base de haberse sufragado las cotizaciones exclusivamente en dicha entidad, no permitiendo la sumatoria con los aportes o cotizaciones efectuados a cajas de previsión o a fondos o entidades de la seguridad social en los sectores público y privado, a excepción de la pensión por aportes, que no es la que aquí se controvierte.

En aquella oportunidad asentó la Corte:

‘Pues bien, los argumentos esbozados por la recurrente han sido estudiados en diversas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia, entre otras en la sentencia de 1º de marzo de 2007, radicación 29.141, en la que así razonó:

‘La censura somete a consideración de la Corte el tema relativo a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, argumentando que en el asunto a juzgar no procede porque el causante Jorge Enrique Villamizar Bayona, además de no tener las 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a su deceso, que le permitiera a sus beneficiarios acceder a la pensión de sobrevivientes en los términos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, tampoco alcanzó a cotizar al Instituto de los Seguros Sociales antes de entrar en vigor dicho ordenamiento, las 150 o 300 semanas requeridas por los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, que era el régimen que regía al 1º de abril de 1994, no siendo posible completar esa densidad de semanas con los aportes efectuados a la Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal-, para lo cual acusó la transgresión de las mencionadas disposiciones.

Lo que significa que la inconformidad del censor se circunscribe, a la normatividad con la que el ad quem dirimió el litigio, cuando concluyó que el Instituto demandado estaba obligado a reconocer y pagar la pensión reclamada a la demandante Luz Amanda Sarmiento Rincón, por estar satisfechas las 300 semanas exigidas con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 1993, al sumarle las semanas que el afiliado fallecido cotizó a Cajanal, así no tuviera ninguna sufragada en el último año de vida.

Para dirimir la controversia, precisa la Corte que es acertada la postura de la censura, en lo atinente a que no es posible aumentar el número de semanas cotizadas con el tiempo servido prestado en el sector público o aportado en una Caja, cuando se pretende el reconocimiento de una pensión derivada de la aplicación de los Acuerdos del Instituto de Seguros Sociales, como lo es el 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y respecto de quien se encontraba afiliado al ISS para cuando comenzó la vigencia de la Ley 100 de 1993 y estaba en régimen de transición, según lo dejó sentado está Corporación en sentencias que datan del 4 de noviembre de 2004 radicado 23611 y del 23 de agosto de 2006 radicación 27651, donde en esta última se puntualizó:

‘(...) Así las cosas, considera la Sala que la razón está de parte del juzgador de segunda instancia, pues si la demandante es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el número de semanas cotizadas será el establecido en el régimen anterior al cual se encontraba afiliada, esto es, al ISS y por lo tanto dicho requisito, deberá regirse íntegramente por lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Obviamente, tales cotizaciones deben haber sido efectuadas a esa entidad de seguridad social, pues en el citado Acuerdo no hay disposición alguna que permita sumarle otras efectuadas a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, como si lo autoriza la Ley 100 de 1993, en el artículo 33, en armonía con el literal f de su artículo 13, para las pensiones de vejez que se rijan íntegramente por ella.

(...) De ahí que, para el caso en particular, el Tribunal se equivocó cuando sumó las semanas cotizadas por el asegurado fallecido tanto a Cajanal como al ISS, en aras de poder completar la densidad exigida como requisito para acceder a la pensión de sobrevivientes bajo las prerrogativas consagradas en el régimen anterior, valga decir, los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, lo cual no permite dar cabida al principio constitucional de la condición más beneficiosa.

5. No se desconoce que de conformidad con el parágrafo del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, para el cómputo de semanas a que se refiere ese artículo, «se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos de artículo 33 de la presente ley», y que el literal f) del artículo 13 de dicha normatividad, permite la acumulación de tiempos de servicios y cotizaciones a las distintas cajas públicas y privadas, pero es para efectos como bien lo aclara la primera de las disposiciones citadas, de contabilizar las semanas para la pensión de sobrevivientes prevista en la Ley 100 de 1993, lo cual no tiene aplicación en el sub lite, en el que se reclama la prestación periódica por muerte pero con aplicación de una normatividad distinta: el Acuerdo 049 de 1990.

6. Por último se ha de precisar que dado que los ataques se orientaron por la vía de puro derecho, no tuvo controversia por parte de la censura la conclusión fáctica del Tribunal, de no haber completado la de cujus Ana Cleotilde Salcedo Baquero los requisitos para la pensión de vejez o de jubilación, por cuanto no acreditó 20 años de servicios, ni 1.000 semanas de aportes.

Se sigue, por tanto, que en ningún error jurídico incurrió el Tribunal al proferir su sentencia, por lo que no prosperan las acusaciones.

Sin costas al recurrente por no haber sido replicada la demanda de casación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena el veinticuatro (24) de junio de dos mil nueve (2009), dentro del proceso adelantado por Ramiro Guerrero Guardela contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, y el departamento de Bolívar.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal».