Sentencia SL9666-2014 de julio 16 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 44634

Acta 25

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., dieciséis de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « IV. Recurso de casación.

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda que no fue replicada.

V. Alcance de la impugnación.

Pretende la casación total de la sentencia recurrida, para que en sede de instancia, revoque la de primer grado y en su lugar acceda a las pretensiones contenidas en la demanda con la cual se dio inicio al proceso.

Con tal propósito formula dos cargos, los cuales, por adolecer de insuperables fallas de orden técnico, se estudiaran conjuntamente.

VI. Cargo primero.

Está formulado en los siguientes términos.

“Se acusa la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala Primera de Descongestión Laboral de fecha la sentencia de fecha (sic) 30 de Octubre del 2009, por la vía directa en el concepto de aplicación indebida por ser violatoria de las normas sustanciales de derecho del trabajo contenido (sic) en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 174, 175, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil artículo (sic) 26 de la Ley 361 de 1997, artículos 4º y 8º de la Ley 776 del 2002, Decreto 1295 de 1994 y el artículo 26 de la Ley 361 de 1997”.

Expresó que a tal violación arribó el tribunal por haber incurrido en los siguientes errores de hecho:

Errores de hecho en materia testimonial

“1 Error de hecho por omisión total del testimonio del señor Policarpo Julio Agamez, director del relleno sanitario donde ocurrió el accidente al señor Agustín Torres que no menciono el ad quem no obstante ser complementario o guardar Íntima relación con los testimonios de los testigos de la parte demandante, el cual fue tomado en audiencia pública el 17 de Marzo (sic) del 2005”.

“2. Error de hecho por omisión total del testimonio de Nilson Rafael Cárdenas García (sic) recepcionado en la audiencia pública del 21 de Octubre del 2004, que no mencionó el ad quem no obstante ser complementario o guardar íntima relación con los hechos que son materia de esclarecimiento de los hechos de la demanda.

3. Error de hecho en la subjetiva valoración del testimonio de Juan José Pardo Marriaga, al que descalificó el ad quem porque no logra deslindar certeza frente a la culpa patronal, brindado en la audiencia de fecha 21 de Octubre (sic) del 2004”.

Como prueba erróneamente apreciada individualizó el testimonio de Juan José Pardo Marriaga, y como no apreciadas las testimoniales de Darío Gómez y Policarpo Julio Agamez, y los interrogatorios de parte “absueltos” por los representantes legales de “Pavimentos Universal S.A”, “Equipos Universal S.A.” y “Supertempo Ltda.”.

En el acápite titulado “desarrollo del cargo” y previa transcripción del CST artículo 216, expone que “El tribunal erróneamente valoró la prueba testimonial de los testigos tanto de la parte actora como uno el de la parte demandada”; señala también que tales testigos prueban la responsabilidad de la empleadora en la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por el demandante, en tanto dan fe que la demandada no proporcionó los elementos de seguridad necesarios, como son un chaleco reflectivo que permitiera al conductor del camión ver al operario que se encontraba en la parte de atrás, más aún cuando en el sitio donde ocurrieron los hechos, no había fluido eléctrico.

Señaló también que es indiscutible “el despido ilegal e ineficaz” del que fue objeto el trabajador, por cuanto resulta evidente que las demandadas no obedecieron la orden de reintegrarlo, negativa que por cierto originó también una sanción por parte del entonces Ministerio de la Protección Social.

VII. Cargo segundo.

Dijo el recurrente:

“Se acusa la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala Primera de Descongestión Laboral de fecha la sentencia de fecha (sic) 30 de Octubre del 2009, por la vía indirecta en el concepto de interpretación errónea de los artículos 1º, 13, 25, y 53, de la Constitución Política”.

Al desarrollar el cargo y luego de transcribir los artículos 1º, 13, 25 y 53 de la Constitución Política, y apartes de la Sentencia CC C-655/08 y CC T-026/01, referida a la primacía de la realidad sobre las formalidades, y traer a colación el concepto de algunos tratadistas sobre dicho principio, manifiesta lo siguiente:

“En el caso objeto de estudio, se comprueba que el señor Agustín Torres Castillo laboró desde el 18 de agosto de 1998 hasta el 30 de noviembre de 2002 fecha de desvinculación, tiempo laborado en forma ininterrumpida, tanto así que prestaba sus servicios en forma personal, subordinada y remunerada, encargado de prestar una actividad permanente en las empresas demandadas, los (sic) que nos hace presumir que el contrato de trabajo que él tenían (sic) con Supertempo, directamente la cual remuneraba su actividad personal y que esta actividad personal la prestaba en forma subordinada atendiendo órdenes y horario de trabajo en las empresas Equipo Universal, (note que la empresa Supertempo al ser temporal lo suministró a Equipo Iniversal) y esta empresa, esta última donde le ocurrió el nefasto accidente. Analizando los testimonios de sus compañeros de labor no cabe duda que el horario de trabajo, la actividad en si en el relleno sanitario donde esta es diaria y permanente hacen comprobar que el contrato firmado por mi poderdante de obra o labor contratada, se constituyó en un contrato indefinido, por el tiempo de servicio que estuvo vinculado mi poderdante y el suministro ilegal que realizó la empresa Equipo Universal, en forma ininterrumpida, además de los 3 presupuestos de Subordinación (sic), Actividad personal remuneración (Se resalta)”.

VIII. Consideraciones.

Nuevamente la Sala se ve en la imperiosa necesidad de recordar que las exigencias previstas por los artículo 86 a 91 del CPTSS, no son caprichosas, ni mucho menos un tributo a las formalidades frente a los derechos sustanciales debatidos en cada proceso, sino una simple y lógica exigencia que estableció el legislador para que esta Sala de la Corte pueda cumplir con la finalidad primigenia de la casación, cual es la unificación de la jurisprudencia, esto sin dejar de lado la referida al control de legalidad que se logra a través de la confrontación, directa o indirectamente, de las normas pertinentes al caso con la sentencia recurrida, nunca confrontando a quienes actuaron como contrapartes en las instancias.

Puesto en otros términos, el recurso de casación no está diseñado para nuevamente juzgar el pleito, esta función la cumplen los juzgadores de instancia y excepcionalmente la Corte cuando funge como tal, sino para juzgar la sentencia recurrida, que generalmente es la dictada por los tribunales superiores, y excepcionalmente por los jueces en los eventos de la casación per saltum, y así lo ha enseñado desde antaño en innumerables oportunidades esta corporación, baste citar la Sentencia CSJ SL664-2013, que a su vez rememoró la sentencia dictada el 2 de junio de 1948, que al efecto dice:

“A diferencia del juez de instancia, cuya misión es la de imponer el acatamiento de la ley a los particulares en litigio, el recurso de casación persigue la observancia de la norma jurídica por parte aquel. O, como se ha dicho en otros términos, el órgano de casación juzga la sentencia, mientras que el de instancia juzga la controversia. De allí que para el ejercicio de este recurso extraordinario se exija una técnica especial, sin la cual no sería posible alcanzar la finalidad de uniformar la interpretación científica de las leyes”.

Para cumplir tal objetivo, el recurrente debe tener en cuenta que si direcciona un cargo por la “vía directa”, este supone la aceptación de los fundamentos fácticos asentados por el sentenciador de alzada; por tanto, no puede fundar la acusación en razonamientos de orden fáctico, como erróneamente lo hace al formular el primer cargo.

Ahora bien, si la Sala diera por superada la deficiencia anterior y entendiera que dicha enunciación —vía directa—, obedeció a un simple “lapsus calami”, en tanto la vía escogida es la indirecta, ello en nada afectaría la legalidad de la sentencia recurrida, toda vez que los supuestos yerros fácticos están estructurados sobre los testimonios rendidos por los señores Policarpo Julio Agamez, Nilson Rafael Cárdenas García y Juan José Pardo Marriaga, lo cual de manera evidente contraria lo establecido por el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, modificado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 que al respecto enseña:

El error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular; pero es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en tal error y siempre que éste aparezca de manifiesto en los autos” (se resalta).

Aquí y ahora, importante resulta precisar que la razón de ser de los límites impuestos por el legislador a este tribunal de casación en lo que tiene que ver con las pruebas calificadas para configurar un yerro fáctico, que se recuerda son las documentales, la inspección judicial y la confesión, está fundada no solo en la naturaleza misma del recurso extraordinario, sino también en las características del proceso laboral, pues como lo tiene dicho esta Sala de tiempo atrás, tal restricción “…no es más que una consecuencia lógica de la consagración y aplicación de los principios de oralidad, inmediación y libre apreciación probatoria en los juicios del trabajo(1)”.

Frente a lo anterior, fácil es advertir que ni los testimonios, ni los interrogatorios de parte son pruebas calificadas en casación; excepcionalmente es posible que esta Sala examine la prueba testimonial, en la medida que las premisas fundamentadas en prueba calificada, sostén de la decisión, se vengan abajo, y que la sentencia siga sustentada en inferencias obtenidas con base en prueba testimonial, como también lo tiene adoctrinado esta Sala, cuando al respecto a dicho:

“Debe anotarse adicionalmente que si la jurisprudencia, como lo recuerda el recurrente, abrió la posibilidad de examinar también en casación otras pruebas diferentes a las tres que indica el artículo 7º de la Ley 16 de 1.969, fue precisamente porque no bastaba con establecer el yerro fáctico con base en uno de tales medios de convicción para suponer asimismo equivocada la valoración de las demás pruebas y, de consiguiente, invalidar la sentencia, pues es muy posible que no obstante el error originado en el documento auténtico, la inspección ocular o la confesión judicial, el fallo finalmente esté soportado en otra u otras de las pruebas no calificadas. Y como la Corte no puede suponer que la sentencia impugnada sea ilegal, estando obligada, en cambio, a partir del supuesto contrario, su deber es mantenerla mientras no se le demuestre que la decisión acusada transgrede la ley, de donde resulta imperioso que el recurrente tenga la carga no sólo de fundar el error de hecho manifiesto en una prueba calificada sino también de destruir la totalidad de las conclusiones fácticas que, con base en esa misma prueba o en otras, hayan constituido el fundamento del fallo cuya casación pretende”(2).

Además de lo dicho en precedencia, la censura para demostrar la culpa patronal se duele que el ad quem valoró erróneamente los testimonios de Juan José Pardo Marriaga practicado en audiencia del 21 de octubre de 2004, y dejó de valorar los de Darío Gómez practicado en audiencia del 17 de marzo de 2005, y Policarpo Agamez, de los cuales por demás transcribe apartes, sin advertir siquiera que en el expediente, tal y como lo dijo el fallador de segundo grado, brillaba por su ausencia el testimonio Darío Gómez, lo cual es absolutamente cierto, pues ni en la audiencia practicada el 17 de marzo de 2005 (fls. 207 a 209), ni mucho menos en otra oportunidad procesal se practicó dicho testimonio, hecho éste que por sí sólo, indica que el discurso de la parte recurrente al formular el primer cargo, es inconsistente.

Y si ello no fuera todo, la parte recurrente se limitó a exponer sus propias apreciaciones frente al caso, partiendo de un supuesto que lejos estuvo de hallarlo por acreditado el tribunal, cual es la existencia de un contrato de trabajo entre el actor y las tres demandadas, pues el tribunal la única relación subordinada que halló demostrada, fue la del actor con la sociedad Sertempo LTDA., nunca con las sociedades Pavimento Universal S.A. y Equipo Universal S.A.

Aunado a lo anterior, la censura deja por fuera las premisas fácticas y jurídicas fundantes de la decisión recurrida, como fueron la aplicación de la Ley 50 de 1990 artículo 6º, modificado por la Ley 789 de 2002 artículo 28, para efectos de otorgar la indemnización por terminación del contrato sin justa causa, y el descuido del demandante en la ocurrencia del accidente de trabajo, soportes éstos que al no ser controvertidos, mantienen inalterable la decisión recurrida, precisamente porque las mismas están amparadas de la doble presunción de acierto y legalidad.

De otro lado, el segundo cargo dirigido por la “vía indirecta”, emplea como submotivo de violación la “interpretación errónea”, lo cual también resulta equivocado, pues por sabido se tiene que esta modalidad de violación, junto con la “infracción directa” y la “aplicación indebida” corresponden a la vía directa, en tanto cuando el cargo está dirigido por la vía de los hechos, se acepta como única modalidad, la “aplicación indebida”.

Ahora bien, si en gracias de discusión se entendiera que el cargo está dirigido por la vía del puro derecho y no de los hechos, aunque en verdad hace una mixtura de las dos vías, pertinente resulta precisar que el recurrente desatiende la repetitiva doctrina de la Corte referida a que cuando se invoquen en el recurso extraordinario cánones constitucionales —artículos 1º, 13, 25 y 53— como materia de violación por el juez de alzada, debe precisarse el aspecto sustantivo de los mismos, pues, por regla general, de ellos no es dable derivar de manera directa los derechos materiales que son objeto de la litis y que son definidos en la sentencia atacada, para este caso los referidos a la culpa patronal y el despido sin justa causa. No de otra manera puede la Corte cumplir su labor unificadora de la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social.

Igualmente y sólo para ahondar en detalles en las deficiencias de orden técnico que adolece el segundo cargo, preciso es señalar también que el tribunal jamás refirió a las normas constitucionales individualizadas por la censura, y si no refirió a las mismas, ni expresa ni tácitamente, mal podía atribuirle una interpretación errónea, pues lo que eventualmente podría configurarse, sería una infracción directa, no la modalidad escogida por la censura, máxime que no dice cuál fue el yerro interpretativo en que incurrió el tribunal, y cuál sería en su parecer, el entendimiento correcto de tales preceptivas de rango constitucional, pues su labor se limitó a transcribir tales normas y varios pronunciamientos de la Corte Constitucional.

Las Consideraciones que preceden, son suficientes para concluir que los cargos están llamados a la desestimación.

Ante la ausencia de réplica, no se imponen costas en el recurso de casación.

IX. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de octubre de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Agustín Torres Castillo contra Suministro de Personal Temporal —Supertempo Ltda—, Pavimento Universal S.A., y Equipo Universal S.A.

Costas como se indicó en la parte considerativa.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Sentencia Sala Laboral Corte Suprema de Justicia 5800 de 1993.

(2) Sentencia Sala Laboral Corte Suprema de Justicia 5800 de 1993.