Sentencia SL9707-2017 de julio 5 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9707-2017

Radicación 57518

Acta 24

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada FONDO DEL PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones de la Corte

En el presente caso se ha de partir de la base de que lo pretendido por el demandante es la indexación de la primera mesada de su pensión restringida de jubilación o pensión sanción que le fuera reconocida judicialmente el 18 de julio de 1997, con causación al 11 de septiembre de 1991 <fecha del despido> y disfrute o exigibilidad el 3 de julio de 2002 <fecha del cumplimiento de la edad>

En principio debe señalarse que el cargo resulta infundado, por cuanto en sentencia de la CSJ SL 736-2013, 16 de octubre de 2013, radicación 47709, se varió el criterio que hasta entonces venía imperando, según el cual la indexación del ingreso base de liquidación de las pensiones únicamente procedía respecto de aquellas prestaciones que, independientemente de su fuente u origen, hubiesen sido causadas en vigencia de la Constitución Política de 1991.

En la referida sentencia, la Sala, luego de efectuar un recuento jurisprudencial acerca de la evolución de la figura de la indexación, arriba a tres conclusiones a saber: i) que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; ii) que al no existir prohibición expresa alguna por parte del legislador de indexar la primera mesada, causada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, no hay cabida para hacer discriminaciones fundadas en la naturaleza de la prestación o en la fecha de su reconocimiento; y iii) que cualquier diferenciación al respecto resulta injusta y contraria al principio de igualdad.

Luego de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, los principios en que se cimienta el ordenamiento jurídico han variado sustancialmente, puesto que toma suma importancia el principio de igualdad, debido a que así lo consagran los artículos 2º y 13 de la Constitución Política, así como el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 22 de 1967 y ratificado por Colombia el 4 de marzo de 1969.

Es claro, para lo que atañe al recurso extraordinario, que la pensión que ocupa la atención de la Sala fue reconocida en vigencia de la actual Constitución Política, sin perderse de vista que la Corte a partir de la decisión del 20 de abril de 2007, radicación 29470, reiteradamente ha admitido la procedencia de la indexación del ingreso base de liquidación sin hacer distinción entre el origen de la prestación, es decir si tiene naturaleza legal o extralegal.

Lo cierto es que la posición defendida por la Corte expresa que la inflación produce efectos claros sobre las pensiones de jubilación, cuando media un lapso considerable de tiempo entre la desvinculación del trabajador y el cumplimiento de la edad requerida; que, por dicha virtud, va a resultar legal reliquidar el monto inicial de la prestación <indexar la primera mesada>, ajustando el salario que ha servido de base para la liquidación, con el fin de resguardar el poder adquisitivo de la mesada. Empero, se itera este criterio sin perjuicio de la naturaleza u origen de la prestación.

Ahora bien, en cuanto al examen de exequibilidad realizado por la honorable Corte Constitucional al artículo 8º de la Ley 171 de 1961, plasmado en su Sentencia C-891A de 2006, donde se indicó que las pensiones reconocidas con esta normatividad deberán liquidarse con el promedio de lo devengado en el último año de servicios «bajo el entendimiento» de que la primera mesada deberá ser actualizada <indexada>, ello no quiere significar que la génesis para la aplicación de la indexación haya sido delimitada en el tiempo a partir de la expedición del citado fallo, por el contrario, se reafirma que mientras el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 siga produciendo efectos las pensiones consagradas en ella deberán reconocerse debidamente indexadas.

Así las cosas, el tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le atribuye la censura, en tanto su decisión se ajustó al criterio que ha sido acogido y clarificado por esta Sala, postura manifestada en la sentencia del 31 de julio de 2007, radicación 29022, y reiterada, entre otras, en la del 24 de mayo de 2011, radicación 39967 y en la del 25 de mayo de 2016, SL7420-2016, radicación 46542, donde al resolver un caso análogo al aquí tratado por encontrarse similitud o identidad sobre la naturaleza de la prestación periódica que se pretende indexar y la fuente que la consagró, la Corte así se expresó:

[...] Se impone memorar que esta corporación ha sido enfática en adoctrinar que la pensión restringida de jubilación o pensión sanción se estructura una vez se produce el despido injusto con el tiempo de servicios exigido, por lo que la pensión sanción del actor se causó el 4 de octubre de 1994.

Así las cosas, es criterio pacífico de esta Sala que la indexación del ingreso base de liquidación es viable frente a todas las pensiones sin importar que se hubiesen causado antes o después de la vigencia de la Constitución Política de 1991, por lo que, a no dudarlo, resulta procedente la actualización del ingreso base de liquidación de dicha prestación que, se repite, se estructuró el 4 de octubre de 1991.

En ese horizonte, no se evidencia que la Sala sentenciadora incurriera en el yerro de puro derecho que le enrostra el fondo impugnante.

Eso sí, debe precisarse que lo asentado en precedencia no significa, bajo ninguna circunstancia, como lo pretende hacer ver el recurrente, que se le esté dando un efecto retroactivo a «la Sentencia de Constitucionalidad C-891 A de 2006», toda vez que la fuente normativa de donde fluye la indexación la constituye los artículos 48 y 53 Constitución Nacional, tal como lo ha enseñado de antaño esta corporación. Siendo consecuentes con lo expuesto el cargo no sale victorioso.

En consecuencia, no prospera el cargo.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de siete millones de pesos ($ 7.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 9 de mayo de 2012 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, D.C., en el proceso ordinario laboral que CARLOS JULIO CASTAÑEDA GÓMEZ accionó contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO y al FONDO DEL PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA,

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.»