Sentencia SL9708-2017 de julio 5 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9708-2017

Radicación: 49507

Acta 24

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto el recurso extraordinario de casación por las dos partes, concedidos por el tribunal y admitidos por la Corte, se procede a revolver el presentado por la empresa demandada, en razón a que el representante judicial de Antonio José Rebellón Villán desistió del recurso (fl. 4, cdno. 3).

(…).

VIII. Consideraciones

El tribunal profirió la sentencia impugnada en virtud del grado jurisdiccional de la consulta en aplicación del artículo 69 del CPTSS, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, en razón a que la sentencia del a quo fue totalmente adversa a las pretensiones del trabajador.

La censura persigue la infirmación total de la sentencia del tribunal por sostener que es producto de la aplicación indebida del artículo 69 mencionado. Argumenta que el grado jurisdiccional de la consulta en materia laboral fue derogado por el artículo 7º del Decreto Legislativo 3930 de 2008, y que, aun con el levantamiento del Estado de excepción y la inexequibilidad de este Decreto 3930, resultado de la Sentencia C-071 de 2009, la consulta no revivió por mandato del artículo 14 de la Ley 153 de 1887.

El recurrente sustenta la pérdida de vigencia del artículo 69 del CPTSS en que esta norma fue derogada por el artículo 7º del Decreto 3930 de 2008, al disponer «Derógase el artículo 39 de la Ley 794 de 2003, que modificó el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y todas las normas que establezcan la consulta, salvo lo consagrado para la acción de tutela». La Sala no comparte la tesis del recurrente. El Decreto 3930 de 2008 se trató de un decreto que fue dictado por el ejecutivo en el ejercicio de las facultades extraordinarias del artículo 213 de la Constitución Nacional, en el estado de conmoción interior que declaró mediante el Decreto 3929 de 2008, el que a su vez fue excluido del ordenamiento jurídico por inexequible, mediante Sentencia C-070 de 2009.

Como quedó registrado en la Sentencia C-071 de 2009, el Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, dictó el Decreto 21 de 2009 por medio del cual se levantó el estado de conmoción interior el 8 de enero del año en curso. A partir de ese momento y al no haber sido prorrogada su vigencia, los decretos legislativos dictados durante el Estado de excepción —entre ellos el Decreto 3930 de 2008— dejaron de regir, de acuerdo con el artículo 213 de la Carta que dice:

Los decretos legislativos que dicte el gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más.

De tal suerte que, a pesar de la expresión «derogatoria» utilizada en el aludido decreto legislativo proferido en estado de conmoción interior, su vigencia no dejaba de ser temporal y el ejecutivo solo podía, en principio, suspender la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil «…y todas las normas que establezcan la consulta salvo lo consagrado para la acción de tutela», mientras duró la situación excepcional.

Sin que se pierda de vista por la Sala que la consulta laboral tiene regulación propia en el CPTSS, por lo que de la redacción del artículo 7º del Decreto 3930 de 2008 no se desprende ab initio que esta fue alcanzada también por las medidas adoptadas por el ejecutivo para conjurar la perturbación del orden público, en todo caso, para cuando se dictó inclusive la sentencia complementaria de primera instancia, 25 de junio de 2010, objeto de la consulta en el presente proceso junto con la complementada, es evidente que ya se había superado el estado de excepción (ene. 8/2009). Más aún, ya se había proferido la Sentencia C-071 del 12 de febrero de 2009 que declaró inexequible el Decreto 3930 de 2008.

Por otra parte, es de anotar por la Sala que la censura no cae en la cuenta que la derogatoria proviene de la libertad de configuración legislativa del Congreso; en cambio, la inexequibilidad se declara por la Corte Constitucional ante el conflicto de la norma con la Constitución para preservar la supremacía de la Carta por mandato del artículo 4º superior; en consecuencia, son dos figuras diferentes y autónomas. Además, si un decreto legislativo es temporal por esencia y solo puede «suspender» las leyes que le sean incompatibles, por mandato de la Constitución, este no puede producir efectos más allá de los límites que le han sido fijados.

Cuando el artículo 14 de la Ley 153 de 1887 señala que una ley derogada no revivirá por haber sido «abolida» la ley que la derogó, no está regulando el caso de la reincorporación de la ley derogada por la declaratoria de inexequibilidad de la ley sustituta, como parece entenderlo el impugnante. En este último evento, se admite la posibilidad de la vigencia de la ley anterior, lo que se conoce jurisprudencialmente como la «reviviscencia» o la reincorporación de las normas derogadas por disposiciones que son declaradas inexequibles; consecuencia que no es automática, sino que debe ser analizada en cada caso concreto, a partir de los criterios de vacíos normativos o afectación de derechos fundamentales (C-286/2014).

En este orden de ideas, considera la Sala que el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, no pudo ser derogado por el artículo 7º del Decreto 3929 de 2008, en los términos del artículo 72 del Código Civil o el artículo 3º de la Ley 153 de 1887. Así pues, el juez de alzada no incurrió en la infracción directa de los artículos 14 de la Ley 153 de 1887 que refiere a los efectos de la derogatoria que no fue el caso, por tanto no era aplicable; ni del artículo 213 de la Constitución que regula el estado de conmoción interior, a los cuales se contrae la sustentación del cargo. Por lo tanto, no prospera el cargo.

IX. Cargos segundo y tercero

Acusa la sentencia impugnada de violar directamente el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, por aplicación indebida e interpretación errónea, en cargos separados y con idéntica argumentación, así:

El tribunal condenó a la sociedad demandada al pago de la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, desde el día siguiente a la terminación del contrato y hasta el día en que la mencionada sociedad realice el pago de las condenas por salarios.

Pero el mencionado artículo 29 de la Ley 789 de 2002 estableció un límite temporal a la sanción moratoria, situación que no aplicó correctamente el tribunal.

Y, posteriormente, expresa que, para demostrar el yerro jurídico cometido por el juzgador de segunda instancia, bastaba con traer algunos apartes de «la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 6 de mayo de 2010, radicación 36.577», los cuales trascribe in extenso.

X. Réplica

Frente al segundo y tercer cargo, la parte actora esgrime que el recurrente le está dando otro alcance al contenido de la norma que indica como violada; pues ataca es la «forma de aplicación y no la aplicación misma». Que, con los cargos segundo y tercero, el recurrente persigue la revocatoria de la indemnización moratoria, sin embargo, en la sentencia citada por el recurrente, se colige que «la violación directa está en que se sancionó a pagar una indemnización por todo el tiempo transcurrido entre la fecha de terminación de la relación laboral y hasta que se le cancelen las acreencias laborales, sin límite alguno, y reclamándose que se tenga en cuenta la temporalidad establecida en la norma».

XI. Consideraciones

Le corresponde a la Sala resolver si el tribunal trasgredió directamente el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, en cuanto condenó a la entidad a pagar la sanción moratoria equivalente a $ 187.936.66 diarios, desde el día siguiente a la terminación del contrato de trabajo y hasta cuando el exempleador realice el pago de las condenas por salarios.

El artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 establece:

Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero.

PAR. 2º—Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente.

La Corte ha interpretado el precepto anterior, desde la sentencia de casación con radicación 36577 del 6 de mayo de 2010, en los siguientes términos:

Según el parágrafo 2º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, la anterior disposición solamente se aplica respecto de los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo mensual vigente.

Frente a las notorias deficiencias en la redacción de la norma, esta Sala de la Corte tiene asentado que la intención del legislador fue la de establecer un límite temporal a la indemnización moratoria originalmente concebida por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. De tal suerte que, como regla general, durante los veinticuatro (24) meses posteriores a la extinción del vínculo jurídico, el empleador incumplido deberá pagar una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, siempre y cuando el trabajador haya iniciado su reclamación ante la justicia ordinaria dentro de esos veinticuatro (24) meses siguientes a la finalización del vínculo.

Después de esos veinticuatro (24) meses, en caso de que la situación de mora persista, ya no deberá el empleador una suma equivalente al último salario diario, sino intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, hasta cuando el pago de lo adeudado se verifique efectivamente. Los intereses se calcularán sobre las sumas debidas por concepto de salarios y prestaciones en dinero.

Cuando no se haya entablado demanda ante los estrados judiciales, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes al fenecimiento del contrato de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un (1) día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales, dentro de ese lapso, sino a los intereses moratorios, a partir de la terminación del contrato de trabajo, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera.

En consecuencia, la presentación oportuna (entiéndase dentro de los veinticuatro meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo) de la reclamación judicial da al trabajador el derecho a acceder a la indemnización moratoria de un día de salario por cada día de mora hasta por veinticuatro (24) meses, calculados desde la ruptura del contrato de trabajo; y, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25), contado desde esa misma ocasión, se radica en su cabeza el derecho a los intereses moratorios, en los términos precisados por el legislador.

En el sub lite no hubo discusión en que la relación laboral que ligó a las partes finalizó el 16 de marzo de 2007, es decir para cuando se encontraba vigente la Ley 789 de 2002. Así las cosas, al haberse determinado que, a la resolución del contrato, el actor recibía salario integral equivalente a $ 5.638.100, la indemnización moratoria que fue objeto de condena no se podía ordenar de forma ilimitada hasta que ocurriese el pago de los salarios insolutos, como lo hizo el juez de alzada; pues este no es el sentido del primer inciso del precitado artículo 29, de acuerdo con lo enseñado por la jurisprudencia laboral.

Al estar acreditado que el accionante reclamó a pocos meses de la terminación del contrato, de acuerdo con lo fijado por el juez colegiado, la condena al pago de un día de salario se debió imponer hasta por 24 meses siguientes a la terminación del contrato; y, a partir del mes 25, se debió ordenar el pago de los intereses moratorios a la tasa indicada en la norma, sobre el monto de la deuda, es decir sobre $ 2.819.050 por los salarios adeudados a la terminación del contrato, según lo liquidado por el ad quem.

Por lo acotado, la acusación es fundada y procede la casación parcial de la sentencia en el literal c) del ordinal primero, referente a la condena por la indemnización moratoria.

Sin costas en el recurso extraordinario, dado que la impugnación prospera en parte.

XII. Sentencia de instancia

Con fundamento en las consideraciones expuestas en sede de casación, la Corte revocará parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenará a la demandada al reconocimiento de la indemnización moratoria, de un salario diario equivalente a $ 187.936.66, hasta por 24 meses siguientes a la terminación de la relación laboral; y, a partir del mes 25, se condenará al pago de los intereses moratorios a la tasa indicada en la norma sobre la suma de $ 2.819.050 hasta que persistiere la mora.

No se accede a la absolución de la moratoria como se pidió en el alcance de la impugnación, porque el yerro jurídico demostrado en casación solo afecta el alcance de la condena impuesta por el tribunal.

Sin costas en la consulta.

XIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 30 de septiembre de 2010, en el proceso que instauró ANTONIO JOSÉ REBELLÓN VILLÁN contra AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO LTDA., en el literal c) del ordinal primero, referente a la condena por la indemnización moratoria.

En instancia, REVOCA la decisión del a quo en cuanto absolvió a la enjuiciada de la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; en su lugar, CONDENA a la demandada al reconocimiento de la indemnización moratoria de un salario diario equivalente a $ 187.936.66 hasta por 24 meses siguientes a la terminación de la relación laboral; y, a partir del mes 25, condena al pago de los intereses moratorios a la tasa indicada en la norma sobre la suma de $ 2.819.050 hasta cuando persista la mora.

Costas, como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»