Sentencia SL9808-2015/64329 de julio 22 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9808-2015

Radicación 64329

Acta 24

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veintidós de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «X. Consideraciones

Los cargos se analizan de manera conjunta, en la medida en que, a pesar de dirigirse por diferente vía, atacan el mismo punto de la decisión del tribunal y se valen de una argumentación complementaria.

En torno al tópico planteado en los cargos, en esencia, el tribunal negó que pudiera imponerse a la Fundación Gabriela Wille de López, Fundabela, en su condición de empleadora de la afiliada fallecida Shirley del Carmen Barrios de la Hoz, la condena por el pago de los aportes al sistema de seguridad social que estaban en mora, por cuanto: i) tal cuestión no había sido discutida en el curso del proceso; ii) y porque, en la medida en que no se trataba de una falta de afiliación, sino de aportes en mora, la entidad administradora de pensiones podía hacer uso de las acciones de cobro contempladas en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

A partir de tales reflexiones, a no dudarlo, el tribunal incurrió en las infracciones denunciadas en los dos cargos, pues, por un lado, desde el punto de vista fáctico, la mora en el pago de los aportes al sistema de pensiones y la responsabilidad del empleador por tal cuestión, fueron temas clara y expresamente tratados a lo largo del proceso, y, por otro lado, desde el punto de vista jurídico, nada impedía que se impusiera una condena por el pago de las cotizaciones omitidas, a pesar de que la administradora de pensiones no hubiera adelantado las gestiones encaminadas a obtener su cobro.

En efecto, en primer lugar, desde la primera pretensión de la demanda (fls. 4 y 5), se puede advertir que los demandantes reivindicaron, entre otras cosas, como consecuencia de la declaratoria de la existencia de la relación laboral entre Shirley del Carmen Barrios de la Hoz y la Fundación Gabriela Wille de López, Fundabela, el pago de “… los aportes de pensión que haya dejado de cancelar ante el fondo privado, Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A…”, de manera que, efectivamente, el tribunal incurrió en una valoración indebida de dicha pieza procesal, pues, de acuerdo con la misma, la condena que había sido impuesta por el a quo, había sido claramente pedida.

Aunado a lo anterior, a lo largo del proceso se discutió el hecho de que la Fundación Gabriela Wille de López, Fundabela, dejó de pagar los aportes destinados al sistema de pensiones, derivados de la relación laboral que mantuvo con la señora Shirley del Carmen Barrios de la Hoz. Tal hipótesis fáctica fue planteada en el hecho 8 de la demanda y fue respondida por las dos demandadas, por lo que hacía parte integral del debate probatorio planteado en las instancias.

Por otra parte, lo cierto es que, una vez que quedó demostrada esa situación de mora del empleador, además de que se había entablado una pretensión en tal sentido, lo cierto es que era a los jueces de instancia a quienes incumbía establecer las respectivas consecuencias jurídicas, bien que fuera la responsabilidad patronal en el pago de las prestaciones o simplemente el pago de los aportes adeudados a través de un cálculo actuarial, sin que por ello se desbordara el marco de la discusión planteada en el juicio, como pareció entenderlo el tribunal.

Resta decir, en torno a este punto, que, como lo sugiere la censura, en el marco de la discusión por el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, cuando media controversia frente a la mora en el pago de los aportes y respecto de quién es el encargado de asumir su pago, el juez puede determinar libremente, no solo el responsable del pago de la prestación pertinente, sino las variables a partir de las cuales debe lograrse su financiación, pues ese es un tema íntimamente relacionado con la situación.

Por lo mismo, el tribunal incurrió en un error de hecho manifiesto al determinar que no era posible imponer el pago de los aportes en mora, “... toda vez que este hecho no fu (sic) objeto del litigio y no fue debatido dentro del proceso...”.

En segundo lugar, para la Corte la existencia de la facultad especial consagrada en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, para que las administradoras de fondos de pensiones adelanten acciones de cobro, encaminadas a obtener el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores, no impedía, en manera alguna, que una vez demostrada la existencia de la relación laboral y la omisión del empleador en el pago de los aportes, se condenara a su pago integral, a través de un cálculo actuarial, como se reclamó en las pretensiones de la demanda.

Así lo ha determinado la Corte en oportunidades anteriores en las que ha advertido que, a pesar de que las administradoras de pensiones son las encargadas de perseguir el capital necesario para la financiación de las pensiones, nada les impide a los afiliados reclamar directamente por esa mora y por el pago de los aportes y, como consecuencia, no existe objeción jurídica alguna para que el juez profiera condena en tal sentido. En la Sentencia CSJ SL8715-2014, se adoctrinó al respecto:

En torno al tema que se plantea en el cargo, el tribunal advirtió que en el expediente no había prueba de que el empleador hubiera realizado los aportes al sistema general de pensiones, durante el tiempo que afirma el actor. A pesar de ello, consideró que no era procedente emitir condena por ese concepto, “... en contra del empleador y a favor del empleado, ya que, en principio, son dineros que pertenecen al sistema integral de seguridad social en pensiones, por lo que la llamada a cobrarlos, sea por senda persuasiva o por vía forzada, es la administradora o el Instituto de Seguros Sociales, según sea el régimen al que esté vinculado el trabajador”.

En apoyo de dicha consideración, trajo a colación la sentencia emitida por esta Sala de la Corte CSJ SL 22 jul. 2008, rad. 34270, en la que se adoctrina que antes de trasladar a los afiliados o a sus beneficiarios, las consecuencias negativas del incumplimiento del pago de los aportes, es menester analizar si las administradoras de pensiones han cumplido con las acciones de cobro correspondientes.

Sin embargo, la Corte debe advertir que la razón real que tuvo el tribunal para negar la pretensión de pago de los aportes al sistema de pensiones, estuvo dada en que la llamada a cobrar esos emolumentos es la entidad de seguridad social respectiva y no el afiliado, pues en ella están radicadas las diferentes acciones de cobro ante los empleadores. Asimismo, que dicha consideración, sin duda está atravesada por un error jurídico, que atenta contra el contenido de los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, así como los principios que informan el sistema integral de seguridad social.

En efecto, en primer lugar, es cierto que, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, al empleador le asiste la responsabilidad de reunir las cotizaciones para el sistema de seguridad social, así como de pagarlas a la entidad respectiva, dentro de los plazos fijados legalmente. De igual forma, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, la mora en el pago de dichos aportes genera intereses moratorios y legitima a las entidades administradoras para adelantar acciones de cobro, mediante liquidaciones que prestan mérito ejecutivo.

En el contexto de dichas premisas, la Corte ha sostenido, como lo indicó el tribunal, que las entidades administradoras de fondos de pensión son las llamadas a efectuar las acciones de cobro respecto de las cotizaciones en mora. No obstante, dicha aserción ha tenido como propósito último el develar que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, los afiliados y sus beneficiarios no pueden sufrir las consecuencias negativas de la mora en el pago de las cotizaciones y que, en esa perspectiva, si la entidad omite los procedimientos de cobro a los que está obligada, no tiene legitimidad para oponerse a asumir el riesgo asegurado. Dicha orientación puede verse reproducida, entre otras en las sentencias CSJ SL 26 ago. 2008, rad. 31063, CSJ SL 23 sep. 2008, rad. 30346, CSJ SL 17 feb. 2009, rad. 31080, CSJ SL 16 dic. 2011, rad. 38964, CSJ SL 28 ago. 2012, rad. 44202, entre otras.

Ahora bien, de las anteriores reglas trazadas por esta Sala de la Corte, no puede derivarse una aserción como la construida por el tribunal y que puede resumirse en que el afiliado carece de legitimación para reclamar el pago de los aportes para su pensión, que el empleador omite o está en mora de realizar. Por el contrario, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones que integran el sistema de seguridad social, que se construyen a través del tiempo y que, por lo mismo, pueden sufrir varias eventualidades, lo más sensato y ajustado a los principios de la seguridad social es que el directamente interesado pueda pretender la configuración de su derecho en debida forma y, en ese mismo orden, pueda atacar todos aquellos factores que afectan su nacimiento completo, como la mora en el pago de los respectivos aportes.

Esta Sala de la Corte ha indicado, en dicha dirección, que:

... debido a la naturaleza y características del sistema integral de seguridad social, generalmente los elementos necesarios para darle vida a una pensión de vejez se confeccionan dentro del mismo intervalo productivo de los afiliados, con la mediación de parámetros tales como la historia laboral o los aportes, así como el incremento de la edad, hasta un punto en el que la ley presume la merma de la capacidad de trabajo. Sin duda, dentro de dicho interregno pueden darse diversas contrariedades que, a la postre, pueden impedir que el derecho a la pensión nazca legalmente o que lo haga pero de una manera lesiva para los intereses del afiliado, en función de la rutina que mantuvo frente al sistema, en cuanto a afiliaciones, cotizaciones, ingresos bases de cotización, etc.

Por ello, teniendo en cuenta ese ideal constructivo y contributivo, que orienta las pensiones de jubilación, lo más justo y adecuado a las normas y principios del sistema de seguridad social, es que el afiliado tenga la oportunidad de enmendar o perseguir la integración de todos aquellos elementos que contribuyen al nacimiento de su pensión, o de atacar todas las contrariedades que afecten ese derecho en construcción, en cualquier tiempo, de manera que cuando cumpla el último de los requisitos necesarios para tales efectos, pueda empezar a disfrutar de su descanso de una forma remunerada, equilibrada y digna (CSJ SL 795-2013).

Así las cosas, se repite, nada impide que el afiliado reclame por la mora de su empleador en el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, pues es el directamente interesado en la confección y reconocimiento de su pensión, en forma oportuna y completa. Con ello no se niega, naturalmente, que en realidad quienes tienen el principal deber de cobrar son las entidades administradoras de pensiones, como lo ha sostenido la Corte en su jurisprudencia. No obstante, se debe reconocer legitimación a los afiliados para reclamar, pues, en últimas, es a quienes concierne la integración del capital necesario para su pensión y el cumplimiento de los requisitos necesarios para tal efecto.

Como consecuencia, el tribunal también incurrió en un error jurídico evidente al establecer que era improcedente la condena al empleador por el pago de aportes al sistema de pensiones, debido a la existencia de la facultad consagrada en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

Los cargos son fundados y se casará parcialmente la sentencia recurrida, de acuerdo con el alcance de la impugnación, en tanto revocó el numeral tercero de la decisión emitida en la primera instancia, que había condenado a la Fundación Gabriela Wille de López, Fundabela, “... a pagar los aportes obligatorios en pensiones que se encuentren en mora por la afiliada fallecida a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., previo calculo (sic) actuarial que deberá efectuar dicho fondo”.

XI. Sentencia de instancia

En sede de instancia basta con reiterar las mismas consideraciones expuestas en sede de casación para determinar que era plenamente procedente la condena emitida por el juzgador de primer grado contra la empleadora, Fundación Gabriela Wille de López, Fundabela, por el pago de los aportes al sistema de pensiones que se encontraban en mora, generados en el marco de la relación laboral mantenida con la señora Shirley del Carmen Barrios de la Hoz.

En ese sentido, en torno al recurso de apelación planteado por la Fundación Gabriela Wille de López, Fundabela, vale decir que no existe alguna regla derivada de la jurisprudencia, que pregone la exención al empleador frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social, cuando la administradora de fondos de pensiones no adelanta las respectivas acciones de cobro, pues es esa en una obligación inmanente y permanente, que no puede eludirse en perjuicio de los afiliados ni de las entidades encargadas del pago de las obligaciones, quienes siempre tendrán a su disposición la facultad de perseguir las fuentes de financiación de las prestaciones derivadas del sistema de pensiones.

Así las cosas, en sede de instancia, se confirmará el numeral tercero de la decisión apelada, pero con la modificación de que el pago de los aportes adeudados por el empleador debe hacerse en los términos y condiciones previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993.

Sin costas en el recurso de casación. En las instancias correrán por cuenta de las dos demandadas.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 30 de abril de 2013 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Marlene de la Hoz Bernal, quien actúa en su propio nombre y en representación del menor Blaise Eloy Rodríguez Barrios, contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y la Fundación Gabriela Wille de López, Fundabela, en tanto revocó el numeral tercero de la decisión emitida en la primera instancia, que había condenado a la Fundación Gabriela Wille de López, Fundabela, “... a pagar los aportes obligatorios en pensiones que se encuentren en mora por la afiliada fallecida a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., previo calculo (sic) actuarial que deberá efectuar dicho fondo”. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, se confirma el numeral tercero de la decisión emitida por el Juzgado Tercero Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla el 28 de febrero de 2013, pero con la aclaración de que el pago de los aportes adeudados por el empleador debe hacerse en los términos y condiciones previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993.

Sin costas en el recurso de casación. En las instancias correrán por cuenta de las dos demandadas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».