Sentencia SL9975-2017 de julio 11 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 2

Magistrado Ponente:

Carlos Arturo Guarín Jurado

SL9975-2017

Rad.: 43135

Acta 01

Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

VIII. CONSIDERACIONES

El Tribunal fundamentó su decisión de declarar probada la excepción de prescripción frente a las pretensiones reclamadas, descorriendo los términos, desde el agotamiento de las respectivas reclamaciones administrativas, y la nueva fecha de admisión de la demanda, esto es, el 9 de agosto de 2007, luego de haber sido declarada la nulidad de la actuación surtida, a partir, inclusive, del auto admisorio de la demanda por parte del Tribunal Superior de Riohacha, el día 22 de febrero de 2007, pues estimó que en virtud del artículo 91 del C.C.P.(sic), no se considera interrumpida la prescripción y operará la caducidad, entre otros eventos, cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda.

La acusación, en contraste, esencialmente asevera, que es erróneo continuar contando dicho término mientras se haya decretado una nulidad, ya que en este caso, es desde la presentación de la demanda inicial, es decir, el 27 de agosto de 2002, que se debe contabilizar dicho término de interrupción, tal como lo dispone el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

El replicante por su parte, manifiesta que de ninguna manera puede legalmente sostenerse, que con la primigenia demanda haya quedado legalmente interrumpido el término prescriptivo, pues fue precisamente con el escrito de subsanación, presentado el 12 de julio del 2007 y admitido el 9 de agosto siguiente, que jurídicamente se vino a trabar realmente la litis entre las partes y no antes.

En camino de ejercer el control legal que el recurrente convoca de la Corte, respecto de la sentencia de segunda instancia, comienza por advertirse que aunque el alcance de la impugnación luce equivocado, en tanto impropiamente reclama de la Sala que revoque el fallo de segundo grado, después de su quebrantamiento, tarea imposible pues ello no se podría hacer con un fallo inexistente, dicha circunstancia no conduce a la desestimación de la acusación, pues asume la corporación que el interés del recurrente es que case el segundo fallo de instancia, y que en función de ad quem revoque el primero, que desestimó totalmente las pretensiones de la demanda.

Ahora, sobre el tópico en torno al cual se convoca, a través del recurso de extraordinario, el control de legalidad de la Sala, inicialmente cumple precisar que la Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre al tema de la pertinencia de aplicar al proceso laboral los artículos 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil, como se constata en la sentencia CSJ SL, 15 may. 2012, rad. 30504, que reiteró la CSJ SL, 13 dic. 2001, rad. 16725, en la que se dijo:

«Estima la Sala que el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil tiene aplicación en materia laboral, en virtud del artículo 145 del Código Procesal Laboral, (...) 

En torno a la prescripción deben distinguirse dos fenómenos jurídicos diferentes a saber: la interrupción y la suspensión. Los códigos del trabajo, sustantivo y procesal, regulan lo pertinente al primer aspecto (arts. 489 y 151), debiéndose acudir a las normas del Código Civil en lo relacionado con la suspensión. Ambas instituciones jurídicas cuentan con regulación propia. En la interrupción el plazo principia a contarse de nuevo y el anterior desaparece. En cambio, en la suspensión se da lugar a un margen de espera en el transcurso del término, de modo que, cuando termina el motivo que originó la suspensión, el cómputo del plazo se reanuda en el punto que había quedado” (Gaceta Judicial Nº 2429). 

De lo anterior se deduce que la prescripción de las acciones laborales puede ser interrumpida a través de dos mecanismos diferentes y no excluyentes: la extrajudicial, mediante la presentación al empleador del simple reclamo escrito por el trabajador respecto de un derecho determinado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la presentación de la demanda, en los términos y condiciones señaladas por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales en virtud de lo dispuesto por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, interrupción que será inoperante en las situaciones determinadas por el artículo 91 del citado estatuto procesal civil». 

De conformidad con esta reseña jurisprudencial, resulta palmario que en el asunto que se estudia, no se está frente al fenómeno jurídico de la suspensión, sino frente al de interrupción, en el que se itera, el plazo comienza a contarse de nuevo y el anterior desaparece.

Así, confrontado el contenido de la sentencia recurrida, con el ataque que pretende demostrar su ilegalidad, encuentra la Sala que ningún dislate de apreciación jurídica le es atribuible al tribunal al adoptar su determinación, pues no incurrió en equivocación alguna al aplicar e interpretar el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, norma que consagra en su numeral 3°, que no se interrumpe la prescripción cuando la nulidad declarada comprende el auto que admite la demanda, en tanto se atuvo a su tenor literal; por ello, no es de recibo la tesis del recurrente, quien considera que hubo una «errada declaratoria de nulidad», pues si bien tal determinación fue modificada por el tribunal de Riohacha, lo cierto es que dicha Colegiatura resolvió declarar la nulidad de toda la actuación surtida «(...) a partir, inclusive, del auto admisorio de la demanda, por falta de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, para conocer de las pretensiones referidas a reliquidación de la pensión de jubilación de los demandantes, y al pago de la diferencia que resulte después de haber liquidado correctamente la primera mesada pensional; y en su lugar, el juez de primera instancia deberá devolver la demanda (...), para que en el término de cinco (5) días siguientes, subsane la indebida acumulación de pretensiones (...)».

En efecto, teniendo en cuenta que la nulidad declarada es atribuible a los demandantes, pues la demanda que presentaron el 27 de agosto de 2002 no cumplía con los requisitos de ley, y al haberse dictado un nuevo auto admisorio el 9 de agosto de 2007, luego de haberse presentado el nuevo escrito, dicha fecha es la que ha de tenerse en cuenta como el momento en el cual se interrumpiría la prescripción, en virtud del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, modificado a su vez por el artículo 10 de la Ley 794 de 2003, aplicable por analogía en materia laboral, como quiera que fue ineficaz la interrupción que habría de ser aplicada con la demanda inicial, toda vez que el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, sobre el tema establece, se insiste, que la misma no se considerará interrumpida y operará la caducidad, «(...) Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda».

Por lo expuesto que el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3’500.000, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de mayo de 2009, en el proceso ordinario laboral que instauraron GILBERTO RUEDA RUEDA, GUSTAVO CELIS GARCÍA y FREDDY DE JESÚS MENDOZA MEJÍA, contra la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS, ECOPETROL.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3’500.000.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Santander Rafael Brito Cuadrado—Cecilia Margarita Durán Ujueta—Carlos Arturo Guarín Jurado».