Sentencia SL9995-2014/54573 de julio 30 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9995-2014

Rad. 54573

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta 27

Bogotá, D.C., treinta de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

Lo interpuso la parte demandada, y según se lee en el alcance de la impugnación, persigue que se CASE la sentencia del Tribunal y en sede de instancia, la Corte, previa ponderación y valoración de los medios de convicción, revoque la decisión de primer grado, para en su lugar absolver al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones formuladas en la demanda inicial.

Con tal propósito invocó la causal primera de casación laboral contemplada en el CPT y SS art. 87, modificado por el D. 528/1964 Art. 60 y L. 16/1969 art. 7º, y formuló un cargo, que no fue replicado, el cual se estudiará a continuación.

VI. Único cargo

Acusó la sentencia impugnada de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos “53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y como consecuencia de ello infringió directamente los artículos 36, 46 (modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003), 49 y 289 de la Ley 100 de 1993 y el (...) 48 de la Constitución Política, lo que también motivó la aplicación indebida de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 758 del mismo año”.

Para su demostración, el censor señaló que es incontrovertible que para el 26 de diciembre de 2008, fecha de fallecimiento del afiliado, la norma aplicable para efectos de la concesión de la pensión de sobrevivientes, era la L.797/2003 art 12, por tanto, para que sus beneficiarios tuvieran derecho a esa prestación debían acreditar los requisitos exigidos en tal precepto, uno de los cuales precisamente era que el causante hubiere cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al deceso.

Agregó que en el proceso quedó probado que el afiliado no cotizó ninguna semana en los 3 años anteriores a su fallecimiento, luego no era posible conceder la prestación reclamada por la aplicación del referido precepto. Sin embargo, el Tribunal consideró que a pesar de tal insuficiencia en la densidad de semanas cotizadas, era posible conceder la pensión de sobrevivientes con apoyo en las disposiciones del A. 049/1990 aprobado mediante Decreto 758 de ese año, concretamente los artículos 6º y 25, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Arguyó, que al proceder de tal manera el ad quem, violó las normas sustanciales denunciadas, por cuanto la muerte del afiliado se produjo después de la entrada en vigor de la citada L. 797/2003; y que además la reiterada jurisprudencia no permite la aplicación de este principio en la forma en que lo hizo el Tribunal.

Terminó su planteamiento transcribiendo apartes de las sentencias CSJ SL, del 20 feb. y 9 de dic. 2008, radicados, 32649 y 32642.

VII. Se considera

Dada la vía escogida, son fundamentos fácticos indiscutidos; que el afiliado falleció el 26 de diciembre de 2008; que tenía cero “0” semanas cotizadas en los 3 años anteriores al deceso; que durante su vida laboral cotizó al sistema, un total 581,71 semanas, de las cuales 300 son anteriores al 1º de abril de 1994 y que la última cotización la efectuó el 30 de septiembre de 1999.

Tampoco hay controversia frente a que Gabriel Antonio Londoño a la entrada en vigor de la L.100/1993, tenía menos de 40 años de edad (38 años), pues nació el 27 de mayo de 1955, lo que significa que falleció antes de cumplir la edad de 60 años, ya que contaba con 53 años y 7 meses.

Como puede observarse, el cargo propuesto por la entidad recurrente, persigue que se defina jurídicamente que en este caso no era aplicable el principio de la “condición más beneficiosa”, para conceder la pensión de sobrevivientes solicitada amparo en con el A. 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, pues por el contrario, la norma pertinente es la vigente al momento del fallecimiento del afiliado, esto es, el art. 12 de la L.797/2003, que modificó el 46 de la L.100/1993.

Como tuvo oportunidad esta Sala de pronunciarse en sentencia CSJ SL891-2013 rad 47819, que ratificó lo dicho en sentencias SL 18 sep. 2012, rad. 45767 y SL 8 de mayo del mismo año, rad. 35319, en lo que constituye el actual criterio mayoritario de la Sala, sería viable la aplicación de la condición más beneficiosa, aun cuando la contingencia hubiere ocurrido en vigencia de la citada L. 797/ 2003, si se acude a la disposición inmediatamente anterior, esto es, al art. 46 de la L.100/1993, dado que no es posible hacer una búsqueda histórica retrospectiva para determinar cuál disposición legal resulta en ultimas más favorable.

No obstante, dicha situación no se da en el presente asunto y, por consiguiente, bajo el amparo del principio de la condición más beneficiosa, no era procedente aplicar, como lo hizo el Tribunal el A. 049/1990, ya que para la fecha del fallecimiento, 26 de diciembre de 2008, la norma vigente es la L. 797/2003 art. 12, y de aplicarse el señalado principio se acudiría pero a la disposición inmediatamente anterior esto es, al art. 46 de la L. 100/1993 y no buscar históricamente, hasta hallar una normativa que se adecuara al caso del demandante, como equivocadamente lo estableció el juez plural.

Por tanto, para poder acceder a la eventual pensión de sobrevivientes que se reclama con base en los parámetros del citado A. 049/1990, por tener el causante 300 semanas cotizadas al 1º de abril de 1994, tomando como lo hizo el Tribunal esa normativa como la inmediatamente anterior a aplicar, era necesario que el causante hubiera fallecido bajo la vigencia del Art. 46 de la L. 100 en su redacción original, y como tal situación no se configura, dado que el deceso se produjo el 26 de diciembre de 2008, es indiscutible que no puede haber lugar al derecho pretendido de conformidad con los reglamentos del ISS.

Como el afiliado fallecido aportó la última cotización en el ciclo de septiembre de 1999 y para el momento del deceso no era cotizante activo, no cumple ninguna de las hipótesis de la norma anterior -L.100/1993 Art. 46-.

De otro lado, si se acudiera al parágrafo 1º del art. 12 de la L. 797/2003, tampoco se causaría el derecho a favor del demandante, pues dicho precepto legal reza:

“ART. 12.—El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

“ART. 46.—Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

a) <Literal Inexequible>

b) <Literal Inexequible>

PAR. 1º—Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2º de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.

PAR. 2º—<Parágrafo Inexequible>” (Negrillas ajenas al texto).

Del parágrafo en cita, surge indiscutible, que para que los sobrevivientes accedan a la pensión en sustitución, el causante debió haber cotizado el mínimo de semanas requerido en el régimen de prima media anterior a su fallecimiento, evento en el cual el monto de la pensión pretendida será del 80% de lo que le hubiera podido corresponder por pensión por vejez. Sin embargo, el régimen de prima media mencionado, es el concierne al consagrado en la L. 100/1993 Art. 33, y en caso de que el afiliado sea beneficiario del régimen de transición correspondería al previsto en el A. 049/1990. Sin embargo, el fallecido Gabriel Antonio Londoño no se encontraba en transición como quiera que a la entrada en vigencia de la nueva ley de seguridad social aún no había cumplido los 40 años de edad y tenía registrados apenas 7 años 5 meses y 15 días de servicios, por lo tanto debió contar con 1000 semanas de cotización para la aplicación de este parágrafo, requisito que tampoco aparece satisfecho, ya que el causante solo acreditó en su vida laboral, un total de 581,71 semanas cotizadas.

Por todo lo expresado, se concluye que el Tribunal cometió los desatinos jurídicos atribuidos por la censura, al confirmar la decisión del aquo en el sentido de conceder la pensión reclamada bajo el amparo del A. 049/1990, que en este caso como se explicó no resulta aplicable, por ende el cargo es fundado, y habrá de casarse la sentencia impugnada.

VII. Consideraciones de instancia

En sede de instancia, cabe reiterar, que el afiliado falleció el 26 de diciembre de 2008, siendo la norma aplicable la L. 797/2003, art. 12, cuyos requisitos no se cumplen. Y dado que, como quedó explicado en este asunto, no procede el principio de la condición más beneficiosa, se concluye que no es posible condenar al ISS al pago de la pensión de sobrevivientes reclamada.

En tales circunstancias, se revocará la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 29 de junio de 2011 y, en su lugar, se absolverá a la accionada de todas las pretensiones de la demanda.

Sin costas en casación por haber prosperado el recurso extraordinario; las de segunda instancia no se causaron y las de primera serán cargo de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 4 de noviembre de 2011, en el proceso ordinario adelantado por María Edi Granada Aguirre, quien actúa en representación de su hijo Juan Gabriel Londoño Granada, contra el Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones—.

En sede de instancia, se REVOCA el fallo condenatorio de primer grado y en su lugar se absuelve al ISS de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».