Sentencia SP 16480- 2014/43186 de diciembre 3 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

SP 16480-2014

Rad.: 43186

Aprobado Acta Nº 420

Bogotá D.C., diciembre tres de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El problema jurídico que en esta ocasión debe abordar la Sala se contrae a determinar si la sustentación del recurso de apelación promovido por la representación del Ministerio Público contra el fallo absolutorio de primer grado y que a la postre generó su revocatoria parcial por parte del Tribunal de Valledupar en lo que respecta al delito de acceso carnal violento en contra de Néstor Hernando Vargas Useche se erige violatoria del debido proceso, como lo indican el demandante en casación y la procuradora delegada, por haber sido sustentado extemporáneamente.

Sobre este último aspecto no existe reparo alguno, pues, como lo señalan al unísono los sujetos procesales en mención, con el trámite impartido se desacataron las reglas establecidas en el inciso primero del artículo 194 de la Ley 600 de 200, por la cual se rituó el presente asunto. Dicha preceptiva señala:

Sustentación en primera instancia del recurso de apelación. Cuando se haya interpuesto como único el recurso de apelación, vencido el término para recurrir, el secretario, previa constancia, dejará el expediente a disposición de quienes apelaron, por el término de cuatro (4) días, para la sustentación respectiva. Precluido el término anterior, correrá traslado común a los no recurrentes por el término de cuatro (4) días.

En el asunto de la especie la sentencia absolutoria de primer nivel proferida en favor de Vargas Useche por las dos conductas objeto de acusación (acceso carnal violento y hurto calificado agravado(2)) de fecha noviembre 15 de 2005, fue notificada personalmente a todos los sujetos procesales de la siguiente forma: en esa misma data al defensor(3); al día siguiente, al procesado(4) y al representante de la fiscalía, quien en el mismo acto interpuso recurso de apelación(5) y, el viernes 18 ulterior, al Ministerio Público, quien también allí mismo impetró el recurso vertical(6).

En ese orden, atinó la secretaría del juzgado de conocimiento al no acudir al mecanismo supletorio de enteramiento de la sentencia consistente en la notificación por edicto contemplada en el artículo 180 del ordenamiento adjetivo (cfr., entre otros, CSJ SP, 9 nov. 2006, rad. 23213 y SP, 1º jun. 2006, rad. 22147); empero, como lo resaltan el defensor y la procuradora delegada, no así acertó en el cómputo del término legal establecido en el aludido artículo 194 para sustentar el recurso impetrado.

Ello, porque vencido el término para recurrir a que refiere la normativa en cuestión (de ejecutoria), no otro que el surge de la interpretación armónica de los artículos 186 y 187 de la misma codificación, comprendido desde la fecha de proferimiento de la providencia hasta tres días después de su última notificación (para este caso del lunes 21 de noviembre de 2005 hasta el miércoles 23 ulterior), empezaba a correr el de sustentación de la impugnación por cuatro días (jueves 24, viernes 25, lunes 28 y martes 29 del mismo mes y año).

En esas condiciones, emerge diáfano el desacierto de la secretaría del juzgado al consignar en la controvertida constancia del 25 de noviembre de 2005(7) que a partir de las 8:00 de la mañana de esa calenda empezaba a correr por cuatro días hábiles el término para sustentar el recurso de apelación, con vencimiento el 30 subsiguiente, con lo cual otorgó un (1) día más al estatuido legalmente, fecha esta última en la que justamente allegó el escrito sustentatorio el agente del Ministerio Público, resultando oportuno en este momento recordar que la fiscalía se abstuvo de presentar la sustentación, razón por la cual mediante auto del 12 de diciembre postrero el juzgado declaró desierta su impugnación(8).

Por lo anterior, objetivamente se puede colegir que en efecto la sustentación del único recurso interpuesto contra el precitado fallo se presentó de forma extemporánea y que, por lo mismo, vulnera el debido proceso con efectos trascendentes y nocivos para el procesado como quiera que a raíz de esa impugnación el tribunal revocó parcialmente la sentencia absolutoria en lo concerniente al delito de acceso carnal violento, sin que pudiera pretextarse que la errónea constancia secretarial habilitó por un día más la sustentación del recurso.

Ello, por cuanto ha sido recurrente y de vieja data la postura de la Sala conforme a la cual las constancias de los servidores judiciales dejadas en desarrollo de sus labores no revisten la entidad de alterar los términos legales, particularmente porque son meramente informativas, siendo por tanto deber de los sujetos procesales estar atentos a su cómputo y verificar que la información allí consignada es correcta (así, entre muchas, CSJ AP, 11 dic. 2013, rad. 42678; AP, 28 ago. 2013, rad. 41759; AP, 15 mayo 2013, rad. 39882; AP, 21 nov. 2012, rad. 39609; AP, 10 mar. de 2010, rad. 32740; AP, 4 feb. 2009, rad. 25806; AP, 5 dic. 2007, rad. 25363; SP, 31 mar. 2004, rad. 20594; AP, 1º jun. 2006, rad. 22147; SP 19 dic. 2001, rad. 18196 y SP, 8 mayo 1997, rad. 10509).

No obstante, también se ha precisado que dicha regla se excepciona frente a dos situaciones particulares: (i) cuando hay lugar a aplicar los principios de buena fe y confianza legítima, para lo cual se debe analizar cada caso en particular, como en CSJ AP, 28 mayo 2014, rad. 42871; AP, 13 nov. 2013, rad. 42237; AP, 30 abr. 2013, rad. 37785; AP, 2 mayo 2011, rad. 35807; SP, 23 mar. 2010, rad. 32792 y AP, 23 feb. 2010, rad. 35792, entre otros, y (ii) en los eventos en que “la iniciación del término establecido en la ley para el ejercicio del derecho de impugnación dependa del cumplimiento de un acto secretarial determinado, como por ejemplo una notificación o el envío de una comunicación a los sujetos procesales, pues en estos casos, mientras el acto procesal no se lleve a cabo, el término legalmente previsto no puede empezar a contabilizarse” (cfr., entre otros, CSJ AP, 15 mayo 2013, rad. 39882; AP, 13 feb. 2008, rad. 29119; AP, 18 jul. 2007, rad. 27555; AP, 18 abr. 2007, rad. 27234; AP, 21 feb. 2007, rad. 26898 y SP, 6 abr. 2006, rad. 22705.

La primera excepción no es aplicable para el caso sub exámine, dado que para el cómputo de los términos de sustentación del recurso de apelación el agente del Ministerio Público no debió atenerse a lo indicado en la constancia secretarial sino a lo previsto en la ley, como así lo precisó la Sala en un asunto sustancialmente similar tras advertir la extemporaneidad de las sustentaciones presentadas por fiscalía y parte civil contra un fallo absolutorio de primera instancia, por lo cual dispuso casar el fallo impugnado, decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto que concedió las impugnaciones y, a cambio de ello, declararlas desiertas y dejar en firme la sentencia del a quo (CSJ, SP 5 dic. 2007, rad. 25363), dejando en claro que:

En esta nueva oportunidad, la Sala reitera, que las constancias secretariales cumplen un objetivo exclusivamente informativo, toda vez que, los funcionarios que las elaboran y signan no están facultados para modificar, trasformar, alterar, sustituir o crear disposiciones legales de ninguna índole, sino para ejercer un control formal en las actuaciones procesales, de la mano de las normas que deben cumplir y respetar; de suerte que las constancias no revisten un carácter esencial, material ni vinculante para las partes y menos aún para los mismos administradores de justicia.

(…)

La historia procesal le indica a la Sala que el fallo absolutorio fue notificado, desde el día siguiente de su expedición a los sujetos procesales que por obligación debían surtirse en forma personal, realizando la última al procurador el 8 de junio de 2007; luego entonces, los apelantes tenían el compromiso de estar atentos al devenir jurídico, pues ellos más que nadie, tenían interés en que el superior estudiara el caso bajo los patrones jurídicos que propongan en la motivación de sus escritos: No es de suyo, atenerse a una constancia errada o no, pues como profesionales del derecho saben que el procedimiento lo determina en forma exclusiva el legislador: actuar desconociendo tales preceptos vulneran el debido proceso y los derechos adquiridos de los sujetos procesales.

Por estas razones, el secretario amplió indebidamente los términos legales, cuando ya había cobrado ejecutoria la decisión de absolución, al no haberse presentado en su debida oportunidad, las sustentaciones de la Parte Civil y fiscalía. Por ello, las notificaciones judiciales obligan a los sujetos procesales a estar pendientes a fin de recurrir las decisiones que les sean contrarias; es por ésta potísima razón, que deben estar atentos a la contabilización de los términos, sin que su responsabilidad descanse o se trasmute en los funcionarios que administran justicia (subrayas fuera de texto).

Criterio que refrendó posteriormente, entre otros, en CSJ, AP 26 jun. 2013, rad. 39882, al descartar que una tal situación, sin más, vulnere los aludidos postulados de buena fe y confianza legítima depositada por los sujetos procesales en las actuaciones de los servidores judiciales:

Tampoco lo hay (motivo) en relación con el propuesto por el defensor de Lozano Ostos, so pretexto de los alegados principios de buena fe y eficiencia o de un equivocado entendimiento de la prohibición de reforma peyorativa.

5. Por lo primero, es incuestionable que la carga procesal de sustentar los recursos en el término legal concierne de manera exclusiva a quien los interpone, por ende tal imperativo sólo puede entenderse cumplido frente a las prescripciones normativas y no a una constancia secretarial. El litigante, así sea en el “adelantamiento simultáneo de múltiples actividades”, debe atenerse es a la ley y no al secretario judicial.

La notificación de la sentencia de segunda instancia obliga a los sujetos procesales a estar atentos en relación con su ejecutoria en pro de la interposición del recurso de casación y de la iniciación y contabilización de los términos para la presentación del libelo de sustentación, sin que tal responsabilidad recaiga en los funcionarios encargados de hacerla o les sea indebidamente trasladada a ellos.

Por lo mismo, el incumplimiento de ese deber procesal exclusivo y excluyente no puede justificarse en un equívoco o en una constancia, cuando es la ley la que de manera expresa regula el trámite (…) (subraya fuera de texto).

Máxime lo anterior, al advertirse que la constancia en cuestión fue “inopinadamente” dejada por la secretaría del despacho judicial, “vale decir, sin que mediara proveído del titular del despacho que así lo dispusiera” (CSJ, AP 11 dic. 2013, rad. 42678).

Tampoco cabe predicar la materialización de la segunda salvedad, pues aun cuando podría generar discusión la expresión utilizada en el aludido artículo 194 de la Ley 600 en sentido de que vencido el término para recurrir “el secretario, previa constancia, dejará el expediente a disposición de quienes apelaron, por el término de cuatro (4) días”, se tiene discernido que ese acto secretarial por manera alguna condiciona el lapso legal allí mismo previsto, como así lo entendió la Corte Constitucional en reciente sentencia, remembrada en el concepto emitido por la procuradora delegada ante esta corporación:

De otro lado, el texto mismo del artículo 194 del CPP, no admite mayor duda interpretativa pues la alusión a la constancia previa del secretario para dar traslado del expediente y permitir la sustentación de la apelación, no hace referencia alguna a los términos. De hecho, el texto aludido, que reza: Cuando se haya interpuesto como único el recurso de apelación, vencido el término para recurrir, el secretario, previa constancia, dejará el expediente a disposición de quienes apelaron, por el término de cuatro (4) días, para la sustentación respectiva; deja entrever que cuando se venza el término para recurrir, el expediente queda a disposición del apelante por cuatro días, tal como ocurrió en el caso concreto. Esperar que la mención del artículo analizado a la constancia previa del Secretario, tenga la vocación de modificar los términos del traslado, significaría que la disposición no dice nada en relación con qué pasa una vez vencido el término para recurrir, cuando lo cierto es que vencido dicho término se corre el traslado al que se ha hecho mención(9) (negrillas y subrayas del texto original).

Tesis que ciertamente se corresponde con la que ya había expuesto en otra oportunidad cuando indicó que:

Equívoco secretarial no modifica los términos legales. Cabe interrogarse si este régimen legal de recurso de apelación contra sentencias puede modificarse en virtud de los yerros que incurra la secretaría de un despacho judicial. Para la Corte este cuestionamiento tiene una respuesta negativa, pues ello implicaría un desconocimiento del principio de legalidad del proceso penal ya que estaría permitiendo que los términos judiciales no sean los estrictamente señalados en la ley sino que ellos pueden ser modificados, en casos concretos, por las secretarías de los distintos despachos. De este modo, en cada sede judicial se podrían manejar los distintos términos de notificación, ejecutoria, sustentación y traslado de un recurso. Y con esto qué duda cabe, el derecho perdería su capacidad de regulación de los conflictos y de cohesión de relaciones sociales y se generaría una completa incertidumbre en torno a las reglas de juego que gobiernan los distintos procedimientos.

Frente a ello, si una secretaría incurre en un equívoco al dejar una constancia de corrimiento o vencimiento de un término, bien sea de ejecutoria, de sustentación o de traslado, el deber de los sujetos procesales es atenerse al régimen legal vigente en materia de procedimiento y no aprovechar la eventual “extensión” de términos a que pueda haber lugar con ocasión de los equívocos en que incurran las secretarías de los despachos judiciales (…)”(10) (subraya fuera de texto original).

Hermenéutica que, por cierto, avala esta corporación, como lo plasmó recientemente en otro asunto también similar al que concita la atención, donde se discutía si la errónea constancia secretarial habilitaba por un día más la interposición del recurso de apelación conforme lo reglado en el multimencionado artículo 194 de la Ley 600 (CSJ AP, 28 ago. 2013, rad. 41759):

Algo similar ocurre en lo atinente al yerro que postula en el cargo segundo, habida cuenta que en ningún momento el legislador ha determinado que la constancia secretarial de traslado, debe fijarse un día antes del mismo.

Es, esa, una equivocada interpretación del demandante, puesto que con la “previa constancia” a que alude al artículo 194 del Código de Procedimiento Penal de 2000, lo que se busca es que las partes estén informadas del conteo del término, pero en modo alguno la consagración de un día adicional para el efecto.

Así las cosas, como en este asunto la “previa constancia” de traslado se fijó a las 8:00 a.m. del viernes 23 de abril de 2010, es absolutamente claro que el término de cuatro días para sustentar la apelación vencía —también se hace certificar allí—, el miércoles 28 de abril siguiente (folios 276 de cuaderno original Nº 1), y no el jueves 29, como amañadamente lo contabiliza el memorialista.

Además, no sobra reiterar que con relación a las constancias secretariales de los funcionarios encargados de controlar términos, estas “no tienen carácter vinculante, sino simplemente informativo, porque éstos no están facultados para modificar o sustituir las disposiciones legales que regulan la iniciación o duración de los términos”, de modo “que es deber de los sujetos procesales verificar si la información consignada en ellas es correcta”(11).

Lo anterior salvo, ha señalado la Corte, cuando “la iniciación del término establecido en la ley para el ejercicio del derecho de impugnación dependa del cumplimiento de un acto secretarial determinado, como por ejemplo una notificación o el envío de una comunicación a los sujetos procesales, pues en estos casos, mientras el acto procesal no se lleve a cabo, el término legalmente previsto no puede empezar a contabilizarse”(12).

No es esa la situación que se presenta en el evento del rubro, pues, es evidente que las partes fueron debidamente notificadas de la resolución acusatoria, al punto tal que una de ellas —la defensa— anunció de manera oportuna su interés de apelar, aunque luego se desentendió de los términos procesales fijados legalmente para el efecto. (subrayas fuera de texto).

En ese orden de ideas, encuentra la Corte que asiste razón al casacionista y a la delegada ante esta corporación al pregonar que el recurso interpuesto por el agente del Ministerio Público contra la sentencia absolutoria de primer grado fue sustentado extemporáneamente y que, por lo mismo, tal impugnación ha debido declararse desierta. No haber procedido de esa forma comporta la invalidez de la actuación posterior, por violación del debido proceso.

Al respecto, en tanto no debe obviarse que las leyes de procedimiento, tanto concernientes a la sustanciación como a la ritualidad de los juicios, son de orden público y de imperativa observación, como desarrollo cabal del principio de legalidad.

En ese contexto, los términos legales “son de riguroso cumplimiento y no puede dejarse su aplicación al arbitrio de los empleados o funcionarios judiciales”, pues si tal situación se permitiera “desaparecería la seguridad jurídica que de ellos dimana, quedando sujeto el proceso a las interpretaciones caprichosas de quienes en un momento dado deben darles su curso en las actuaciones encomendadas” (CSJ, AP 16 feb. 2011, rad. 35564; AP 26 jul. 2000, rad. 17191; AP 16 dic. 1999, rad. 16450 y AP 25 jul. 1994, rad. 9418).

Corolario de lo expuesto, la única censura admitida del libelo presentado por el defensor de Néstor Hernando Vargas Useche debe prosperar, razón por la cual se casará el fallo recurrido y se declarará la nulidad de lo actuado a partir el auto de fecha enero 11 de 2006 por medio del cual el juzgado primero penal del circuito de Valledupar concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público contra la sentencia absolutoria dictada el 15 de noviembre de 2005(13); en su lugar, se declarará desierta dicha impugnación y se dejará en firme el fallo del a quo.

Igualmente, se decretará la libertad incondicional de Vargas Useche quien viene disfrutando materialmente de ella por virtud de lo dispuesto en la sentencia absolutoria de primera instancia y porque si bien el tribunal ordenó su “captura inmediata”, para lo cual también decidió oficiar a la Policía Judicial “que lo pondrá a disposición del juzgado primero penal del circuito de la ciudad”, la confrontación del expediente permite corroborar que dicha orden no fue cumplida.

Es del resorte del juez de primera instancia proceder a la cancelación de los compromisos adquiridos por el procesado en razón de este diligenciamiento.

Por último, se eleva un vigoroso llamado de atención a la secretaría del juzgado primero penal del circuito de Valledupar y al señor representante del ministerio ante el juez de conocimiento, para que en lo sucesivo atiendan, con mayor diligencia, los términos establecidos en la ley, evitando así que recaigan en situaciones como la aquí propiciada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia impugnada con fundamento en el cargo primero de la demanda presentada por el defensor de Néstor Hernando Vargas Useche.

2. DECRETAR, en consecuencia, la nulidad de todo lo actuado a partir del Auto de enero 11 de 2006, por medio del cual el juzgado primero penal del circuito de Valledupar concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público contra el fallo de primer grado.

3. DECLARAR, en su lugar, desierta dicha impugnación por haber sido sustentada extemporáneamente.

4. DEJAR en firme, como consecuencia de la decisión adoptada, la sentencia absolutoria de primer grado emitida por el juzgado primero penal del circuito de Valledupar el 15 de noviembre de 2005.

5. DISPONER la libertad incondicional de Néstor Hernando Vargas Useche, quien en la actualidad disfruta de ella materialmente.

6. PRECISAR que corresponde al juez de primera instancia proceder a la cancelación de los compromisos adquiridos por el procesado en razón de este diligenciamiento.

Contra este proveído no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(2) Conducta que, como se adujo en el auto de la Sala del pasado 19 de febrero por medio del cual se admitió el primer cargo del libelo casacional y se inadmitió el segundo, se encuentra prescrita, sólo que se abstuvo de así decretarlo en orden a dar prevalencia a la absolución, en correspondencia con la postura de la colegiatura.

(3) Fol. 240 del c.o.

(4) Ibídem.

(5) Fol. 24º vto. ibídem.

(6) Ibídem.

(7) Fol. 244 ibídem.

(8) Fol. 255 ibídem.

(9) Sentencia T-137 de 14 de marzo de 2007.

(10) Sentencia T-661 de junio 24 de 2005.

(11) Entre otros, en autos de 15 de noviembre de 2000; 21 de febrero, 3 de octubre y 1 de noviembre de 2007; 12 de marzo de 2008, 14 de octubre de 2009 y 16 de febrero de 2011; Radicados 17.384, 26.898, 28.332, 28.409, 29.325, 31.452 y 35.564, respectivamente.

(12) Proveídos anteriormente citados.

(13) Fol. 256 del c.o. 1.