Sentencia SP019-2018/49199 de enero 24 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP019-2018

Rad.: 49199

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Aprobado mediante Acta 16

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «La demanda

Con fundamento en la causal de revisión de que trata el numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, el defensor de C... M... Q... M... pide que se revisen las sentencias de instancia y se absuelva al nombrado de los cargos por los que fue condenado.

1. Señala que con posterioridad a la firmeza de los fallos censurados han aparecido dos pruebas nuevas que demuestran la inocencia de su mandante y su total ajenidad con los hechos investigados. Se refiere, en concreto, al dictamen pericial grafológico que corrobora que Q... M... nunca autorizó a su padre para vender la casa, es decir, que éste último lo hizo con un documento apócrifo, y al testimonio de H... A... O...

2.1. En lo que atañe a la primera prueba novedosa, esto es, el dictamen grafológico, el censor alega que su poderdante fue vinculado con los delitos investigados porque supuestamente otorgó poder a su padre, S... Q..., para vender la casa de su propiedad, no obstante estar embargada.

Con todo, luego de proferidos los fallos, se practicó la pericia que demostró que dicho poder nunca fue suscrito por C... M... Q... M..., es decir, que las firmas allí impresas son falsas.

En ese orden, es claro que “C... M... Q... no conocía ni hacía parte del plan ejecutado por su padre para defraudar a H... A... O..., o de lo contrario le habría firmado los documentos sin problema y Q... S... no habría tenido la necesidad de falsificarlos”(6).

2.2. En relación con lo segundo –el testimonio de H... A... Q...–, aduce que éste, en declaración juramentada rendida el 30 de julio de 2015, manifestó que el préstamo de $27.000.000 se lo hizo “directamente” a S... Q... S…, no a C... M... Q..., y aquél garantizó el cumplimiento de la obligación con la casa que, si bien estaba a nombre de su hijo, en realidad le pertenecía a él.

Esa prueba, dice el demandante, demuestra que “C... M... Q... M... no fue a quien H... A... O... le otorgó un crédito… (y)… que el inmueble que se utilizó como garantía hipotecaria del crédito no pertenecía a C... M... Q... a pesar de figurar en los documentos como propietario”(7).

Esa situación, a su vez, descarta que su mandante haya tenido alguna participación en la comisión del delito de estafa denunciado por J... O... G... S..., pues a aquél se le responsabiliza “exclusivamente por el hecho de ser el deudor de H... A... O...”(8).

3. A partir de las anteriores consideraciones, el demandante concluye que las pruebas novedosas “establecen la inocencia de C... M... Q... M...”(9), por lo cual se hace necesario revisar los fallos de instancia y absolver al nombrado.

(...)

Consideraciones de la Corte

Competencia

De acuerdo con el numeral 2º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, la Sala es competente para proferir la presente decisión, pues la acción de revisión fue promovida contra un fallo de segundo grado emitido por un Tribunal Superior de Distrito Judicial.

Sobre la causal de revisión invocada

El artículo 220, numeral 3º, de la Ley 600 de 2000, dispone que “la acción de revisión procede… cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad”.

En el desarrollo hermenéutico de esa causal de revisión, y particularmente en lo que atañe a la modalidad invocada en este caso, la Sala ha sostenido reiteradamente, y de tiempo atrás, que

El concepto de prueba nueva (…) hace relación a un medio probatorio no incorporado al proceso (…) cuyo surgimiento tuvo ocurrencia después de él, que da cuenta de un hecho desconocido, o de una variante sustancial de un hecho conocido en las instancias procesales, cuyo aporte conduce a concluir, en un grado de certeza, que se condenó a un inocente o como imputable a quien no lo era(14).

Dicho de otra forma, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte en la materia, la revisión de los fallos censurados a partir de la aparición de una o más pruebas novedosas procede cuando ésta o estas son conocidas “después de la sentencia que le pone fin al proceso”(15), pero además, siempre que dichos medios de conocimiento “tengan idoneidad probatoria, es decir que su fuerza persuasiva conduzca a establecer la inocencia o inimputabilidad del condenado”(16).

Desde esta óptica, entonces, se examinará la demanda presentada a nombre de C... M... Q... M...

El caso concreto

1. A efectos de decidir sobre las pretensiones del demandante, la Sala debe partir por precisar que, de acuerdo con los fallos atacados, S... Q... S... y C... M... Q... actuaron como coautores de los delitos investigados, contexto en el cual el ahora accionante fue condenado por los punibles de estafa y fraude procesal.

La primera instancia –recuérdese que Q... M... no recurrió la decisión condenatoria y, por ende, el fallo de segundo grado no se pronunció de fondo sobre su responsabilidad–, coligió que aquél actuó dolosamente en la realización de dichas conductas, pues según quedó demostrado, quería evitar el embargo de su propiedad, la cual había hipotecado para garantizar la deuda asumida con H... A... O... Prueba de ello, entendió el juez, es 16 que “otorgó poder a su consanguíneo para que llevara a cabo las transacciones”(17).

Ciertamente, entonces, son pilares fácticos de la condena proferida contra el ahora accionante, particularmente en lo que refiere a su participación dolosa en la actividad delictiva objeto de decisión, i) la existencia de una obligación pecuniaria para con A... O..., que Q... M... garantizó con una hipoteca sobre su inmueble, y ii) el poder que otorgó a su padre, S... Q... S..., para que éste enajenara la propiedad a efectos de evitar la ejecución de la garantía real constituida.

Esa anotación resulta relevante porque las pruebas invocadas en esta sede por el censor están orientadas precisamente a desvirtuar la convicción sobre esas dos circunstancias fácticas. A través del testimonio de H... A... O... pretende demostrar que fue S... Q... S... –no su hijo– quien asumió el pasivo y constituyó la hipoteca, mientras que con la prueba pericial grafológica busca acreditar que C... M... Q... nunca autorizó a su progenitor para vender el bien.

2. Hechas las precisiones que anteceden, la Corte anticipa que los medios de conocimiento invocados por el apoderado de Q... M... resultan insuficientes para suscitar la revisión de los fallos de instancia.

2.1. En lo que atañe al testimonio de H... A... O..., dígase, en primer lugar, que esa prueba no cumple con el requisito de ser novedosa, en tanto fue obtenida en desarrollo de la instrucción e incorporada a la actuación de manera legal y oportuna.

En efecto, el nombrado A... O... rindió declaración el 10 de octubre de 2005 ante la Fiscalía 134 Seccional de Bogotá(18), época desde la cual, entonces, se contaba con la misma en el expediente. Y si bien ese testimonio no fue reiterado en el juzgamiento, el mismo, en razón del principio de permanencia de la prueba que rige en el proceso penal de tendencia inquisitiva, conformó de todas maneras el acervo probatorio y gozaba de validez para fundamentar las sentencias de instancia(19).

Así las cosas, y contrario a lo aducido en la demanda, se trata de un medio suasorio cuya existencia no se ignoraba al momento en que se profirieron las decisiones atacadas, sino que era conocido por los acusados, sus defensores y los funcionarios judiciales, al punto que integraba el acervo probatorio acopiado.

Esa circunstancia, de entrada, lleva a concluir que la prueba testimonial aducida como fundamento de la demanda carece de las condiciones exigidas para provocar la revisión del fallo, pues como se precisó en precedencia, la normatividad aplicable requiere que se trate de un medio de conocimiento novedoso, o lo que es igual, ignorado para el momento de proferirse los fallos de instancia.

No está de más anotar que en la demanda de revisión se omite toda mención a la declaración rendida por A... O... durante la instrucción, y en los fallos de primera y segunda instancia no se hace ninguna alusión a esa prueba. Es por esas circunstancias que la Sala sólo pudo establecer que el medio suasorio referido no es novedoso con posterioridad a la admisión del libelo, una vez recibida la totalidad del expediente adelantado contra Q... M...

Pero más allá de lo anterior, y para abundar en consideraciones, la corporación encuentra que la declaración rendida por A... O... en el trámite de revisión carece de la entidad suasoria suficiente para poner en entredicho los fundamentos de las sentencias atacadas.

De una parte, porque lo dicho por el nombrado en esta sede contradice sustancialmente lo que dijo ante la Fiscalía en octubre de 2005, y en esas condiciones, resulta imposible otorgarle credibilidad en cuanto ahora pretende desvincular a C... M... Q... M... de los hechos objeto de condena.

En efecto, al rendir testimonio en el curso de la presente acción de revisión, H... A... O... adujo que le prestó $27.000.000 a S... Q... S..., quien garantizó el pasivo con una casa que estaba a nombre de su hijo, C… Q... M... Precisó que toda la negociación se hizo con el primero nombrado y que únicamente conoció al ahora demandante cuando se reunieron en una notaría para suscribir la escritura pública de constitución de la hipoteca(20).

Por su parte, ante la Fiscalía aseguró también con total claridad que “el 10 de abril de 2003 al señor C... M... Q... le prest(ó) la cantidad de veintisiete millones de pesos”(21), y que “todas estas transacciones fueron acompañadas y negociadas por el señor S... Q...”(22).

Nótese, pues, que las dos salidas procesales de A... O... impiden establecer de manera seria la ajenidad del ahora accionante con los hechos investigados, pues mientras inicialmente relató que aquél sí fue el tomador del crédito y que hizo las negociaciones “acompañado” por su padre, en la más reciente declaración quiso hacer ver que C... M... Q... M... no tuvo ninguna participación en la celebración del contrato de mutuo y la constitución de la garantía.

Además: al contrastarse lo dicho por H... A... O... en esta sede con el restante acervo probatorio, y particularmente con las aseveraciones efectuadas por el propio Q... M... en diligencia de indagatoria, la credibilidad de aquél medio de conocimiento queda aún más debilitada.

En efecto, nótese que el ahora demandante, al ser cuestionado sobre su relación con Á… O… en la diligencia de indagatoria, señaló:

Es una persona que nos otorgó un crédito… como en el 2003… él me prestó $27.000.000 y ahí fue donde lo conocí…(23).

En esa oportunidad, entonces, fue el mismo C... M... Q... M... quien admitió ser la persona que tomó el crédito, y ninguna participación en esa transacción le atribuyó a su padre, S... Q... También adveró en esa ocasión que la casa era “el único bien que…tenía”(24), con lo cual desmintió que ese predio en realidad perteneciera, como lo indicó A... O..., a su progenitor.

En ese orden, las afirmaciones del propio Q... M... refutan lo manifestado por H... Á... O... en la declaración que se invoca como fundamento de la acción de revisión, y a su vez, ratifican lo que este último sostuvo en el testimonio ofrecido ante la Fiscalía durante la instrucción en punto a la participación del ahora accionante en los hechos investigados.

Así las cosas, la Sala concluye que el testimonio de Á… O… no cumple con las condiciones legalmente exigidas para provocar la revisión de los fallos, porque además de carecer de la connotación de novedad, no tiene la trascendencia demostrativa suficiente para derruir los pilares fácticos y probatorios de las providencias cuestionadas.

2.2. En segundo lugar, la Corte encuentra que tampoco la pericia grafológica allegada en sustento de la pretensión revisionista –ésta sí novedosa– tiene la capacidad suasoria legalmente exigida para proferir una decisión favorable a las pretensiones del accionante.

En esa prueba pericial se consigna que las firmas atribuidas a C… Q... M... impuestas en la autorización de 3 de marzo de 2004, mediante la cual aquél supuestamente facultó a su padre para vender su casa, son falsas, es decir, no fueron elaboradas por el ahora accionante(25). Allí se concluye igualmente que las mismas, habrían sido confeccionadas por S... Q... S... Esa prueba pericial, según lo dictaminó el Instituto de Medicina Legal, se realizó con apego a “los requisitos técnicos de la especialidad forense”(26), y por ende, no merece para la Corte ningún reproche en su credibilidad.

En el trámite de la acción de revisión se dispuso solicitar a esa entidad forense que destacara a un experto para realizar un segundo estudio de autenticidad de la aludida autorización, el cual efectivamente se realizó y obtuvo idénticas conclusiones respecto de la falsedad de las firmas(27).

No obstante lo anterior, y a pesar de haberse demostrado en esa sede que no fue C... M... Q... M... quien firmó el poder con fundamento en el cual su padre enajenó la casa de su propiedad, la apreciación conjunta de las pruebas recaudadas –tanto en esta sede como en el desarrollo de la investigación–, no permiten concluir, en el grado de conocimiento exigido para declarar fundada la causal de revisión invocada, que aquél, en efecto, fue ajeno a la negociación fraudulenta del inmueble.

De una parte, véase que mediante experticia practicada en el trámite de esta acción extraordinaria se conoció que, no obstante ser espurias las rúbricas impuestas en la autorización, la huella dactilar que allí aparece sí pertenece a Q... M...(28).

Esa prueba apunta a demostrar, sin perjuicio de lo establecido probatoriamente respecto de las firmas, que el ahora accionante sí participó en la elaboración o confección del documento por medio del cual autorizó a su padre para vender el predio embargado, cuando menos mediante la imposición de su huella dactilar en el mismo.

De otra parte, el propio C... M... Q... M..., en su indagatoria, aseguró:

… yo le di poder autenticado al señor S... Q... S..., mi padre, para que en mi nombre realizara la gestión y movimientos de la casa…

Más adelante, durante la misma diligencia, dijo:

… pues yo tenía unas deudas… y entonces… le dije a ella (se refiere a F… J… L… Q…) que realizáramos una escritura de confianza para que ella quedara como propietaria del inmueble, era para que no me la embargaran… mi papá S... Q... … fue el que se encargó de realizar los trámites correspondientes…(29).

De lo exteriorizado por el ahora demandante se sigue, de un lado, que Q... M... sí confirió poder a su progenitor para enajenar en su nombre la propiedad, lo que explica que, no obstante ser espurias sus firmas y haber sido aparentemente elaboradas por su padre, su huella aparece en el documento de autorización. De otra parte, tales aseveraciones permiten concluir que, contrario a lo que se señala en la demanda, C... M... Q... estaba al tanto de las actuaciones de S... Q... S... y tomó parte en su realización, al punto que, según lo admitió, fue él quien propuso vender la casa –no obstante haber sido embargada desde octubre de 2003(30)–- y empoderó a su ascendiente para que actuara.

Es claro, en ese sentido, que la prueba novedosa carece del poder demostrativo suficiente para poner en duda las conclusiones a las que llegaron los falladores en cuanto a su participación en los hechos investigados y el dolo de su conducta.

3. Así las cosas, la Sala concluye que las pruebas presentadas por el apoderado de Q... M... como sustento de la pretensión de revisión, valoradas conjuntamente con los medios de conocimiento obrantes en el expediente y aquéllos cuya práctica se realizó en este trámite, no cumplen con las exigencias legalmente previstas para suscitar la revisión de los fallos de condena, pues a partir de ellas no queda demostrada la injusticia de las decisiones censuradas.

En consecuencia de lo anterior, no queda solución distinta que declarar infundada la causal de revisión impetrada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADA la causal de revisión invocada por el apoderado de C... M... Q... M..., de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Devuélvase el expediente al Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá.

Contra esta decisión no proceden recursos».

6 Folios 7 y 8, c. de la Corte.

7 Folio 8, c. de la Corte.

8 Folio 10, c. de la Corte.

9 Folio 13, c. de la Corte.

(...).

14 CSJ AP, 27 de marzo de 2000, Rad. 15.822. Reiterada recientemente en CSJ AP, 27 sep. 2017, Rad. 51118.

15 CSJ SP, 16 oct. 2013, Rad. 36689. Reiterada en CSJ AP, 31 ago. 2016, Rad. 47125.

16 Ibídem.

17 Folio 26, c. de la Corte.

18 Folio 70 y ss., c. 1.

19 CSJ AP, 31 mayo 2017, Rad. 49927; Sentencia C-591 de 2005.

20 Declaración de 22 de mayo de 2007, récord 5:00 y ss.

21 Folio 70, c. 1.

22 Ibídem.

23 Folio 262, c. 1.

24 Folio 261, c. 1.

25 Folios 14 y ss.

26 Folio 180, c. de la Corte.

27 Folios 165 y ss., c. de la Corte.

28 Folios 174 y ss., c. de la Corte.

29 Ibídem.

30 Folio 215, c. 1.