Sentencia SP046-2018/50956 de enero 31 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Rad. 50956

Aprobado acta Nº 25

Bogotá D.C., treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El artículo 29 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 6º, tanto del Código Penal como de la Ley 906 de 2004, consagra el principio de legalidad, de acuerdo con el cual, “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

Este postulado se concreta en (i) la legalidad de los delitos, pues a nadie se le puede juzgar por una conducta que previamente no se haya establecido como tal en el ordenamiento jurídico; (ii) el agotamiento del trámite respectivo debe estar previamente definido, así como el o los funcionarios encargados de adelantarlo; y, (iii) la pena correspondiente a la infracción ha de determinarse antes de la comisión del comportamiento, a efectos de que sea posible imponerla a quien resulte declarado responsable en el juicio respectivo(10).

Corresponde entonces determinar, tal como se anunció en el auto por cuyo medio se inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa del procesado, si al dosificarse en la sentencia la pena de multa se vulneró el principio de legalidad, pues ésta se fijó en el equivalente a 1.075 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con ese propósito, inicialmente resulta oportuno recordar que el artículo 246 del Código Penal, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en donde se describe y sanciona el delito de estafa por el que se procede en este caso, preceptúa lo siguiente:

El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de 66.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora, se observa que el juzgador de primer grado, al adelantar la tarea de dosificar la pena, al referirse al contenido de la norma que recogía la conducta punible por la que se declaró penalmente responsable al procesado, esto es, el artículo 246 del Estatuto Punitivo, se pronunció en los siguientes términos:

Así las cosas, entraremos a hacer la respectiva dosificación, teniendo en cuenta para ello la pena vigente para el momento de los hechos para el cargo de Estafa, esto es, de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de mil (1.000) a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como se observa, el juez a quo desconoció el principio de legalidad de la pena, por cuanto a pesar de que la sanción pecuniaria para el delito de estafa en realidad es de mínimo 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivocadamente indicó que era de 1.000 salarios de la misma naturaleza.

En esa medida, la determinación de la pena, en punto de la multa, partió de un monto contrario al previsto por el legislador, lo que llevó a imponerle equivocadamente a O... C... el pago de 1.075 salarios mínimos legales mensuales vigentes(11).

Ahora, para llegar a esa intensidad punitiva, el fallador de primera instancia, una vez siguió los derroteros del artículo 61 del Código Penal estableció, bajo el error anotado, que el primer cuarto(12) oscilaba entre 1.000 y 1.125 salarios mínimos legales mensuales vigentes(13), cuando en verdad va de 66.66 a 424.99(14) salarios de igual estirpe.

Así las cosas, impuso la pena de multa de 1.075 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a un incremento del 60%(15) de lo que era posible imponer.

Por tanto, tomando los guarismos correctos del primer cuarto, es decir, de 66.66 a 424.99 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa para el delito de estafa por el que se procede en este caso, el 60% de incremento, siguiendo el criterio del fallador de primer grado, pues el tribunal guardó silencio sobre el particular, conduce a que la pena pecuniaria que legalmente corresponde imponer es de 281.65(16) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como en efecto se hará.

Finalmente, conviene señalar que salvo lo aquí decidido, las demás determinaciones del fallo se mantienen incólumes.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado emitido el 25 de mayo de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga; en consecuencia, fijar la pena de multa en doscientos ochenta y uno punto sesenta y cinco (281.65) salarios mínimos legales mensuales vigentes al procesado J... E... O... C..., como autor responsable del delito de estafa, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

2. PRECISAR que en lo demás el fallo se mantiene incólume.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(10) CSJ SP, 4 jun. 2014, rad. 42737.

(11) “[…] por ello en aplicación al principio de necesidad de la pena y con el propósito de que ésta cumpla las funciones previstas en el artículo 4º del Código Penal, en cuanto a la prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección a J... E... O... C..., se le impondrá la pena de treinta y seis (36) meses de prisión y multa de mil setenta y cinco (1.075) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la comisión de los hechos…”. Fl. 507 C.O. 4.

(12) El cual eligió “atendiendo que concurre la circunstancia de menor punibilidad, como lo es la carencia de antecedente del acusado, y no se dedujeron circunstancias genéricas de agravación punitiva…”.

(13) En relación con la multa: cuarto mínimo de 1.000 a 1.125 s.m.l.m.v.; cuartos medios: de 1.125 a 1.250 s.m.l.m.v. y de 1250 a 1375 s.m.l.m.v.; cuarto máximo: de 1.375 a 1.500 s.m.l.m.v.

(14) Lo que resulta de tomar 1.500 s.m.l.m.v., que es la pena máxima y restarle 66.66, que es la sanción mínima, lo que arroja un ámbito punitivo de 1.433.34 s.m.l.m.v., el cual, al ser dividido en cuartos, nos permite arribar a la conclusión de que cada uno equivale a 358.33 s.m.l.m.v., así que el primer cuarto va de 66.66 a 424.99 s.m.l.m.v.

(15) Esto surge de tener en cuenta que como el fallador a quo fijó la pena en 1.075 s.m.l.m.v., pues el primer cuarto que erróneamente dedujo fue de 1.000 a 1.125 s.m.l.m.v., por tanto, la diferencia entre estas dos cifras es de 125 y como se tomaron 75 de estos 125 para aumentar la pena, entonces, el incremento porcentual fue del 60%.

(16) Esta pena resulta de tener en cuenta que el primer cuarto de la pena de multa que legalmente corresponde va de 66.66 a 424.99 s.m.l.m.v., lo que quiere decir que el margen de movilidad dentro de ese primer cuarto es de 358.33 s.m.l.m.v., así que el 60% de este monto es 214.99, por tanto, al sumarlo a 66.66, que es la pena mínima, arroja 281.65 s.m.l.m.v.