Sentencia SP10300-2014/43757 de agosto 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

SP10300-2014

Rad.: 43757

(Aprobado acta 254)

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. De acuerdo con lo puntualizado en el citado auto de 25 de junio, en este asunto los juzgadores, al establecer las consecuencias de la declaratoria de responsabilidad por los delitos contemplados en las sentencias, impusieron la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio de la ingeniería civil y sus profesiones auxiliares por el mismo término que la principal de prisión, aflicción inconsistente con los hechos materia de condena y transgresora del principio de legalidad al no ajustarse a los tipos penales imputados y juzgados.

2. El principio de legalidad de las penas es una garantía fundamental que constituye un baremo al poder sancionatorio del Estado, en la medida en que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa”(5).

El juicio de reproche en este asunto, se contrajo a la falsedad en que incurrió Fernán Alejandro Jiménez Castaño para acreditar la profesión de ingeniería civil. La disonancia entre la realidad y los documentos apócrifos que aportó con esa finalidad, se catalogó en distintos tipos penales y dio lugar a pena de prisión en las condiciones previstas por el legislador. Por tanto, si la presentación de un rol con el que no contaba explicó esa sanción, no hay cabida a que se le inhabilite para su ejercicio. En otras palabras, no se le puede limitar al sentenciado la calidad de ingeniero porque no la tiene.

3. La imposición de las penas accesorias obedece a su vínculo directo con la realización del delito y en general suspenden la facultad de ejercer determinadas actividades lícitas. Solo la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, en aquellos casos que no haya sido prevista como principal, es la única pena accesoria que en todos los casos resulta inescindible a la prisión. Así, las demás penas privativas de otras prerrogativas, únicamente devienen si el injusto aconteció por su abuso, si facilitaron su comisión o “cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena”(6).

En el caso bajo estudio, la “cercanía con el sector”, la “expectativa riesgosa de continuación de la actividad ilegal aun estando la persona en prisión” y el cuestionamiento hacia los profesionales de esa área”(7), son motivos insuficientes para dar por sentado que la pena accesoria se compadece con sus fines al tratarse en la práctica de una sanción inocua por carecer de efectos jurídicos, y el fin de la prevención general y especial por el efecto disuasivo al que aluden los fallos se satisface con la prisión que, por sí misma, subsume el desvalor de acción causado por la defraudación de la expectativa social y retribuye las consecuencias que la suplantación causó en la colectividad.

4. Por lo anterior la Corte, en cumplimiento de los fines de la casación, procederá conforme a lo establecido en los artículos 180 y 184, inciso 3º, de la Ley 906 de 2004, y oficiosamente, para hacer efectivo el derecho material, preservar las garantías de los intervinientes y reparar los agravios inferidos a éstos, casará de modo parcial la sentencia con el fin de retirar la pena accesoria.

5. Por último, se precisa que la decisión del ad quem en los demás aspectos que no fueron objeto de modificación, permanecen incólumes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE DE OFICIO la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira —Sala Penal— el 6 de marzo de 2014.

2. En consecuencia, RETIRAR la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio de la ingeniería civil y sus profesiones auxiliaresimpuesta a Fernán Alejandro Jiménez Castaño.

3. PRECISAR que la decisión del ad quem se mantiene incólume en todo lo demás que no fue objeto de modificación.

Contra la presente decisión no procede ningún recurso

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) Constitución Nacional, artículo 29 y Código Penal, artículo 6º.

(6) Código Penal, artículo 52.

(7) Cfr. Folio 22 sentencia de primera instancia /Folio 122 c.a.