Sentencia SP10407 julio 27 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP10407-2016

Radicación N° 41466

Aprobado Acta Nº 224

Eugenio Fernández Carlier

Magistrado Ponente:

Bogotá D.C., veintisiete de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

7. La Corte, tras la revisión de los fundamentos de los cargos propuestos en la demanda, en contraste con el devenir procesal, específicamente con las actuaciones denunciadas por el censor como irregulares, encuentra que las mismas no tienen la trascendencia para propiciar la invalidación de lo actuado, toda vez que según la codificación procesal que gobernó este asunto, la asistencia a la audiencia pública de juzgamiento del procesado en libertad no es requisito estructural del debido proceso, y en el caso concreto la garantía de defensa material del acusado tampoco se vio comprometida por las informalidades cometidas en los actos de citación al debate oral.

8. No cabe duda que los actos de notificación previstos en el ordenamiento adjetivo, en este evento en la Ley 600 de 2000 (artículo 176 -184), son expresión del debido proceso en tanto permiten a los sujetos procesales conocer las decisiones emitidas sobre aspectos sustanciales de su interés o aquellas mediante las cuales se impulsa la actuación al siguiente paso o trámite, todo en aras de garantizarles, entre otros, los derechos de defensa y contradicción.

La Corte constitucional ha puntualizado en el mismo sentido que los actos de notificación cumplen “dentro de cualquier proceso judicial un doble propósito: de un lado, garantiza el debido proceso permitiendo la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción, y de otro, asegura[r] los principios superiores de celeridad y eficacia de la función judicial al establecer el momento en que empiezan a correr los términos procesales”, y que como la “notificación dentro del proceso penal, por ser un acto mediante el cual se pretende garantizar de manera especial el debido proceso dados los intereses que están en juego, es un acto reglado, es decir sujeto al principio de legalidad de las formas”(5).

En reciente pronunciamiento esta Sala acerca de las formas de hacer las notificaciones preciso lo siguiente:

Como lo enseña el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal de 2000, las notificaciones pueden ser personal, por estado, por edicto, por conducta concluyente y en estrados.

El artículo 178 ibídem dispone que se notificará personalmente (i) al sindicado que se encuentre privado de la libertad; (ii) al Fiscal General de la Nación o su delegado cuando actúen como sujetos procesales, y, (iii) al Ministerio Público. Al sindicado no privado de la libertad y los demás sujetos procesales se notificarán personalmente «si se presentaren en la secretaría dentro de los tres (3) días siguientes al de la fecha de la providencia, pasado ese término se notificará por estado a los sujetos procesales que no fueron enterados personalmente.»

Por tanto, ha de tenerse en cuenta el mandato del legislador, en cuanto impone la obligación de notificar personalmente al sindicado que se encuentre privado de la libertad, al Fiscal General de la Nación o su delegado cuando actúen como sujetos procesales y al Ministerio Público, creando una diferencia entre la forma de enteramiento a estos sujetos, frente a los demás que intervienen en el proceso penal.

Así, el abogado defensor, el sindicado que se encuentre en libertad y los apoderados de la parte civil, se notificarán personalmente sólo si se presentan en la secretaría dentro de los tres (3) días siguientes al de la fecha de la providencia, vencidos los cuales se les enterará a través de la notificación supletoria –estado o edicto- según corresponda a un auto o sentencia, respectivamente.

(...).

Con el fin de materializar el principio de publicidad de la función jurisdiccional consagrado en el artículo 228 superior, elemento básico del debido proceso previsto en el artículo 29 ibídem, la misma norma prevé que la notificación personal se hará por secretaría permitiendo al receptor la lectura de la totalidad de la decisión, para lo cual es necesario establecer los medios a los que se podrá acudir, así como la oportunidad para realizar las citaciones, con miras a verificar esta clase de notificación por excelencia.

Así, el artículo 151 del código procesal penal de 2000 dispone que las citaciones se realizarán «por los medios y en la forma que el servidor judicial considere eficaces, indicando la fecha y hora en que se debe concurrir. En forma sucinta se consignarán las razones o motivos de la citación con la advertencia de las sanciones previstas en caso de desobediencia y dejando expresa constancia en el expediente.»

Lo anterior significa, que el servidor judicial recurrirá a cualquier medio que considere eficaz para alcanzar el cumplimiento de la notificación personal de los sujetos procesales indicados por el inciso 1 del artículo 178 de la norma en cita. No sucede lo mismo con los restantes intervinientes, respecto de quienes se intentará la notificación personal, pero de no ser posible dentro del término legal (3 días), se les enterará a través de las notificaciones supletorias, estado o edicto, según corresponda(6).

Ahora bien, entre las providencias de sustanciación que impulsan el devenir procesal y que por mandato legal deben notificarse está prevista “la que señala día y hora para la celebración de la audiencia pública” (art. 176), decisión cuyo acto de enteramiento, según se indicó atrás, forzosamente ha de cumplirse en forma personal “al sindicado que se encuentre privado de la libertad”, al Fiscal General de la Nación (o sus respectivos delegados), y al Agente del Ministerio Público, mientras que a los demás sujetos procesales, entre ellos el “sindicado que no se encuentre detenido”, la notificación se hará en forma personal sólo si se presentan en la secretaría del despacho dentro de los tres días siguientes a la fecha de la providencia.

Cumplido el término atrás señalado, la notificación a los sujetos procesales últimamente aludidos se hará mediante notificación “por estado” con sujeción al rito descrito en el artículo 179 de la Ley 600 de 2000.

Para tal efecto la norma dispone que “a más tardar el día siguiente hábil a la fecha de la providencia que deba ser notificada” se librará citación “mediante telegrama” o “por el medio más eficaz” dirigida “a la dirección que aparezca registrada en el expediente” del respectivo sujeto procesal, y “tres (3) días después, contados a partir de la fecha en que se haya realizado” esa diligencia, el pronunciamiento se anotara en “el estado” por el término de un día.

9. En el presente asunto, en la sesión de la audiencia preparatoria de 30 de septiembre de 2009, a la que asistió el abogado de confianza del acusado, y en la cual fue resuelta de manera adversa la nulidad propuesta por éste, el juez fijó como fecha para el debate oral y público el 28 de octubre siguiente, calenda en la que, ante la ausencia de solicitudes probatorias de la Fiscalía y del representante judicial del procesado, debería llevarse a cabo la exposición de los alegatos conclusivos de los sujetos procesales(7).

Llegado el día en cuestión no concurrieron el procesado ni su defensor de confianza, y en el acta de la instalación de la audiencia, se dejó constancia que tras esperar veinte minutos “se suspende la diligencia” para continuarla “el próximo 26 de enero de 2010 a las 8:00 a.m.”, y se ordenó requerir a la asistencia técnica del acusado para que justificara su inasistencia so pena de compulsarle copias disciplinarias, determinaciones que el a-quo dio por “NOTIFICADAS EN ESTRADOS” a las partes(8).

En el anterior aspecto se concentra la pretensión de nulidad del segundo cargo subsidiario de nulidad (presentado como primero en esta providencia) propuesto por el demandante(9), sobre la base de que esa forma de notificación no era procedente “para el defensor y el procesado, puesto que no asistieron”.

No le asiste la razón al demandante.

La notificación “En estrados” está prevista en el artículo 182 de la Ley 600 de 2000, en los siguientes términos: “Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias se considerarán notificadas el día en que se celebren aunque no hayan concurrido los sujetos procesales, siempre que se hayan respetado las garantías fundamentales” (subrayado ajeno al texto).

El respeto a las garantías al que alude la norma consiste en que a los sujetos procesales se les haya brindado la oportunidad, a través de los mecanismos legales, de conocer la realización de la diligencia en la que se adoptó el pronunciamiento, con el fin de que hubiesen podido concurrir al acto para preservar sus intereses.

9.1. Tal y como se destacó al inicio de este apartado, en relación con el defensor de confianza del acusado, éste se enteró en forma personal, el 30 de septiembre de 2009, en la segunda sesión de la audiencia preparatoria, de la realización del juicio oral el 28 de octubre siguiente, de suerte que su inasistencia en esta última fecha no lo excusaba de los efectos vinculantes frente a las decisiones que se tomaran en tal oportunidad, con sujeción al artículo 182 de la Ley 600 de 2000.

Además, para el defensor de confianza del acusado tampoco pasó inadvertido el señalamiento de la reanudación del debate público el 26 de enero de 2010 (fecha fijada el 28 de octubre de 2009), por cuanto ese sujeto procesal el 30 de noviembre de 2009 presentó escrito excusándose de su inasistencia en la oportunidad anterior con el fin de “dar cumplimiento a lo ordenado en la audiencia fallida”(10) y así evitar la compulsa de copias anunciada, de donde se colige que respecto de aquél también operó la forma de notificación legal llamada “Por conducta concluyente” (Ley 600 de 2000, artículo 181)(11).

9.2. En cuanto al procesado la situación es semejante en cuanto a la garantía de publicidad de las decisiones judiciales.

En efecto, impera destacar que el procesado fue vinculado mediante indagatoria y con ocasión del mismo estuvo privado de la libertad un considerable lapso en la fase instructiva, de donde se infiere que conoció de la existencia de los hechos que motivaron esta actuación y la connotación jurídica de los mismos, frente a lo cual tuvo también oportunidad cierta y real de ejercer materialmente su derecho a la defensa, en tanto que para la asistencia técnica de esa prerrogativa siempre estuvo asistido por un profesional del derecho designado por él, esto es, por un abogado de confianza (excepto en la indagatoria donde actuó uno de oficio).

El referido letrado, es imperioso destacarlo, desplegó una activa, vigilante, permanente y constante gestión, pues elevó diversas peticiones, solicitó e intervino en la práctica de algunas pruebas, se notificó e impugnó decisiones adversas a su prohijado, presentó alegatos de conclusión, deprecó nulidades en el juicio, asistió a las audiencias de juzgamiento, y apeló la sentencia de primera instancia(12).

Ahora bien, como se señaló párrafos atrás, para el procesado en libertad la obligación del aparato judicial estatal de comunicar las pertinentes decisiones, en el evento de que no se adopten dentro de los términos de ley(13), se satisface, mediante citación enviada a la dirección registrada en el expediente, para luego, en el evento de inasistencia proceder a la notificación supletoria correspondiente (por estado o por edicto).

Pues bien, en la diligencia de indagatoria y cuando le fue concedida la libertad provisional, en la respectiva diligencia de compromiso, el aquí procesado no indicó un domicilio concreto (a lo largo de la actuación su defensor de confianza tampoco suplió ese vacío), sino que se limitó a señalar que residía en el “Barrio San Gregorio” de Orocué (Casanare)(14), mismo lugar indicado por su compañera permanente y una de sus hijas cuando rindieron testimonio en esta actuación(15).

Varios años después de que recobró su libertad (el 5 de diciembre de 2003), para notificarle el cierre de la investigación de 27 de junio de 2007 (decisión comunicada personalmente al defensor de confianza en la misma fecha), al día siguiente el Fiscal de Puerto López (Meta) que adelantaba la investigación, envío al procesado un aerograma a la “Carrera (…), Barrio San Gregorio, Orocué – Casanare”, citación que aquél en efecto atendió, pues concurrió el 1 de agosto siguiente y en forma personal le fue notificada la providencia en cuestión(16).

No obstante, para enterarlo de la calificación del mérito del sumario (comunicada en forma personal al abogado de confianza), aun cuando al acusado le fue enviado un oficio citatorio a la dirección atrás referida, aquél no compareció y el pronunciamiento le fue notificado por anotación en estado(17).

En la etapa de juzgamiento, para enterar al acusado la fecha de la audiencia preparatoria, fijada mediante auto de sustanciación de16 de junio de 2009, le fue remitido un oficio al mismo lugar ya indicado, citación que el procesado desatendió y esa diligencia se adelantó con la intervención del abogado de confianza de aquél, en dos sesiones, en la última de las cuales (de 30 de septiembre de 2009), se fijó la fecha para el debate oral y público (el 28 de octubre siguiente), decisión notificada en estrados a quienes concurrieron a tal actuación procesal, lo mismo que a quienes no lo hicieron a pesar de haber sido debidamente enterados, esto es, al procesado en libertad, con sujeción a lo normado en el artículo 182 de la Ley 600 de 2000(18).

Igual razonamiento hay que hacer frente a la notificación en estrados en la diligencia del 28 de octubre de 2009, de la fecha para la continuación del juicio el 26 de enero de 2010.

De lo anterior se sigue que la nulidad deprecada por indebida notificación del acusado de la fecha del juicio público tampoco está llamada a prosperar, pues, como vine de verse, a éste se le comunicó oportunamente a la dirección registrada la celebración de la audiencia preparatoria, y en ausencia de una constancia relacionada con la devolución de la citación o del no envío de la misma, lo que se infiere es la decisión voluntaria del procesado en libertad de no ejercer materialmente su derecho a la defensa, y de dejar esa garantía librada al buen criterio de su defensor de confianza, profesional que en esa fase (o en la instructiva) nunca informó de algún yerro en la dirección a la que fueron enviadas las citaciones a su representado, además aquél para el juicio no solicitó la ampliación de indagatoria de éste, ni la práctica de algún otro medio de prueba.

10. Respecto del tercer cargo por vía de nulidad (presentado como segundo en esta providencia), la inconformidad del demandante está sustentada en que la notificación del auto de 25 de mayo de 2011, mediante el cual se fijó el 4 de agosto siguiente como fecha para repetir la invalidada audiencia de juzgamiento cumplida el 26 de enero de 2010(19), fue irregular pues el a-quo para tales efectos libró un oficio del que “no hay constancia de su envío ni de haber sido recibido” por el procesado, además que tal citación fue remitida a “ÁGE” y no al nombre correcto de su defendido(20).

Frente a lo anterior impera destacar que el referido auto de 25 de mayo de 2011 fue notificado en forma personal al abogado de confianza del encausado, y a éste último se envió citación a la dirección de siempre para notificarlo de lo allí decidido, pero, es cierto, con un nombre equivocado, a lo que se suma que el a-quo tampoco notificó por anotación en estado el respectivo pronunciamiento(21).

No obstante lo anterior, la objetividad de la irregularidad denunciada por el memorialista carece de la trascendencia para propiciar la nulidad de lo actuado a partir del señalado hito procesal.

En efecto, atendiendo el objeto de la diligencia cuya realización se pretendía enterar al acusado, es decir, la repetición de la audiencia de 26 de enero de 2010 que se circunscribió —debido a la ausencia de solicitudes probatorias por parte de la Fiscalía y la defensa (y al no ordenarse alguna de oficio)— a la exposición de los alegatos de cierre del representante del ente acusador y del abogado de confianza del procesado, es palmario que la inasistencia de éste no vulnera el debido proceso ni atenta contra su derecho de defensa material.

Ahora bien, ha de recordar la Sala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 408 de la Ley 600 de 2000, si la presencia del acusado privado de la libertad es apenas “necesaria” en la audiencia de juzgamiento, por contrario, la de aquél que está en libertad, que tiene conocimiento directo, real e inequívoco del trámite que se adelanta, y pese ello ha dado evidentes muestras de no estar interesado en concurrir a los diferentes actos del juzgamiento, no es indispensable como requisito condición de la validez de ese segmento, tal y como en reiterados pronunciamientos lo ha precisado ésta Corporación(22).

Y ello es así porque el derecho a la defensa en su arista material es en esencia renunciable, es decir que el titular de esa garantía puede disponer libremente, como a bien tenga, la forma de ejercerla, una vez el Estado ha garantizado la oportunidad de ponerla en práctica.

En el presente asunto, debe insistirse, el acusado fue vinculado mediante indagatoria y allí expresó las justificaciones que creyó convenientes frente a los hechos atribuidos; tras esa diligencia, delegó la representación de sus intereses en un abogado de confianza, y aun cuando no registró una dirección concreta, una vez se le concedió libertad, al sitio que dejó reportado como de su domicilio le fueron enviadas citaciones para enterarlo de las decisiones adoptadas en la actuación penal que se le seguía, incluso atendió uno de esos comunicados (para la notificación del cierre de la investigación).

Con posterioridad, en la instrucción y en el juicio, al encausado siguieron enviándose comunicaciones al mismo lugar, las cuales no atendió, sin que su defensor de confianza hubiese expresado en momento alguno, que tales citaciones estaban siendo remitidas a una dirección equivocada o que las mismas no las venía recibiendo su cliente, ni siquiera en el caso de la última que se libró al aludido sitio, pero con otro nombre (aun cuando sí con los mismos apellidos).

El defensor de confianza del acusado, aun cuando desplegó una activa participación durante todo el trámite, no consideró necesaria la realización de pruebas en el juicio, ni si quiera consideró necesaria la presencia de su prohijado para ampliar indagatoria, luego, ante esa objetividad es evidente que la irregular notificación del auto de 25 de mayo de 2011, no tiene la entidad para propiciar la invalidación de lo actuado, como lo reclama el demandante, razón por la cual el cargo será también desestimado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

NO CASAR, debido a la ausencia de prosperidad de los cargos estudiados, la sentencia de 14 de septiembre de 2012 emitida en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio (Meta), mediante la cual fue confirmada la que en primera instancia condenó a MAGE como autor del delito de acceso carnal violento.

Contra esta providencia, no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase»..

1 Cuaderno principal # 1, folios 2-5, 54, 55, 257 y 258.

2 Ídem, folios 6, 7, 26, 27, 35-37, 63, 64, 75, 76, 85-92, 213-219, 267 y 273-279. Cuaderno de la Fiscalía 2ª Inst., folios 3-13.

3 Cuaderno principal # 1, folios 297, 303, 306-313, 315-318, 321, 324-329, 331, 333, 335-344 y 345-363.

4 Cuaderno del Tribunal, folios 7-26, 31-33, 40, 41, 44, y 48-110.

5 Cfr. CC. SC-648-01.

6 Cfr. AP1563-2016, 16 mar. 2016, rad. 46628.

7 Cuaderno principal # 1, folios 315-318.

8 Cuaderno principal # 1, folio 321.

9 Cuaderno del Tribunal, folios 79-83.

10 Cuaderno principal # 1, folios 322 y 323.

11 “Cuando se hubiere omitido la notificación, o se hubiere hecho en forma irregular, se entenderá cumplida si la persona hubiere actuado en la diligencia o en el trámite a que se refiere la decisión o interpuesto recurso contra ella o de cualquier forma la mencione en escrito, audiencia o diligencia que obre en el expediente. Se considerará notificada personalmente dicha providencia en la fecha de la presentación del escrito o de la realización de la diligencia”.

12 Cuaderno principal # 1, folios 75, 76, 103-105, 113, 114, 153, 168, 175, 177, 185-187, 199-201, 212, 242, 265, 266, 267vto, 271-275, 277, 278, 285vto, 288, 290-292, 301, 313, 318, 322, 329, 333vto, 344 y 363vto.Cuaderno principal # 2, folios 6-16.

13 Las citaciones se librarán por la secretaría cuando la decisión ha sido proferida por fuera del término legal. Sobre el tema, consúltese, entre otras decisiones, CSJ. AP 31 mar. 2004. Radicado 20594.

14 Cuaderno principal # 1, folios 75, 76, 236 y 237.

15 Cuaderno principal # 1, folios 173-177.

16 Cuaderno principal # 1, folios 267, 267vto y 269.

17 Cuaderno principal # 1, folios 285vto y 287.

18 Notificación en estrados “Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias se considerarán notificadas el día en que se celebren aunque no hayan concurrido los sujetos procesales, siempre que se hayan respetado las garantías fundamentales”.

19 Tal invalidación la ordenó el Juez de Primera Instancia, acatando lo dispuesto por el Tribunal en auto de 27 de abril de 2011, en el sentido de dar traslado de ley a los dictámenes sexológicos practicados a la víctima desde la fase instructiva, no obstante que tales pruebas técnicas materialmente fueron conocidas por los sujetos procesales durante toda la actuación, y aun cuando carecieron del formalismo echado de menos, según reiterado criterio de esta Corporación, en eventos semejantes, esa omisión no constituye irregularidad sustancial (Cfr. AP5191-2015, 9 sep. 2015, rad. Nº 45609 y AP 30 may 2012, rad. Nº 38243). Cuaderno principal # 1, folios 15, 21 y 331. Cuaderno del Tribunal # 1, folios 4-8.

20 Cuaderno del Tribunal # 2, folios 83 y 84.

21 Cuaderno principal # 1, folios 333vto y 334.

22 Cfr. AP 8 oct. 2002, rad. Nº 19926; AP 25 feb. 2004, rad. Nº 21619; AP 15 jun. 2005, rad. Nº 22571; SP 8 oct. 2003, rad. Nº 18225: SP 8 jul. 2004, rad. Nº 15001; SP 16 mar. 2005, rad. Nº 21446; SP 19 nov. 2006, rad. Nº 22354, y SP 30 ene. 2008, rad. Nº 28777.