Sentencia SP10698-2014 de agosto 13 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 38438

SP10698-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado acta 261.

Bogotá, D.C., trece de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 235-4 de la Constitución Política y 75-6 de la Ley 600 de 2000, la Corte es competente para emitir el pronunciamiento de fondo pertinente, toda vez que el procesado William Hernán Pérez Espinel, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos, en situación concursal heterogénea, cuando desempeñaba el cargo de gobernador del departamento de Casanare.

2. Problema jurídico.

Es menester tener en cuenta que en términos del artículo 232 del estatuto procesal penal (L. 600/2000), toda providencia debe sustentarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación y, concretamente, para dictar sentencia condenatoria, a la luz del inciso 2º Ibídem, es necesario llegar tanto a la certeza sobre la existencia o materialidad de la conducta punible objeto de investigación, así como de la responsabilidad del acusado en su comisión; exigencias que comportan, desde luego, la eliminación de toda duda racional. Para tal efecto, se impone apreciar los medios de prueba en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, según lo establece el artículo 238 del citado ordenamiento.

En este contexto corresponde a la Sala de Casación Penal de esta corporación determinar si de la facticidad objeto de la presente investigación, de cara a las acreditaciones del plenario y a las exigencias típicas de las conductas que le vienen endilgadas al procesado en pliego de cargos, se acredita o no su existencia; y si el exgobernador de Casanare, William Hernán Pérez Espinel, debe ser declarado penalmente responsable por los mismos. Las resultas de tal examen, posibilitarán adoptar la decisión correspondiente en cuanto a su condena o absolución.

3. Del delito de concusión.

3.1. Tipo objetivo.

El artículo 404 de la Ley 599 de 2004, describe la conducta típica de concusión, de la siguiente manera:

“El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en...”.

Respecto a los elementos que configuran el tipo penal de concusión, ha dicho la Corte en fallo CSJ SP 18 Jul. 2007 Rad. 24329:

El delito de concusión explica su contenido material en la protección penal que ofrece al bien jurídico de la administración pública y con miras a cumplir con ese propósito se caracteriza con los siguientes elementos:

1. Un sujeto activo calificado que debe ser servidor público;

2. Un verbo cifrado en el “abuso” del cargo o de la función;

3. La ejecución de alguna de las siguientes acciones: constreñir, inducir o solicitar;

4. La finalidad por conseguir que alguien de o prometa dinero o alguna utilidad indebidos al mismo servidor o a un tercero;

5. La existencia de relación entre la acción de abuso de la condición o de la función por parte del servidor y el empeño por obtener una prestación que no debe quien es sujeto de la intimidación.

En ese orden de ideas, para la comisión del delito se impone inefable la condición de servidor público aunada a la circunstancia de infundir agobio o temor en el destinatario del requerimiento indebido, por quien se prevalece de la condición pública que ostenta —abuso del cargo— o del desvío de poder en que incurre al rebasar su ámbito funcional —abuso de la función— para pretender finalidades indebidas.

Ese delineamiento de los alcances del tipo penal pone de presente que su origen y fundamento tiende a evitar que los servidores públicos incurran en ese género de conductas, que colocan en entredicho la confianza, el equilibrio, la honradez y probidad de la administración pública. Es por lo tanto, en el contexto del contenido material del injusto que deben examinarse sus efectos y esbozarse las elaboraciones dogmáticas que cada uno de sus elementos demanda.

En base a lo anterior, corresponde establecer si se conjuga el elemento de la certeza respecto de la existencia de la conducta que se imputó al doctor William Hernán Pérez Espinel, en su condición de gobernador del departamento de Casanare, frente a los diversos elementos que estructuran la conducta punible, por el supuesto constreñimiento, inducción o solicitud de dinero que este le hiciera al señor Jorge Luis Baracaldo Vergara.

3.1.1. De la calidad de servidor público.

Está clara la calidad de servidor público que ostentaba para la fecha de los hechos el investigado, en su condición de gobernador del departamento de Casanare, lo cual se corroboró mediante el certificado de la dirección de talento humano de esa gobernación, donde se indica que el doctor William Hernán Pérez Espinel laboró en tal calidad, en el período comprendido entre el 1º de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2003(18).

Aun cuando, como se ha precisado jurisprudencialmente, el tipo penal endilgado al procesado no requiere que el sujeto activo ostente realmente la competencia de la cual se vale para realizar constricción, inducción o solicitud indebida(19), es claro que el doctor William Hernán Pérez Espinel contaba con tal aspecto funcional para intervenir en la tramitación, celebración y liquidación del contrato referido y, por lo tanto, tenía la posibilidad de efectuar las solicitudes denunciadas por el ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara, con la finalidad de obtener un provecho indebido, como contraprestación por su adjudicación.

3.1.2. Del abuso del cargo o de la función y del acto de constreñir, inducir o solicitar.

Para cometer el delito de concusión no basta con que se posea la anotada calidad de servidor público, sino que es necesario, además, el abuso de esa condición, que puede estar, a su vez, referido al cargo o a la función. A este respecto, señaló la Sala, en providencia CSJ SP, 3 Jun 2009, Rad. 29769:

Como lo viene enseñando la jurisprudencia de la Sala, se abusa del cargo o de la función pública cuando el servidor, al margen de las normas constitucionales y legales a las cuales debe obediencia, es decir aquellas que organizan y diseñan estructural y funcionalmente la administración pública, constriñe, induce o solicita a alguien dar o prometer alguna cosa. El delito se consuma simplemente al ejecutarse cualesquiera de estas acciones en provecho del servidor o de un tercero, independientemente de que la dádiva o la utilidad hayan ingresado o no al ámbito de disponibilidad del actor.

Tal conclusión se desprende no solo del alcance y significación de los verbos rectores empleados por el legislador, sino igualmente del hecho que la administración pública, que es el bien jurídicamente tutelado, se ve transgredida con el acto mismo del constreñimiento, de la inducción, o de la solicitud indebidos, en cuanto cualquiera de ellas rompe con la normatividad que la organiza y estructura, derrumbándola y generando la sensación o certeza de deslealtad, improbidad y ausencia de transparencia dentro de los coasociados(20) (resaltado fuera de texto original).

Resulta menester, entonces, realizar un estudio basado en las pruebas recaudadas en el decurso procesal a fin de establecer si el acusado constriñó, indujo o solicitó del denunciante el dinero referido en la resolución de acusación. En relación con estas conductas y la manera como se configura este acto punible, en auto CSJ AP 12 Feb. 2002 Rad. 18798, determinó la Corte:

Ahora, si constreñir es obligar, compeler o forzar a alguien para que haga algo; si inducir es instigar o persuadir por diferentes medios a que alguien realice determinada acción, y si solicitar es pretender, pedir o procurar obtener alguna cosa, según las acepciones del Diccionario de la Lengua Española, al transpolarlas al uso lingüístico que les da el tipo penal, se infiere de manera necesaria que se agota la ejecución de la correspondiente acción en el preciso momento en que el servidor público obliga, compele, fuerza, instiga, persuade, pretende, pide o procura que alguien le dé o le prometa dinero o cualquier utilidad indebida.

Las inflexiones verbales incorporadas en la ley para configurar el delito de concusión, llevan a deducir que no es necesario para consumarlo el que se obtenga el producto de la abusiva exigencia, pues de esa forma se anticipa el ámbito de protección del bien jurídico al instante en que se hace manifiesto el abuso del poder que emana del cargo o de la función, por tratarse de un tipo penal de mera conducta o, mejor expresado de ejecución instantánea cuando se despliega cualquiera de esos comportamientos.

Como punto de partida, la Sala determinará cuales hechos están realmente probados y si de estos puede concluirse que los acontecimientos denunciados efectivamente ocurrieron, tal y como lo sostiene la Fiscalía General de la Nación en su escrito de acusación.

Pues bien, adentrándose la Sala en esta labor, debe señalar que, en efecto, se advierte que el aforado, en claro abuso de sus funciones como gobernador del departamento de Casanare, concitó al posible contratista Jorge Luis Baracaldo Vergara a entregar una prestación económica a favor de un tercero, en este caso el señor Tirso Vega Ramírez, a través de los señores Pramacio Gualteros Ríos, Alberto Hernández Riveros y José Heliodoro Botello Pacheco, bajo la promesa de la adjudicación del contrato de obra 0970-02, consistente en la “Electrificación Rural de las Veredas Santa Hercilia y Cabuyaro”, jurisdicción del municipio de San Luis de Palenque (Casanare)(21), inicialmente a título de “préstamo”, y posteriormente, como un porcentaje que se exigía sobre el valor que se le pagaría por parte de la administración departamental en contraprestación de la ejecución de lo contratado.

Probado está que para la fecha en que se realizaron las primeras entregas de dinero por parte del ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara a los Concejales del municipio de San Luis de Palenque (Casanare), esto es, el mes de septiembre del año dos mil dos (2002), el señor Tirso Vega Ramírez renunció a su cargo como edil, con la finalidad de candidatizarse a la Alcaldía de dicho ente territorial(22).

Manifestó este último, que fue concejal del municipio de San Luis de Palenque hasta el mes de septiembre del citado año, retirándose para aspirar a la Alcaldía de esa misma municipalidad. Sostuvo, que el ingeniero Jorge Luis Baracaldo era su amigo y realizó varios aportes a dicha campaña, habiéndole hecho entrega, inicialmente, de un cheque por la suma de siete millones de pesos m/cte. ($ 7.000.000.oo), el cual hizo efectivo personalmente; que, posteriormente, lo citó en el mes de febrero de dos mil tres (2003) a la gobernación del Casanare para hacer otro aporte en efectivo, por valor aproximado de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000.oo), los cuales —refirió— estaban dentro de un sobre de manila; en tanto que, en una oportunidad diferente, le entregó el resto del dinero.

Acepta que la primera entrega de dinero se realizó en un restaurante de la ciudad de Yopal (Casanare), el mismo día en que el ingeniero Baracaldo Vergara le dio un cheque a su amigo Pramacio Gualteros Ríos, también a título de aporte para su campaña.

Igualmente, está demostrado, mediante la anotada prueba testimonial, que el doctor William Hernán Pérez Espinel era “amigo político” del virtual candidato a la Alcaldía municipal de San Luis de Palenque, señor Tirso Vega Ramírez, y que, a su vez, ambos tenían estrechas relaciones con los ediles Pramacio Gualteros Ríos, Alberto Hernández Riveros y José Heliodoro Botello Pacheco, a quienes también les entregó dinero el denunciante.

El testigo Tirso Vega Ramírez, refiere que el entonces gobernador del Casanare, doctor William Hernán Pérez Espinel, era amigo suyo y este último, a su vez, en su dicho admite que existían estrechas relaciones políticas con aquel; en razón de tales vínculos —agrega— le manifestó al representante del departamento y a un grupo de amigos sus aspiraciones a la alcaldía municipal(23). Por lo tanto, es claro que al doctor Pérez Espinel, le asistía interés en ayudar al señor Tirso Verga Ramírez en el logro de tales aspiraciones, ánimo que se concretó mediante el aporte económico efectuado para tales fines, a través de los dineros que le solicitó al ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara como contraprestación por la adjudicación del citado contrato de obra 0970-02.

De la misma manera, mediante la declaración del señor Pramacio Gualteros Ríos(24), se pudo establecer con certeza que las sumas de dinero que se les entregó, mediante la creación de varios cheques, tenía como única finalidad la financiación de la candidatura del mencionado Tirso Vega Ramírez.

Es el propio Gualteros Ríos, quien refiere la existencia de una reunión, donde habrían participado además del exgobernador del Casanare, William Hernán Pérez Espinel, sus amigos Alberto Hernández Riveros y José Heliodoro Botello Pacheco, en la que se acordó el aporte económico que realizaría el ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara en contraprestación a la ayuda que en su momento habrían prestado al aquí investigado durante los comicios por la gobernación de ese mismo departamento.

Igualmente, señala el testigo en cita que en la oportunidad en que le fue entregado el cheque por valor de tres millones de pesos m/cte. ($ 3.000.000.oo), estuvo presente el señor Tirso Vega Ramírez, a quien el ingeniero Baracaldo Vergara también le dio un título valor, haciendo expresa alusión a que la destinación específica de estas sumas de dinero no era otra que la del financiamiento de la campaña política de su compañero.

Resulta coincidente este testigo con las manifestaciones realizadas por el denunciante al sostener que el doctor Pérez Espinel le solicitó hacer algunos “préstamos” a los concejales referidos para el mes de septiembre del año dos mil dos (2002); petición esta que, a juicio de la Sala, al carecer de otro sustento, obviamente estaba supeditada a la adjudicación del anotado contrato de obra pública que se proyectaba por la gobernación y que, finalmente, unos meses más tarde, concluyó con la selección de Baracaldo Vergara como ejecutor del mismo.

Al respecto, explicó Baracaldo Vergara que se celebró una reunión en la casa fiscal, con presencia del gobernador, de su cónyuge Gladis Agudelo, del señor Tirso Vega y tres amigos de este, donde el aquí procesado le dijo que necesitaba el aporte de una suma de dinero que ascendía a los veinte millones de pesos m/cte. ($ 20.000.000.oo), por lo que procedió a girar los cheques respectivos, así: dos (2) de siete millones de pesos ($ 7.000.000.oo) y dos (2) más de tres millones ($ 3.000.000.oo)(25). Señaló el denunciante en su deponencia, que dicha entrega se planteó en ese momento en calidad de “préstamo”, pues aún no tenía la certeza de que su nombre fuera seleccionado para la ejecución del plurimentado contrato, lo que, como se indicaba en precedencia, ocurrió posteriormente.

La existencia de dichos “prsoloamos” (sic), está documentalmente demostrada en el proceso, mediante los respectivos desprendibles de los cheques girados contra la cuenta corriente 646038620 del Banco de Bogotá, sucursal de Yopal, a nombre del quejoso, los que aportó con el escrito de denuncia(26).

Igualmente, se corroboró la existencia de la cuenta corriente, su titularidad y el cobro de los cheques distinguidos con los números L4154634, L4154635, L4154636 y L4154637, los cuales, según la entidad bancaria, fueron reclamados en efectivo. De la misma manera, se verificó mediante información suministrada por la Registraduría Nacional, en el oficio 000990 del 29 de junio de 2004, que los beneficiarios de dichos cheques aparecen inscritos para el Concejo Municipal de San Luis de Palenque, con ocasión de las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2000(27).

En este punto, cabe destacar que ninguna contradicción se advierte de la versión del denunciante cuando frente a tal acontecer hace referencia a la entrega de tales sumas de dinero bajo la denominación de “préstamos”, pues no implica ello diferencia alguna con el hecho de tratarse, en realidad, de la dádiva o contraprestación que se le exigía para hacerse al anotado contrato, sino que lo entiende la Sala, como el único argumento con el que Baracaldo Vergara contaba en ese momento para darle un carácter condicional a esa entrega, en el evento en que no se le adjudicara la obra prometida; de ahí que carezcan de efectividad los ataques que al respecto efectúan la defensa y el Ministerio Público en sus alegatos, con el propósito fallido de menguar su credibilidad, sobre la errada base de ser su aserto contradictorio.

Posteriormente, según lo afirmado por el denunciante, de manera coincidente con el desembolso del anticipo correspondiente al contrato de obra 0970-02, se le solicitó por el gobernador William Hernán Pérez Espinel, a través de la señora Nirza Ivette Delgado Camargo, que le entregara otra suma de dinero al señor Tirso Vega Ramírez, lo cual realizó mediante la expedición de otros dos cheques en el mes de marzo de dos mil tres (2003), por un valor total de treinta y tres millones quinientos mil pesos m/cte. ($ 33.500.000,oo), habiendo firmado el beneficiario el desprendible de la chequera en constancia de recibido.

Relató el denunciante, además, que fue citado por la antes mencionada cuando recibió el anticipo por el contrato 0970-02, en el mes de febrero de dos mil tres (2003), para que llevara la suma de treinta y tres millones de pesos m/cte. ($ 33.000.000.oo), los cuales fue a entregar en el despacho del gobernador, pero según la arquitecta, ese dinero le correspondía a Tirso Vega y sus tres amigos. Explica, que en los cheques L5546205 y L5540208 aparece él mismo como cobrador porque cuando lo llamó la asesora del gobernador fue y retiró el dinero, llevándolo en efectivo, y que es por eso que Tirso Vega aparece firmando los desprendibles en constancia de recibido.

También refirió el ingeniero Jorge Luis Baracaldo, que en nuevo encuentro con Tirso Verga (sic) le manifestó que, además de lo que ya había entregado, debía adicionar un diez por ciento (10%), como aporte o vacuna a los paramilitares que operaban en la región, exigencia frente a la cual se opuso.

La entrega de dicha suma de dinero no pudo ser negada por parte del señor Tirso Vega Ramírez, quien en su declaración pretendió sostener que se hizo en las afueras de la gobernación del Casanare, previamente a la realización de una reunión en el despacho del doctor William Hernán Pérez Espinel, con la presencia de los concejales Pramacio Gualteros Ríos, Alberto Hernández Riveros y José Heliodoro Botello Pacheco.

Por su parte, el doctor William Hernán Pérez Espinel, buscando eludir su responsabilidad, acepta tener conocimiento sobre los aportes económicos realizados por el ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara a la campaña política del señor Tirso Vega Ramírez, pero, según él, solo por los comentarios que este último le hizo, al referirle que citó al contratista a una oficina de la gobernación, donde le entregó cierta suma de dinero, sin que le especificara la cantidad aportada(28).

Ahora bien, cabe manifestar que absurdas resultan para la Sala las afirmaciones realizadas por los señores José Heliodoro Botello Pacheco(29) y Alberto Hernández Riveros(30), sobre las razones por las cuales fueron beneficiarios de los cheques girados por el ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara, pues no consultan, en lo más mínimo las reglas de la lógica y la experiencia.

En efecto, el señor Hernández Riveros, quien admitió haber apoyado políticamente la aspiración a la gobernación de William Pérez Espinel, negó haber recibido alguna suma como retribución de parte de este último, así como participar en la referida reunión para tratar temas sobre la aspiración política del señor Tirso Vega. Afirma sí, que conocía desde hacía cuatro (4) años al ingeniero Baracaldo Vergara, pero solo “de saludo” y que este último, un día cualquiera, le solicitó el favor de cobrar un cheque y llevar el dinero en cuestión a un jefe paramilitar de la zona, con el alias de “Cubiro”, quien, supuestamente, lo recogería en la vereda Guanapalo, en la vía que conduce a San Luis. Agregó, que el mismo día que lo cobró se fue en un taxi pirata, lo hizo parar en Guanapalo y ahí estaba el grupo, entonces —prosigue— preguntó por Cubiro y le hizo entrega de la encomienda.

Lo adverado por este testigo, resulta contrario a toda lógica, pues no se entiende como alguien, y menos un edil, admita hacerle un favor de esta naturaleza a una persona que prácticamente le resulta desconocida, aceptando contactar a un jefe paramilitar, con los riesgos que ello implica, para hacerle entrega de una suma de dinero cuya procedencia, por demás, desconoce y, aún, sin saber si dicha entrega se originó eventualmente en algún comportamiento ilícito.

Por otra parte, el señor Heliodoro Botello Pacheco, adujo que el cheque por la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000.oo) que le entregó el señor Jorge Luis Baracaldo, fue a título de préstamo, para acabar de pagar un ganado. Sostuvo, que ese dinero se lo devolvió al acreedor, sin que para ello aportara la prueba de esa afirmación, y cuando se le interrogó sobre las características y datos que podrían llevar a identificar el ganado presuntamente adquirido, no ofreció ningún dato concreto.

Debe resaltarse, adicionalmente, que los cuatro (4) cheques entregados por el ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara a los ediles municipales, fueron girados el mismo día: diecinueve (19) de septiembre de dos mil dos (2002), lo que corrobora la inocuidad de las motivaciones que aduce el señor Botello Pacheco, como justificación para el recibo de dinero y su ajenidad a tal acontecer.

En consecuencia, para la Sala resultan creíbles las afirmaciones del denunciante Jorge Luis Baracaldo Vergara, respecto de la solicitud efectuada por el doctor William Hernán Pérez Espinel, para que entregara las anotadas sumas dinerarias, en reciprocidad por la adjudicación del contrato de obra 0970-02, por valor de trescientos ocho millones de pesos m/cte. ($ 308.000.000.oo), comoquiera que, con antelación a estos hechos, ya el contratista le había realizado otro “préstamo” al entonces candidato a la gobernación del Casanare, por valor de diez millones de pesos m/cte. ($ 10.000.000.oo) para su campaña política; suma que ante su no pago conllevó a que se le adelantara, posteriormente, cobro ejecutivo(31).

Al respecto debe acotarse, que las acreditaciones del proceso dan cuenta que el señor Baracaldo Vergara, en ejercicio de su actividad como contratista, había adoptado la estrategia de efectuar “préstamos” económicos a los aspirantes a cargos públicos para el desarrollo de sus respectivas campañas proselitistas, con la clara finalidad de obtener posteriormente su retribución mediante la adjudicación de contratos de obras públicas.

De tal situación, informa el señor Oswaldo Cáceres Maldonado, exalcalde municipal de San Luis de Palenque, entre los años de 1998 a 2002, pues —refiere— recibió préstamo de dinero del antes mencionado en cuantía de diez millones de pesos m/cte. ($ 10.000.000.oo) para impulsar su campaña a dicho cargo y que, luego, al resultar electo, le exigía “... que lo favoreciera con la adjudicación de los contratos del municipio donde yo era el representante legal y le manifesté que yo le devolvía mejor la plata porque no podía hacer lo que él me pedía (...)”(32) En similares términos se refiere el encartado Pérez Espinel, cuando en diligencia de versión libre sostuvo que el préstamo que Baracaldo Vergara le hizo para su campaña pretendía se lo pagara con la entrega de contratos, conducta que ejecutaba “... como siempre lo hace con todos los aspirantes a cargos públicos”(33).

Tampoco es cierto que el exgobernador William Hernán Pérez Espinel pasara inadvertida la identidad del contratista, quien, según su propia manifestación, era su contradictor político y enemigo público, a raíz de los problemas judiciales existentes por el préstamo de los anotados diez millones de pesos m/cte. ($ 10.000.000.oo), los cuales pretendía cobrar el acreedor a través de la adjudicación irregular de los diferentes contratos del departamento del Casanare. Resulta contrario a las reglas de la experiencia que existiendo la enemistad a que alude en sus versiones el aforado, no se hubiese percatado que era, precisamente, con su contradictor con quien se estaba celebrando un contrato de obra, de elevada cuantía, cuyo objeto era de importancia manifiesta, pues se trataba de la electrificación de dos veredas del municipio que pretendía regentar, más adelante, su “amigo político” Tirso Vega.

No pasan de ser las anteriores lábiles exculpaciones, máxime cuando existe prueba documental en el proceso que confirma la existencia de relaciones constantes entre el aquí acusado Pérez Espinel y el ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara, donde se trataban temas sobre la adjudicación de los diferentes contratos que proyectaba realizar el departamento que gobernaba.

En tal sentido, se aportó al proceso la copia de la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal requerido para la ejecución de las obras en el colegio Antonio Nariño de la vereda La Plata, ubicada en el municipio de Pore(34), que contiene la siguiente anotación: “Clara: favor permitir la entrada del Ing. Baracaldo, lunes x la tarde”.

Al respecto, ha sostenido el procesado en su versión libre y, posteriormente, en su indagatoria(35), que dicha entrevista se acordó con la finalidad de pagarle el dinero que le adeudaba al contratista, pero no para discutir la adjudicación de las obras a que se refiere el certificado de disponibilidad presupuestal, asegurando que él simplemente firmó la autorización en el documento que le entrego el ingeniero Baracaldo Vergara, sin observar su contenido.

Resulta cuestionable el hecho de que esta autorización se extendiera, precisamente, en un documento oficial, cuyo acceso debía ser restringido al público, sobre todo porque el proceso de contratación debía realizarse de manera abierta, mediante concurso y sin que ninguno de los proponentes tuviera la posibilidad de conocer previamente el valor autorizado para ajustar su oferta, lo que ofrecería una desigualdad indebida entre los participantes.

Y resulta más cuestionable aún que, de acuerdo a lo adverado por el doctor William Hernán Pérez Espinel, en todos los eventos donde estuvo involucrado el ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara, firmara los documentos sin enterarse debidamente de su contenido.

Es cierto lo manifestado por el encartado cuando indica que Baracaldo Vergara, con ocasión de sus aportes a su campaña a la gobernación del departamento del Casanare, pretendía la adjudicación de diferentes contratos; al respecto, declararon los señores William Mendoza Triana y Víctor Hugo Pulido Roldán(36), quienes, de acuerdo al indagado, habrían sido las personas que envió a contactar a su acreedor para comunicarle que le pagaría la deuda, y por ello manifestaron tener conocimiento de que el ingeniero Baracaldo Vergara quería que el investigado cancelara el préstamo mediante contratos, pero no lo es menos que Pérez Espinel adelantó conversaciones en distintas oportunidades con Baracaldo Vergara para acordar los contratos que le podría adjudicar. Al respecto, declaró el señor Jaime Alfonso Montaña Torres(37), quien manifestó haber sido testigo de un encuentro entre los antes mencionados porque el último de los citados le pidió el favor de acompañarlo para hablar sobre un posible contrato que le iba a dar el mandatario. Relató, que en ese momento el señor Baracaldo Vergara le sugirió al gobernador que le diera el contrato del colegio de La Plata, jurisdicción del municipio de Pore (Casanare), y que este le dijo que si, inclusive —añade— le dio la firma en un papel para que lo dejaran ingresar a su despacho, que no era otro que la copia del certificado de disponibilidad presupuestal de dicha obra.

De la misma manera, el señor Jorge Ezequiel Garzón(38), se refirió a tal encuentro, indicando que se produjo en la vía a Caño Chiquito, y recordó haber visto que el entonces gobernador del Casanare, doctor William Hernán Pérez Espinel, dialogó en esa oportunidad con el ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara, aunque no se enteró del tema de la conversación.

Entonces, para la Sala no existen dudas sobre la existencia de conversaciones previas a la adjudicación del contrato 0970-02 entre el entonces gobernador del Casanare, doctor William Hernán Pérez Espinel y Jorge Luis Baracaldo Vergara, así como tampoco de la entrega que hizo este último en suma total de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($ 53.500.000.oo), por solicitud de aquel, como contraprestación a la adjudicación del tatas veces mencionado contrato de obra.

Ahora bien, en este punto debe indicarse que no son plausibles para la Sala, las razones que exponen el delegado del Ministerio Publico y la defensa en sus alegaciones, al referirse a que el monto indicado en el párrafo precedente torna deleznable la versión de Baracaldo Vergara de ser razón de tales pagos la retribución solicitada por la adjudicación del anotado contrato, al razonar que la misma supera con creces el margen de utilidad que derivaría de su ejecución, pues, si bien, se tiene que, en efecto, este ascendía a la suma de veinticuatro millones de pesos m/cte. ($ 24.000.000.oo), no pasa inadvertido a esta colegiatura que, como se indicaba, el modus operandi del anotado contratista era comprometer a los funcionarios públicos dotados de facultades para adelantar procesos licitatorios, entregándoles dinero, en calidad de “préstamo” para exigir posteriormente, su pago a través de ese mecanismo.

Lo anterior explica por qué, en el caso de marras, con el razonar que plantean los referidos sujetos procesales, no se desvanece la existencia de la conducta analizada, en la medida en que el mayor valor entregado respecto de las utilidades que obtuvo no se concretaba, desde la visión del contratista, a esa sola negociación sino que, por el contrario, comprendía la adjudicación de futuras obras, pues se le indicó que “... dependiendo de cómo me fuera con esa obra, me tendrían en cuenta en lo sucesivo (...)”(39), sin desconocer, además, por un lado, que ya para entonces estaba pendiente de hacerse a la licitación que se abriría para la ejecución la obra del colegio del municipio La Plata y que, inclusive, adelantaba conversaciones al respecto con Pérez Espinel; y, por el otro, que los recursos entregados tenían por fin la financiación de la campaña de Tirso Vega a la alcaldía de San Luis de Palenque (Casanare), por lo que seguramente asumió que resultaría fácil recuperar por esa vía lo invertido en exceso como “dadiva” en este contrato.

Luego, entonces, no es cierto que Baracaldo Vergara hubiera trabajado a pérdidas, como se sugiere, sino que desde su visión como mercader de contratos oficiales, y a partir del modus operandi evidenciado, se advierte tal obrar como una estrategia para asegurar adjudicaciones futuras. Inversión, respecto de la cual sí había tomado algunas previsiones para acreditar su existencia, como lo fue hacer entrega de tales recursos a través de cheques y no en efectivo; y, además, hacer firmar a sus destinatarios los respectivas colillas.

También se desvirtúan las afirmaciones del investigado, en el sentido de que para la fecha de adjudicación del contrato de obra 0970-02, tenía una enemistad con el ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara, originada en la demanda ejecutiva que había instaurado en su contra, pues esta última fue presentada con posterioridad, como lo informa la prueba trasladada al expediente(40).

Finalmente, aunque los señores Hernando Arturo Gómez Cifuentes(41) y Jaime Cepeda Fonseca(42), quienes también participaron como oferentes bajo la figura de unión temporal en el proceso licitatorio que se convocó para la adjudicación del contrato de obra 0970-02, afirmaron que no evidenciaron que el ingeniero Jorge Luis Baracaldo manipulara la contrapropuesta y que tampoco advirtieron nada irregular durante dicho trámite, otra cosa es la que sostuvo el denunciante, quien señaló enfáticamente que fue llamado desde el mismo despacho del gobernador del Casanare, en el mes de diciembre de dos mil dos (2002), para que presentara la propuesta y la contrapropuesta, como estrategia que garantizara que fuera el adjudicatario del mencionado contrato, precisamente, para concretar de ese modo la entrega de dinero convenido, derivado de tal proceso, como en efecto aconteció.

Se concluye, en consecuencia, que existe certeza, que deviene de la prueba testimonial y documental acopiada, de la comisión de la conducta punible de concusión, por parte del exgobernador del departamento del Casanare, doctor William Hernán Pérez Espinel, quien, abusando de las funciones que le correspondían por ley, para el trámite de adjudicación del contrato de obra 0970-02, referente a la “Electrificación Rural de las Veredas Santa Hercilia y Cabuyaro”, jurisdicción del municipio de San Luis de Palenque (Casanare), solicitó al ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara la entrega de contraprestación económica indebida a favor del señor Tirso Vega Ramírez, como se ha explicado con suficiencia.

Existe una clara relación entre el abuso de la función por parte del doctor Pérez Espinel y la prestación indebida solicitada y, aún, obtenida. Por lo tanto, forzoso resulta declarar su responsabilidad penal frente a ese acontecer delictivo.

4. Del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

4.1. Del tipo objetivo.

El artículo 409 del Código Penal, consagra esta conducta punible de la siguiente manera:

“El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en (...)”.

En el anterior Código Penal, se tipificaba el interés ilícito, pero en la nueva norma introducida por la Ley 599 de 2000, se tipifica el interés indebido, denominación más amplia. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-128 de 2003, señaló:

Los artículos 145 del Decreto 100 de 1980 y 409 de la Ley 599 de 2000, describen de manera idéntica la conducta tipificada como interés “ilícito” o “indebido” en la celebración de contratos. Si bien la denominación del tipo penal es diferente, en la exposición de motivos de la Ley 599 de 2000 se señaló que el cambio de denominación tiene más un sentido pedagógico que una incidencia sobre la identificación del tipo penal estudiado. Allí se dijo “el tipo penal ya no habla del interés ilícito sino indebido. Lo ilícito podría hacer pensar en infracción a la ley, lo cual no es cierto, puesto que el contrato puede incluso ser perfecto; empero se quebrantarían los deberes de transparencia, imparcialidad y moralidad”.

En cuanto al bien jurídico tutelado, esa misma corporación indicó:

Ahora bien, la Corte llama la atención en este punto sobre el hecho de que bien puede suceder que un contrato se celebre sin que se infrinja el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, taxativamente fijado en la Constitución y en la ley, cumpliendo igualmente los requisitos legales esenciales determinados específicamente para el tipo de contrato de que se trate, sin que esto impida que se vulnere el bien jurídico administración pública. En efecto, si la actuación del servidor público llamado a intervenir en razón de su cargo o sus funciones en un contrato estatal está determinada por un interés ajeno al interés general que de acuerdo con la Constitución, la ley o los reglamentos es el que debe perseguir dicho servidor en ese caso concreto, en nada incide para la vulneración del bien jurídico el respeto del régimen de inhabilidades o incompatibilidades o el cumplimiento de los requisitos legales esenciales aludidos, pues la desviación de la actuación del servidor en esas condiciones está desvirtuando la imagen de la administración pública, la transparencia y la imparcialidad en la celebración de los contratos y en fin la moralidad pública.

Esta corporación, por su parte, ha señalado que para la configuración típica de este delito se deben reunir tres requisitos fundamentales:

El delito de interés indebido en la celebración de contratos se caracteriza porque el tipo objetivo exige la presencia de (i) un sujeto calificado que interviene en los hechos en calidad de servidor público, (ii) una operación contractual a nombre de cualquier entidad estatal, y (iii) un interés particular por el agente estatal diferente al de los fines de la función pública; el tipo subjetivo requiere que la acción sea desplegada a título doloso, esto es que el servidor público proceda con conocimiento y voluntad(43).

El delito de interés indebido en la celebración de contratos, es un tipo penal de mera conducta, por lo tanto, no se requiere un perjuicio a la administración pública para su consumación; lo que se sanciona es la prevalencia del interés particular del servidor público que interviene sobre el general de la comunidad en el proceso de contratación, en contravía de los principios y fines que rigen la administración pública.

En base a lo anterior, corresponde establecer si se conjuga el elemento de la certeza respecto de la conducta que se imputó al doctor William Hernán Pérez Espinel, en su condición de gobernador del departamento de Casanare, frente a los diversos elementos que estructuran la conducta punible, por la celebración del contrato de obra 0970-02, cuyo objeto era la “Electrificación Rural de las Veredas Santa Hercilia y Cabuyaro”, jurisdicción del municipio de San Luis de Palenque (Casanare).

4.1.1. De la calidad de servidor público, la existencia de un contrato estatal y la intervención de aquel en este.

Se itera, la calidad de servidor público que ostentaba para la fecha de los hechos el investigado en su condición de gobernador del departamento de Casanare, lo cual se corroboró —ya se había indicado— mediante el certificado de la dirección de talento humano de la gobernación de Casanare, donde se indica que el doctor William Hernán Pérez Espinel laboró en tal calidad, entre el 1º de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2003(44).

Asimismo, está demostrada la existencia del contrato de obra 0970-02, celebrado el 26 de diciembre de 2002, entre el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara y la gobernación de Casanare, cuyo objeto era la “Electrificación Rural de las Veredas Santa Hercilia y Cabuyaro”, jurisdicción del municipio de San Luis de Palenque, del cual obra copia en el expediente(45); y la participación del exgobernador de Casanare William Hernán Pérez Espinel, quien suscribió el mismo, en calidad de representante legal de dicho ente territorial y en uso de sus facultades legales, tal y como consta en el contrato.

4.1.2. De la existencia de un interés diferente a los fines de la función pública.

Es menester señalar, en primer lugar, que la conducta que se atribuye al procesado es la de interés indebido en la celebración de contratos por la destinación exigida al contratista del dinero que iba a percibir como contraprestación por la realización de la obra, ya que el doctor William Hernán Pérez Espinel le solicitó la entregara un aporte económico indebido a la campaña electoral del señor Tirso Vega Ramírez, y no el aprovechamiento económico con ocasión de sobre costos, indebida ejecución de la obra o mala calidad de los materiales utilizados.

Es menester hacer tal precisión, pues lo que a tales aspectos concierne, fue dilucidado dentro de la fase instructiva, mediante el informe 187429 del 30 de agosto de 2004(46), cuyo objeto fue verificar la existencia de posibles irregularidades en las etapas de publicación, adjudicación, ejecución y liquidación del contrato de obra 0970 de 2002, sin que se encontrara nada relevante. Y con informe 50691 del 24 de mayo de 2006(47), se estableció que los precios encontrados en el acta de liquidación y recibo final de la obra correspondieran a los precios establecidos por el departamento para la época de su ejecución, sin hallar ninguna inconsistencia.

Se itera, entonces, que el reproche que se realiza al acusado, no hace relación con el hecho de haberse celebrado el contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, pues estos de manera formal o aparente se satisficieron, sino por su interés en favorecer económicamente a un tercero, a partir de la adjudicación del contrato de obra 0970-02, quien, a su vez, retribuiría tal preferencia mediante el pago de una “comisión” o “dádiva”, según sus indicaciones.

Por lo que hace al aspecto subjetivo del tipo concretado en la realización dolosa de la conducta prohibida, aparece también acreditado, en grado de certeza, que el doctor William Hernán Pérez Espinel, se interesó indebidamente en la celebración del pluricitado contrato de obra 0970-02.

En efecto, se tiene que la actualización de dicha conducta por parte del encartado, estuvo especialmente motivada por el propósito de favorecer con la contratación a terceros, elemento subjetivo del tipo penal por el que fuera acusado el procesado. Como se mencionó en el anterior acápite, el procesado dirigió su voluntad libre y consciente a adjudicarle el mencionado contrato de electrificación de veredas al ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara, quien, a su vez, adquirió el compromiso de entregar una considerable suma de dinero al “amigo político” de aquel, Tirso Vega Ramírez, como apoyo a su candidatura a la alcaldía del municipio de San Luis de Palenque, departamento del Casanare; beneficio buscado por el acusado como una retribución por el apoyo recibido por parte de este último durante su campaña a la gobernación de ese ente territorial.

Evidentemente, obra prueba directa que demuestra tal dirección de la voluntad, concretada, al efecto, en la declaración de ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara, persona que figuró solo formalmente como oferente para realizar la anotada electrificación objeto de contrato y a quien, efectivamente, se le adjudicó el correspondiente al número 0970-02, para su ejecución.

Esta persona sostuvo, de manera unívoca en la versión rendida ante la fiscalía haber tenido conocimiento que el gobernador del Casanare, doctor William Hernán Pérez Espinel estaba buscando a una persona para adjudicarle un contrato de obra por valor de aproximadamente cuatrocientos millones de pesos m/cte. ($ 400.000.000.oo) y, de ese modo, lograr financiar la campaña a la Alcaldía del municipio de San Luis de Palenque del ex concejal Tirso Vega Ramírez. Que, efectivamente, se reunió en el mes de septiembre de dos mil dos (2002) con el gobernador, el candidato y tres amigos suyos, quienes le solicitaron un dinero en calidad de “préstamo”; luego, fue contactado en el mes de diciembre de ese mismo año para que presentara la propuesta y la contrapropuesta, adjudicándosele luego el contrato. Finalmente —concluyó— para la época en que se realizó el desembolso del anticipo, en el mes de febrero de 2003, fue citado a la gobernación de ese departamento, donde se le exigió un alto porcentaje por la adjudicación del contrato.

De esta versión, emerge de manera diáfana cómo el procesado fue quien decidió entregar la contratación al ingeniero Jorge Luis Baracaldo Vergara, guiando la manera como debía realizarse la oferta y el trámite en cuestión, a efectos de no dejar huella de irregularidades en ese proceso contractual, con la única finalidad que se hiciera el pretendido aporte económico a la campaña política de su amigo Vega Ramírez.

Los argumentos expuestos, permiten aseverar que el aquí procesado tenía pleno conocimiento sobre quién iba a ser el real beneficiario de esa contratación, hasta el punto que —se insiste— aunque el proceso de contratación en apariencia fue transparente y ajustado a las exigencias del régimen de contratación oficial, la realidad es que el contratista estaba previamente acordado para, a través suyo, conseguir el aporte económico esperado, interés indebido que motivó al procesado Pérez Espinel a orquestar tal contubernio.

Corolario de todo lo expuesto, estima la Sala que se encuentra acreditado suficientemente, en grado de certeza, tanto la realización de la conducta de Interés indebido en la celebración de contratos, por la cual también se acusó al doctor William Hernán Pérez Espinel, como su responsabilidad en calidad de autor del referido comportamiento, lo cual impone proferir en su contra sentencia condenatoria.

5. Respuesta a los alegatos de las partes.

Como a lo largo de este proveído se han tenido en cuenta las argumentaciones expuestas por los sujetos procesales, solo se hará una breve referencia a un aspecto puntual, atinente a la supuesta retractación que por escrito hiciera el denunciante y que aparece incorporada a la actuación en curso de la audiencia de juzgamiento. Al respecto, basta precisar que, además de no allegarse tal documento al plenario dentro de la oportunidad legal, no se cuenta con la certeza de que su autoría responda realmente al denunciante quien, a pesar de los esfuerzos de la Corte por lograr su ubicación y comparecencia a la vista pública, a efectos de ser escuchado en declaración, no atendió tal llamado, prescinde la Sala de su apreciación como prueba, siendo esa la razón por la cual no se alude al mismo en las consideraciones de esta sentencia.

6. Determinación de las consecuencias jurídicas de la conducta punible.

Reunidos los presupuestos sustanciales que el artículo 232 del estatuto procesal exige para proferir sentencia condenatoria contra el exgobernador del Casanare, doctor William Hernán Pérez Espinel, procede la Sala a señalar las consecuencias jurídicas que a dicha conducta corresponden.

6.1. Determinación de la punibilidad.

6.1.1. El delito de Concusión.

El artículo 404 del Código Penal establece una sanción privativa de la libertad de seis (6) a diez (10) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años(48).

Para efectos de la individualización de la pena que ha de imponerse al procesado, lo primero que se advierte es que, al no haber sido incluida en la acusación ninguna circunstancia de mayor punibilidad, conforme al artículo 60 de la Ley 599 de 2000, el ámbito punitivo de movilidad está determinado en el primer cuarto mínimo, esto es entre 72 y 84 meses.

Teniendo en cuenta que, de cara a los intereses tutelados en la norma penal a la que se adecua la conducta del procesado, indudable resulta su gravedad, comoquiera que, prevalido de la autoridad que le fue conferida por los habitantes del departamento que regentaba, optó por favorecer intereses ajenos a la función pública con contratos políticos de la región, causando grave lesión a la imagen de la administración pública, se fijará la pena de prisión en ochenta (80) meses.

En razón a los mismos criterios de gravedad de la conducta, dentro del ámbito punitivo correspondiente, aplicando los parámetros del artículo 61 del Código Penal, pero también de cara a las acreditadas condiciones económicas del procesado, se fijará la pena de multa en la suma de sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Finalmente, al procesado se le condenará a la pena principal de interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) años y seis (6) meses.

6.1.2. El delito de Interés indebido en la celebración de contratos.

El artículo 409 del Código Penal establece pena de prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años(49).

Siguiendo los lineamientos trazados frente al delito de concusión, considera la Corte procedente aumentar el mínimo de la punición, proporcionalmente a la gravedad del daño infringido con la infracción, dentro del mínimo cuarto punitivo, dadas las especiales condiciones del sentenciado, a quien en razón de su investidura le resultaba exigible actuar en salvaguarda de los intereses de la comunidad que gobernaba y no buscando mezquinos beneficios económicos particulares, generando, respecto de los coasociados, sensación de desprotección y desconfianza en la administración pública.

En consecuencia, para este delito se fijará una pena de prisión de cinco (5) años, multa por valor equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante seis (6) años.

6.1.3. Determinación de la pena en razón del concurso heterogéneo de conductas punibles.

De acuerdo al artículo 31 del Código Penal, quien infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles, debidamente dosificadas cada una de ellas.

En consecuencia, se tomará como pena base la de prisión dosificada para el delito de concusión, que asciende a ochenta (80) meses, los cuales serán aumentados en razón del concurso, en veinte (20) meses más, para un total de cien (100) meses, que corresponden a ocho (8) años y cuatro (4) meses de prisión.

En lo que a la sanción de multa atañe, el artículo 39 numeral 4º de la Ley 599 de 2000, dispone tasarla, sumándola en el caso de concurso, operando como única limitante, que dicha adición no supere los cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como se indicaba, para el delito de interés indebido en la celebración de contratos, la multa se fijó en ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes y para el de concusión fue tasada en sesenta (60) salarios, lo que implica un total de pena pecuniaria de ciento cuarenta (140) salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que para el año dos mil dos (2002), atendiendo la estipulación del salario mínimo legal mensual para esas calendas vigente ($ 309.000.oo), equivale a cuarenta y tres millones doscientos sesenta mil pesos ($ 43.260.000.oo), cantidad a la cual se condenará a pagar al procesado, por este concepto.

Finalmente, la también sanción principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, se fijará en diez (10) años y dos (2) meses.

6.2. Determinación de la responsabilidad civil.

Dado que la sola comprobación de conductas que afectan la transparencia e imparcialidad del proceso contractual no genera, per se, menoscabo económico, y que no hay prueba alguna dentro de esta actuación de que aquel se hubiera producido, no resulta procedente la condena en perjuicios frente al delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Respecto al punible de concusión, el afectado no se constituyó como parte civil a efectos de comprobar el monto de los daños derivados de la comisión del delito; por lo tanto, se abstendrá la Corte de irrogar condena por este concepto, quedando abierta la vía civil para que el perjudicado por los hechos investigados en este proceso, si así lo determina, realice su cobro.

7. De los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad.

Atendidos los punibles por los cuales se condena al doctor William Hernán Pérez Espinel y el monto de la sanción de prisión impuesta, no resulta procedente conceder ninguno de estos mecanismos.

En efecto, no se reúnen los requisitos señalados en el artículo 63 del estatuto penal, relacionado con la suspensión de la ejecución de la pena, por ausencia del elemento objetivo, pues la pena privativa de la libertad que se impone es superior los tres (3) años exigidos en el artículo original, o los cuatro (4) años señalados en la modificación introducida por la Ley 1709 de 2014.

Tampoco resulta viable la sustitución de la prisión intramural por domiciliaria. Así, si se aplica el artículo 38 del Código Penal sin la reforma establecida en la citada ley, no concurre el factor objetivo, pues el delito de concusión, uno en relación con los cual se le sentencia, está sancionado, como se anotaba, con una pena mínima que supera los cinco (5) años de prisión.

Y si se optara por aplicar la reforma prevista en la Ley 1709 de 2014, aun cuando se cumple el aspecto objetivo señalado en el artículo 38 B-1, porque las penas mínimas previstas en la ley para los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos son ambas inferiores a ocho (8 ) años, el numeral 2º de la misma preceptiva prohíbe conceder la prisión domiciliaria para los delitos contemplados en el inciso 2º del artículo 68 A del Código Penal, entre los cuales figuran los delitos dolosos contra la administración pública, bien jurídico vulnerado con los punibles por los cuales se imparte sentencia de condena en este caso.

Además, no se presentan las hipótesis de los numerales 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, referidas a que el acusado sea mayor de sesenta y cinco (65) años, se trate de una persona a la que le falten dos (2) meses o menos para el parto, que padezca grave enfermedad dictaminada por perito oficial, ni se ha aducido y demostrado la condición de padre cabeza de familia, circunstancias que a tenor del artículo 68 A-3, modificado por la Ley 1709 de 2014, permitirían la sustitución de la ejecución de la pena.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR penalmente responsable al doctor William Hernán Pérez Espinel, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, de las conductas punibles de concusión e interés indebido en la celebración de contratos, previstas en los artículos 404 y 409 del Código Penal, realizadas cuando se desempeñó como gobernador del departamento de Casanare, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas en esta decisión.

2. CONDENAR al doctor William Hernán Pérez Espinel, en consecuencia, a la pena principal de ocho (8) años y cuatro (4) meses de prisión, multa por valor equivalente a cuarenta y tres millones doscientos sesenta mil pesos ($ 43.260.000), a favor del Tesoro Nacional en cuenta administrada por el Consejo Superior de la Judicatura, y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de diez (10) años y dos (2) meses.

3. DECLARAR que el doctor William Hernán Pérez Espinel no se hace acreedor al sustituto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni al mecanismo sustitutivo de la prisión ordinaria por prisión domiciliaria. En consecuencia, el condenado deberá purgar la pena impuesta en el establecimiento penitenciario que para el efecto designe el Inpec.

4. NO CONDENAR al doctor William Hernán Pérez Espinel al pago de perjuicios derivado de la conducta punible, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

5. LIBRAR por la Secretaría de la Sala las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes, conforme lo normado por el artículo 472 Ley 600 de 2000.

6. COMUNICAR esta decisión a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para efecto del recaudo de la multa impuesta.

7. En firme esta providencia, remítase la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que corresponda, para lo de su cargo.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(18) Folio 27 cuaderno anexo 1.

(19) “Desde luego, es menester relevar, la calidad de sujeto activo que reclama el tipo penal examinado se concreta en que la conducta rectora sea realizada por el agente con abuso del cargo o de la función. De ahí que la jurisprudencia haya considerado que el servidor público puede cometer la conducta punible aun cuando no tenga la competencia para decidir el asunto que le sirve de pretexto para hacer la exigencia indebida, en virtud de la ofensa a la administración pública; por ello, la conducta puede ser cometida por funcionarios y empleados de la misma, no solo por quienes tienen la capacidad jurídica para ejecutar ciertos actos específicos relativos a la función que cumplen. En suma, la ilicitud es pasible de realizar por todos aquellos que por su investidura y por los nexos con las ramas del poder público pueden comprometer la función pública de alguna forma. Es decir, la función pública hace relación a las tareas que le corresponde realizar al servidor público; y la investidura tiene que ver con la posición que se adquiere con la toma de posesión del cargo público. CSJ SP, 3 Jun 2009, Rad. 29769.

(20) Entre otros, rad. 15910 del 19 de diciembre de 2001.

(21) El contrato obra a folio 20 del cuaderno anexo 4 y aparece suscrito por el denunciante.

(22) Cfr. folio 272, cuaderno anexo 1.

(23) Cfr. folio 242, cuaderno anexo 1.

(24) Cfr. folio 220, cuaderno anexo 1.

(25) Cfr. folio 208, cuaderno anexo 1.

(26) Cfr. folio 1 y siguientes, cuaderno anexo 1.

(27) Cfr. folio 73, cuaderno anexo 1.

(28) Cfr. folio 242, cuaderno anexo 1.

(29) Cfr. folio 198, cuaderno anexo 2 y folio 250, c.o. 1

(30) Cfr. folio 223, cuaderno anexo 1 y folio 32, c.o. 1

(31) Cfr. folio 257, cuaderno anexo 2.

(32) Ver folios 226-230, cuaderno Anexos 1.

(33) Ver folios 242-251 ibídem.

(34) Folio 23, cuaderno anexo 1.

(35) Cfr. folio 7, c.o. 1.

(36) Cfr. folios 284 y 287, cuaderno anexo.

(37) Cfr. folio 196, cuaderno anexo 2.

(38) Cfr. folio 278, cuaderno anexo 1.

(39) Ver folios 213-219, cuaderno anexo 1.

(40) Cfr. folios 239 y siguientes, cuaderno anexo 2.

(41) Cfr. folio 285, cuaderno anexo.

(42) Cfr. folio 289, cuaderno anexo.

(43) CSJ SP, 16 Mayo 2007, Rad. 23915.

(44) Folio 27, cuaderno anexo 1.

(45) Folio 20, cuaderno anexo 4.

(46) Folio 60, anexo 1.

(47) Folio 48, c.o. 1.

(48) No aplican en este caso los incrementos punitivos de la Ley 890 de 2004.

(49) Tampoco aplican los incrementos de la Ley 890 de 2004.