Sentencia SP107-2015 de enero 21 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 44144

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

(Aprobado acta 11)

Bogotá, D.C., veintiuno de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Primer cargo

Ciertamente, del informe rendido el 1º de agosto de 2008 por la división de certificación y acreditación forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al cual se anexó el dictamen del 30 de julio del mismo año, rendido con base en el examen de las placas histológicas, revisadas por la patóloga forense Mary Luz Morales, el tribunal tomó de este un aparte según el cual “la literatura revisada indica que si bien la E. coli puede asociarse con sepsis neonatal de comienzo fulminante y alta mortalidad se producen meningitis y ventriculitis por siembras meníngeas en virtualmente todos los casos. En las placas revisadas no se observan estos cambios ni tampoco otros sugestivos de sepsis. Por estas razones se descarta que los cambios observados puedan atribuirse, a partir de los resultados histológicos, a sepsis por E. coli. La hemorragia de las suprarrenales también se observa en casos de shock e hipoxia severa”.

Y lo hizo no en el propósito de demostrar la absoluta inocencia de la acusada, mucho menos cuando el párrafo transcrito descarta que se haya presentado una sepsis a consecuencia de la E. coli, sino para hacer ver cómo los diversos estudios, conceptos científicos y testimonios especializados impedían establecer a ciencia cierta cuál fue la causa del deceso del menor, puesto que unos y otros permitían hablar, sin ser definitivos y concluyentes de una multiplicidad de causas, entre ellas la citada bacteria por un lado y la administración del cuestionado medicamento, por otro.

Cierto es también que el aducido informe suscrito por la profesional especializada forense Esperanza Niño, al cuestionársele sobre la causa de la muerte, determinó, con base en el análisis de la documentación obtenida y los exámenes realizados previamente que fue la administración intravenosa de la dipirona realizada inmediatamente antes del colapso del paciente, específicamente por shock irreversible debido a descenso crítico de la tensión arterial secundaria al suministro del citado medicamento.

Mas en aquellos términos sustentada la sentencia impugnada y dada la crítica que hace el censor en relación con la valoración de aquel informe, es evidente que, como lo señala el Ministerio Público, no existe en verdad el falso juicio de identidad denunciado, porque si bien de modo expreso el ad quem no se refirió a los mencionados términos del documento, es incuestionable que sí analizó como posible causa del fallecimiento la administración de la dipirona.

Diferente es que, en el necesario ejercicio de análisis conjunto de las pruebas, omitido por el censor, según lo disponen las reglas de la sana crítica y que le permitió al juzgador de segunda instancia cotejar todas las recaudadas, no haya llegado este a la certeza de cuál fue la causa de la muerte del menor.

Obviamente, si se hiciera el examen sesgado que propone el casacionista, esto es examinar el informe precitado, con exclusión de las demás probanzas, sin correlación alguna con estas, la conclusión no podría ser otra que la reclamada por él.

Desde luego que no es ese el procedimiento de valoración que impone la libre persuasión racional, cuando uno de sus esenciales parámetros implica, en términos del artículo 238 de la Ley 600 de 2000 que “las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.

Ese fue precisamente, tal como lo resalta el Ministerio Público, el examen que se asumió en el fallo cuestionado, toda vez que se apreció en conjunto y no solo el dictamen aludido por el censor, la prueba pericial, la documental y la testimonial aportada durante la investigación y el juicio.

En ese orden sopesó el ad quem el dictamen de la sección de tanatología del Instituto de Medicina Legal fechado el 22 de marzo de 2006 que amplió la necropsia practicada al menor y de acuerdo con el cual “los hallazgos de la muerte descritos en la necropsia son inespecíficos y no son concluyentes, lo que puede deberse por causa funcional y no orgánica, entre las que están alteraciones genéticas, enfermedades mitocondriales, alteraciones electrolíticas o patología funciones de origen cardiaco, otra opción que no puede descartarse es una muerte por predisposición genética del menor al compuesto aplicado. Otra de las posibilidades es la muerte por la bacteria descrita en la sangre que puede ocasionar un cuadro de shock endotóxico, pues la bacteria es flora normal en el intestino en el cual cuando rebasa su población habitual o cuando hay infecciones alimentarias puede darse un cuadro gastrointestinal, pero no es habitual encontrarla en la sangre […] como puede verse de la información resumida, la causa básica de su muerte es un evento funcional y no orgánico, es por lo anterior que no hay lesiones específicas en órganos determinados que nos expliquen su muerte, solo cambios inespecíficos de edema pulmonar y hemorragia intra-alveolar, por lo que la causa básica de su muerte no es clara y no se puede atribuir al compuesto aplicado, tal y como se documenta en el análisis de información, las causas de su muerte pueden ser múltiples”.

Por igual el dictamen del 29 de febrero de 2008 rendido por el médico patólogo clínico, Máster en medicina forense, Jorge Eduardo Paredes, al tenor del cual: “como puede verse según las notas médicas referidas al momento de la consulta de urgencias venía remitido por un cuadro febril y tóxico, es decir un paciente en malas condiciones que además tenía bajas en glóbulos rojos y blancos, es decir, bajas defensas para el momento de los hechos, no presentó brote dérmico o edema de tejidos blandos, no se observan eosinófilos en los tejidos al estudio microscópico, ni antecedentes claros de alergia, luego lo anterior no es compatible con un cuadro alérgico o anafiláctico típico al medicamento empleado, hay reporte de hemocultivo positivo para E. coli, los datos macroscópicos y microscópicos no son concluyentes, se identifica hemorragia intra-alveolar lo cual es una causa final y no una causa básica, que no es posible identificarla en el estudio microscópico revisado por dos patólogos. Luego entre la causa básica de la muerte hay varias posibilidades, una de ellas una muerte debida a un proceso infeccioso por liberación de endotoxinas y muerte secundaria a esta lo que estaría a favor por la baja de glóbulos blancos, el hemocultivo y la ausencia de otros hallazgos; otra opción es una hemorragia intra-alveolar de etiología o causa básica no identificable, como suele darse en algunos casos la causa de la hemorragia intra-alveolar permanece desconocida […] y una tercera opción sería la muerte asociada con el medicamento, pero en contra de lo anterior estaría la falta de un cuadro alérgico típico, con brote, edemas y antecedentes de cuadros alérgicos […].

“Como puede verse en las múltiples notas del material científico obrante en el proceso, no hay unanimidad científica sobre el uso de la dipirona en los menores de edad, lo que sí es claro es que el mayor temor a su uso se debe a los efectos sobre las células mielopoyéticas, es decir, al riesgo de agranulocitosis cuando el medicamento es usado por períodos prolongados y no necesariamente por el riesgo de anafilaxia que es muy similar a los otros analgésicos […]”.

O el rendido el 26 de junio de 2008 por la química farmacéutica del laboratorio de toxicología forense del Instituto de Medicina Legal para quien “no hay suficiente evidencia, a nivel toxicológico, para establecer como causa directa la muerte del menor por el uso de dipirona […]”.

Asimismo el testimonio del patólogo Jorge Eduardo Paredes rendido el 10 de julio de 2012, en el cual aseveró: “como lo informé en mis informes previos, se trata de un menor que tiene varios eventos simultáneos. Son ellos, un cuadro febril tóxico como se escribe en la historia clínica, un recuento bajo de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Sumado a lo anterior, la aplicación de un medicamento dipirona, es decir, de estas patologías, según lo conceptuado y observado en el estudio macroscópico y microscópico, existe la posibilidad de que el cuadro tóxico febril asociado a un cultivo positivo de E.coli pueda desencadenar la muerte por la liberación de toxinas, pero también es cierto que esta puede deberse a un cuadro alérgico secundario a la aplicación de la inyección […]”, precisando frente a la presencia de la bacteria que hay bastante probabilidad de que haya sido la causante del deceso porque “estamos hablando de un germen que no tiene por qué estar presente en un cultivo de sangre, es decir, en su torrente sanguíneo tenía la presencia de este microorganismo, lo que es una condición grave”.

O las afirmaciones de la toxicóloga de la Universidad del Valle para quien “el cuadro clínico presentado por el menor no es esperable con la administración de dipirona teniendo en cuenta que no es un efecto secundario al mecanismo de acción del fármaco […] el paciente no tenía historia de alergias, ni atopía, no reporta reacciones en mucosas, piel urticaria, engioedema, alteraciones gastrointestinales, hipotensión severa, edema laríngeo, o presencia de dificultad respiratoria previa al evento que sugiera broncoespasmo, sin que haya reporte de edema laríngeo en la clínica o necropsia […] la presencia de un hemocultivo positivo para E. coli y leucopenia puede explicar el cuadro clínico y la muerte del menor […] existían otras entidades que podían generar el cuadro del paciente, como son shock séptico por E. coli y/o etiologías de hemorragia pulmonar natal, resaltando que los hallazgos de la necropsia no son compatibles con una reacción adversa al medicamento tipo anafiláctico […] no hay manera de confirmar objetivamente el acontecimiento adverso […]”.

Todo lo anterior permite advertir que el tribunal examinó las pruebas que planteaban las diversas posibles causas de la muerte del menor, sin poder llegar a una conclusión determinante de cuál de las expuestas fue y si específicamente lo fue la administración del medicamento en cuestión, por ello mal puede invocarse concurrente un falso juicio de identidad o, de haberse cometido, acreditada su trascendencia cuando efectivamente el cúmulo de pruebas aportadas al proceso, conjuntamente apreciadas, no permiten señalar con certeza cuál fue la causa que desembocó en el fallecimiento del menor.

No por otras razones el ad quem elucubró acertadamente frente a una duda que, dado el cúmulo probatorio, resultaba insalvable:

“Es decir, existen versiones encontradas de un lado y otro que no permiten que en este asunto […] se pueda realizar en contra de la procesada un juicio de responsabilidad radicado en la culpa y con ello hacer caer sobre la doctora C.R. las consecuencias de orden penal que se impusieron en la sentencia de primer grado.

Entonces, puede decirse aquí, sin temor a equivocarnos, que aflora la duda […] ya que no se llegó a la certeza que se dijo con anterioridad es el estadio único que permite condenar, pues, se reitera, quienes acudieron al juicio en calidad de testigos-perito no identificaron una causa absoluta y definida a la cual poder adjudicarle el mentado suceso.

[…].

Se tiene como punto de partida para la absolución la duda generada respecto de si hubo o no causa determinante de la que pudiera deducirse una mala práctica o negligencia médica, o si la muerte del niño se produjo como resultado de la sepsis bacteriana por E. coli, evento en el cual no podría derivarse responsabilidad penal alguna en contra de la profesional de la medicina”.

Por ende, en los términos expuestos y como lo señala el agente del Ministerio Público, el reproche carece de prosperidad.

Segundo cargo

En sentir del casacionista el tribunal dejó de valorar la Guía de manejo para el lactante febril, el informe del 26 de junio de 2008 rendido por la química farmacéutica Patricia Heredia Marroquín y el fechado el 30 de julio de dicho año suscrito por Mary Luz Morales, patóloga del Instituto de Medicina Legal.

Empero, más allá de la poca trascendencia que reviste tal reparo, es lo cierto que el error de hecho invocado no se configuró en manera alguna.

En primer lugar, por lo que hace a la citada guía, el ad quem expresamente afirmó:

“Ciertamente devenía inapropiado valorar el documento “Guía de manejo para el lactante febril”, […] pues si es claro que fue creado con posterioridad a los hechos, no podía, ni puede fundarse aún hoy, una responsabilidad por desconocimiento del mismo, como quiera que, ante la ausencia de prohibiciones que marquen el inicio del riesgo no permitido, carece el administrador de justicia de fundamento para decir que se establecieron los parámetros de reserva inviolables y una responsabilidad de carácter penal […]”.

En cuanto al informe de la química farmacéutica de Medicina Legal, rendido el 26 de junio de 2008, el tribunal expuso de manera explícita:

“La causa eficiente de la muerte pudo haber estado relacionada con un proceso bacteriano por E. coli, pues así se dejó saber también por parte de la doctora Patricia Heredia Marroquín […] en tanto, como así lo anota la química farmacéutica, ante la pregunta que se le formuló: ‘¿de acuerdo con las pruebas aportadas se puede establecer como causa directa de la muerte del menor M.M. la administración del medicamento dipirona, explique su respuesta?’, respondió que: ‘no hay suficiente evidencia a nivel toxicológico, para establecer como causa directa la muerte del menor por el uso de dipirona: no hay muestras para verificar si se le administró dipirona u otro medicamento. No hay muestras para establecer si hubo una sobredosis del medicamento o si, por el contrario se encontraba en una concentración terapéutica’”.

Y finalmente por lo que hace al informe del 30 de julio de 2008 suscrito por la patóloga forense Mary Luz Morales, fue anexado como parte del dictamen rendido el 1º de agosto de esa anualidad y valorado por el tribunal, tanto que la transcripción parcial que de él hizo, fue la misma que el censor tomó para denunciar y acreditar el supuesto falso juicio de identidad invocado en el primer cargo.

En consecuencia, las tres pruebas que se dicen omitidas sí fueron apreciadas por el sentenciador, luego objetivamente el yerro de valoración denunciado no concurrió.

Pero más allá de eso, la trascendencia del pretendido equívoco, además de que no es precisada por el censor al acudir a una argumentación etérea según la cual tales elementos de convicción tienen la capacidad incriminatoria para derrumbar los frágiles argumentos del tribunal, no se advierte en manera alguna, porque si con dichas pruebas se perseguía demostrar que la acusada violó los parámetros de su actividad profesional, la lex artis médica, es también incuestionable que el fallador confrontó el contenido de esos elementos con el de otros medios probatorios en el mismo sentido para concluir que tampoco estaba acreditado con certeza tal aspecto, y aun cuando lo estuviera no se hallaba acreditado certeramente que esa haya sido la causa del deceso.

Tal como lo advierte el Ministerio Público tampoco este reparo puede prosperar.

Tercer cargo

Independientemente de la legitimidad o del interés que pueda asistir a la parte civil para postular este reproche que persigue una nueva tasación de los daños supuestamente ocasionados con el hecho, es lo evidente el sinsentido que implicaría el abordar su estudio cuando, carentes de éxito las dos primeras censuras que tenían por objeto la revocatoria de la absolución y en su lugar la imposición de la condena irrogada en primera instancia, la condena en perjuicios pierde su fundamento.

Por tanto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».