Sentencia SP10761-2017/49325 de julio 24 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Radicación 49325

Acta 235

Magistrado ponente

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá D. C., veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.

NOTA: (Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean suprimidos por las iniciales del nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1.Competencia. 

De conformidad con el artículo 75-2 de la Ley 600 de 2000, corresponde a la Sala de Casación Penal conocer de la acción de revisión promovida contra el fallo absolutorio ejecutoriado proferido por el Tribunal Superior de Pasto, Nariño.

2. Causal de revisión -Numeral 3º Articulo 220 Ley 600 de 2000-. 

La causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, faculta la apertura a trámite de la acción cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad.

Exige para su reconocimiento tres presupuestos: (i) que la sentencia contra la cual se dirige la acción sea de carácter condenatorio, (ii) que después de su ejecutoria aparezcan hechos nuevos o pruebas nuevas no conocidas al tiempo de los debates, y (iii) que los hechos que se aducen como desconocidos, o las pruebas que se postulan como nuevas, demuestren la inocencia del procesado o su inimputabilidad, o tornen cuestionable la verdad declarada en el fallo.

Por tanto, atendiendo el precepto anterior, es indiscutible que la acción de revisión por la aparición de hechos o pruebas nuevas procede contra sentencias condenatorias, dado que este mecanismo pretende proteger la seguridad jurídica, pues si se tratase de fallos absolutorios, al remover la cosa juzgada podría incurrirse en la violación al principio del non bis in ídem, al judicializar nuevamente a quien ya había sido favorecido con una decisión anterior.

No obstante, tal elucubración no es absoluta en vista de lo considerado por el Alto Tribunal Constitucional en sentencia C-004 de 2003, al señalar la procedencia de la acción de revisión, contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, dictadas en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por Colombia, de cuenta de la existencia de la misma o, en caso de no darse esos presupuestos, de un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar adecuadamente las aludidas violaciones.

Es decir, al adelantarse una acción de revisión bajo la causal 3ª del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, cuyo objetivo es revocar la absolución dictada por los jueces de instancia mediante una prueba nueva, es necesario establecer que se trate de violaciones de derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario y contar con las referidas decisiones de orden nacional o internacional que así lo avalen, prolegómeno que ha sido analizado por esta Corporación, al indicar:

«Lo anterior significa que, sólo ante la emisión de una decisión de un organismo judicial interno o un organismo internacional de supervisión y control de la debida protección de los derechos humanos, cuya competencia haya sido aceptada por Colombia, existiendo o no hecho o prueba nueva, es posible quebrantar la presunción de cosa juzgada que recae sobre las determinaciones de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria, que han resuelto un caso de grave violación a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario. 

Contrario a ello, si no se ha proferido ninguna de esas providencias judiciales -con o sin hecho o medio probatorio nuevo-, en la que se constate el manifiesto incumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano de investigar completa, imparcial y eficazmente dichas infracciones, la jurisdicción penal no puede, mutuo proprio, desconocer el alcance de la cosa juzgada que reviste esa clase de decisiones y del principio del non bis in ídem».(20) 

3. Del caso concreto. 

La investigación de J. S. U. T. tuvo fundamento en los hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2000 en P. A., P., fecha en la que O. M., líder indígena del cabildo del municipio de XXX, fue abordado por dos hombres, quienes le dieron muerte en el barrio XXX de esa ciudad, sitio donde fue hallado por las autoridades.

Por lo anterior, U. T., alias “XXX” fue acusado por la Fiscalía General de la Nación el 21 de agosto de 2008, como presunto autor del delito de homicidio agravado, según lo contemplado en los artículos 103 y 104 numeral 7º del Código Penal.(21)Contra esta decisión no se interpuso recurso alguno, quedando ejecutoriada el 19 de septiembre de 2008, según las notificaciones que se advierten en el plenario(22).

Avocado el conocimiento de la actuación y surtidas las etapas correspondientes a la causa, el mencionado fue absuelto por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de XXX, XXX, a través de fallo emitido el 27 de agosto de 2010, despacho que luego de analizar las pruebas allegadas halló falencias investigativas que dieron como resultado la aplicación del principio de in dubio pro reo(23), decisión que fue confirmada bajo las mismas consideraciones por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de XXX, XXX, mediante proveído de 16 de diciembre de 2011(24).

Ahora bien, en demanda de revisión instaurada por el Fiscal Doce Especializado de la Unidad de Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se indicó que la confesión hecha por J. S. U. T. en versión libre de 12 de septiembre de 2012 ante la Fiscalía 27 de Justicia y Paz, es suficiente prueba para derruir la absolución proferida en su favor por los juzgadores de instancia, dado que es categórico el procesado en señalar ser responsable de la muerte de O. M. e indicó además quienes participaron en el homicidio del líder indígena.

A su vez, hizo relación al pronunciamiento de la Corte Constitucional – Sentencia C-004 de 2003- como fundamento cardinal de la demanda, teniendo en cuenta su pretensión de remover la cosa juzgada en una sentencia absolutoria, empero omitió el demandante allegar el fallo judicial interno o la decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, mediante la cual se logre constatar la existencia del hecho o prueba nueva no conocidas al tiempo de los debates, circunstancia que prima facie tornaría inane su requerimiento.

Sin embargo, en reciente jurisprudencia de esta Sala se consideró que atendiendo al valor jurídico y el carácter demostrativo de la confesión de un postulado sobre la comisión de los delitos por los cuales fue absuelto por los juzgadores se descarta la necesidad de un pronunciamiento de autoridad judicial, ya internacional con competencia reconocida por Colombia, o bien nacional, acerca de ese novedoso medio de convicción. Al respecto señaló:(25)

« En suma, al realizar un juicio de ponderación, en orden a asegurar el principio de coherencia y unidad del ordenamiento jurídico, puede concluirse dentro de una interpretación teleológica de las normas citadas, que el sometimiento de los postulados a la Ley de Justicia y Paz comporta de su parte una renuncia a sus derechos a la autoincriminación y al non bis in ídem, al aceptar en su versión la responsabilidad penal por las conductas confesadas o imputadas y asumir las consecuencias punitivas especiales derivadas de ello. Entre ellas, aquella asociada a la remoción de la cosa juzgada en los asuntos culminados con preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria. 

Entonces, concluye la Corte que si bien en este caso no media una decisión judicial internacional o nacional en los términos señalados en la sentencia C-004 de 2003 o en el numeral 4 del artículo 194 de la Ley 906 de 2004, lo cierto es que en procura de viabilizar los cometidos de la Ley 975 de 2005 se debe declarar que prospera la causal de revisión invocada por la demandante». 

Bajo este derrotero, se advierte que en diligencia realizada el 12 de septiembre de 2012, J. S. U. T. relató las circunstancias en las que se desarrolló el homicidio de O. M., asumiendo así su responsabilidad en el hecho punible. Sobre el asunto indicó:

“Este hecho ocurrió en noviembre de 2000 en XXX, yo como lo dije anteriormente era escolta de XXX, no me acuerdo muy bien que día era, pero salimos nosotros de la casa, yo iba con XXX y a nosotros nos comunican por un radio que habían (sic) cogido a este señor XXX, que habían (sic) cogido uno y que entonces se lo estaban reportando a XXX y entonces lo había cogido JP y XXX XXXen el hotel Chirimaco, le dicen que pa’(sic) llevarlo que pa’ (sic) interrogarlo que donde y lo llevan a un lugar en XXX, XXX dice que lo lleven pa’ (sic) que lo interroguen, entonces en ese momento lo llevaron allá y lo interrogaron que si era de la guerrilla que tal(..) iba XXX XXX o sea XXX, y JP y XXX y mi persona, nosotros cuatro. Entonces a lo (sic) último la orden la da XXX que lo ajusticien y pues me pasan a mí una pistola, yo procedo con el primer tiro, el señor se me esquiva y sale corriendo por una parte hacia abajo y ahí llega XXX XXX impacta dos disparos en la cabeza, ya con eso quedó el cuerpo sin vida del señor O. M.”(26). 

Conforme se indicó, el mencionado rindió versión libre ante el Fiscal Delegado asignado para el proceso de justicia y paz, quien al interrogarlo sobre el hecho referente al homicidio de Ovidio Musicué, reconoció su participación en el mismo, lo que constituye una confesión como coautor del punible en mención.

Por consiguiente, si bien según lo establecido en el artículo 282 de la Ley 600 de 2000, la confesión debe ser valorada por el funcionario judicial, quien establecerá su mérito probatorio teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica y los criterios legalmente establecidos; dentro del marco de la justicia transicional, este tipo de actuaciones están intrínsecamente arraigadas a los principios que lo originaron, pues axiomas como la verdad, la justicia y la reparación además de considerarse derechos de las víctimas son objetivos determinantes en este proceso coyuntural.

En consecuencia, la confesión que hiciera U. T. en diligencia de versión libre dentro del trámite de justicia y paz de haber participado en el homicidio de O. M., hecho por el cual fue absuelto en primera y segunda instancia, constituye la prueba nueva no conocida al tiempo de los debates que hace procedente la causal tercera del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, atendiendo a la extensión que de ella hizo la sentencia de la Corte Constitucional C-004 de 20 de enero de 2003 y bajo los parámetros fijados en jurisprudencia de esta Sala, los que fueron referidos en el desarrollo de este proveído.

De tal manera, cumplidos los presupuestos considerados en la norma, se procede por esta Sala a declarar fundada la causal de revisión invocada.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE 

1.DECLARAR FUNDADA la causal de revisión invocada por el Fiscal Doce Especializado de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

2.DECLARAR, en consecuencia, sin valor el fallo absolutorio proferido en favor de J. S. U. T. por el Tribunal Superior de Pasto el 16 de diciembre de 2011, que confirmó el emitido por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de XXX. (XXX) el 21 de agosto de 2010 y toda la actuación adelantada desde el 30 de mayo de 2008, fecha en que la Fiscalía General de la Nación declaró persona ausente a U. T. de conformidad con lo consagrado en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, a efectos de que sea rehecha la investigación por parte del ente fiscal.

3.REMITIR el proceso objeto de revisión a la Dirección de Fiscalía General de la Nación, para los fines de su competencia.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase.

20 CSJ. SP, mar. 18 de 2015, Rad. 36828, entre otras.

21 Cfr. Folios 181-196, cuaderno No 4.

22 Cfr folios 197-208, cuaderno No 4.

23 Cfr folios 89-108, cuaderno No 5

24 Cfr. Folios 7-15, cuaderno segunda instancia.

25 CSJ SP 8 mar 2017. Rad.43369.

26 Audio diligencia versión libre- Unidad de Justicia y Paz. Record 10:48:22.