Sentencia SP10812-2017 de julio 24 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP10812-2017

Rad.: 44970

Aprobado acta Nº 235

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte.

Toda vez que la demanda presentada se declaró ajustada conforme con los parámetros del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, no obstante las deficiencias de fundamentación que claramente se pueden advertir, la Corte analizará los problemas jurídicos allí propuestos, de conformidad con las funciones del recurso de casación, dirigidas a la búsqueda de la eficacia del derecho material, el respeto de las garantías de quienes intervienen en la actuación, la reparación de los agravios inferidos a las partes y la unificación de la jurisprudencia, según lo establecido en el artículo 180 ibídem.

1. Planteamiento del problema y sustento fáctico y probatorio de la condena por el delito de Fraude a resolución judicial:

Los errores de hecho, según lo propone la demandante, se presentaron cuando el Tribunal Superior de Pereira, al estimar la prueba, declaró que fue demostrada la responsabilidad del acusado, incurriendo, de una parte, en un falso juicio de identidad en la valoración del testimonio de la psicóloga XXXX y, de otra, en falso raciocinio en relación con las declaraciones de XXXX y del procesado XXXX y, además, en cuanto a la inferencia que hizo sobre la presencia en el niño del síndrome de alienación parental.

Yerros que, a decir de la censora, resultaron trascedentes en la declaración de justicia contenida en el fallo de condena, en la medida en que por esa vía se entendió de manera equivocada que se estructuró el dolo en la conducta realizada por XXXX.

En este orden de ideas, se recordará que el Tribunal Superior de Pereira revocó el fallo absolutorio proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa ciudad, al concluir que se estructuró la conducta punible de Fraude a resolución judicial, porque en su entender el procesado se sustrajo al cumplimiento de las obligaciones impuestas en una decisión judicial por el Juzgado Segundo de Familia de dicha ciudad, lo que llevó a cabo de manera consciente y voluntaria.

La decisión judicial de cuyas obligaciones se sustrajo el acusado, según le fue reprochado en el fallo confutado, está contenida en la providencia emitida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira el día 13 de abril de 2007, dentro del proceso verbal sumario de cuidado y custodia personal, promovido por XXXX, en el que se dispuso lo siguiente:

1. DECLARAR NO PROBADA la excepción de mérito formulada por la parte demandada.

2. CONCEDER LA CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL del menor XXXX a su progenitor XXXX, dadas las razones que se dejaron consignadas en la motivación de esta providencia.

3. PREVENIR al señor XXXX para que permita dentro de los lineamientos de este fallo, que la relación entre madre e hijo se desarrolle de manera tal que se mantengan y fortalezcan sus vínculos afectivos.

Cuarto: Con fundamento en lo anotado en la parte considerativa, el régimen de visitas queda de la siguiente manera:

a) La madre del menor compartirá con este, tres tardes semanales (martes, miércoles, jueves 2:30 a 6 p.m.); un fin de semana completo cada 15 días, incluido lunes en caso de ser festivo. Para tal efecto el padre llevará a su descendiente a la casa de su progenitora, lugar donde lo recogerá una vez concluya la visita.

b) Durante la época decembrina el menor compartirá con sus padres en forma alternada para las festividades especiales que se dan durante los días 24 y 31 de dicho mes. Queda al arbitrio y mutuo consenso de los ascendientes, establecer otro régimen de visitas, siempre en procura del bienestar integral de XXXX.

5.: Se fija como CUOTA ALIMENTARIA a cargo de la demandada XXXX y a favor del menor XXXX, el equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de sus ingresos mensuales, la que será cancelada dentro de los primeros cinco (5) de cada mes.

De acuerdo con el fallo del Tribunal, no se dio cabal cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, en tanto se pretermitió la obligación recaída sobre el acusado de permitir el mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos afectivos entre el menor y su madre.

Además, se precisó, resultaba indispensable e improrrogable restablecer el lazo materno filial, debiéndose agotar «todos los medios necesarios para que el menor vuelva a tener contacto con la madre biológica», lo que ésta, XXXX, llevó a cabo de manera infructuosa.

Supone el Tribunal que al acusado siempre le resultó incómoda la determinación judicial que lo obligaba a contribuir al restablecimiento de las relaciones de su hijo con la madre, constituyendo ello un indicio de su interés por incumplirlo.

Califica de totalmente injusta la situación frente a XXXX, quien no solamente perdió la custodia y el cuidado de su hijo, sino que tampoco pudo ejercer su derecho a las visitas que de manera precaria le reconoció el juez de familia, como consecuencia de la actuación premeditada del acusado quien le inculcó temor hacia su madre.

A juicio del juez ad quem, las afirmaciones hechas por el niño dentro del juicio oral y público, relacionadas con el temor que sentía por su madre y su desinterés en permanecer con ella, fueron ideas irracionales inculcadas por su padre, fruto de una manipulación que denomina alienación parental.

Además de descalificar por ese motivo las afirmaciones hechas por el niño, el Tribunal hace gravitar el sentido de su decisión de condena en el testimonio de XXXX, psicóloga del Centro de Atención Integral a víctimas de la violencia intrafamiliar —Cavif— de la Fiscalía, quien narró un evento en el que el acusado «de manera abrupta y en forma irracional sacó al niño del escenario de la terapia y ello impidió que se pudiera obtener algún resultado positivo con miras a reconstruir la relación materno infantil».

Así mismo, refirió como transcendental el testimonio de XXXX, quien para aquella época prestaba sus servicios como empleada doméstica en casa de la madre XXXX, narrando que «el día en que el padre se llevó a la fuerza al menor con la policía para nunca más volver, le preguntó al niño que por qué no se quedaba y le respondió que no porque “mi papá me regaña”».

De allí que el Tribunal infirió que la inobservancia de las obligaciones impuestas en la resolución judicial, fue un comportamiento ejecutado con dolo por parte del procesado XXXX.

2. Análisis de la Corte acerca de los fundamentos de la decisión recurrida:

Antes de entrar en materia de análisis de la prueba aducida en el juicio oral y público y los notables defectos advertidos en su valoración, la Corte considera conveniente repasar los aspectos constitutivos del tipo penal recogido en el artículo 454 del Código Penal, bajo el nomen juris de Fraude a resolución judicial o administrativa de policía, con el que se sanciona a quien «por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía».

La Sala ha destacado, en relación con dicho supuesto de hecho y de cara al bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia, tutelado por el legislador, que el propósito en erigir dicha conducta como delictiva es hacer efectivas las decisiones judiciales, en el sentido de castigar al infractor por el desconocimiento de la autoridad intrínseca que de ellas dimana, materializándose de esa manera las garantías propias de un Estado social de derecho(1).

Protección dispensada al bien jurídico a través de la norma penal en la que se establece la necesidad de concurrencia de un elemento normativo del tipo relacionado con la exigencia de que los medios para sustraerse al cumplimiento de la obligación impuesta en el mandato jurisdiccional han de ser eminentemente fraudulentos.

En consecuencia, la alusión de la norma a "cualquier medio" empleado para el incumplimiento de la resolución judicial, remite a conductas que devienen en fraudulentas como componentes de su tipicidad, por lo que en materia probatoria no es suficiente con la acreditación del incumplimiento de lo decidido por el funcionario, sino que se requiere la demostración de ese actuar revestido de engaño o argucia, como manifestación del dolo en la determinación del sujeto activo de no querer atender la orden judicial, no obstante estar en condiciones de obedecerla(2).

En este sentido, descendiendo al caso en estudio, no se ha suscitado discusión alguna sobre el hecho cierto del incumplimiento que se presentó del mandato contenido en la decisión judicial emitida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, el día 13 de abril de 2007, especialmente en lo que atañe con el régimen de visitas impuesto en favor de XXXX en relación con su hijo XXXX(3), como expresión material y verificable de la obligación del acusado de permitir «que la relación entre madre e hijo se desarrolle de manera tal que se mantengan y fortalezcan sus vínculos afectivos».

El problema jurídico se contrae, entonces, a la determinación de si ese incumplimiento de las obligaciones impuestas en la decisión judicial, se llevó a cabo de manera fraudulenta por parte del acusado XXXX, conclusión a la que llegó el Tribunal.

En este sentido, la Sala puede constatar que aquel cometido expresado como mandato en la decisión judicial estuvo siempre condicionado por circunstancias fácticas relacionadas con los conflictos insolutos entre el acusado y la madre de su hijo, pues precisamente a ello condujo el proceso civil mediante el cual se otorgó a XXXX la custodia y cuidado personal del niño, reglamentándose el régimen de visitas y de obligaciones alimentarias en favor del menor.

Sin embargo, se demostró que la resolución judicial no fue suficiente para atemperar las disputas entre el procesado y la madre de su hijo en torno al trato y cuidado de éste, al punto que, como se acreditó durante el trámite procesal, sin éxito se llevaron a cabo múltiples intervenciones de autoridades administrativas buscando la concreción de los objetivos trazados en la decisión del juzgado de familia.

Así, entre otras cosas, según quedó estipulado probatoriamente en el juicio oral y público, tras un trámite administrativo de restablecimiento de derechos adelantado por la Defensoría de Familia de Pereira, se declaró la vulneración de los derechos del niño XXXX, imponiéndose la medida consistente en el tratamiento terapéutico de los padres y el menor (cfr. fls. 111 y ss., cdno. 1).

Las causas de la vulneración de los derechos del menor, según se definió en aquella oportunidad, se relacionaron con el incumplimiento de ambos padres para manejar los horarios que habían sido establecidos en la decisión del juzgado de familia, enfatizándose que no era viable su ubicación en la familia de la madre porque el niño fue reiterativo en afirmar que no deseaba permanecer con ella.

No obstante, resultó insuficiente lo dispuesto en el trámite administrativo porque las estrategias que se implementaron para lograr los cometidos relacionados con la protección del niño XXXX, no dieron resultado. Así lo sostuvo en su intervención en la audiencia oral y pública el perito XXXX, psicólogo de Medicina Legal(4), quien precisó que «se fracasó en la intención de mejorar los vínculos con la madre», lo que se tradujo en la imposibilidad de observar el régimen de visitas que había sido impuesto por la autoridad judicial.

De esa manera, subrayó el psicólogo forense que el niño fue reiterativo en no querer tener contacto con su mamá, desarrollando frente a ella una conducta de desapego: «no la quiere ver, no quiere compartir con ella los ratos libres, no quiere tener actividades recreativas con ella». Por ello, concluyó, «es un error llevar abruptamente al niño donde la mamá»(5).

La apreciación del perito psicológico fue corroborada con la presencia del niño en el juicio oral y público, para entonces con ocho años de edad, quien al ser interrogado sobre dicho asunto expresó el rechazo a su madre y el desinterés para visitarla(6).

Sin embargo, el Tribunal concluyó que el distanciamiento del niño hacia su madre fue propiciado por la actuación fraudulenta del procesado XXXX, aduciendo como prueba del dolo: i) que en alguna oportunidad, el padre, con el apoyo de la policía, se llevó a la fuerza al niño, cuando se encontraba en la casa de su madre, de acuerdo a lo declarado por XXXX ; ii) que en otra ocasión, el padre sustrajo de una terapia a su hijo, lo que llevó a cabo de manera abrupta e irracional, según lo declaró la perito psicóloga XXXX; y, iii) que el distanciamiento entre madre e hijo se debió a la manipulación llevada a cabo por el padre, lo que cataloga como alienación parental.

En relación con los dos primeros aspectos, el Tribunal infiere el dolo de hechos indicadores que, en su entender, determinaron la intención del procesado de sustraerse a las obligaciones impuestas en la decisión judicial, asumiendo como premisa cierta, según sus propias conclusiones, que le resultaba «incómoda la determinación judicial que le concedió el derecho a las visitas a la madre biológica».

Advierte la Sala, sin embargo, que en ese propósito el juez colegiado desconoció las circunstancias reales en que se presentaron los dos incidentes a los que hizo alusión.

En el primer evento, no se ajusta a lo declarado por la testigo XXXX la afirmación del Tribunal en el sentido que «el padre se llevó a la fuerza al menor con la policía», cuando en realidad lo que aquella manifestó es que en esa oportunidad, que ubica en un día entresemana de junio de 2010, llamaron de la portería del edificio avisando que el papá había ido a recoger al niño y que este lloró porque no se quería ir(7).

Al parecer, es cierto que el procesado se hizo presente acompañado de la policía, pero ello no se traduce necesariamente en un acto de fuerza que resultara ilegítimo de cara a las obligaciones que habían sido impuestas en la decisión del juez de familia, en la que se reguló que «la madre del menor compartirá con este, tres tardes semanales (martes, miércoles, jueves 2:30 a 6 p.m.); un fin de semana completo cada 15 días, incluido lunes en caso de ser festivo. Para tal efecto el padre llevará a su descendiente a la casa de su progenitora, lugar donde lo recogerá una vez concluya la visita».

El hecho acaecido, por lo tanto, no constituye, per se, una transgresión a la obligación impuesta en la decisión judicial, pero además, en su testimonio el niño XXXX se refirió al acontecimiento, entregando una versión distinta sobre lo sucedido:

Un día que estaba en la casa de ella, nos íbamos para San Andrés pasado mañana, yo con mi papá y XXXX, entonces mi papá le dijo que me trajera a las 7 de la noche y ella no me trajo, entonces mi papá al otro día ahí fue cuando vino con la policía y yo estaba llorando porque yo me quería ir para donde mi papá(8).

De manera que ese acontecimiento no puede ser ofrecido como hecho indicador para inferir el dolo en la conducta del procesado, puesto que de una parte tergiversa el contenido de la declaración de XXXX y, de otra, no representa una acción que quebrantara los deberes impuestos en la decisión judicial, pues al parecer la presencia del padre acompañado de la policía obedeció a que no se acató por parte de la madre el tiempo de visita autorizado.

De otro lado, en relación con el segundo episodio, se señala por parte del juez ad quem que igualmente resulta indicativo del dolo en la actuación del procesado el hecho de que en una distinta oportunidad XXXX retirara a su hijo de una terapia que se adelantaba por parte de la psicóloga XXXX, adscrita al Centro de Atención Integral a víctimas de la violencia intrafamiliar —Cavif—.

Al respecto, la Sala debe precisar que ese tipo de actuaciones se hicieron frecuentes en el manejo inadecuado que tanto el padre como la madre dieron a la situación del niño XXXX, pero difícilmente sobre la base de un acontecimiento como el narrado por la testigo podría estructurarse un proceso inferencial que pueda conducir a la conclusión de un actuar doloso frente a la conducta punible que le fue imputada al procesado, lesiva del bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia.

Aunque en la parte resolutiva de la decisión judicial, se consignó una prevención o amonestación al acusado para que facilitara el propósito de que «la relación entre madre e hijo se desarrolle de manera tal que se mantengan y fortalezcan sus vínculos afectivos», la interrupción llevada a cabo en la sesión desarrollada en el Cavif, sin que se haya profundizado en los motivos, más allá de su desacuerdo con la forma de intervención(9), no necesariamente hace inferir el fraude en el acusado, cuando ni siquiera fue ese en particular el proceso de intervención psicológica recomendado en la disposición judicial, y, por ende, en estricta legalidad no puede predicarse el incumplimiento concreto de un mandato.

De hecho, según lo refirió el psicólogo forense XXXX, el restablecimiento del vínculo entre madre e hijo debió llevarse a cabo de manera paulatina, a través de la intervención de un psicólogo infantil, quien no se encontrara comprometido con el padre o con la madre, lo que no ocurría en aquella oportunidad cuando se trató de una sesión de «atención psicológica en crisis» (fls. 114 y ss, cdno. 1), programada por la Fiscalía, a través de una dependencia interdisciplinaria que se encuentra adscrita a esa entidad, encargada finalmente de acusar al procesado, lo que en verdad no se compadece con lo dispuesto en la resolución judicial y tampoco, valga precisarlo, con la medida de tratamiento terapéutico de los padres y el menor ordenada posteriormente por la Defensoría de Familia de Pereira.

En lo estrictamente pericial, la profesional agregó que el padre no facilitó el acercamiento del niño con la madre y que no lo sensibilizó sobre la importancia de esa relación, aunque reconoce las diferencias notables que existía entre los padres sobre las pautas de crianza del menor y la capacidad de este para tomar decisiones frente a su madre, no obstante que podía verse influenciado por el fuerte vínculo que tenía con su progenitor(10).

En realidad, el episodio narrado por la psicóloga muestra en esencia los desacuerdos que existían entre el procesado y la madre de su hijo, lo que la profesional llamó «diferencias en las pautas de crianza», lo cual sin embargo no revela una especial intención en XXXX por desconocer la puntual decisión judicial que lo obligaba a través de la regulación de visitas impuesta, a facilitar el propósito del mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos afectivos entre madre e hijo.

Con lo anterior, resulta evidente para la Corte que el juzgador de segunda instancia incurrió en un falso juicio de identidad en relación con el testimonio de XXXX, tergiversando el contenido de su declaración, así como en un falso raciocinio en torno al testimonio de XXXX, extrayendo en su valoración conclusiones alejadas de la sana crítica, cimentando sobre dichas pruebas unos supuestos fácticos indemostrados para inferir como conclusión la presencia del dolo en la actuación del procesado.

Finalmente, es de la mayor importancia destacar que el cumplimiento de la resolución judicial no podía llevarse a cabo sin el interés del niño en facilitar el acercamiento con su madre y, de esa manera, restablecer los vínculos que, a decir de los especialistas, se encontraban rotos, incluso desde antes de la resolución judicial cuyo cumplimiento se viene cuestionando.

En efecto, en su decisión del 13 de abril de 2007, la Juez Segunda de Familia de Pereira enfatizó, con fundamento en la valoración psicológica y en el informe de la trabajadora social, en la presencia de una conducta de desapego del niño hacia su madre, la misma que se explicó en el poco compromiso de parte de ésta en la relación con su hijo, lo que en últimas fundamentó que la custodia y cuidado personal se asignara a XXXX.

En este sentido, resulta revelador que durante el juicio oral y público se aceptara de manera pacífica que han estado disueltos los lazos materiales y afectivos entre XXXX y su hijo XXXX, siendo éste reiterativo en que no desea tener ningún contacto con su madre: «no la quiere ver, no quiere compartir con ella los ratos libres, no quiere tener actividades recreativas con ella, entonces yo señalé que el niño había desarrollado la conducta de desapego», concluyó el psicólogo forense XXXX(11).

A su vez, el niño en su intervención en el juicio, ratificó su voluntad de no querer visitar a su madre: «no la visito porque no me gusta visitarla»; afirmando además que no le gustaba estar con ella, no obstante que su padre no le prohibía hacerlo(12).

Frente a esta situación, ampliamente demostrada en el juicio, el Tribunal razonó contra toda evidencia que «el menor hizo afirmaciones que por supuesto no son reales y demuestran a las claras la manipulación de la que ha sido objeto (entiéndase alienación parental)», significando con ello que las manifestaciones de rechazo hacia su madre por parte del menor no eran atendibles por parecer ilógicas e insólitas y estar precedidas de la influencia negativa de la figura paterna.

Claramente se advierte el error de apreciación en el juicio del fallador, incurriendo en su conclusión en el quebrantamiento de la sana crítica, al transgredir los postulados de la ciencia, suponiendo que el rechazo del menor hacia su madre era producto de la manipulación fraguada por su padre a fin de desconocer una decisión judicial, lo que en su parecer es configurativo del llamado síndrome de alienación parental.

Desconoció el Tribunal que el perito XXXX, psicólogo forense de Medicina Legal, al ser interrogado sobre la presencia en el niño XXXX del llamado síndrome de alienación parental, fue enfático en manifestar que no le era posible referirse a ese tema por cuanto dicho cuadro clínico no se encuentra avalado por la comunidad técnico científica.

Así mismo el experto adujo no tener explicación suficiente, desde el punto de vista de la disciplina que domina, sobre los motivos del desapego y rechazo del niño hacia su madre.

El Tribunal, no obstante las circunstancias advertidas en el dictamen pericial, dedujo que el niño se encontraba inmerso en un síndrome de alienación parental, haciendo alusión con ello al «complot de un padre con su hijo para perjudicar al otro padre», con lo que terminó reafirmando la responsabilidad penal de XXXX, quien, de acuerdo con ese juicio, urdió el resquemor de su hijo hacia la madre con el único propósito de defraudar a la administración de justicia mediante el desconocimiento de la resolución judicial.

Así, entonces, la trascendencia de dicho error en la apreciación de la prueba, condujo necesariamente a dar por demostrado el dolo en el comportamiento del acusado, bajo la equivocada idea consistente en que si desde el plano objetivo se produjo un incumplimiento a la decisión judicial, igualmente, en perspectiva del tipo subjetivo, el acusado obró prevalido de su conocimiento y de su voluntad, condicionando a su hijo, para sustraerse a la obligación de observar el mandato contenido en el fallo jurisdiccional.

En realidad, se probó en el curso del juicio oral y público el tajante desinterés del niño por visitar a su madre, lo que tornaba en imposible el acatamiento del régimen de visitas impuesto en la resolución judicial del Juzgado Segundo de Familia de Pereira.

De otra parte, no obra ninguna prueba que avale las conclusiones llevadas a cabo por el Tribunal en el sentido de que la voluntad expresada por el menor haya sido fruto de actos de manipulación de su padre a efectos de eludir la obligación impuesta.

Por lo demás, si bien es cierto a ambos padres les asistía el deber por procurar el mejoramiento de las relaciones del niño con su madre, procurando el apoyo terapéutico, según la constante recomendación hecha en tal sentido, el inadecuado manejo de la situación no se traduce en la realización del tipo penal de fraude a resolución judicial, como de manera acertada lo puntualizó el juez a quo.

Obviamente, más allá de los contenidos morales advertidos en la sentencia del Tribunal relacionados con el deber ser en torno a los derechos que asisten a la madre con respecto a su hijo menor y en lo injusta que puede parecer su situación como progenitora, además del dato objetivo del incumplimiento del mandato judicial, encuentra la Sala que en este caso la responsabilidad penal del procesado no podía definirse sino a partir de considerar la presencia de los elementos normativos del tipo penal determinantes del contenido de injusto bajo la noción de fraude en términos de artificios, argucias o engaños.

Su ausencia, implica la no realización subjetiva del tipo de prohibición en los términos del artículo 454 del Código Penal y, por lo tanto, obligaba a la confirmación de la sentencia absolutoria, pues se evidenció en este caso que imponer al padre el cumplimiento de la orden del juez de familia, habría implicado anteponer el interés de la justicia en que sus decisiones sean acatadas sobre las condiciones materiales relacionadas con el menor, quien, según lo precisaron los expertos en psicología que desfilaron en el juicio oral y público, se encontraba en capacidad de tomar sus propias decisiones en función de sus relaciones con los padres biológicos y no era aconsejable obligarlo a visitar a su madre.

Como consecuencia de lo expuesto, la Corte casará la decisión de segundo grado y, en su lugar, otorgará plena vigencia al fallo de absolución impartido por el juez a quo en favor del procesado XXXX.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 2 de julio de 2014, en razón de la prosperidad del cargo formulado en la demanda presentada por la abogada defensora del acusado XXXX.

2. Como consecuencia de la anterior determinación, dejar en firme la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira, mediante la cual absolvió a XXXX, por el delito de Fraude a resolución judicial, objeto de la acusación.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al despacho de origen».

1 CSJ SP, 21 mar. 2007, Rad. 26972; CSJ SP, 10 oct. 2012, Rad. 40006.

2 Sobre el tema, cfr. CSJ SP, 21 mar. 2007, Rad. 26972; CSJ SP, 5 dic. 2007, Rad. 26497; CSJ SP, 10 oct. 2012, Rad. 40006; CSJ SP, 10 jul. 2013, Rad. 41460.

3 Según lo establecido, a partir de mediados de 2010 se rompió el vínculo de visitas entre la madre y su hijo.

4 Registro de video, min. 00:58:20.

5 Registro de video, min. 01:57:11.

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