Sentencia SP10845-2014/40923 de agosto 13 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 40923

(Aprobado Acta 261)

SP10845-2014

Magistrada ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá, D.C., agosto trece de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

Primer cargo. Violación indirecta de la ley sustancial derivada de error de hecho por falso juicio de existencia

No es cierto que el juzgador, con sustento en medios de prueba supuestos, haya concluido que Coomotor Ltda. debía responder de los perjuicios causados con los delitos de lesiones personales.

De acuerdo con la sentencia impugnada, la buseta TBK 618, de propiedad de Yesid Alberto Martínez Osorio, se encontraba afiliada a la mencionada empresa de transporte y el día de los hechos cumplía el itinerario asignado por ella. Esto lo dedujo el Tribunal de los testimonios de las personas que viajaban en el vehículo, del informe policial sobre el accidente de tránsito y de los siguientes documentos del automotor: tarjeta de propiedad, tarjeta de operación, seguro obligatorio y seguro de responsabilidad civil contractual tomado con la compañía aseguradora La Equidad.

En el informe de la policía de carreteras, ciertamente, aparece relacionado el bus de servicio público como perteneciente a la empresa Coomotor Ltda. (fl. 1/c. original 1). Según el “carné de seguros de responsabilidad civil contractual accidentes a pasajeros”, expedido por Seguros La Equidad, la Cooperativa Motoristas del Huila y Caquetá-Coomotor, en relación con el vehículo TBK 618, tipo servicio especial, tomó la póliza AA001775, vigente entre el 15 de junio de 2004 y el 15 de junio de 2005, con amparos por pasajero de $2 5.000.000 por cada uno de los siguientes conceptos: muerte, incapacidad total, incapacidad permanente y gastos médicos (fl. 16, cdno. original 1).

La tarjeta de operación 114401, por su parte, expedida por el Ministerio de Transporte el 7 de abril de 2004 y con vencimiento el 1º de abril de 2006, registra igualmente que la buseta TBK 618, se encuentra vinculada a la empresa Coomotor Ltda., con sede en Neiva. La gerencia de esta firma transportadora, por último, certificó el 17 de diciembre de 2009 “que la persona autorizada por esta Cooperativa para operar como conductor el vehículo de placas TBK 618 para el 19 de mayo de 2005 era el señor FRANCISCO ALEJANDRO MEDINA TORRES” (fl. 76, cdno. original 2). Esta prueba, tomada en cuenta por el Tribunal, junto a las demás mencionadas, deja claro que el error probatorio denunciado no tuvo ocurrencia y que está por completo fuera de lugar la afirmación del demandante relativa a que no obraba prueba en el expediente de la afiliación de la buseta a Coomotor, la cual reiteró en la segunda censura para fundamentar un defecto de motivación de la sentencia, desde luego inexistente.

Los mencionados documentos, claramente, acreditaban que respecto de la buseta accidentada y su conductor FRANCISCO ALEJANDRO MEDINA TORRES, Coomotor Ltda. ejercía poderes de dirección y control. Había asegurado los eventuales daños que pudieran causarse con la operación del equipo a los pasajeros transportados —por eso llamó en garantía a Seguros La Equidad— y mantenía bajo su vigilancia al conductor MEDINA TORRES, a quien, conforme a la constancia citada, debió habérsele practicado el día de los hechos la “prueba de beodez” en el terminal de transportes de Neiva.

Así las cosas, en concordancia con el artículo 36 del Estatuto Nacional de Tránsito (L. 336/96), Coomotor Ltda. estaba llamada a responder patrimonialmente, en calidad de tercero civilmente responsable, de los perjuicios causados con el accidente a los pasajeros que se transportaban en la buseta conducida por el procesado, solidariamente con este y con el dueño del automotor. Por tanto, hizo bien el juzgador al decidir en ese sentido. De acuerdo con el Delegado, entonces, el reproche no tiene vocación de prosperidad.

Segundo cargo. Nulidad por quebrantamiento del debido proceso

1. Le asiste la razón en esta censura al recurrente. Ciertamente, como lo recordó en la demanda, la jurisprudencia de la Sala (CSJ SP, 5 dic. 2007, Rad. 26513) tiene definido que si la vinculación del tercero civilmente responsable está supeditada a que la solicite expresamente la parte civil, según se deduce del artículo 69 de la Ley 600 de 2000, es obvio que no puede ser condenado oficiosamente al pago de perjuicios. En otras palabras, si dicho sujeto procesal es quien sin ser autor o partícipe de la conducta punible tiene la obligación de indemnizar los daños causados con ella (art. 140 ibíd.), resulta lógico que para examinar su responsabilidad patrimonial se le debe vincular al proceso previa demanda en su contra, garantizándose así su derecho de defensa.

Frente al procesado la situación es diferente, según se concluyó en la sentencia atrás mencionada y se reitera. Puede ser condenado dentro del proceso penal al pago de los perjuicios, aunque no medie acción civil de los afectados con el delito. Si una de las finalidades de la instrucción, en concordancia con el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal de 2000, es la determinación de “los daños y perjuicios de orden moral y material que causó la conducta punible”, claramente el sindicado se puede defender desde un principio de la cuestión indemnizatoria, a la par con el tema penal. El tercero civilmente responsable, por el contrario, únicamente lo podrá hacer a partir del momento en que se le notifique la demanda en su contra.

2. En el presente caso presentaron demanda de constitución de parte civil Diana del Socorro Delgado Méndez, Rodrigo Charry Tovar, Héctor Ángel Marín, Gerónimo Murcia Álvarez, Julián Borrero García, Ofelia Gualdrón Manrique, Germán Ladino Trujillo y Diego Cabrera Gualdrón. Todos ellos, a través de sus apoderados, pidieron vincular en calidad de terceros civilmente responsables a Yesid Alberto Martínez Osorio y a Coomotor Ltda.

La Fiscalía, mediante providencias de septiembre 5 de 2005 y de junio 12 de 2006, admitió las demandas presentadas por Héctor Ángel Marín, Gerónimo Murcia Álvarez, Julián Borrero García, Ofelia Gualdrón Manrique, Germán Ladino Trujillo y Diego Cabrera Gualdrón, de una parte, y por Rodrigo Charry Tovar, de otra. En los dos eventos se ordenó vincular a los terceros civilmente responsables.

El juez del conocimiento, a su turno, mediante auto del 10 de septiembre de 2010, admitió como parte civil a Diana del Socorro Delgado Méndez pero no accedió a su solicitud de vincular a los terceros Yesid Alberto Martínez Osorio y Coomotor Ltda., en consideración a que la presentó después del término establecido para hacerlo en el artículo 69 del Código de Procedimiento Penal. Los mencionados, en consecuencia, no podían ser condenados a pagarle a la mencionada víctima, solidariamente con el procesado, el valor de los perjuicios decretados a su favor. Al hacerlo el tribunal les transgredió a esos sujetos procesales el derecho al debido proceso y por ello la Sala, para remediar el error, casará parcialmente la sentencia impugnada para liberar a Yesid Alberto Martínez Osorio y a Coomotor Ltda. de la obligación de indemnizar los perjuicios causados a la lesionada Diana del Socorro Delgado Méndez.

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE: 

1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia condenatoria impugnada, para absolver a los terceros civilmente responsables Yesid Alberto Martínez Osorio y Coomotor Ltda. de la obligación de pago de los perjuicios decretados a favor de la lesionada Diana del Socorro Delgado Méndez.

2. En lo demás queda incólume el fallo recurrido.

Contra esta decisión no proceden recursos».

Notifíquese y cúmplase».