Sentencia SP10994-2014 de agosto 20 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP10994-2014

Rad. 43.624 Aprobado Acta 269

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., veinte de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La Sala declarará fundada la causal de revisión invocada. Las razones son las que siguen:

1. El numeral 7º del artículo 192 del Código de Procedimiento Penal permite la revisión del fallo ejecutoriado, “cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria”.

El entendimiento normal de la disposición apuntaría a que el pronunciamiento favorable de la Corte deba darse con posterioridad a los fallos de instancia. No obstante, puede suceder que los jueces de conocimiento no se hubiesen enterado, no estuvieren al tanto, no supieran de la existencia de la nueva jurisprudencia y que, como consecuencia de ello, su decisión se hubiese adoptado con fundamento en criterios anteriores de la Sala de Casación Penal.

En esas eventualidades, así el criterio favorable de la Corte sea posterior en el tiempo a la emisión de los fallos por revisar, para esos casos concretos se muestra como “nuevo”, porque, en efecto, la novedad de lo dicho por la Corte radica, no en su ubicación en el tiempo siguiente a las decisiones de los jueces, sino en relación con la época del criterio adoptado en ellas.

Por mejor decir, la inteligencia de la posterioridad del lineamiento jurisprudencial de la Sala de Casación Penal, apunta no a las fechas de las decisiones, sino a las épocas en que la Corte adoptó los dos criterios: el que sirvió de soporte a las sentencias por revisar y el aducido como nuevo y favorable. Así, el argumento benéfico debe haberse producido luego de aquel que fue el fundamento de los fallos demandados en revisión.

Esta interpretación se adecua con precisión al mandato legal, como que en estricto sentido este no determina que lo trascendente sea el momento de emisión de la jurisprudencia, sino que ella sea benéfica y posterior a aquella que sirvió de soporte a los jueces de instancia.

2. En el caso analizado se tiene que la sentencia de primer grado, del 8 de noviembre de 2010, se profirió con antelación al criterio de la Corte que se tiene por favorable (feb. 27/2013) y si bien no hizo referencia alguna, lo cierto es que atendió los postulados de la jurisprudencia de esta Sala, que por aquel entonces admitían la aplicación del agravante del artículo 14 de la Ley 890 del 2004 y la prohibición de cualquier rebaja o beneficio porque así lo ordenaba el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia.

2.1. La sentencia del tribunal, del 2 de agosto de 2013, es posterior a la jurisprudencia favorable de la Corte, pero lo cierto es que al ratificar integralmente la del a quo, hizo propios los argumentos de este, es decir, reiteró aquellas prohibiciones, de donde deriva que prohijó el criterio anterior de la Sala de Casación Penal, frente a lo cual la sentencia de la Corte del 27 de febrero de ese año adquiere las connotaciones de criterio posterior favorable.

2.2. De la lectura del fallo de segunda instancia surge que el tribunal desconocía por entonces la nueva postura de la Corte, no solo porque razonó con los criterios anteriores de esta corporación sobre las restricciones aludidas, sino porque expresamente, en apoyo de sus argumentos, citó en extenso una decisión (nov. 17/2008, Rad. 30.299) en donde expresamente se argumentó con esos alcances (la L. 1098/2006 prohibía conceder rebaja por allanamiento a cargos).

El tribunal no se quedó allí, sino que hizo un rastreo de las decisiones de la Corte en el mismo sentido, hasta la sentencia del 18 de abril de 2012 (Rad. 33.729), desde donde deriva incontrastable que no conoció el fallo del 27 de febrero de 2013 y, por ende, este se erige como criterio nuevo y posterior.

3. Los jueces de instancia negaron al sentenciado la rebaja de pena prevista en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, para cuando el acusado se allana a los cargos formulados por la Fiscalía por expresa prohibición del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del 2006.

4. Con posterioridad al criterio sostenido en las sentencias de instancia, la Sala de Casación Penal profirió el Fallo 33.254 del 27 de febrero de 2013, mediante el cual concluyó que en los supuestos en los cuales el procesado se allane a cargos o acuerde con la Fiscalía, pero se estuviese ante las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, no hay lugar a aplicar el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 del 2004.

El lineamiento parte de la base de que la Ley 1121 del 2006 prohíbe conceder cualquier tipo de prebendas cuando, por ejemplo, se trate del delito de extorsión, razón por la cual no se entiende que se aplique el aumento señalado, cuando su razón de ser es la de propiciar una justicia premial.

En la providencia señalada, a modo de conclusión, la Corte afirmó:

“Por consiguiente, a la luz de la argumentación aquí desarrollada, fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 —para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo—, tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena (...).

Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de pena previstos en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a los delitos referidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006”.

Con posterioridad, el 19 de junio siguiente, dentro del Radicado 39.719, reiteró:

“Durante las alegaciones orales, de consuno la Fiscalía y la representación del Ministerio Público, pidieron se aplicase de oficio, en favor del procesado, la más reciente jurisprudencia de la Sala, consignada en el Radicado 33254 del 27 de febrero de 2013.

La decisión en comento, cabe recordar, a partir de la aplicación del principio de proporcionalidad y la verificación del querer del legislador al expedir la Ley 890 de 2004, concluyó que a los delitos a los cuales cobija la prohibición de rebajas o beneficios del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, entre ellos la conducta punible de extorsión, no les es aplicable el incremento generalizado de pena establecido en el artículo 14 de la primera normatividad citada.

Empero, de lo expuesto por la Corte hacen los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría una equivocada lectura, pues, no deriva de allí que la eliminación del incremento opere general e indiscriminada para esos delitos reseñados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, sin que importen las vicisitudes procesales del caso concreto.

Todo lo contrario, en la jurisprudencia objeto de análisis, dentro al apartado final del tópico referido al tema en cuestión, la Corte advirtió: (...)

Claramente el apartado trascrito contiene una restricción al concepto de inaplicación del aumento de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pues, precisamente para que el principio de igualdad respecto de personas a quienes se condena por la vía ordinaria en delitos diferentes, no sea vulnerado, establece como premisa básica que el no incremento solo opera cuando el procesado se acoge a los mandamientos de justicia premial que contienen las figuras del allanamiento a cargos y preacuerdos.

Vale decir, en los casos en los cuales la persona vinculada por delitos contemplados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, no hace manifiesta su intención de acogerse a la terminación anticipada del proceso, vía allanamiento o preacuerdo, y ello no se materializa en la consecuente definición anticipada del asunto, la pena aplicable debe consultar también el incremento dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Pues, de no ocurrir así quedaría huérfana de soporte la tesis que gobierna la jurisprudencia examinada, que tiene como objeto central de definición la imposibilidad de incrementar penas de Ley 890, a quienes no acceden a la justicia premial.

Cuando el asunto discurre por el camino ordinario del juicio oral, ya se hace necesario igualar a todas las personas de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la tantas veces citada Ley 890 de 2004, no solo porque aquí en nada incide la justicia premial, sino porque de no hacerse así se establece una desigualdad gratuita e injustificada a favor de quienes, precisamente, cometen delitos graves que el legislador estimó necesitados de más draconiano trato.

Por lo demás, si se dejara de lado la necesaria acotación del criterio establecido por la Corte, ningún sentido tendría la exhortación que en la decisión jurisprudencial objeto de examen, se hace para que el legislador en lugar de limitar las posibilidades de terminar los asuntos rápidamente a través de los mecanismos de justicia premial, las flexibilice a efectos de hacer funcional y eficaz el sistema, so pena de su colapso.

Apenas natural surge que si la posibilidad del no incremento de pena en los delitos objeto de prohibición de beneficios, resulta consecuencia de acceder a alguno de los institutos de justicia premial, ello servirá de acicate para que así suceda y se eviten los efectos dañosos de la congestión judicial.

En consecuencia, la Corte reafirma que por inescapables razones de igualdad y funcionalidad del sistema, la prohibición del incremento de penas general dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, respecto de los delitos enlistados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, únicamente remite a aquellos casos en los cuales la persona se allanó a cargos o llegó a un acuerdo con la Fiscalía y en atención a ello se terminó anticipadamente el proceso”.

Cabe precisar que la jurisprudencia señalada alude a las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, lo cual no obsta para que sus lineamientos sean admisibles, con las mismas consecuencias, en lo que respecta al artículo 199.7 del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del 2006, como que este ha sido redactado en idénticos términos, con fundamentos y consecuencias iguales, de donde deriva que a una misma situación de hecho corresponde idéntica solución en el derecho.

5. Ahora. El artículo 200 de la Ley 1098 del 2006 modificó el 119 del Código Penal, para señalar que cuandoquiera que se proceda por conductas de lesiones personales y en ellas “concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104 las respectivas penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad” y que cuando ellas “se cometan en niños y niñas menores de catorce (14) años las respectivas penas se aumentarán en el doble”.

Tal disposición es posterior a la Ley 890 del 2004, de donde deriva que se trata de incrementos autónomos y, por ende, no hay lugar a las disquisiciones sobre la aplicación del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, como que en el estatuto posterior (Ley de la Infancia y la Adolescencia) el legislador dejó de lado la tesis de la justicia premial y aplicó sanciones independientes.

En sentencia de casación del 30 de abril de 2014 (CSJ SP5197, rad. 41.157), la Corte hizo las siguientes precisiones:

“Valga aclarar que estos incrementos al ser posteriores al año 2005, desplazaron aquel derivado del aumento generalizado de penas contendido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, vigente a partir del 1º de enero de 2005, es decir, que sobre los artículos modificados por las enunciadas leyes no se impone un incremento de la tercera parte en el extremo mínimo, ni de la mitad en el máximo, pues la pena será la que fijó la legislación posterior.

En similares términos fue modificado el artículo 119 del Código Penal, dado que el artículo 200 de la Ley 1098 de 2004, estableció como disposición común a los artículos que conforman el capítulo que regula el delito de lesiones personales una agravación de la tercera parte a la mitad cuando concurran las circunstancias indicadas en el artículo 104 del Código Penal, y del doble si las mismas ofenden a un menor de 14 años. En estos casos, a las penas básicas para cualquiera de las modalidades del delito de lesiones personales se les aplica el aumento del artículo 14 de la Ley 890, y si la víctima es un menor de 14 años, esa sanción básica se duplica. Así mismo, se incrementa de la tercera parte a la mitad si por razón de la minoría de edad de la víctima, y se considera que esta es una situación que se encuadra dentro de la causal 4ª del artículo 104 del estatuto punitivo, esto es, valiéndose de su condición de indefensión o inferioridad.

Ahora bien, frente al delito de secuestro, desde mucho antes de la Ley 1098, el legislador de 2000 fijó como una de las circunstancias de agravación punitiva el hecho de que tal comportamiento se realice contra un menor de 18 años. Y respecto del punible de homicidio, si bien no se establece como causal de agravación la minoría de edad de la víctima, dicha circunstancia ha sido adecuada en la mayoría de los casos dentro de la hipótesis prevista en el numeral 7º del artículo 104 del Código Penal, esto es, cuando el comportamiento se cometa aprovechándose de la condición de inferioridad o indefensión del ofendido.

En estos eventos de los delitos de secuestro y homicidio doloso cuando la víctima es menor de edad, sí aplica el incremento al que alude el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pues dicha norma no ha sido subrogada por alguna modificación posterior que imponga una sanción diferente a la que ya había establecido la Ley 599 de 2000.

El anterior recuento se justifica en aras de definir cuál es la finalidad del incremento de las penas para delitos de especial gravedad cometidos contra niños, niñas y adolescentes, debiéndose diferenciar entre aquellos atentatorios contra la libertad y formación sexuales, cuya significativa pena persigue sancionar con mayor severidad esta clase de ofensas cuando la víctima es menor de edad, y los que vulneran la vida y la libertad de locomoción, cuya sanción obedece al incremento generalizado de penas contenido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 que en tratándose de menores de edad la sanción se agrava, pero cuyo objeto fue el de establecer sanciones elevadas para todos los delitos en aras de que al momento en que se hicieran los descuentos por negociaciones, preacuerdos o allanamientos, la pena no resultara irrisoria.

En el caso de los punibles contra la integridad física, la sanción para estos fue incrementada por razón del artículo 200 de la Ley 1098 de 2006, en cuyo inciso segundo se fija una pena aumentada en el doble cuando cualquier delito de lesiones personales dolosas se cometa contra un menor de 14 años y de la tercera parte a la mitad, si en la conducta concurre alguna de las circunstancias de agravación punitiva previstas en el artículo 104 del Código Penal, entre las que se incluye la de aprovecharse de la condición de indefensión o inferioridad de la víctima que en muchos casos viene dada por la minoría de edad de esta.

Es decir, el incremento de la sanción en los casos de lesiones personales dolosas cuando la víctima es menor de edad, corresponde a una reforma legislativa que al igual que en los delitos contra la integridad y formación sexuales, surge de la voluntad del constituyente derivado de que las penas para quienes atenten contra estos intereses jurídicos en cabeza de niños, niñas y adolescentes reciban un mayor castigo frente a otros infractores a la ley penal.

En tal medida, ante la prohibición para que los ejecutores de esta clase de comportamientos reciban rebajas de pena por preacuerdos, negociaciones o allanamientos, no se puede prescindir de los aumentos de penas que han sido posteriores a la Ley 890 de 2004 y que persiguen un propósito diferente al del artículo 14 de dicha normatividad, esto es, que además de que no podrán acceder al beneficio que se deriva de la aceptación de responsabilidad penal, la sanción debe ser superior cuando se afecten los derechos de menores de edad.

Pero en los eventos de secuestro y homicidio doloso, como antes de la entrada en vigencia de la Ley 890 de 2004, incluso desde el Código Penal de 2000, ya se preveían circunstancias de agravación derivadas de la minoría de edad de la víctima, el incremento generalizado de penas del mentado artículo 14, pierde su razón de ser si el procesado opta por la celebración de un preacuerdo o una negociación o decide allanarse a los cargos, pues no se hará benefactor de la significativa rebaja que prevé la ley procesal para el efecto y aun así, se mantendrá un mayor juicio de reproche por afectar los derechos de niños, niñas y/o adolescentes, dado que el incremento por esa condición de la víctima no sufre modificación alguna si se desecha el citado aumento.

Así las cosas, el criterio que ha venido desarrollando la Corte desde la casación 33.254 de 27 de febrero de 2013, resulta también aplicable en asuntos en los que se trate de delitos de secuestro y homicidio doloso contra niños, niñas y adolescentes y el acusado preacuerda con la Fiscalía General de la Nación o se allana a los cargos y sin que reciba ninguna compensación por acudir a alguna de estas formas de terminación anticipada del proceso; no así en los casos de lesiones personales dolosas, y todos aquellos delitos que conforman el capítulo de las conductas contra la libertad, integridad y formación sexuales, toda vez que en los mismos la pena no se incrementa con motivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, sino por razones de política criminal que buscan una mejor protección de dicho bien jurídico cuando su titular es menor de edad”.

Del citado artículo 200 de la Ley 1908 del 2006 y de la jurisprudencia trascrita surgen dos aspectos:

I. Cuando en el delito de lesiones personales concurra alguna de las circunstancias agravantes del artículo 104 del Código Penal, las penas para todos los tipos de lesiones se aumentarán de una tercera parte a la mitad.

Cuando las lesiones personales sean cometidas en contra de niños menores de 14 años (esto es, de 13 años, 11 meses y 29 días hacia abajo) “las respectivas penas se aumentarán en el doble”.

II. En supuestos diferentes a los reglados en el citado artículo 200, es decir, cuando en la conducta punible de lesiones no concurran las agravantes del artículo 104 penal y cuando las víctimas de ella sean adultos o menores entre 14 y 18 años de edad, no aplican los aumentos señalados.

Por tanto, en estos eventos se acude a las reglas generales, como que ellos no quedan cobijados con los aumentos aludidos. Así, los tipos penales aplicables serán los originales de la Ley 599 del 2000, con el agravante del artículo 14 de la Ley 890 del 2004.

Y, como consecuencia de ello, en esos casos que escapan a las regulaciones del artículo 200 del Código de la Infancia y la Adolescencia, procede dar cabida a la jurisprudencia favorable respecto de que el aumento de la Ley 890 del 2004 no es aplicable en los supuestos en que el legislador prohíbe conceder descuentos o beneficios cuando el sujeto pasivo de la acción penal se allana a los cargos o llega a un acuerdo con la Fiscalía.

4. Los lineamientos de la nueva jurisprudencia se cumplen en el evento considerado, en atención a que (I) la víctima del delito, JEBG, nació el 10 de diciembre de 1992, lo que significa que para el 13 de abril de 2008 (fecha de ocurrencia de los hechos) contaba con más de 15 años de edad, luego el suceso quedó por fuera del artículo 200 de la Ley 1098 del 2006, (II) el sindicado admitió sin restricciones los cargos formulados por la Fiscalía en la imputación, acto que constituyó el soporte de las sentencias de condena y, (III) en la dosificación punitiva se aplicó el aumento del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, pero se negó la rebaja del artículo 351 procesal, porque así lo reglaba el 199.7 de la Ley 1098 del 2006.

5. Por tanto, se impone dar cabida a la nueva postura de la Corte, lo cual comporta una redosificación de la pena por cumplir, descartando de ella el aumento del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, con respeto a los criterios de los jueces de instancia.

Los juzgadores aplicaron la pena mínima del inciso 2º del artículo 113 del Código Penal, norma que, sin el agravante de la Ley 890, señala prisión de 2 años (igual lapso para la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas) y multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, montos que, en definitiva, serán los que se deben cumplir.

Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar fundada la causal de revisión invocada por el defensor del señor Juan Empidio Gil Pulido.

2. Declarar sin valor, parcialmente, las sentencias del 8 de noviembre de 2010 y 2 de agosto de 2013, proferidas, en su orden, por el Juzgado Promiscuo Municipal de (...) (Boyacá) y el Tribunal Superior de Tunja, exclusivamente para dejar en 2 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2008, las penas que debe cumplir el señor Juan Empidio Gil Pulido, como autor responsable del delito de lesiones personales dolosas por el que fue condenado.

En todo lo demás, los fallos permanecen vigentes. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».