Sentencia SP11247-2015/35.687 de agosto 26 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP11247-2015

Radicación 35.687

Aprobado acta 295

Bogotá, D.C., veintiséis de agosto de dos mil quince.

Asunto a decidir

EXTRACTOS: «Consideraciones de la sala

La Competencia.

5. Como se ha venido indicando a lo largo de la actuación, la Corte Suprema de Justicia es la autoridad competente para conocer del presente asunto, de conformidad con la vigente interpretación del parágrafo del artículo 235 Superior(22), adoptada en los autos del 1º y 15 de septiembre de 2009(23), que confiere a esta Corporación la potestad de investigación y juzgamiento de los Congresistas que hubieren hecho dejación del cargo, cuando de las pruebas aportadas al plenario se pueda deducir el vínculo entre la función desempeñada y el delito imputado.

6. La esencia de tal prerrogativa radica en la preponderancia que el orden constitucional otorga a la función encomendada a los Altos dignatarios del Estado, en quienes ha quedado depositada la labor fundamental de decidir sobre los asuntos de su competencia en beneficio del interés general, circunstancia que ubica a dichos funcionarios en una posición privilegiada en la escala de jerarquía de los servidores públicos, por cuanto durante el ejercicio de sus funciones, potencialmente pueden llegar a lesionar o poner en grave peligro el bien jurídico de la seguridad pública y por tanto, esta Corporación está facultada para establecerlo, en su condición de máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria y en este caso, como Tribunal excepcional encargado de la investigación y juzgamiento de aforados constitucionales(24).

7. Tal situación acontece en el caso del doctor G.Z., quien no obstante haber dejado de pertenecer al cuerpo legislativo desde el día 19 de agosto de 2008, los hechos que se le atribuyen guardan estrecha relación con la función desempeñada, dado que tuvieron origen mientras fungía como Senador de la República durante el período 2002-2006, en cuyo ejercicio pactó compromisos con un grupo armado al margen de la ley para renovar dicha condición en las elecciones del año 2006, a sabiendas que con tal proceder estaba coadyuvando a quebrantar el Estado de Derecho y de contera, poniendo en riesgo la seguridad pública, uno de los bienes jurídicos más importantes tutelados por nuestro ordenamiento penal, como se analizará más adelante.

El acto de aceptación de cargos y sus consecuencias jurídicas

8. El trámite abreviado de sentencia anticipada de que trata el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, por el que optaron procesado y defensor para obtener los beneficios de rebaja de pena, hace parte del arsenal jurídico que la legislación penal colombiana viene implementando desde hace varias décadas, como instrumento alternativo para la resolución de los conflictos judiciales, dentro de la agenda de una política criminal que se adapte a los estándares internacionales sobre derechos humanos asociados a los postulados del derecho penal mínimo y justicia consensuada, en virtud de los cuales se privilegian en forma ponderada, razonada y controlada los intereses del procesado y la eficacia de la administración de justicia, a través de actos de economía procesal que posibilitan arribar a la verdad histórica, sin las dificultades y vicisitudes propias de un juicio contencioso y sin lugar a dudas, dispendioso.

9. Se trata, en efecto, de un procedimiento de terminación anormal del proceso, en el que el Estado y el sujeto pasivo de la acción penal renuncian a su ejercicio, tras consensuar que los medios de cognición aportados hasta precisos instantes procesales, ostentan suficiente capacidad persuasiva para desvirtuar la presunción de inocencia, sin necesidad de llegar a la solución extrema de ser oído y vencido en un juicio criminal, admitiendo que tales medios serán el sustento del fallo adverso. El acto, no obstante considerarse como una forma de confesión simple, tendrá valor probatorio cuando esta haya sido manifestada libre y voluntariamente ante el Juez competente y esté corroborada por otros elementos de convicción.

10. Con la aceptación de culpabilidad también queda claro que los cargos que obran en contra del procesado(25), sobre los cuales descansa el compromiso penal, ofrecen un valor que supera la probabilidad, que son ciertos en tanto están respaldados en prueba legal y oportunamente incorporada en el expediente, y que los asume a partir de ese momento como plena prueba de la existencia del hecho y de su responsabilidad, en situación análoga a la indicada en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, que prescribe que “no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del procesado”(26).

Equivalencia del acta de aceptación de cargos con la acusación

11. De conformidad con la jurisprudencia existente en la materia, el acta de formulación y aceptación de cargos con fines de sentencia anticipada, constituye el equivalente de la resolución acusatoria. En dicho instrumento jurídico queda delimitada con precisión la conducta delictiva objeto de pretensión acusatoria del Estado, la cual es admitida por el procesado como obra suya, conducta que no puede ser modificada luego de su aprobación.

12. De modo que, frente a los cargos presentados y admitidos por el procesado en el acta suscrita el día 13 de julio del año en curso, se circunscribirá el control de legalidad sobre el trámite procesal para sentencia anticipada y lo concerniente a los requisitos para proferir el fallo de condena de que trata el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, teniendo en cuenta que con posterioridad a la presentación de la solicitud de este trámite se allegaron nuevos elementos de juicio, que aunque no modifican la imputación fáctico-jurídica, deben ser valorados conforme a las reglas de la sana crítica probatoria.

13. Así pues, en cuanto a lo primero, observa la Sala que la petición que elevó el procesado para someterse a las consecuencias de la institución de la sentencia anticipada, previo a la ejecutoria del auto de cierre de investigación, corresponde a una manifestación libre, reflexiva y debidamente informada, prestada en estado normal de sus facultades psíquicas para obtener, como medio adecuado, los beneficios de rebaja de pena por colaboración con la administración de justicia, conforme se apreció en la audiencia de aceptación de cargos, a donde acudió el procesado G.Z. en compañía de su defensor, en garantía de la legalidad del acto y de la eficacia de sus derechos fundamentales.

14. Dicha manifestación de voluntad fue presentada ciertamente dentro de la oportunidad procesal señalada en el inciso 1º del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, esto es, durante la fase de investigación sumarial, que se aviene con el apartado en cita que establece que: a partir de la diligencia de indagatoria y hasta antes de que quede ejecutoriada la resolución de cierre de la investigación, el procesado podrá solicitar, por una sola vez, que se dicte sentencia anticipada. De manera que, como se aprecia, tal iniciativa del procesado será valorada como una acción direccionada a acreditar los cargos a él imputados.

15. En consecuencia, la Sala se pronuncia a continuación sobre los mismos, acorde con la calificación jurídica definitiva y la prueba de responsabilidad existente, a partir de las manifestaciones del principal testigo de cargo, J.C.S.R., alias ‘E.T.S.’, en cuyos testimonios descansa la prueba sobre dichos tópicos(27).

Imputación fáctica y jurídica

16. No existe duda en cuanto a que la información suministrada por alias el ‘T.S.’, constituye la prueba sobre la cual recae el juicio de reproche que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad, sin la cual difícil se hubiera llegado al convencimiento, más allá de toda duda, de que los episodios investigados existieron y que en ellos intervino el procesado G.Z., dada la fidelidad histórica con que este testigo trajo a colación las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los apoyos electorales que los máximos comandantes del BCB le prodigaron en su campaña a la relección de Senador en el año 2006, y que en efecto lo llevaron a revalidar su credencial congresional para el período 2006-2010.

17. Dichas atestaciones adquirieron la entidad de prueba testimonial auténtica, no solo porque a. el ‘T.’ es en realidad un testigo de excepción, habida consideración que compartió diversos lugares de presidio y concentración con los cabecillas de la aludida organización paramilitar, al lado de los cuales protagonizó uno de los pasajes más escandalosos de la vida nacional(28), sino porque sus dichos fueron avalados por los testigos D.F.M.B., alias D.B.’, C.M.J.N., alias ‘M.’ y el lugarteniente D.H.L., alias ‘D.R.’ y además, porque las circunstancias objetivas del caso así lo corroboran.

18. Fue así cómo, fincado en su vívida experiencia, a. ‘E.T.’ indicó que sus primeros contactos con el doctor G.Z. tuvieron lugar entre los años de 1987 y 1991, siendo él empleado y este cuentahabiente de una sucursal del Banco de Occidente en Medellín y posteriormente, porque cuando el procesado laboró en la Universidad Indesco(29), haciendo parte del grupo político del condenado dirigente C.P.G., le ayudó a ingresar a varios programas académicos. Al respecto señaló:

‘G.G. me ayudaba, porque G. independiente era amigo de J.B., él tiene una amistad muy grande con S. y con mi hermano y con J.G.V., porque ellos se conocieron desde la Universidad C.D.C., cuando él era vicerrector’.

19. En ese mismo contexto, ilustró el testigo que el procesado había pactado con su hermano Á.S.R., el cargo de Revisor Fiscal de C.A. en favor de su pariente y vecino J.G.V., en prueba de lo cual aseveró que este testigo concurrió al sitio de ubicación de L.C. (A.), con el fin de legalizar subrepticiamente un proyecto de reciclaje de basuras que habían iniciado los miembros de las AUC, en demostración de su compromiso de mantenerse en rigurosa disciplina social durante el proceso de desmovilización paramilitar.

20. Estas fueron sus palabras:

‘(…), cuando yo hablo con F.Z. para que pongan todos los alcaldes del equipo de ellos, de los conservadores a votar por J.G.V. para revisor fiscal de C.A...’.

‘(…), cuando nosotros llegamos a L.C., yo monto un proyecto productivo en L.C., que es un proyecto de reciclaje, de recoger las basuras, una recicladora, en ese proyecto participamos D.M., A., B., M. y yo, ese proyecto costó 200, 300 millones en L.C. donde nos recluyó el presidente, resulta que necesitábamos la asesoría, la maquinaria y demostrar de dónde sacábamos los dineros para el proyecto productivo, nadie podía pues ir a meter su plata allá, sino que eso tenía que ser financiado por una empresa, entonces todos cogimos proyectos productivos, nosotros cogimos reciclaje, C. cogió un floricultivo, M. hizo una granja, pero todo tenía que mostrarlo de donde venía, entonces dijo D.: déjeme y yo llamó a O. que el hermano es el Director de C. y ellos a mí me deben muchos favores…’.

‘La razón se mandó y al otro día estaba el director de C. hablando con nosotros…, en la reunión estuvimos tres personas, estuvo J.G.V. el alcalde hoy de C., estuvo el director de C. y yo, y le dijimos que nosotros habíamos montado ese proyecto pero que necesitábamos que él lo mostrara como si lo estuviera donando y que a él le servía porque esa plata era para ellos, es decir, nosotros la pusimos, él nos las legaliza y del flujo de caja de él tenía haber salido esa plata, se le abrieron las agallas, eran como trecientos millones o algo así, se arrancó y él al otro día nos estaba asesorando en plástico, en cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, y nos prestó todo ese apoyo totalmente...’.

21. Sobre los episodios que comprometen la responsabilidad del procesado G.Z., señaló el ‘T.S.’ que acaecieron durante las elecciones al Congreso del año 2006, cuando se hallaba en S.F.R. huyendo de las autoridades, instantes en que los miembros del BCB le ofrecieron refugio en la finca La Aurora del municipio de P.B. (A.), asignado por el Gobierno Nacional como su sitio de concentración durante el proceso de desmovilización paramilitar.

22. En relación con el traslado al Puerto, explicó el testigo que se produjo el día 17 de agosto de 2005(30), a bordo de un helicóptero de la empresa H. de propiedad de C.M.J.N., alias ‘M.’(31), en compañía de los exjefes paramilitares I.R.D.G., alias ‘E.B.’ y P.H.S.G a. ‘A.G.(32), en donde advirtió la celebración de una manifestación política en la plaza pública en homenaje al otrora candidato G.Z., la cual era organizada por ‘B.’ y coordinada por el exdiputado a la Asamblea de A., L.J.Z.S.(33).

23. Aludiendo a su condición de prófugo de la justicia, señaló S.R. que no hizo parte de la manifestación pública, sino que fue conducido hasta la Casa de la Cultura en donde ‘B.’ disertaba sobre asuntos de política y que a su terminación fue trasladado a una finca de propiedad de este cabecilla, en donde se había dispuesto un tercer encuentro, en el que coincidió, entre otros, con G.Z., quien ocupaba la mesa principal en compañía de un médico, que después supo se trataba del líder político J.I.M.G., aspirantes en su orden al Senado y Cámara por A., para el período 2006-2010.

24. Reveló el deponente, que al final de los comicios del año 2006, los hermanos R. y G.P.A., al unísono con ‘B.’, le manifestaron que la votación obtenida por el procesado en el nordeste antioqueño se había logrado gracias a sus buenos oficios, incluso, que la habían dividido entre él y el aspirante a la Cámara O.A.P., y en contraprestación G.Z. había nombrado en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), a la abogada M.S.C.G., quien resultó ser la tía de alias ‘J.B., circunstancia que despertó tal suspicacia en la opinión pública, que tuvieron que salir a negar el hecho en los estrados judiciales.

25. Sostuvo igualmente el señalado testificante de cargo, que alias ‘E.B.’, le había exigido la suma de treinta millones de pesos ($ 30.000.000.oo), para financiar la campaña al Senado de G.Z. y la de su fórmula a la Cámara, ignorando si el dinero llegó a sus manos, aunque posteriormente afirmó que durante el tercer encuentro ‘B.’ le había expresado su complacencia por el éxito de su candidatura, mientras que el procesado hizo lo propio desde la cárcel a través de su abogado S.G., con quien le envió un mensaje de agradecimiento por el dinero ofrendado(34).

26. Finalmente, adujo S.R. que el sindicado G.Z. había servido de mediador con el Presidente de la República de turno en el año de 2005, para lograr su reincorporación al Proceso de Paz.

27. Tales fueron las palabras de J.C.S.R. al respecto:

‘Doctor ayer me referí cuando yo estuve en P.B., A., escondido bajo protección de J.B. y E.B. en el 2005–2006. Le contaba que cuando llegué a P.B. el doctor E.B. me invitó a un acto político, el cual iban a hacer una manifestación política al doctor G.G. y estuvo acompañado de otro aspirante a un cargo popular, Representante a la Cámara, un médico de A., recuerdo el nombre, se llama el doctor J.M. quien era su fórmula, G.G.Z. al Senado y J.M. a la Cámara, si mal no recuerdo era por el partido liberal, convergencia liberal, que su líder toda la vida fue el cacique C.P.G., es la reunión del 17 de agosto de 2005”.

‘¿Supo usted cómo financió J.B. a O.A.?, con plata y con la votación, porque la votación que ponía en el nordeste de Antioquia la ponía J., la votación que se ponía en P.B., R., S., Z., todo eso, la ponía J., la votación del nordeste la dividían entre O.A. y G.G.Z. F.Z. es de mi pueblo y le ayudaba a O.A. mucho más que quizás J. y YO’.

“... El doctor G.G. tenía unos compromisos, que yo me haya enterado, con J.B., como el de una tía de J., hermana de su madre, o sea hermana de la mamá de J., trabajaba en una UTL del doctor G.G. tuve conocimiento, porque, como yo lo he dicho, estuve con ellos”.

“De antemano le digo doctor, que cuando el doctor S.G.M. iba a La Picota a visitar a M.U.E., aprovechaba G.G. para mandarle notas escritas a J.B. para que le ayudara, negara las declaraciones que había dado D.H., y J. se mostraba muy preocupado por lo de la tía, por las relaciones de la tía con el doctor G.G. La designación fue producto de un acuerdo, porque el mismo J. me lo decía”.

“Muchas veces nosotros nos sentábamos a hablar en la celda de él o en la celda mía, y cuando S. llegaba a dar las razones, tanto de M. como de G.G., nos sentábamos así como estamos nosotros tres aquí, a hablar de los temas que le mandaba decir G.G. y este volvía y les respondía las notas, y yo le preguntaba qué era y él me decía son cuotas que tengo yo ahí, que me ha ayudado G. a raíz de las ayudas que yo le he dado, pues más o menos, no son las palabras, pero...”.

“Yo de leerlas (las notas) no las leí, pero, claro, si usted saca aquí un papel que le acaba de llegar de allí de la Directora, pues usted lo lee..., yo veo que le trajeron un papel cierto, pero este (J.) tan pronto las leía, decía por ejemplo, S.: de lo que me está diciendo aquí, ‘decile’ que no se preocupe, que esté tranquilo, que me ponga como testigo, que me llamen. De hecho me llamaron a la Corte a rendir una declaración sobre eso” (Resaltados de la Corte).

28. Ahora bien, como quiera que del acontecer fáctico señalado párrafos atrás, se originó la imputación jurídica de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos armados ilegales respecto del proceder del inculpado, debe la Sala entrar a demostrar su injusto a partir de las categorías dogmáticas de tipicidad y antijuridicidad, las cuales adquieren su cabal estructuración cuando de las relaciones entre los políticos y paramilitares se advierta el propósito de reciprocidad para lesionar o poner en riesgo el bien jurídico de la seguridad pública.

29. La doctrina relacionada con la protección de bienes jurídicos colectivos o de peligro abstracto, concibe la seguridad pública como la posibilidad de que los ciudadanos de una nación se puedan conducir libremente en estado de convivencia pacífica, para cuyo aseguramiento se han construido una serie de disposiciones penales destinadas a la prevención y control de todas aquellas manifestaciones que tiendan a subvertir la tranquilidad de los asociados, en las que se ha conferido por excepción, un valor descollante a los actos preparatorios en el iter criminis, en aras de dar entidad de delito a eventos que entrañen un riesgo a la colectividad.

30. De manera que, cuando el legislador advierte de ciertos actos preparatorios una manifiesta intención para la comisión de un delito(35), erige la norma de prohibición correspondiente mediante la anticipación de la barrera de protección del bien jurídico, quedando enfatizada la fórmula de derecho en dicha fase (preparatoria), bajo una doble dimensión, esto es, como principio de ejecución, y a su vez, el momento consumativo de la infracción (criterio finalístico de acción).

31. Así entonces, el desvalor de acción ínsito en las normas de prohibición queda representado en la idea negativa de ilicitud, en directa proporción con el mayor aporte de energías conturbadoras, mientras que el desvalor del resultado se fundamenta en el riesgo potencial o la afectación que pueda sufrir el bien jurídico tutelado, expresado por la capacidad de generar el estado de disfuncionalidad institucional (grado de intimidación calificada y colectiva).

32. De lo anterior se sigue que, en el proceso de construcción o configuración de los delitos de peligro común y mera conducta, la esencia de la tipicidad no depende de la producción del resultado perseguido por las organizaciones con fines paramilitares y, en general, de cualquier forma de asociación delictiva cuyo propósito sea la violación sistemática de la ley, lo que de suyo ya es delito, ya que es a partir de allí que subyace el desvalor del injusto.

33. Ahora bien, descendiendo al caso concreto, para la Sala tampoco queda duda de que los miembros de las organizaciones paramilitares constituyen una modalidad de crimen organizado, quienes para el cumplimiento de su designio sustituyeron la autoridad legítimamente constituida y con ello quebrantaron los principios que informan el Estado de derecho, bajo una serie indiscriminada de actos de terror y corrupción administrativa, entre otras graves manifestaciones de violencia, que superan los límites de una lesión individual, máxime si se tiene en cuenta que los recursos invertidos en su funcionamiento y financiación de campañas políticas, tuvieron como fuente la actividad del narcotráfico y el terrorismo.

34. La Sala ya se había ocupado del tema en el auto por el cual definió la situación jurídica del procesado y en el acta de presentación de cargos, al igual que lo ha hecho en la mayoría de los procesos de la denominada ‘parapolítica’, en los que, a partir de las manifestaciones de sus principales protagonistas, se han documentado los crueles episodios de violencia desplegados durante el tiempo en que se consolidó el mal llamado proyecto político de las organizaciones de autodefensa en Colombia, quienes so pretexto de confrontar a los grupos subversivos en los diferentes territorios de la geografía nacional, incidieron la mayoría de los estamentos (públicos y privados), hasta llegar a convertirse en el factor principal de desestabilización social.

35. Se dijo también en aquellos precedentes, que la conformación de grupos de autodefensa tan sanguinarios como la guerrilla, desde las denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), hasta que se mudaron en Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), trajo como consecuencia no solamente la sustitución del dominio territorial, sino un cambio generacional e ideológico para cooptar las instancias del poder local, regional y nacional, mediante la manipulación de los mecanismos de participación ciudadana, imponiendo candidatos afectos a su causa, con fines de reciprocidad.(36)

36. El aporte hecho por los líderes políticos a estas organizaciones, como una expresión del delito de concierto para delinquir agravado, es precisamente la hipótesis jurídica que ahora se ratifica respecto del proceder del doctor G.Z., habida consideración que la labor probatoria desplegada durante los estadios de investigación previa e instrucción, satisface con certidumbre su materialidad u objetividad, base fundamental para el análisis del segundo elemento del delito, que se soporta en los ingredientes de orden subjetivo o de responsabilidad penal.

Análisis probatorio y sus resultados

37. En efecto, el plan político criminal urdido por las corporaciones de autodefensa, que desde luego también fue replicado en el departamento de A. por parte de la cúpula del B.C.B., fue el resultado de una operación que incluyó gran parte de las fuerzas políticas de la región, entre ellas el movimiento político en el que se inscribió el procesado durante las elecciones del año 2006, bajo las huestes del Partido Liberal.

38. Así quedó acreditado en el proceso merced a que el principal testigo de cargo J.C.S.R., denunció que los jerarcas del BCB habían utilizado el sitio de concentración de P.B. como su base de operaciones para continuar realizando actividades delictivas, en su pretensión de tomar el control militar y político de los territorios del Magdalena Medio que comprenden los departamentos de Antioquia, Santander y sur de Bolívar, de cara a las negociaciones con el Gobierno Nacional y en especial, para obtener representación en las corporaciones públicas, en cuyo propósito realizaron convenios con candidatos y dirigentes políticos de todo orden, con el fin de que favorecieran sus intereses desde sus respectivos cargos.

39. Sobre el particular, D.H.L., alias ‘Diego Rivera’, en un testimonio que fue trasladado a estas diligencias(37), precisó que las alianzas entre políticos y paramilitares comprendían un doble propósito, a saber: (i) presionar al Gobierno Nacional para que los grupos de autodefensa fueran reconocidos en el proyecto de sedición y demás bondades de la ley de justicia y paz que para entonces se debatía en el Congreso; y (ii) comprometer a los líderes políticos adeptos a su causa, en los trámites de proyectos de ley encaminados a evitar cualquier decisión que retrocediera la Ley 975 de 2005, antes, durante y después de su revisión de constitucionalidad, dada la incertidumbre de su aprobación y ante el temor que acusaban por la posibilidad de ser extraditados o eventualmente ser procesados por la Corte Penal Internacional.

40. Una de las primeras circunstancias que llevaron a la Sala a vislumbrar los compromisos de reciprocidad señalados en precedencia, tiene que ver con las manifestaciones que hizo S.R. respecto de los nexos de G.Z. con los hermanos y máximos comandantes militares del BCB, G. y R.P.A., alias ‘P.S. y ‘J.B., al igual que con su hermano Á.S.R., el abogado S.G., el líder político F.Z.O. y el testigo J.G.V., ya que cuando se les interrogó a algunos de éstos sobre el particular, admitieron que dichas relaciones habían tenido lugar en los mismos períodos y escenarios en que fueron descritos por aquel, aunque no para los mismos objetivos.

41. En esa misma línea de investigación, la Corte pudo confirmar que las aseveraciones de a. ‘El T.S.’, relativas a que las reuniones de P.B. (A.), habían sido organizadas por el BCB para promover la reelección como Senador del procesado en los comicios del año 2006, eran ciertas. A tal conclusión se llegó a partir de una serie de datos y hechos particulares que tienen que ver, en primer lugar, con el inusitado aumento de votación que aquél obtuvo en dicho municipio y en T. (N.), en donde sin contar con antecedentes importantes en materia electoral, pasó de 36 a 726 y de 04 a 1040 sufragios, entre las elecciones de 2002 y 2006, respectivamente.

42. Frente a la ilegitimidad de esos guarismos, los exmilicianos y excomandantes paramilitares a. ‘D.R.’, ‘M.’ y ‘D.B.’, convergieron en que habían sido conseguidos con el apoyo condicionado de los excomandantes G. y R.P.A.; mientras que el exdirigente político I.R.D. a. ‘E.B.’ los tachó de sospechosos, aduciendo que el acto político de P.B. en homenaje a G.Z. no podía ser ajeno a la organización, ‘puesto que allí no se movía una hoja sin su autorización y su votación dista mucho de la de otros candidatos a quienes superó pese a no tener antecedentes electorales, sin otra explicación, ‘que la de haber sido apoyado por el BCB’.

43. En segundo lugar, para cuando el proyecto político de las AUC se había consolidado mediante la infiltración de buena parte de las instituciones democráticas, pese a que se cuidaron de no dejar vestigios de sus relaciones con la clase política, la codicia por el poder y sus apetitos burocráticos los llevó al cinismo de ubicar a sus parientes y amigos en los cargos más importantes de la administración pública.

44. Ese proceder que se había vuelto frecuente por las AUC en aquellos aciagos momentos de la vida nacional, quedó evidenciado en este asunto al acreditarse que la designación de la doctora M.S.C.G. en la UTL del procesado G.Z., había sido el resultado de los acuerdos y compromisos que este había pactado con a. ‘J.B., tal cual lo había revelado el testigo de cargo S.R. El vínculo familiar en realidad no tuvo reparos, ya que al interrogársele por ello a sus protagonistas, asintieron en que se trataba de la esposa de O.R.A., medio hermano de la progenitora del citado cabecilla R.P.A..

45. La tendencia perniciosa de utilizar los recintos de las corporaciones públicas para saldar cuentas burocráticas con los grupos de autodefensa, fue entonces otra de las circunstancias objetivas que llevaron a la Corte al descubrimiento de que los mal llamados ‘acumulados solidarios o de soberanía’ de las AUC, no eran más que técnicas autoritarias para satisfacer sus protervos intereses, al punto que cuando se iniciaron las investigaciones sobre la parapolítica, se comenzaron a advertir actos de esa jaez en casi todos los estamentos públicos de los municipios y ciudades de incidencia de los grupos paramilitares, incluso en el Congreso de la República.

46. De modo que, cuando se produjo el nombramiento de la pariente del cabecilla paramilitar en la UTL del procesado en el año 2006, una vez tomó posesión del cargo como Senador reelecto, el hecho no pasó desapercibido y revirtió sobre ellos como un bumerán, dado que al convertirse en blanco de las conjeturas en la opinión pública, a. ‘J.B. y G.Z. hubieron de concebir una coartada desde su lugar de reclusión, con el fin de negar el hecho en los estrados judiciales y especialmente, para dejar en entredicho y desmentir a alias ‘D.R.’, quien había denunciado los nexos de aquel con el Frente ‘L.S.’ de las AUC en T. (N.).

47. Fue así como, el cabecilla a. ‘J.B. concurrió a estas diligencias y en las que se adelantaron en contra de G.Z. por el punible de enriquecimiento ilícito, señalando desconocer dicho vínculo, aduciendo que la designación de la citada abogada en la UTL de aquel había sido producto de una coincidencia, tal como lo había pregonado que iría a suceder el testigo S.R.; mientas que la citada profesional del derecho hacía lo propio en este proceso, pregonando que no le había informado al procesado que su esposo era tío de ‘J.B., y que tampoco conocía sobre los antecedentes paramilitares de la condenada excongresista R.A.H., a quien también le había prestado sus servicios en su UTL.

48. La respuesta negativa de la jurista sobre tal cuestionamiento, no pudo menos que causar extrañeza a la exparlamentaria A.H., quien con tono de ironía reconoció que para entonces era de público conocimiento su afecto a la causa paramilitar, porque para esa época ‘me decían que ya estaba muy quemada’; mientras que por su parte, a. ‘D.R.’ ya había testificado en el proceso de enriquecimiento ilícito, que durante los comicios del año 2006, la citada abogada tenía la costumbre de presentarse como asesora de la campaña del procesado delante de su sobrino en las oportunidades en que coincidió con ella en S.F.R., V.E., C. y en una oficina de la ciudad de M., y que por su parte, a. ‘J.B. se refería a ella como su tía.

49. Finalmente, como se indicó up supra, el extraditado paramilitar D.F.M.B., alias ‘D.B.’ y el excomandante General del BCB, C.M.J.N. a. ‘M.’, desde sus respectivos sitios de reclusión en los Estados Unidos, testificaron ante la Corte Suprema de Justicia, señalando el primero, haber observado al presunto paramilitar L.J.Z.S.(38), en compañía de G.Z. en la manifestación de P.B., quien durante las elecciones a la gobernación de A. del año 2003, cuando las AUC ya habían definido el cargo a favor de R.D.Q., se presentó en condición de componente integral del BCB para solicitarle en unas cinco oportunidades revertir ese privilegio en favor A.G.C., para lo cual hizo una serie de visitas a S.F.R.

50. Sostuvo igualmente a. ‘D.B.’, que cuando le reclamó a ‘B.’ por haber tomado dicha determinación faltando apenas uno o dos meses para las elecciones a la gobernación, este le manifestó que el Senador G.Z. era quien apoyaba la aspiración de G.C. y a su vez hacía parte integral del BCB, cuyo aporte consistía en la defensa de la iniciativa de la ley de Justicia transicional desde el Congreso de la República, según las instrucciones dadas por a. ‘J.B. y, a cambio, por comentarios de D.H., lo apoyarían electoralmente en T. (N.).

51. La credibilidad de a. ‘D.B.’, que en su momento fue puesta en duda por la defensa a propósito de una confusión sobre el lapso en que estuvo confinado en S.F.R., fue ratificada merced a las labores de investigación ordenadas por la Sala a los miembros de la policía judicial que vienen apoyando estas diligencias, quienes dejaron consignado en el informe XXX del pasado 16 de julio, que el citado testigo suscribió documentos como representante de las organizaciones paramilitares, desde S.F.R. a partir del primer semestre del año 2003, lo que evidencia que ciertamente se encontraba allí previamente a la celebración de los comicios regionales de esa anualidad.

52. Por su parte, a. ‘M.’, quien fungió como Director General del BCB, manifestó que el procesado G.Z. había tenido influencias con dicha organización delictiva, por cuanto aseveró, conoció de primera mano sobre algunas directrices impartidas para apoyarlo en el bajo cauca antioqueño y en el departamento de N., al igual que lo hicieron con todos los políticos de las regiones en las que la mencionada estructura ejerció total hegemonía.

53. Así las cosas, el acervo probatorio acopiado hasta este momento procesal en contra del hoy confeso auspiciador del paramilitarismo G.Z., permite a la Sala arribar a la ineludible conclusión de que, en efecto, en desarrollo de su campaña a la reelección como Senador durante los comicios del año 2006, para el período 2006-2010, se alió con los cabecillas del BCB, para favorecer sus propósitos políticos desde el ámbito de sus atribuciones parlamentarias, en cuyo designio se produjo un evidente incremento del riesgo contra el bien jurídico de la seguridad pública, que serán los motivos por los cuales se le condenará anticipadamente por los cargos imputados en el auto de resolución de situación jurídica, los cuales acreditó en el acta de sentencia anticipada.

La calificación jurídica definitiva

54. El comportamiento que se atribuyó al procesado G.G.Z. es el de autor de concierto para delinquir agravado, descrito en el Libro 2º, Título XII, artículo 340, inciso 2º del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, que a la letra dice:

“ART. 340.—Concierto para delinquir. Modificado L.733 de 2002. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.

“Cuando el concierto sea para. organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

55. Tal hipótesis delictiva se encuentra afectada por la circunstancia de mayor punibilidad que se dedujo del comportamiento del procesado, dada la posición distinguida que ocupaba en la sociedad para el momento de la comisión del delito, en atención al ‘cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio’, a las voces del artículo 58-9 del Código Penal.

Individualización de la Pena

56. El delito en cuestión contempla una pena de prisión que fluctúa entre 6 y 12 años, lo que corresponde a los extremos mínimos y máximos de 72 y 144 meses, y una multa de 2.000 a 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, respectivamente.

57. El ámbito punitivo fijado en precedencia, de acuerdo con los parámetros señalados en los artículos 60 y 61 de la Ley 599 de 2000, se divide en cuartos de la siguiente manera, a saber: i) Cuarto mínimo: Prisión entre 72 y 90 meses y multa de 2.000 a 6.500 s.m.l.m.v. ii) Primer cuarto medio: Prisión entre 90 meses, 1 día y 108 meses y multa de 6.500 a 11.000 s.m.l.m.v. iii) Segundo cuarto medio: Prisión entre 108 meses, 1 día y 126 meses y multa de 11.000 a 15.500 s.m.l.m.v. iv) Cuarto máximo: Entre 126 meses, 1 día y 144 meses de prisión y multa de 15.500 a 20.000 s.m.l.m.v.

58. Ahora bien, como quiera que en el auto de situación jurídica y en el acta de sentencia anticipada se endilgó al procesado la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 9º del artículo 58 del Código Penal, la cual a su vez concurre con otra de menor punibilidad estipulada en el numeral 1º del artículo 55 del Código Penal de 2000, referida a la carencia de antecedentes penales, el quantum punitivo debe determinarse entre los cuartos medios, que oscilan entre noventa (90) meses un (1) día y ciento veintiséis (126) meses de prisión.

59. Una vez establecidos los cuartos en los que ha de determinarse la pena, la ley establece que el sentenciador la impondrá considerando, entre otros fundamentos, “la mayor o menor gravedad de la conducta y el daño real o potencial creado”.

60. En efecto, es claro que el comportamiento del procesado G.Z. constituyó una grave afrenta contra el bien jurídico tutelado, al haber pactado compromisos con un grupo al margen de la ley, con el fin de quebrantar los valores democráticos que informan el Estado de Derecho, cuando era precisamente él quien estaba llamado a preservarlos con probidad y transparencia; sin embargo, no se tiene conocimiento de que desde la función legislativa haya propiciado acciones concretas que redundaran en beneficio del accionar político o militar de esos colectivos criminales, habida cuenta que cuando hubo de votar la Ley de Justicia y Paz en el Congreso de la República, se retiró del recinto en acatamiento de las directrices de la bancada del Partido Liberal, circunstancia que de algún modo informa un retraimiento en el componente lesivo del delito, lo que aunado a la carencia de antecedentes penales, desaconseja imponer los mínimos o máximos de los cuartos señalados.

61. De manera que, la Sala considera justo, legal y proporcionado imponer en este evento la pena de noventa y ocho (98) meses de prisión, que corresponde a un aumento del 8.8% de la pena mínima permitida, porcentaje que a su vez eleva la pena de multa mínima permitida a un total de siete mil setenta y dos (7.072) salarios mínimos legales mensuales vigentes, acorde con los parámetros del artículo 61 de la Ley 599 de 2000.

62. Sin embargo, en atención a que el doctor G.Z. se acogió a la figura de sentencia anticipada en la primera oportunidad señalada en la ley procesal penal, procede a su favor una reducción de hasta la mitad de la pena, en virtud de la aplicación favorable del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, que regula una disposición de carácter sustancial, similar a la contenida en la Ley 600 de 2000, tal cual ha sido el criterio mayoritaria de la Sala (Sent. Cas., feb. 1º/2012. Rad. 34.853).

63. Por consiguiente, la Sala estima pertinente otorgar a G.Z. el máximo de reducción permitido por la ley de acuerdo con la fase procesal por la que se transita, equivalente a la mitad, en la medida en que la aceptación de cargos se produjo en la etapa instructiva, una vez adquirió firmeza el auto por el que se le resolvió su situación jurídica, evitando así el trasegar procesal ordinario, con lo cual se obtuvo un significativo ahorro de la actividad jurisdiccional.

64. Por lo tanto, luego de aplicadas las reducciones pertinentes, equivalentes a la mitad (1/2) de la pena, se impondrá a G.Z. cuarenta y nueve (49) meses de prisión y multa de tres mil quinientos treinta y seis (3.536) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

65. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Código Penal, la Sala condenará al doctor G. G.Z. a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta.

La Condena de Ejecución Condicional

66. El artículo 63 del Código Penal, modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014, dispone que la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de 2 a 5 años, de oficio o a petición del interesado, siempre que: i) la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años; ii) que la persona condenada carezca de antecedentes penales y no se trate de uno de los delitos contenidos el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000; y, iii) cuando el condenado cuente con antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.

67. De acuerdo con la normativa señalada en precedencia, no hay lugar a la suspensión condicional de la pena que se impone en este evento al procesado G.Z., toda vez que no se cumple con el requisito objetivo del quantum punitivo, que ciertamente excede los cuatro (4) años de prisión y además, el delito por el que se procede se encuentra excluido de los beneficios y subrogados penales en el artículo 68A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 32 de la citada Ley 1079 de 2014, lo que excusa a la Sala de hacer el análisis del factor subjetivo.

La Prisión Domiciliaria

68. En relación con la sustitución de la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario por la prisión domiciliaria, debe la Sala señalar no hay lugar a su concesión desde la perspectiva de la normatividad vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, ni luego de su adición bajo las disposiciones de la Ley 1709 de 2014, como pasa a verificarse.

69. En efecto, la prisión domiciliaria está concebida en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000, como un mecanismo sustitutivo de la prisión intramuros en establecimiento carcelario, para cuya concesión se deben complacer las exigencias relacionadas con el quantum punitivo que prevé la disposición sustantiva para el delito por el cual se condena al procesado, siempre que el desempeño personal, laboral, familiar y social de este permita deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.

70. Ahora bien, en atención a que el artículo 23 de la citada Ley 1709 de 2014, adicionó el artículo 38B al texto original de la Ley 599 de 2000 (art. 38), que preveía la concesión de la prisión domiciliaria a los delitos cuya sanción mínima fuera de cinco (5) años o menos, haciéndola extensiva a los punibles cuya pena mínima sea ocho (8) años o menos, circunstancia que si bien, permitiría la aplicación del sustituto en cuestión al delito de concierto para delinquir agravado que tiene una pena mínima de seis (6) años de prisión, también lo es que el mismo fue excluido de dicho beneficio por su propia naturaleza en los artículos 28 y 32 de la aludida Ley 1709 de 2014, a través de los cuales adicionó los artículos 38G y 68A a la Ley 599 de 2000, respectivamente, lo que en definitiva impide la posibilidad legal de otorgar al procesado el sustituto de la prisión domiciliaria.

Indemnización de Perjuicios

71. No hay lugar a la condena por daños materiales y morales derivados del hecho punible, en la medida que no se demostró la causación concreta de los mismos en desmedro de persona alguna determinada.

Otras Decisiones

72. La Sala ha sostenido que la Ley 906 de 2004 asigna a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad la competencia para conocer de la fase de ejecución del fallo cuando se trate de condenados que gozan de fuero constitucional y que, la segunda instancia corresponde al respectivo juez de conocimiento. Se dispondrá entonces remitir el proceso al reparto de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad correspondiente.

73. De otra parte, se compulsarán copias para ante la Fiscalía General de la Nación, a efecto que investigue el posible delito de concierto para delinquir agravado en que pudo incurrir el exdiputado antioqueño L.J.Z.S., según lo señalaron los testigos S.R. y M.B.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONDENAR anticipadamente al doctor G.L.G.Z., de condiciones personales y civiles consignadas en esta providencia, a la pena principal de cuarenta y nueve (49) meses de prisión y multa de tres mil quinientos treinta y seis (3.536) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Tesoro Nacional, en calidad de autor responsable del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, previsto en el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000.

Igualmente se condena al doctor G.Z. a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo término de la pena de prisión.

2. NEGAR al exsenador G.G.Z. el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, conforme a lo analizado en precedencia.

3. NEGAR al exsenador G.Z. la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

4. DECLARAR que no hay lugar a la condena en perjuicios.

5. En firme esta providencia, remítase la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que corresponda, para lo de su cargo.

6. COMPULSAR las copias indicadas en el capítulo de otras decisiones.

7. La Secretaría de la Sala enviará las copias del fallo a las que alude el artículo 472 de la Ley 600 de 2000.

Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

22 PAR.—“Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”.

23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2009, radicados 31653 y 27032, respectivamente.

24 De acuerdo con el parágrafo único del artículo 235 de la Carta Política.

25 Los consignados en el auto por el cual se definió su situación jurídica y en el acta de sentencia anticipada.

26 Sentencia C-1300 de 2001 de la Corte Constitucional.

27 Testimonios rendidos desde su lugar de presidio en los Estados Unidos durante los días 7 y 8 de junio del año 2010, dentro del radicado 26625, los cuales ratificó al interior de estas diligencias.

28 Porque durante los diálogos de paz entre el Gobierno y los grupos paramilitares prestos a la desmovilización, al testigo se le reconoció como vocero de esas agrupaciones, no obstante, al cabo de unos días fue públicamente excluido del programa de Justicia y Paz y, tras activarse en su contra una orden de captura con fines de extradición, nuevamente fue incorporado a ese escenario y finalmente se le extraditó a los Estados Unidos.

29 Hoy C. de C.

30 Según el procesado y su defensor, ocurrió el día 13 de agosto de 2005.

31 Excomandante militar del BCB.

32 Excomandante del Frente C.P.

33 Reconocido líder del Movimiento N. a. D.

34 Según el ‘T.’, cuando se hallaba privado de la libertad a raíz del proceso que la Corte tramitó hasta la fase de la calificación sumarial (Testimonio del 19 de mayo de 2011) (min. 31:30).

35 Para Carrara, en principio los actos preparatorios son impunes por ausencia de peligro actual, salvo que se puedan tener como actos de ejecución de la conducta punible, cuando de ellos se pueda advertir la comisión de un delito.

36 Los temas y datos traídos como introductorio hacen parte de la memoria histórica nacional y se encuentran documentados en decisiones de esta Corporación, informes de inteligencia, archivos periodísticos, obras literarias y manifestaciones de desmovilizados de grupos paramilitares.

37 Rendido el 14 de febrero del 2008 dentro del radicado 29.088.

38 Exdiputado antioqueño, de quien el ‘T.’ declaró que era su informante y a su vez, trabajador de ‘B.’ y J.B. (ver archivo Nº 4, min. 02:00:00).