Sentencia SP11437-2017/48952 de agosto 2 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP11437-2017

Rad.: 48952

Acta: 239

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Las demandas

1. A favor de G.E.H.S.

El jurista propone un único cargo con apoyo en la causal primera del “artículo 207 del Código de Procedimiento Penal”, por error de hecho en la apreciación de las pruebas, que sustenta así:

El ad quem no tuvo en cuenta que su representado carece de antecedentes y que la denuncia presentada por T.C.G. fue manipulada por el comandante de Policía de Palestina, además de haber sido introducida por un sujeto diferente al que la promovió.

El “Tribunal Administrativo del Huila” tergiversó la prueba (trascribe segmentos del fallo), pues no dio plena credibilidad a T.C.G., cuando en el juicio adujo que si bien E.A.N. le dio un dinero, ello obedeció a un préstamo que le hizo para realizarse una cirugía, el cual devolvió luego de haber sido “presionado por el comandante de Palestina de la época y por el personero del municipio”. Adicionalmente, pasó por alto que el acusado refirió que fue coaccionado y sacado de su casa a efectos de acudir a la estación e interponer la queja, así como que no se le hizo saber su derecho a no autoincriminarse, estaba nervioso y tanto el gendarme como el personero tenían malas intenciones.

T. no se retractó en juicio, solo ofreció una explicación detallada de lo ocurrido. R.G.U. y J.P.H.R. tenían interés en perjudicar a los procesados.

Está probado que su prohijado no participó en los hechos delictivos y no se acreditó que hubiese pedido dinero a J.P.H.R. para favorecerlo con votos. El juzgador valoró deficientemente las declaraciones de H.R. y P.E.S.L.

La omisión de examinar los testimonios aportados por la defensa incidió negativamente en el fallo de segundo grado, el cual solicita a la Corte casar para en su reemplazo dictar uno absolutorio.

2. A favor de E.A.N.

Son dos los cargos formulados por el letrado, con sustento en lo siguiente:

Primero (causal tercera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004).

El juez plural incurrió en falso juicio de legalidad al apreciar pruebas que no reúnen los requisitos legales. Se trata de las siguientes:

— Formato único de noticia criminal suscrito por T.C.G., del 12 de enero de 2008.

La misma es ilícita porque se produjo con quebranto de la garantía fundamental de no autoincriminación (artículo 33 de la Constitución Política), pues, pese a que C.G. reconoció haber recibido un millón de pesos a cambio de inclinar su voto, no se le hicieron en debida forma las advertencias de ley, y no basta con citar el precepto superior, toda vez se está ante una persona de escasa escolaridad, lo que evidencia que obedeció a una coacción ilícita ejercida por parte de quien la recepcionó, P.E.S., y del personero, J.P.H.R.

Adicionalmente, esa noticia es ilegal, por infringir los artículos 402, 426, 437, 438 y 440, en concordancia con el 357 del Código de Procedimiento Penal, y ha debido ser excluida, en cuanto se introdujo al juicio como prueba directa, con P.E.S.L., a pesar de que es de referencia inadmisible, debido a que ello pudo hacerse a través de quien la promovió. Aunque la defensa se opuso a su introducción, ello fue negado en las dos instancias.

Como ese elemento no se incorporó para impugnar credibilidad o refrescar memoria y menos se hizo por quien debía hacerlo, ha debido ser apartado y no existe otro medio que sostenga la condena, en tanto los demás son de referencia inadmisible.

— Queja disciplinaria instaurada por J.P.H.R., del 16 del mismo mes y año ante la Procuraduría General de la Nación.

Violentó los cánones 357-2, 361 y 374 de la Ley 906 de 2004, pues la Fiscalía no la solicitó en la audiencia preparatoria del 27 de julio de 2011.

— Testimonios de J.P.H.R., P.E.S.L. y D.CH.

Han debido excluirse porque lesionaron los preceptos 402, 437, 438 y 440 del estatuto procesal penal. Lo por ellos pronunciado frente al delito de cohecho por dar u ofrecer, siendo sujeto pasivo T.C.G., es de oídas, pero el tribunal los valoró como si fuesen prueba directa.

El sentenciador desconoció la pertinencia de la prueba sustentada por el ente acusador, en tanto las declaraciones no se decretaron con ocasión del aludido injusto y tampoco es posible tenerlas para impugnar credibilidad, por ser de referencia inadmisibles.

— Testimonios de S.C.Q. y D.F.R.R.

Es notorio que los susodichos desconocen los hechos objeto de investigación y repitieron lo que otro les dijo, con lo cual, en su práctica, se infringieron los artículos 402, 437, 438 y 440 de la Ley 906 de 2004.

De haber excluido los mentados elementos, ilegalmente incorporados al juicio, la condena no tendría soporte alguno, pues C.G. fue claro en afirmar, en audiencia, que no recibió remuneración económica por parte de A.N. a cambio de emitir un voto. Los demás testimonios nada aportan respecto de la responsabilidad de su prohijado.

En lo referente al delito de concusión, si no se tiene en cuenta la queja disciplinaria, la decisión sería distinta, puesto que en la declaración rendida por H.R. se excluyó a su representado de ese acontecer delictivo, a la vez que descartó que otras personas, distintas a él y G.E.H.S., estuvieran en la conversación, lo que permite concluir que lo relatado por R.G.U. es insuficiente para condenar.

Segundo (causal tercera del artículo 181 del estatuto procesal de 2004 - falso juicio de identidad).

El tribunal distorsionó lo dicho por J.P.H.R., por cercenamiento, toda vez que él no hizo incriminación alguna en contra de A.N., y no es posible suplirla con lo depuesto por R.G.U., en tanto sus narraciones no son coincidentes.

Solicita a la Corte casar el fallo impugnado y absolver a su defendido.

Audiencia de sustentación

1. Los recurrentes

1.1. El defensor de G.E.H.S. precisó que la causal invocada hace parte del Código de Procedimiento Penal de 2004 y reiteró los argumentos expuestos en su libelo, enfatizando que T.C.G. fue presionado para formular la denuncia que dio lugar al proceso. Pidió que, atendiendo el material probatorio, se aplique el principio in dubio pro reo y se absuelva a su prohijado de los cargos endilgados.

1.2. El representante judicial de E.A.N. recordó los fundamentos de las censuras propuestas.

2. Los no recurrentes

2.1. La fiscal cuarta delegada ante la Corte pidió no casar la sentencia impugnada porque los errores denunciados no existieron. Así lo explica:

No hay constancia, más que el dicho durante la retractación en juicio por T.C.G., que hubiese sido conducido a la estación de policía en contra de su voluntad para entablar la queja; el aludido concejal no es iletrado y menos incapaz mentalmente para comprender lo expuesto por el receptor de la denuncia frente al artículo 33 de la Carta Política.

Con independencia de que el formato de noticia criminal hubiese sido admitido como prueba documental, es claro que corresponde a una declaración previa que, pese a no ser prueba, sí puede ser evaluada por el fallador bajo ciertas condiciones, en vía de elaborar un juicio sobre la credibilidad del testigo o determinar las razones de su retractación, tales reglas se verifican en esta oportunidad (cita a la Corte con el radicado 25738, pero no suministra más información).

La denuncia cumplió las formalidades del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, fue descubierta y objeto de petición probatoria. No es posible cercenar la vocación de prueba de esa manifestación para efectos de examinar la retractación, en tanto se usó adecuadamente por la Fiscalía, en el testimonio, como medio de impugnación de credibilidad, cumpliendo los principios de inmediación, publicidad y contradicción. El testimonio de T.C.G. estuvo bien valorado por el tribunal, pues no es posible, como lo pretenden los censores, tener en cuenta únicamente lo atestado en la audiencia pública cuando desconoció su narración primigenia.

De otra parte, en lo atinente a la queja disciplinaria elevada por J.P.H.R., nada impedía que durante el juicio se le preguntara a éste sobre su contenido.

Como bien lo expuso el ad quem, no hay contradicción en lo depuesto por H.R. y R.G.U., pues son dos perspectivas diferentes al escuchar la exigencia de los concejales acusados, en tanto en lo fundamental, ambos corroboraron el aspecto esencial del requerimiento dinerario.

Tales elementos son contundentes en orden a la declaración de condena, y no resulta viable ignorar otros testimonios que la ratifican, como los de P.A.C., D.CH., L.M.A.O. y L.H.C.B.

2.2. La procuradora segunda delegada para la casación penal se opuso a la prosperidad de las demandas y exhibió así los motivos:

A favor de H.S. El defensor no demostró que la apreciación probatoria del tribunal fuese errónea, solo la rechazó anteponiendo la propia, como si se tratara de un alegato de instancia.

A favor de A.N. El procesado T.C.G. no sabía que su denuncia daría lugar a vincularlo a la actuación penal, pero, en todo caso, “no se le garantizó su derecho a no autoincriminarse con la mención del artículo 33, sino que presumieron que él lo conocía y no se lo pusieron de presente(9). La noticia criminal, como prueba, ha debido ser omitida, por el procedimiento irregular de introducción.

Sin embargo, la condena se mantiene por virtud de los otros medios de convicción tenidos en cuenta por la colegiatura, como los testimonios de J.P.H.R., cuya declaración no fue tergiversada, R.G.U. y D.CH.

2.3. El defensor de T.C.G. coadyuvó las pretensiones de los recurrentes, en especial del segundo, y adujo que la Corte debe declarar oficiosamente la nulidad de lo actuado porque no se aplicó la cláusula de exclusión respecto de la declaración de T. Esto, habida cuenta que en la denuncia se omitió mencionar el artículo 33 —no especifica— y se está ante un iletrado, que fue presionado. De no acogerse tal solicitud, pide se absuelva de los cargos a los procesados.

Consideraciones

Acotaciones previas.

1. Una vez admitidas las demandas, la Corte se ocupará sobre el fondo del asunto planteado, sin miramiento alguno respecto de la técnica que rige la casación, primordialmente porque los procesados fueron condenados por primera vez en segunda instancia y se hace necesario garantizar el postulado de doble conformidad(10).

2. La Sala, atendiendo el principio de economía procesal y para no resultar repetitiva, dado que existe semejanza temática en los dos libelos, estudiará las críticas propuestas por los censores en conjunto, pero, con apoyo en el criterio de prioridad, dejará para el final los reparos hechos por el defensor de H.S., relacionados con la presunta inobservancia, por parte del juzgador, de la carencia de antecedentes penales de su prohijado y un eventual falso juicio de existencia por omisión.

El asunto planteado.

3. Los actores acusan al tribunal de haber recaído en falsos juicios de legalidad y de identidad respecto de la noticia criminal suscrita por T.C.G., la queja disciplinaria instaurada por J.P.H.R. y varios testimonios.

En ese orden de ideas, la corporación verificará si les asiste razón y, en caso afirmativo, si la falencia detectada incide de manera enérgica en la decisión objetada, de modo que, de no haber recaído en ella, su sentido sería diverso y benéfico para los acusados en favor de quienes se recurre.

4. Antes de iniciar con el estudio, resulta importante recordar que el a quo emitió sentencia absolutoria tras advertir la existencia de un estado de duda que debía resolverse en favor de los inculpados, el cual emerge de las contradicciones en los testimonios de R.G.U. y J.P.H.R., la versión disímil expuesta en juicio por T.C.G., apoyada en la letra de cambio aportada en esa sesión, y los demás testigos, por ser de oídas.

La colegiatura, por su parte, halló que las refutaciones a las que aludió el juez singular no se acreditan, pues son ópticas distintas de cada observador y las narraciones de los deponentes discurren sobre la misma situación fenoménica, al punto que se concatenan y encuentran respaldo en lo exteriorizado por declarantes con conocimiento directo. Así mismo, consideró que se está ante una retractación de T.C.G., que impone examinar sus dos versiones, convenciéndole la inicial, que está soportada en otros elementos de convicción.

Los falsos juicios de legalidad e identidad y la valoración probatoria.

5. Aducen los censores que la denuncia promovida por T.C.G., que dio origen al proceso penal, es ilícita, por violentar el derecho a la no autoincriminación; y, a la vez, ilegal, puesto que no fue introducida al juicio por quien la formuló, sino por el policial que la recibió.

5.1. Pese a ser cierto que el formato de noticia criminal firmado por T.C.G., de fecha 12 de enero de 2008, se incorporó a la actuación a través del subcomisario(11) de la Policía Nacional P.E.S.L., ello no comporta la irregularidad sugerida por los impugnantes. Por el contrario, tal como lo consignaron los jueces de primer y segundo grado, era ese el testigo idóneo para acreditar su existencia, toda vez que fue quien la recibió cuando fungía como comandante de policía de Palestina.

Recuérdese que, según el artículo 426 del Código de Procedimiento Penal de 2004, uno de los métodos de autenticación e identificación del documento es justamente con el reconocimiento de la persona que “lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido”.

De manera que el aludido uniformado estaba en capacidad de dar cuenta que el documento es original y que corresponde al que él elaboró. Cosa distinta es su contenido, la narración allí plasmada, aspecto que se confirma con la persona que directamente hizo el relato. Sin embargo, como bien lo hicieron ver los falladores, no podía en este caso exigirse que para tal propósito la Fiscalía llevara a T.C.G., en tanto con posterioridad fue vinculado al diligenciamiento y ello habría constituido un atentado a su derecho a la no autoincriminación, dado que, por virtud del mismo, al Estado le corresponde velar por no emplear algún medio coactivo ni intimidatorio destinado a que el inculpado se declare culpable.

En realidad, el tribunal no entendió incorporado su contenido con el policial, sino su existencia.

De cualquier forma, tales manifestaciones primigenias no las pasó inadvertidas el juez plural, pues entendió que se estaba ante una declaración anterior que debía ser valorada, en tanto fue usada para refrescar memoria e impugnar credibilidad. Aseguró que justamente ello fue lo que ocurrió en esta oportunidad con C.G., ya que

…él compareció a esa diligencia [juicio] y se tuvo oportunidad de escucharlo, diligencia en que las partes, incluso la defensa, emplearon la denuncia penal que formulara ante el comando de policía con ese y no con otro fin, así desde el punto de vista físico “no se le haya puesto de presente”, como pretende darlo a entender la defensa como único camino, dado que en esencia es enterarlo de su existencia y en parte de su contenido para que lo acepte o lo replique, que fue lo que se hizo en aquella diligencia.(12)

Ahora, no hay incertidumbre en relación con que hubiese sido T.C.G. quien entabló la denuncia, no solo porque así se reconoció en los libelos, sino porque aquél lo admitió cuando decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y rindió testimonio en el juicio oral. Distinto es que haya referido que fue presionado para hacer tal delación.

5.2. En torno a la posibilidad de examinar declaraciones anteriores, cuando el testigo se ha retractado en juicio o ha cambiado su versión, así como su correcta utilización en la vista pública, la Corte se pronunció recientemente en Cfr. SP606-2017, rad. 44950, proveído en el que definió los requisitos indispensables para el efecto, al tiempo que puntualizó que, lo esencial, es constatar la garantía de los derechos de contradicción y confrontación(13).

Vale la pena traer apartes de tan importante pronunciamiento:

La posibilidad de ingresar como prueba las declaraciones anteriores al juicio oral está supeditada a que el testigo se haya retractado o cambiado la versión, pues de otra forma no existiría ninguna razón que lo justifique, sin perjuicio de las reglas sobre prueba de referencia. Este aspecto tendrá que ser demostrado por la parte durante el interrogatorio.

Es requisito indispensable que el testigo esté disponible en el juicio oral para ser interrogado sobre lo declarado en este escenario y lo que atestiguó con antelación. Si el testigo no está disponible para el contrainterrogatorio, la declaración anterior quedará sometida a las reglas de la prueba de referencia.

En tal sentido, la disponibilidad del testigo no puede asociarse únicamente a su presencia física en el juicio oral. Así, por ejemplo, no puede hablarse de un testigo disponible para el contrainterrogatorio cuando, a pesar de estar presente en el juicio oral, se niega a contestar las preguntas, incluso frente a las amonestaciones que le haga el juez.

Mirado desde la perspectiva de la parte que solicita la práctica de la prueba, no es aceptable decir que el testigo está disponible cuando se niega rotundamente a contestar el interrogatorio directo, así el juez le advierta sobre las consecuencias jurídicas de su proceder, porque ante esa situación no es posible la práctica de la prueba.

En el derecho comparado, ese tipo de situaciones se tiene como una de las causales de no disponibilidad del testigo, a la par de su fallecimiento o de una enfermedad que le impida declarar. Por ejemplo, en Puerto Rico la regla 806 dispone:

(A) Definición: No disponible como testigo incluye situaciones en que la persona declarante:

(...)

(2) insiste en no testificar en relación con el asunto u objeto de su declaración a pesar de una orden del tribunal para que lo haga.

(…)

(4) al momento del juicio o vista, ha fallecido o está imposibilitada de comparecer a testificar por razón de enfermedad o impedimento mental o físico…(14).

Desde la perspectiva de la parte contra la que se aduce el testimonio, es claro que no existe ninguna posibilidad de ejercer el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo (elemento estructural del derecho a la confrontación), cuando el testigo se niega a responder las preguntas.

Ante esa situación, la declaración anterior del testigo tiene el carácter de prueba de referencia, según lo indicado a lo largo de este proveído.

La declaración anterior debe ser incorporada a través de lectura, para que pueda ser valorada por el juez. De esta manera, éste tendrá ante sí las dos versiones: (i) la rendida por el testigo por fuera del juicio oral, y (ii) la entregada en este escenario.

La incorporación de la declaración anterior debe hacerse por solicitud de la respectiva parte, mas no por iniciativa del juez, pues esta facultad oficiosa le está vedada en la sistemática procesal regulada en la Ley 906 de 2004.

El hecho de que un testigo haya entregado dos versiones diferentes frente a un mismo aspecto, obliga a analizar el asunto con especial cuidado, bajo el entendido de que: (i) no puede asumirse a priori que la primera o la última versión merece especial credibilidad bajo el único criterio del factor temporal; (ii) el juez no está obligado a elegir una de las versiones como fundamento de su decisión; es posible que concluya que ninguna de ellas merece credibilidad; (iii) ante la concurrencia de versiones antagónicas, el juez tiene la obligación de motivar suficientemente por qué le otorga mayor credibilidad a una de ellas u opta por negarles poder suasorio a todas; (iv) ese análisis debe hacerse a la luz de la sana crítica, lo que no se suple con comentarios genéricos y ambiguos sino con la explicación del raciocinio que lleva al juez a tomar la decisión, pues sólo de esa manera la misma puede ser controlada por las partes e intervinientes a través de los recursos; (v) la parte que ofrece el testimonio tiene la carga de suministrarle al juez la información necesaria para que éste pueda decidir si alguna de las versiones entregadas por el testigo merece credibilidad, sin perjuicio de las potestades que tiene la parte adversa para impugnar la credibilidad del testigo; (vi) la prueba de corroboración juega un papel determinante cuando se presentan esas situaciones; entre otros aspectos.

Concordante con lo expuesto por el fallador de segunda instancia, la Sala considera que, en esta oportunidad, la atestación inicial de T.C.G. podía ser utilizada para impugnar credibilidad o refrescar memoria(15), habida cuenta que, escuchado el interrogatorio cruzado realizado en juicio al nombrado, se constata que las partes establecieron una base probatoria que indicaba que esa diligencia efectivamente tuvo lugar y el contenido esencial de la misma.

Es verdad, la Fiscalía no se ciñó estrictamente al rigorismo de indicar que impugnaba credibilidad. Sin embargo, a pesar de no emplear esa frase sacramental, lo cierto es que ese fue su propósito y así lo entendió el deponente, el conjunto de abogados defensores y la juez, al punto que se garantizaron los derechos de las partes a la contradicción y confrontación, por lo que mal haría la Sala en sacrificar la sustancia por las formas. Durante el interrogatorio cruzado, se itera, se le preguntó a T., tanto por la bancada defensiva, como por el ente acusador, por la mentada noticia criminal, los hechos allí delatados y las condiciones temporo espaciales de esa data, y, aunque reconoció haberla interpuesto, se excusó en que fue presionado para tal fin.

Ahora bien, en la aludida sesión no se leyó la totalidad de la versión primigenia, no obstante, en armonía con lo consignado por el sentenciador de segundo grado, la Sala verificó, con el registro de audio correspondiente, que el acusado y su representante judicial estaban enterados de su contenido y tenían amplio conocimiento de lo allí expresado.

En ese orden, de cara a dos versiones desemejantes por parte de la misma persona, el juez estaba obligado a examinar ambas, a la luz de la sana crítica, para definir cuál merecía mayor credibilidad, labor que desplegó el sentenciador de segundo grado y terminó por darle crédito a la primera.

5.3. En efecto, la espontaneidad, fluidez y coherencia de la narración inicial surge sin dificultad. En dicha ocasión T.C.G. recreó, de manera clara y precisa, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon los hechos, el momento en el que los concejales, E. y G.E. le ofrecieron un millón de pesos para votar por E.P., así como el del día —la tarde después de la elección— en que E. le llevó a su casa lo prometido. Su franqueza sobresale cuando reconoció haberles manifestado a sus compañeros que, en todo caso, él iba a votar por dicho candidato, e, incluso, cuando adujo que en un primer instante pensó que era costumbre ese tipo de recompensa económica, hasta que se enteró de la petición de dinero al personero saliente, instante en el que decidió entregar lo recibido.

Ya en el juicio, T. indicó que ese dinero no obedeció a soborno alguno, sino a un préstamo que le hizo E. para realizarse una cirugía y que fue presionado para entablar la querella. En contraposición con la versión primigenia, su discurso no contiene igual cohesión y uniformidad, pues dejó entrever que no se enteró de lo que se consignó en la querella(16), al tiempo que afirmó que lo que allí consta no es lo que manifestó(17), y luego alegó que fue obligado a decir lo que no es cierto. También expuso que el dinero —el millón de pesos— se lo llevó, de su casa, el personero y el comandante de policía(18), y, más adelante que solo el personero(19).

De manera juiciosa el ad quem analizó las dos versiones y concluyó que mientras la última “carece de asidero, mostrándose huérfana de apoyo probatorio”(20), la primera se corrobora con otros medios de conocimiento.

La Corte no solo coincide con tal asentimiento, sino que, contrario al pensar de los censores, halló que la prueba de ratificación mencionada es directa, no de referencia. Por ende, aun si, en gracia de discusión, se excluyera la narración inicial del caudal probatorio, existen otros elementos que soportan la condena.

Al margen de que la casi totalidad de los deponentes (17) admitieron haber escuchado comentarios en el pueblo sobre el ofrecimiento de dinero para la elección de personero, hay otros a los que sí les consta el proceder abiertamente ilegal, cuya expresividad y contundencia es ostensible.

J.P.H.R. (personero de la época) relató cómo, en dos ocasiones, fue abordado con el propósito de inducirlo o proponerle la entrega dinero a cambio de obtener en su favor votos para ser reelegido, y R.G.U. dio cuenta del acto porque presenció uno de esos eventos. Sindicaron a G.E.H.S. y a E.A.N. G.U. añadió que, instantes previos a la sesión de la elección, se encontró con el último de los acusados y, tras manifestarle su desacuerdo con la pretensión económica, el edil le contestó que “se iba a ganar una plata y que el voto de él valía, entonces que por eso él de todos modos estaba dispuesto a ganarse un dinero con esa elección”(21), a la vez que le expresó: “el pendejo de E. ya había ofrecido 12 millones de pesos”(22).

El concejal P.A.C. relató que el día de la elección su compañero E.A.N. le comentó que “si le colaboraba al doctor E. (…) él [l]e iba a dar un dinero”(23).

J.P.H.R. y D.CH., en momentos distintos, escucharon de T., directamente, que A.N. le ofreció un millón de pesos por su voto, y los cabildantes L.M.A.O. y L.H.C.B., pese a no sindicar directamente a los procesados, sí narraron que fueron objeto de ofrecimiento económico —un millón la primera(24) y dos millones el segundo(25)— por votar a favor de E.P.(26).

5.4. Los actores refieren que medió presión para que T.C.G. denunciara.

Vale la pena señalar que sobre tal coacción solo obra lo manifestado por T. en juicio, que no tuvo efectiva corroboración con el resto del material probatorio, pues su dicho, según el cual, fue llevado en contra de su voluntad al Comando por J.P.H.R. y P.E.S.L., pese a encontrar respaldo en su hermana Z., resultó refutado por A., su otra consanguínea, que narró un suceso distinto, esto es, que solo llegó H.R. a recogerlo(27). Mientras tanto, J.P.H.R., P.E.S.L., S.C.Q. y M.A.C.P. negaron alguna coerción, y los tres primeros enfatizaron en que únicamente H.R. acompañó a T. desde su casa a la estación, dada su incapacidad para movilizarse por sus propios medios(28).

5.5. De otra parte, los libelistas alegan que la inicial manifestación de T.C.G. no puede ser tenida en cuenta porque al momento de incoar la querella no se le informó su derecho a no autoincriminarse.

Es sabido que la evidencia que se lleve ante el juez penal debe estar acompañada de un procedimiento adecuado de obtención, en el que se hayan respetado todas las garantías fundamentales. Así mismo, que el deber de denunciar los delitos, según lo prevé el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, conlleva, a su vez, el de preservar la garantía constitucional contemplada en el canon 33 de la Carta Política, según la cual, “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. Por manera que quien tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible se encuentra cobijado por la aludida previsión; empero, de asistirle interés en hacer la delación, la autoridad respectiva deberá hacerle las correspondientes advertencias.

Según lo adujo el policial que recibió la querella, P.E.S.L., se verificó en el formato de noticia criminal y lo admitió el propio T., sí se le hizo la consigna sobre su derecho a no autoincriminarse. Los demandantes insisten en que no entendió tal pregón, por ser analfabeto, empero, esa condición fue desvirtuada por T. cuando en el juicio reconoció saber leer y escribir(29). De manera que, contrario incluso a lo pedido por la delegada del Ministerio Público, no hay lugar a predicar la ilegalidad de tal acto.

6. El defensor de A.N. repara en que el tribunal incurrió en falso juicio de legalidad frente a la queja disciplinaria instaurada por J.P.H.R., toda vez que —dice— no fue pedida en la audiencia preparatoria.

Es cierto, el aludido documento no fue solicitado como prueba por la Fiscalía en la sesión correspondiente, lo que imposibilitaba su incorporación. Sin embargo, ello no impedía al juez valorar lo que sobre ese puntual aspecto narró H.R. en el juicio, puesto que fue la persona que promovió la protesta y era quien tenía conocimiento inmediato sobre su contenido. Por ello, no cabe rotular siquiera que ese testimonio sea de referencia.

7. El mismo profesional atribuye al ad quem un falso juicio de identidad, por cercenamiento, porque J.P.H.R. no hizo mención directa a su representado.

Tal error de hecho no se constata, en la medida en que el tribunal reconoció que, en lo relacionado con el edil que hizo la exigencia, no hubo coincidencia estricta entre H.R. y R.G.U., asintiendo lo que en ese sentido sostuvo el a quo, pero, aclaró que ello no mengua poder suasorio al testimonio, toda vez que se incriminó a los dos cabildantes, como coautores, quienes “se encontraban en el mismo sitio y de quienes salió la exigencia”(30).

Ahora, en contraste con lo expuesto por el actor, las narraciones de los dos deponentes no se contraponen. El que hubiesen mencionado, como el lugar de encuentro con los cabildantes, un costado del parque, saliendo del palacio municipal o al frente de la edificación, no significa oposición, pues ambos están aludiendo, en lo sustancial, al mismo espacio físico, solo que, como lo subrayó el tribunal, desde la óptica de cada observador, la ubicación puede ser captada de manera no igualitaria, pero sin que signifique refutación.

8. En criterio del defensor de E.A.N., las declaraciones de J.P.H.R., P.E.S.L. y D.CH. son de referencia.

La Corte se remite a lo expuesto en precedencia para sellar el equívoco del actor, pues los nombrados deponentes narraron lo percibido directamente con sus sentidos: las particularidades de la interposición de la querella, la insinuación del dinero a cambio de lograr votos y el ofrecimiento económico para votar por un candidato determinado.

Ahora, es verdad que la Fiscalía, al anunciar la pertinencia de los testimonios de H.R. y S.L., refirió que se traducía en demostrar el pedimento de doce millones de pesos por la reelección del personero municipal. No obstante, ello no imposibilitaba al juez para apreciar la totalidad de lo expuesto por ellos en el juicio —el funcionario debe apreciar la prueba válidamente practicada en la vista pública—, máxime cuando ninguna objeción hizo la bancada defensiva y guardaba perfecta correspondencia con la teoría del caso y con los hechos jurídicamente relevantes descritos por el ente fiscal.

9. El mismo letrado cuestiona al tribunal porque los testimonios de S.C.Q. y D.F.R.R. son de referencia, empero no reveló cuál fue la consecuencia, adversa a su cliente, que extrajo el fallador de sus declaraciones, y tampoco la Corte la evidencia, lo que deja sin piso su reclamo.

10. El defensor de H.S. denuncia un falso juicio de existencia porque, según dice, el juez colegiado no valoró los testigos llevados por la defensa.

Olvidó revelar el jurista cómo habrían podido variar la decisión de condena y la Sala, luego de haber revisado los registros de las sesiones correspondientes a la práctica probatoria de la defensa —a partir de la de fecha 30 de abril de 2013— no halló algún testimonio que tuviese la virtualidad de cambiar la declaración de responsabilidad hecha por el ad quem.

11. Finalmente, el mismo demandante se queja porque el fallador de segundo grado no tuvo en cuenta que su prohijado carece de antecedentes penales.

Un vistazo al fallo permite advertir que tal pasado sí fue considerado al momento de dosificar la pena, puesto que el tribunal se ubicó en el primer cuarto y no hizo referencia alguna a antecedentes penales del enjuiciado.

Los cargos, entonces, no prosperan.

En mérito de lo expuesto, la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR la sentencia objeto de impugnación.

2. Contra esta decisión no cabe recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

9 Cfr. Minuto 32:32 del registro de audiencia de sustentación.

10 Acorde con la Sentencia C-792 de 2014 de la Corte Constitucional y, específicamente, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

11 Para la fecha de los hechos ostentaba el grado de intendente jefe.

12 Cfr. Página 28 del fallo de segundo grado.

13 Artículo 347 del Código de Procedimiento Penal de 2004.

14 [Cita inserta en el texto trascrito] Reglas de Evidencia de Puerto Rico.

15 Cfr. Página 11 del fallo de segundo grado.

16 Cfr. Minuto 1:03:40 del registro contentivo de la sesión de juicio de la tarde del 15 de agosto de 2013.

17 Cfr. Minuto 1:05:01 del registro contentivo de la sesión de juicio de la tarde del 15 de agosto de 2013.

18 Cfr. Minuto 48:05 del registro contentivo de la sesión de juicio de la tarde del 15 de agosto de 2013.

19 Cfr. Minutos 48:12 y 1:00:44 Id.

20 Cfr. Página 15 del fallo de segundo grado.

21 Cfr. Minuto 20:38 del registro, disco compacto contentivo de la sesión del 14 de mayo de 2012.

22 Cfr. Minuto22:25 Id.

23 Cfr. Minuto 12:42 del registro, disco compacto contentivo de la sesión del 23 de febrero de 2012.

24 Cfr. Minuto 12:12 de registro, disco compacto contentivo de la sesión del 12 de marzo de 2013.

25 Cfr. Minuto 15:10 del segundo registro, disco compacto contentivo de la sesión del 8 de agosto de 2012.

26 El tribunal ordenó compulsar copias.

27 Cfr. Minuto 21:59 del disco compacto contentivo de la sesión de la tarde del 28 de mayo de 2013.

28 Se desplaza en silla de ruedas, según quedó demostrado en el juicio.

29 Cfr. Minuto 1:17:42 del registro de audiencia del 15 de agosto de 2013.

30 Cfr. Página 18 del fallo de segundo grado.