Sentencia SP1148-2018/47188 de abril 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 47188

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Acta 121

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 235-4 y parágrafo de la Constitución Política, la Sala es competente para adoptar la presente decisión en tanto la conducta atribuida a los conjueces está vinculada con el ejercicio de las funciones desempeñadas en la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería.

Aun cuando el Acto Legislativo 1 de 2018 promulgado el pasado 18 de enero modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política, al crear al interior de la Corte Suprema de Justicia las Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia encargadas de investigar, acusar y juzgar a los funcionarios aforados, es importante aclarar que hasta tanto no sean implementadas las mismas, la Sala Penal de esta corporación conserva su competencia para continuar conociendo los procesos que actualmente adelanta.

Sobre esta temática se ha precisado:

“… que efectivamente, de conformidad con el artículo 4º del Acto Legislativo 1/2018, esa modificación de los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política entró en vigencia con su promulgación como acto que tuvo lugar el pasado 18 de enero. Esa realidad normativa implica, en la práctica, que el Estado debe proceder a su pronta implementación, con el propósito de que materialmente resulte aplicable el cambio procesal connatural a la segunda instancia.

Precisamente, la falta de implementación de la reforma constitucional para los asuntos como el presente caso constituye la razón que descarta una pérdida de competencia de esta corporación para adelantar este proceso en la específica etapa en la que se encontraba a la entrada en vigencia del acto legislativo.

Es una garantía fundamental inquebrantable la imperiosa necesidad de administrar justicia sin interrupciones y, por ello, se afirma que la Corte no puede cesar en sus funcionas de investigar y juzgar a los aforados constitucionales tal y como lo establece el numeral 4 del artículo 235 de la Constitución Política”.

2. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, comete el ilícito de prevaricato por acción el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.

Pacífica ha sido la doctrina y la jurisprudencia al señalar que este es un tipo cuya comisión es eminentemente dolosa y demanda la presencia de un sujeto activo calificado, esto es, que solo un servidor público puede ser el autor de la conducta, la cual se concreta en la expedición de una resolución, dictamen o concepto ostensiblemente contrario a la ley, es decir, que extrañe una contradicción notoria entre lo resuelto por el funcionario y lo dispuesto por la norma, advirtiéndose que en el delito de prevaricato el juicio que se hace no es de acierto respecto de la decisión, sino de legalidad.

Implica lo anterior que entre lo resuelto por el funcionario y lo establecido en el ordenamiento jurídico, debe existir una oposición evidente o inequívoca, que surja de un cotejo simple del contenido de la resolución o dictamen y el de la ley, sin necesidad de acudir a complejas elucubraciones o a elocuentes y refinadas interpretaciones, pues un proceso de esta índole escaparía a una expresión auténtica de lo “manifiestamente contrario a la ley”.

Significa ello que no tienen cabida las simples diferencias de criterio respecto de un determinado punto de derecho, especialmente en materias que por su complejidad o por su ambigüedad admiten diversas interpretaciones u opiniones, porque no es posible ignorar que suelen ser comunes las discrepancias inclusive en temas que aparentemente no ofrecerían dificultad.

Tampoco es factible admitir como constitutiva de prevaricato la disparidad o controversia en la apreciación de los medios de convicción, mientras su valoración no desconozca de manera grave y manifiesta la sana crítica, toda vez que la persuasión racional le permite al juzgador una libertad relativa en esa labor.

3. Descendiendo al asunto que ocupa la atención de la Sala, la conducta imputada a J.F.P.P. y E.M.V.J., la constituye la sentencia proferida en segunda instancia en condición de conjueces del Tribunal Superior de Montería, mediante la cual revocaron el fallo condenatorio emitido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano contra J.I.A.G. por la muerte de H.A.C.R., al reconocer que actúo bajo la causal de ausencia de responsabilidad de la defensa putativa —Ley 599 de 2000, artículo 32, ord. 10—.

4. Antes de cualquiera otra consideración, es preciso tener en cuenta que si la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso las copias para que se investigara la conducta de los acusados, tal decisión no significa per se que estos sean responsables de algún delito, en el entendido que la obligación del funcionario judicial destinatario de ellas, en este caso la misma corporación, es la de determinar con fundamento en las pruebas legalmente recaudadas si se estructuran los elementos descriptivos del prevaricato por acción comportamiento que les fuera imputado, o en caso contrario, revelan que el hecho no configura ese hecho punible.

En efecto, con la expedición de copias se persigue en este caso en particular, establecer si la decisión emitida por los conjueces es manifiestamente contraria a la ley, es decir, si fue producto del capricho o de su torcida intención de querer violar las disposiciones superiores. No se trata entonces de retomar la valoración que de las pruebas hizo en su momento la Corte, sino de determinar si los yerros que la llevaron a casar la sentencia absolutoria se enmarcan dentro del delito de prevaricato.

Además, la circunstancia de que una instancia superior revoque la determinación de un funcionario judicial inferior, no es elemento determinante de la comisión del delito de prevaricato por parte de quien la profirió, pues se reitera, el juicio que se hace no es de acierto sino de legalidad de la providencia.

5. Con dicha precisión, se advierte que frente a la sindicación los conjueces durante el transcurso del proceso, etapas preliminar, instructiva y de juzgamiento, brindaron explicaciones con asidero en la actuación penal propiamente dicha, veamos:

En primer lugar, es un hecho incontrovertible que la defensa putativa fue el tema objeto de discusión desde los albores de la investigación hasta su culminación, tanto por la fiscalía como por los jueces, al punto que este argumento central fue debatido por la defensa mediante el recurso de apelación desatado por los conjueces, de manera que en esta oportunidad no corresponde establecer si en el proceso seguido a A.G. este no actúo al amparo de la causal exculpativa alegada, toda vez que lo debido es determinar si el fallo emitido por los conjueces es contrario a la ley.

A partir de ello, correspondía a la Fiscalía mostrar que los conjueces, sin prueba, reconocieron la causal de ausencia de responsabilidad penal favoreciendo al acusado, dejando a su vez de lado la apreciación de los medios de convicción que la desvirtuaban, para enseñar que su omisión no obedece a un error judicial sino a la intención de querer contrariar la ley.

Sin embargo, la Fiscalía para acreditar la tipicidad de la conducta de los conjueces, no hizo cosa distinta a reiterar que en la valoración de las pruebas en el proceso seguido a A.G. incurrieron en los errores de juicio reseñados por esta Sala y que dieron lugar a casar el fallo que profirieron, sin hacer esfuerzo alguno por mostrar que la tesis acogida en la sentencia carece del más mínimo respaldo probatorio y que por tal razón es manifiestamente contraria a la ley.

Al contrario uno de los acusados, P.P., aclaró que la misma fue alegada por A.G. desde su indagatoria y siendo parte del objeto de la apelación, la acogieron porque en su criterio les mereció credibilidad.

Además que hallaron razonable la actuación de A.G. frente a su equivocación de creer que la víctima por el hecho de haber estado inmerso en un delito de hurto lo podía atacar y a la reacción o gesto brusco de esta al “coscorrón” recibido, circunstancias que por estar acreditadas dentro del proceso adelantado por la muerte del ambientalista, les llevaron a tener por confiable dicha versión.

Vistas de este modo las cosas, se tiene que los conjueces avalaron la teoría de la defensa putativa desde la perspectiva de A.G., que se insiste fue objeto de investigación y de discusión, por tanto no extraña al proceso en el que se juzgaba a este y que contaba con cierto respaldo probatorio, así fuera incipiente, en la versión del mesero A.M.M.A. que prestaba servicios en el establecimiento la noche en que sucedieron los hechos.

Desde esta perspectiva el reconocimiento de la causal que llevó a la absolución, no aparece caprichosa ni arbitraria como fundamento de la decisión por la cual se juzga a los procesados, sino resultado de una opción que ofrecían los medios de conocimiento, sin que con esto se juzgue si eran suficientes para acoger la tesis exculpativa.

Basta con observar, independientemente del error en el que pudieron haber incurrido en la apreciación de la prueba, que los conjueces investigados asoman las razones y explican por qué se inclinan por la vertiente probatoria rechazada por el juez de primera instancia para llegar a la decisión cuestionada, la cual no puede ser asumida de manifiestamente contraria a la ley por haber acogido las de la apelación.

Téngase en cuenta, que en la diligencia de indagatoria rendida por el conjuez V.J. ante la fiscalía el 5 de febrero de 2014, indicó que siempre creyeron “que el error de prohibición indirecto era aplicable al caso concreto”; y si bien admite que pudieron haberse equivocado, agrega que la “providencia se hizo con la convicción de haber hecho una valoración probatoria correcta y pensando en una decisión justa …, mientras que “confirmar la sentencia condenatoria implicaba a nuestro juicio un riesgo considerable de imponer una pena a alguien que no merecía un juicio de reproche por la no exigibilidad de otra conducta …”.

En el mismo sentido se expresó P.P., quien adujo haber otorgado credibilidad al dicho del inculpado, en cuanto se representó que H.C.R. podía atacarlo con un arma de fuego, pues como el mismo lo indicó “creía que andaba armado en razón a que tenía conocimiento que H. hacia atracos en Montería porque lo vio una vez en el periódico el Meridiano de Córdoba”.

De este modo los acusados no construyeron la hipótesis sobre la cual A.G. alegó siempre el error de hallarse ante una justificante de su conducta, tampoco la imaginaron ni la prueba sobre la cual la edificaron, pues según lo visto contaba con respaldo testimonial; luego la expedición de copias dispuesta por la Sala con ocasión de haber casado el fallo suscrito por ellos, no estructura ineludiblemente la conducta punible de prevaricato por acción como parece sugerirlo la Fiscalía y el Ministerio Público.

A fuerza de ser reiterativos, es imprescindible advertir que la sentencia proferida por los conjueces acusados no se encuentra huérfana de medios de convicción y la circunstancia de haber dado mayor grado de credibilidad a los que daban razón a A.G. en detrimento de las que sustentaban la hipótesis condenatoria finalmente acogida, no indica su manifiesta contrariedad con el derecho.

Esto es, cuenta con un soporte probatorio que da validez y credibilidad a las explicaciones por ellos brindadas y de allí que no pueda concluirse como lo hace la fiscalía, que el análisis de las pruebas en las cuales se sustentó el fallo absolutorio fuera caprichoso, arbitrario y tendiente a obviar los elementos de juicio que permitían una decisión en sentido distinto a la adoptada por los acusados.

No observa entonces la Corte que la tesis prohijada en el fallo corresponda a una creación o descubrimiento de los acusados carente de fundamento, sino que por el contrario fue objeto de permanente discusión con apoyo en la prueba recaudada legalmente en la investigación, que impide señalar que su conducta se adecua al tipo penal del prevaricato por acción, porque finalmente no es manifiestamente contraria a la ley, sin que la fiscalía haya sido capaz de probar que de los medios de convicción apreciados por los jueces una conclusión de tal naturaleza era inadmisible.

Frente a las aseveraciones de la fiscalía en cuanto que el único propósito que tenían los conjueces era el de absolver al procesado, dígase que el doctor P.P. recibió las diligencias el 26 de mayo de 2005 para desatar el recurso de apelación y radicó el proyecto de fallo el 21 de septiembre de 2006, es decir, dieciséis meses después, lo que razonadamente permite inferir la ausencia de premura o interés de los conjueces por emitir la sentencia absolutoria en favor de A.G.

Además, la Sala considera que en el asunto sometido a su consideración no cabe hablar de prevaricato de los conjueces P.P. y V.J., al proferir la decisión absolutoria en favor de A.G., toda vez que así sea desacertada, lo cierto es que el error judicial por sí solo no genera el delito en alusión, sino que a él debe llegarse a través de actuaciones de mala fe, deliberadamente orientadas a cometerlo, lo cual tampoco se vislumbra en este caso.

Lo anterior, porque es propio del ser humano equivocarse toda vez que no es infalible, pero de ahí a considerar que los errores siempre son delictivos implica una distorsión inaceptable. Si no es dable sostener que existió el ánimo de vulnerar la ley en la resolución del caso que tuvieron a su consideración los conjueces, que obraron de una manera perversa, no podrá hablarse de prevaricato y en ese caso la absolución es inexorable, que es la decisión que en últimas habrá de adoptar la Sala.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Absolver a los doctores E.M.V.J. y J.F.P.P., ex conjueces de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, del delito de prevaricato por acción endilgado por la Fiscalía General de la Nación en la resolución de acusación proferida el 11 de febrero de 2015.

Contra este fallo no procede recurso alguno.

Una vez en firme la providencia archívense las diligencias.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa—José Francisco Acuña VizcayaJosé Luis Barceló Camacho, impedido—Fernando Alberto Castro Caballero, impedido—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

Aclaración de voto

El tema resuelto en la decisión en la que aclaro voto tiene que ver con la doble instancia de los procesos adelantados contra los aforados constitucionales y legales, la doble conformidad judicial y la apelación de la sentencia.

Comparto la decisión de fondo, de carácter absolutorio, solamente aclaro mi voto en relación con los argumentos que niegan en este asunto la condición de primera instancia del proceso y la apelación de la sentencia proferida por quienes tienen interés en hacerlo.

Esta aclaración de voto la apoyo en los argumentos que he venido exponiendo en las aclaraciones hechas en los radicados 51482, 51142, 50472 y 46361, a los cuales me remito.

Cordialmente.

Fecha ut supra,

Eugenio Fernández Carlier.