Sentencia SP11876-2017 de agosto 2 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Eyder Patiño Cabrera

SP11876-2017

Rad.: 41467

Acta 239

Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

EXTRACTOS: «LAS DEMANDAS

1. A nombre de R. A. G. M.

La defensora formula dos cargos contra la sentencia de segunda instancia, así:

Primero (principal).

Con estribo en la causal primera de casación, acusa la «falta de aplicación o exclusión evidente» de los artículos 280 del Código de Procedimiento Civil, 126 del Código Nacional de Policía, 83 de la Constitución Política, 5º de la Ley 599 de 2000, 3º y 8º del Decreto 2664 de 1994 y 68 y 72 del Decreto 960 de 1970; y, como erróneamente interpretado, el canon 289 del Código Penal.

Frente a esta última disposición, señala que la segunda instancia desatendió el deber de veracidad de ambos procesados.

Según la censora, la inaplicación de los primeros, que corresponden a preceptos reguladores de los documentos privados, condujo a que el tribunal no se percatara de la existencia de una fecha cierta y que, como tal, esa formalidad tiene una serie de implicaciones para la vocación probatoria del instrumento.

De haberlos tenido en cuenta, los magistrados habrían concluido que el valor probatorio de los contratos solo se obtenía en el momento de la imposición de la fecha cierta, es decir, noviembre y diciembre de 2008, pues con antelación solo afectaban a las partes, no podían ser utilizados contra terceros y no vulneraban la fe pública.

Así mismo, que la negociación se realizó en el 2008 y la circulación en el tráfico jurídico tuvo lugar en el 2009, fecha cierta que era la que surtía efectos frente a terceros.

De igual modo, la aplicación del segundo inciso, aparte final del artículo 158 de la Ley 1152 de 2007 (Estatuto de Desarrollo Rural) los llevaba a concluir que el traspaso del predio era inocuo para efectos de la adjudicación, si se determinaba que era baldío.

Además, que la imposición de la fecha de 2002, no tendría validez para efectos de oponer a terceros, tanto así que en los mismos contratos, los vendedores se obligaron a coadyuvar las acciones que se iniciaran ante la Unidad Administrativa de Tierras Rurales (UNAT); por consiguiente, el ad quem hubiese podido concluir que no hubo dolo, ni riesgo, ni lesión del bien jurídico de la fe pública y, por lo tanto, que el tipo penal del artículo 289 del Código Penal, «era inaplicable».

Al desconocer la segunda instancia, el Decreto 2664 de 1994, (por medio del cual se dictan los procedimientos para la adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación), respecto a que «la ocupación anterior de persona distinta del peticionario no es transferible a terceros para los efectos contemplados en este inciso», excluyó la posibilidad de entender que el traspaso no generaba ningún derecho en lo relacionado con la adquisición de baldíos y no se podía deducir que se falseó la verdad.

De esa manera, se sancionó un comportamiento que no era antijurídico formal ni materialmente, por ser hechos ciertos la ocupación, la posesión, la identidad de las personas que acudieron y firmaron el documento, y el recibo del precio.

A juicio de la actora, la correcta aplicación de los preceptos permitía concluir que la fecha plasmada en los documentos, la cual solo obligaba a las partes, «lo que pretendía es en el fondo es reflejar el tiempo que efectivamente llevaban en posesión los vendedores de los derechos y por ende el derecho subrogado por el comprador».

Solicita casar la sentencia impugnada y dictar la absolutoria a favor de su representado, por atipicidad de la conducta.

Segundo (subsidiario).

Acusa la sentencia del tribunal por violación indirecta de la ley sustancial, en la modalidad de falso raciocinio, al momento de analizar las declaraciones de E. M. G., J. B. V. J., A. G. S., F. R. H., C. R. N., M. D. C., C. F. L., A. T. R., C. A. C. R., C. S. R. L. y H. R. G.

Considera que «una valoración adecuada y juicio acertado de raciocinio» de las anteriores pruebas, habría llevado a concluir que la fecha de los contratos es la de noviembre y diciembre 2008, respectivamente, y, por tanto, no se faltaba a la verdad; que los señores V. J. y G. S., tenían y ejercían una ocupación de más de veinte (20) años; que la compra se realizó y se hizo sobre una posesión cierta que subroga los derechos de ocupación de épocas anteriores y, precisamente, enajenan parte del tiempo que llevaban en ese lugar; que los documentos fueron suscritos por los testigos, el representante y el apoderado de Interaseo S.A. ESP; que los vendedores recibieron los cheques por las cuantías indicadas, firmaron los contratos y se comprometieron, como allí se indica, a coadyuvar las acciones que incoara el comprador, hecho que resalta lo inane de la fecha contenida en ellos, para efecto de la adjudicación de baldíos.

Agrega que si se hubiera valorado correctamente la decisión del 7 de enero de 2011, proferida por la Secretaría de Gobierno, o la certificación de la misma entidad, expedida el 10 de agosto siguiente, se habría concluido que cuando se falló el proceso policivo, Interaseo S.A. ESP ya tenía la posesión.

De igual manera, el juez colegiado habría razonado que la variación de las fechas era inocua frente a cualquier trámite, pues solo tenían vocación probatoria cuando la acción de adjudicación de baldíos fuera presentada por el original poseedor, donde sus derechos transmitidos no son aceptados para esta clase de procesos. Y frente a la perturbación de la posesión, la conclusión evidente había sido que para el momento de la querella policiva, la empresa ya venía poseyendo de manera directa y efectiva, como se demostró con las inspecciones oculares de ese proceso adelantado por la Alcaldía de Santa Marta.

Si se hubiera reparado en el hecho que Agropecuaria del Norte Limitada instauró querella el 19 de diciembre de 2008, así como en enero y abril de 2009, y que «los documentos fueron suscritos en notaría» los días 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2008, era posible concluir que no se elaboraron para presentar acción policiva contra dicha firma y que no tenían vocación probatoria, por ser anteriores a las querellas.

Concluye que hay un «falso juicio de raciocinio» que condujo a una equivocada valoración probatoria.

Solicita se case la sentencia recurrida y, en su lugar, se absuelva a su defendido.

2. A nombre de H. H. R. G.

El defensor formula tres cargos contra la sentencia del tribunal, así:

Primero.

Con estribo en la causal primera, del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, acusa la violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 289 de la Ley 599 de 2000, a causa de una errónea interpretación del alcance del precepto.

Tras referir que la falsedad en documento privado exige, para su estructuración, que el sujeto falsifique el documento y posteriormente lo incorpore en el tráfico jurídico, apunta que la acción de su defendido, de haber suscrito dos contratos con fechas distintas a las que en realidad fueron firmados, no es constitutiva del delito de falsedad, contrario al criterio de la sala mayoritaria del tribunal, cuyas consideraciones aprecia equivocadas y obedecen a una interpretación errónea del alcance del precepto que tipifica la conducta, de la jurisprudencia de la Corte y, en general, del concepto de falsedad para efectos penales.

En sustento de lo anterior, menciona que el principio de la autonomía de la voluntad facultaba a su defendido a actuar del modo en que lo hizo, por lo cual, su comportamiento no puede considerarse constitutivo de falsedad.

Con apoyo doctrinal y jurisprudencial, especialmente de la Sala de Casación Civil de esta corporación, argumenta que los ciudadanos pueden dar a sus negocios jurídicos el contenido y efectos que deseen y que esa libertad contractual sólo está limitada por el orden público y las buenas costumbres.

La misma Sala de Casación Civil(9), cuando trató el tema de las cláusulas inveraces, “no solamente reconoció la posibilidad de que las partes de un negocio jurídico documenten en sus texto afirmaciones que no se compadecen con la realidad, sino más significativo aún, expresamente señaló que tales cláusulas inveraces surten plenos efectos jurídicos para las partes involucradas; salvo que medie una prueba documental que demuestre la real intención de los contratantes”(10).

Conforme a lo anterior, se debe aceptar que Interaseo S.A. ESP, representada legalmente por su prohijado, y los poseedores de los predios tantas veces mencionados, tenían todo el derecho de darle efectos jurídicos a los contratos que suscribieron, desde el momento en que a bien lo tuvieran; por tal razón decidieron, sin que constituya delito alguno, calendar dichos contratos con una fecha anterior a la de su efectiva celebración.

Dice que se encuentra probado, y así fue reconocido por las instancias, que mucho antes de la suscripción de los contratos que se reputan falsos, Interaseo S.A. ESP adelantó acercamientos con los poseedores tendientes a lograr una negociación, lo cual justificaba que se retrotrajeran sus efectos a la fecha en que empezó a gestarse el acuerdo de voluntades; que además, J. B. V., ya había ejercido acciones policivas contra la empresa, por problemas de vecindad relacionados con la servidumbre, todo lo cual explicaba que se dieran efectos jurídicos a la cesión de la posesión desde antes de la firma del referido contrato, con miras a salvar cualquier disputa futura entre las partes.

También se justificaba que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 778 del Código Civil, la empresa alegara como suyas las posesiones ejercidas por los señores V. y G., pues el objeto de la cesión lo constituía la posesión de éstos, razón para calendar los contratos con una fecha anterior a la de su firma, tal como lo afirmó en juicio oral R. A. G. M.

Más adelante señala que la figura de simulación prevista en el ordenamiento civil, supone la existencia de un acto documental por esencia ficticio que esconde la verdadera voluntad de las partes, al cual la propia ley le reconoce determinados efectos jurídicos respecto de las partes y en algunos casos frente a terceros.

Con sustento en jurisprudencia nacional y extranjera y en la doctrina, concluye que “lo que es lícito a la luz de las leyes civiles, no puede tornarse punible en el escenario del derecho penal, de modo que las conductas enjuiciadas, esto es, firmar un contrato con una fecha distinta a la de su celebración, escapa alcance (sic) del tipo penal consagrado en el artículo 289 del Código Penal”.

Aunque en este caso, agrega, ni siquiera están presentes los elementos de una simulación relativa en un negocio jurídico, pues en el juicio se demostró, y así lo validaron las instancias, que Interaseo S.A. ESP adquirió, a título oneroso, las posesiones inveteradamente ejercidas por los poseedores tantas veces mencionados sobre los predios “Las Marías” y la “Loma de Sansón”, su invocación obedece al propósito de ilustrar que nuestro ordenamiento reconoce y da efectos jurídicos a las declaraciones documentales aun cuando no se compadezcan con la realidad y que esa modalidad de ejercicio de la libertad contractual no se asoma como un supuesto del delito en comento.

De contera, yerra el tribunal al señalar que la conducta de su defendido R. G., al suscribir un contrato que documenta una fecha distinta a la de su efectiva firma, encuentra adecuación en el tipo penal consagrado en el artículo 289 del Código Penal, lo que amerita que se case la sentencia recurrida, y en su lugar se profiera fallo absolutorio a favor de su prohijado.

A continuación manifiesta que la jurisprudencia de esta corporación no impone un deber de veracidad absoluto en el ámbito de las relaciones contractuales, como lo interpretó la Sala mayoritaria del tribunal, valorando de manera errada el criterio jurisprudencial inserto en el radicado 13.231 del 29 de noviembre de 2000, que no resulta pertinente por tratar un supuesto de hecho distinto al que es objeto de enjuiciamiento, pues se analiza la responsabilidad de una persona que simuló un contrato de obra para obtener el pago de unas cesantías.

A partir de ese referente, el ad quem supuso la existencia de un deber general de veracidad en el ámbito de las relaciones contractuales, que presuntamente obliga a las partes de un convenio que por esencia tiene vocación probatoria, a documentar fiel y exactamente la realidad de la negociación, so pena de incurrir en el delito previsto en el artículo 289 de la Ley 599 de 2000.

Para el actor, esa no es la correcta interpretación de la ratio decidendi de la providencia en cita, pues si bien la colegiatura consideró que en ciertos casos «la naturaleza del documento, que no la ley en estricto sentido, impone el deber de veracidad», ello sólo es válido frente a aquellos documentos cuyo propósito único y específico es «servir de prueba de una relación jurídica relevante que involucra o puede llegar a comprometer intereses de terceras personas determinadas», esto es, cuando la finalidad de su creación sea oponerlo como medio de prueba frente a un tercero.

En el asunto concreto, Interaseo S.A. ESP, efectivamente, celebró dos contratos mediante los cuales adquirió, a título oneroso, la posesión ejercida por los señores V. y G., negocio jurídico lícito y real en cuanto a la causa, objeto y contraprestación; el que únicamente incumbía a sus contratantes y no estaba llamado a ser oponible frente a terceros ni surtir efectos a éstos.

Distinto es que, eventualmente, hubiera podido ser empleado como prueba en una actuación judicial o administrativa y, por ello, no hay lugar a condenar a su defendido, pues el injusto requiere que el documento de que se trate supere la esfera patrimonial de quienes lo suscriben y tenga la aptitud para causar perjuicios a un tercero; de lo contrario, las inveracidades en que incurran sus firmantes quedan por fuera del ámbito del Derecho Penal o, cuando menos, del de los delitos contra la fe pública.

En el sub examine el propio tribunal reconoció que los convenios de cesión de la posesión suscritos por R. G., carecían de trascendencia frente a los presuntos intereses jurídicos de las sociedades que se constituyeron como víctimas, pues así lo reflejan las consideraciones relativas al fraude procesal, respecto de las cuales no existe certeza acerca de su propiedad sobre los predios; de lo que no quedó duda es que nunca fueron poseedoras de los mismos y, por tanto, no podían ser consideradas como terceros para efectos de estructurar el tipo penal de falsedad en documento privado.

Por todo lo anterior, solicita se case la sentencia impugnada y, en su reemplazo, se profiera fallo absolutorio a favor de su defendido.

Segundo (subsidiario).

Postula el libelista sendos errores de hecho, que condujeron al tribunal a estimar que su defendido obró con el dolo propio del delito de falsedad en documento privado.

Aduce que al mencionar ciertas pruebas y no valorarlas integralmente, incurrió en un falso juicio de identidad.

Son ellas:

(i) Los contratos de compraventa de derechos posesorios, suscritos entre Interaseo S.A. ESP y J. B. V. y A. G., respecto de los cuales se omitió valorar las notas de presentación personal ante notario público de las firmas de los contrayentes, aspecto que acredita que los firmantes acudieron, los días 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2008, a la Notaría Cuarta de Santa Marta a declarar que sus rúbricas efectivamente les pertenecen y descarta cualquier intención falsaria por parte del procesado.

(ii) El interrogatorio rendido por H. H. R. G. en el desarrollo del juicio oral, del que dejó de valorar los apartes en los que siempre reconoció como únicos poseedores de los predios “Las Marías” y “La Loma de Sansón” a J. B. V. y A. G. S.; que las minutas fueron elaboradas por el abogado R. A. G. M., contratado previamente para el efecto, bajo el entendido que no estaba realizando nada ilegal porque en el acto participaron dos abogados (G. M. y A. J. M.) y en la notaría no se formuló objeción alguna, y que el valor se pagó con cheques, haciéndose evidente la ausencia de interés en engañar a alguien.

Refiere el demandante que una valoración del testimonio en cita, bajo los parámetros de la sana crítica, muestra que no actuó con dolo, aserto que respalda con el señalamiento que al respecto hizo el Magistrado disidente de Sala de Decisión del Tribunal.

(iii) Intervención de R. A. G. M. en la audiencia de juicio oral. De su relato, el ad quem no valoró el aparte donde manifiesta que él elaboró las minutas de los contratos y consignó en ellos la fecha del 24 de julio de 2002 por considerar que se trataba de una suma de posesiones de acuerdo a lo previsto en el artículo 778 del Código Civil.

Destaca los apartes de dicho alegato y lo que al respecto manifestó el magistrado que salvó el voto.

Más adelante, aduce que conforme a las reglas de la sana critica, se concluye que dicho abogado, dada la experiencia como procurador agrario, estaba completamente convencido que en relación con los contratos sobre derechos posesorios, era absolutamente válida y legal la figura de la suma de posesiones y, pese a que los vendedores llevaban más de 20 años, estimó necesario sumar solamente la posesión de los últimos 6 años.

Esa apreciación de G. M., fue transmitida a su defendido, siendo que la intervención de aquél muestra que éste no influyó en la redacción de los aludidos convenios.

(iv) Contrato de prestación de servicios suscrito entre Interaseo S.A. ESP y el abogado G. M., el cual fue introducido a juicio, sin que se valorara la estipulación referida a que dicho profesional era el encargado de elaborar las minutas de adquisición de los derechos posesorios.

Dice el libelista que la conclusión del juez plural, acerca de que los encartados actuaron de consuno en la falsedad en documento privado, desconoce que la existencia del aludido contrato desvirtuó cualquier indicio de dolo y refleja la intención, por parte de su asistido, de adquirir legalmente la posesión y luego la propiedad de los predios.

(v) Declaración de J. B. V. rendida en la sesión del 18 de agosto de 2011. El fallador no tuvo en cuenta que este afirmó ser el poseedor del predio “Las Marías” por más de 20 años, ejercer la posesión con ánimo de señor y dueño y haber hecho la venta de manera voluntaria, a través de su abogado A. J. M.

A juicio del letrado, dicho relato evidencia que ninguna de las empresas que se presentaron como víctimas dentro de la actuación tenían posesión en dicho terreno y, por tal razón, al transferir sus legítimos derechos a Interaseo S.A. ESP, en nada afectaba la situación de las empresas Agropecuaria del Norte Limitada y Moggio S.A.

Incluso, de los apartes no valorados se pone en entredicho la propiedad que las supuestas víctimas afirmaron tener y da mayor relevancia a lo aceptado por el Tribunal, referente a la condición de baldíos de los predios, aspecto que descarta la afectación de derechos de terceras personas, requisito necesario para la existencia del punible contra la fe pública, según la jurisprudencia.

(vi) Declaración de A. G. S., cuyos apartes omitidos demuestran que era el único poseedor del predio “La Loma de Sansón” sobre el cual ejerció posesión con ánimo de señor y dueño y luego de varios años de negociación, vendió voluntariamente a la empresa de aseo los derechos de posesión de una parte de ese terreno.

Así mismo, descartó cualquier derecho posesorio por parte de las empresas señaladas, al afirmar que jamás compartió posesión con quienes se presentaron como víctimas.

También comprueba que fue quien desde varios años atrás le había ofrecido el predio a su defendido, circunstancia que desvirtúa la equivocada conclusión del tribunal al afirmar que éste compró los terrenos y falsificó los contratos con el fin de utilizarlos como prueba dentro del proceso policivo adelantado por la Secretaría de Gobierno de Santa Marta.

El declarante también demostró que J. B. V. era el único poseedor del predio “Las Marías”, pues aseguró conocerlo desde hace más de 20 años.

De otra parte, el censor reprocha un falso juicio de existencia, por omisión, respecto de las siguientes pruebas:

(i) Querella policiva que redactó y presentó el abogado R. A. G. M., ante la Secretaría de Gobierno de Santa Marta, el 25 de marzo de 2009, esto es, más de tres meses después de haber suscrito los contratos sobre derechos de posesión celebrados entre Interaseo S.A. y los señores J. B. V. y A. G. S.

Dice que de ese documento, así como de los convenios aludidos, se colige que no tuvo como propósito enervar acción alguna, sino buscar el amparo de la posesión que Interaseo S.A. E.S.P. venía ejerciendo sobre los predios desde finales de noviembre y principios de diciembre de 2008; no obedeció a la contestación o réplica de una querella, sino a los actos perturbatorios a la posesión que se presentaron a comienzos y mediados del mes de marzo de 2009.

(ii) Contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito entre la empresa de aseo y el abogado G. M., con el objeto de asesorar jurídicamente «en la atención íntegra del amparo a la posesión adquirido por la empresa», y comprendía la presentación de demandas, quejas y solicitudes de amparos policivos a la posesión.

Según el actor, de ese documento se deduce que su prohijado, con el ánimo de darle publicidad a sus actos, suscribió dicho contrato y que el abogado lo desarrollaría de manera independiente, sin ningún tipo de subordinación, en consideración a su idoneidad y experiencia.

Conforme a las reglas de la sana crítica, especialmente de la experiencia, quien tiene intención de usar un documento falso, a través de un tercero, no suscribe un contrato de prestación de servicios que pueda reflejar el acuerdo, sino que evita dejar evidencia del mismo.

(iii) Declaración del inspector de policía C. S. R. L., rendida en la sesión del 7 de septiembre de 2011, encargado de adelantar la inspección ocular dentro del aludido proceso policivo.

Previa transcripción de algunos apartes textuales, advierte el libelista que, dentro de la querella, el abogado G. M. les dio a los predios la denominación de relleno sanitario de Santa Marta y que aquél funcionario solo advirtió actos posesorios por parte de Interaseo S.A. ESP, negó la ocurrencia de actos posesorios por parte de Agropecuaria del Norte Limitada y ratificó, bajo juramento, la existencia de un carreteable y la remoción de tierra por parte de la primera, actos constitutivos de la posesión que venía ejerciendo.

De lo declarado por R. L., se concluye que H. H. R. G. no tuvo la intención de engañar a nadie al suscribir los contratos porque, una vez perfeccionada la venta, no requería utilizarlos para demostrar su derecho sobre los inmuebles, sino para ejercer los actos que estimara como poseedor, lo cuales se evidenciaron de manera fehaciente dentro del trámite policivo y fueron ratificados en el juicio oral por aquél funcionario.

A continuación, el demandante dedica un capítulo a demostrar la incidencia de la valoración en conjunto de las pruebas objetadas frente al restante acervo probatorio, efecto para el cual, en términos generales, reitera las conclusiones ya aludidas. Además, recrimina al juez plural porque ignoró que el verbo rector del delito de falsedad supone un análisis normativo, no simplemente fáctico, al tiempo que nuestro ordenamiento jurídico continúa exigiendo la conciencia de antijuridicidad como fundamento de la responsabilidad penal, así se ubique en sede de culpabilidad, planteamiento que también apoya en el salvamento de voto.

En síntesis, el tribunal supuso el elemento volitivo del dolo de su asistido, porque la querella policiva fue presentada por el abogado G. M. el 25 de marzo de 2009, a consecuencia de los actos de perturbación a la posesión de que fue víctima la empresa de aseo en febrero y marzo de 2009, por personas armadas, vinculadas a Agropecuaria del Norte Limitada.

La única forma de predicarlo, sería considerar que para la fecha en que se autenticaron los contratos de derechos posesorios —26 de noviembre y 3 de diciembre de 2008— «predijo o vaticinó» los actos que desplegaría el personal de la aludida sociedad, y una vez ocurrido esto, presentar la querella y adjuntar los contratos.

Concluye, luego de traer apartes del salvamento de voto, que los yerros denunciados dieron lugar a la indebida aplicación del artículo 289 del Código Penal.

Tercero (subsidiario).

El casacionista reprocha el desconocimiento del principio in dubio pro reo a causa de errores de hecho por falso juicio de existencia y de identidad, toda vez que las pruebas dejadas de valorar, total o parcialmente, no revelan la existencia de un acuerdo previo entre su asistido y R. A. G. M., para que éste empleara los contratos presuntamente falsos, dentro del proceso policivo adelantado por la Secretaría de Gobierno de Santa Marta y, por ende, no concurren los presupuestos de la coautoría.

Inicia señalando que el falso juicio de identidad, por supresión, se presentó frente a las siguientes pruebas:

(i) Testimonio de H. H. R. G., quien en el curso del juicio oral renunció a su derecho a guardar silencio, con miras a explicar su participación en los hechos por los cuales se le acusó.

Los apartes que no fueron valorados por el Tribunal, demuestran que aquél no tuvo conocimiento del uso de los contratos en el desarrollo del proceso policivo 172-08, promovido por R. A. G. M. en su condición de apoderado judicial de la empresa Interaseo S.A. ESP.

Además, evidencian que su intención no fue crear dos documentos ideológicamente falsos para emplearlos como prueba en un «futuro proceso policivo», pues aclaró que para el momento en que se suscribieron, ni siquiera se avizoraba el conflicto de vecindad que se entablaría con la Sociedad Agropecuaria del Norte Limitada.

Recalca que R. G. manifestó no haber advertido la presencia de vigilantes de Agropecuaria del Norte Limitada en predios cuya posesión ejercía J. V. y su familia, lo cual «refuerza el argumento de que nuestro defendido no podía anticiparse al uso de los contratos como prueba documental en un proceso policivo de amparo a la posesión».

El fallador de segunda instancia ignoró, además, que una vez R. G. se enteró de los actos perturbatorios en los predios cuya posesión acaba de adquirir, suscribió un nuevo contrato con G. M. para que éste adelantara las gestiones a que hubiera lugar, en forma independiente. De manera que, si hubiera tenido el propósito de preconstituir prueba falsa, habría incluido la promoción del proceso policivo como objeto del primer contrato de prestación de servicios profesionales, lo cual no ocurrió.

Tampoco valoró el ad quem que el aparte donde aquél refiere que no conoció el texto de la querella policiva incoada por G. M., no atendió personalmente diligencias relacionadas con esa actuación, ni se notificó de las decisiones allí adoptadas, razones suficientes para concluir que R. G. ignoraba que los contratos serían usados allí como prueba documental.

(ii) Declaración del procesado R. A. G. M., en la sesión de juicio oral celebrada el 4 de octubre de 2011, cuyos apartes confirman lo dicho por H. H. R. G., en cuanto que éste buscó la asesoría de un abogado a principios de noviembre de 2008 con miras a adquirir la posesión de los predios y que aquél fue quien fijó la fecha del contrato, con el objeto reflejar el fenómeno de la suma de posesiones.

(iii) Proceso Policivo Nº 172-08, adelantado ante la Secretaría de Gobierno de Santa Marta, a raíz de dos solicitudes de amparo a la posesión presentadas, sobre el mismo bien inmueble, por los apoderados de las sociedad Agropecuaria del Norte Limitada e Interaseo S.A. ESP, del cual, específicamente, el Tribunal omitió valorar los autos del 19 de febrero y 2 de abril del año 2009, proferidos por el S. G. C. R. N.

Una vez extrae los contenidos del primero, aclara el censor que la querella presentada por Agropecuaria del Norte Limitada fue inicialmente inadmitida y solo se avocó y se dispuso su notificación hasta el 2 de abril de 2009, esto es, cuando ya se había presentado, por el abogado, la solicitud de amparo a la posesión.

Hecho relevante desconocido por la segunda instancia, que demuestra que solo hasta cuando se inadmitió la querella presentada por aquella sociedad, fue que G. M. advirtió que también se había accionado contra la empresa de aseo. Por lo tanto, no es cierto que el representante legal quisiera enervar las acciones con contratos falsos, porque cuando fueron redactados por el abogado y allegados por éste a la solicitud de amparo, no se tenía conocimiento del trámite policivo incoado por Agropecuaria del Norte Limitada.

En cuanto al falso juicio de existencia por omisión, el recurrente hace recaer ese yerro en el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito el 1º de febrero de 2009, entre R. A. G. M. y la empresa Interaseo S.A. ESP, introducido como prueba en la sesión del 7 de septiembre de 2011.

Apunta que este documento tiene la capacidad de comprobar dos hechos relevantes; el primero, que en vista de algunos actos perturbatorios a la posesión ejercida por la empresa de aseo, por personal armado de la Sociedad Agropecuaria del Norte Limitada, se acudió a los servicios profesionales de aquel abogado para que de manera autónoma adelantara las acciones pertinentes.

Lo anterior contradice el planteamiento del tribunal, al señalar que su defendido falsificó el contenido de los contratos anticipándose a la querella de policía que sería ejercida contra la empresa, pues, en caso tal, «hubiera suscrito un solo contrato de servicios profesionales con el Dr. G. M. que comprendiera la elaboración de los contratos y el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas a las que hubiera lugar».

Demuestra, igualmente, que dicho apoderado ejerció su labor profesional en forma autónoma e independiente, lo cual reafirma el dicho de R. G. al señalar, en el juicio oral, que no conoció el texto de la querella presentada por aquél ni lo instruyó para que le anexara los documentos que se reputan falsos.

Así lo confirma el mismo G. M., quien en ejercicio de su autonomía profesional decidió allegar los contratos como una estrategia jurídica hacia los poseedores cedentes, ante la posibilidad de estar detrás de los actos perturbatorios a la posesión y para quienes sí surtían efectos jurídicos.

En el acápite que dedica a demostrar la incidencia de los yerros, al valorar en conjunto las pruebas objetadas y el restante acervo probatorio, reitera los argumentos anteriormente expuestos, justifica el cumplimiento de los fines de la casación y solicita casar la sentencia recurrida y, en su lugar, se dicte la absolutoria a favor de su defendido.

3. Demanda presentada por la Fiscal 31 Seccional (E) de Santa Marta.

Luego de identificar las partes de este proceso, describir detalladamente la sentencia recurrida, los hechos y la actuación procesal, y de fundamentar in extenso las finalidades del recurso, formula tres cargos contra la sentencia del tribunal, así:

Primero (principal).

Acusa la violación directa de la ley sustancial, por falta de aplicación de los artículos 58- 10 y 61 del Código Penal; que consagran, en su orden, las causales de mayor punibilidad y los fundamentos de individualización de la condena.

Refiere la actora, que desde la presentación del escrito de acusación, su formulación y en el juicio oral, solicitó condena teniendo en cuenta la aludida circunstancia de mayor punibilidad, lo que implica que la sanción se debía imponer partiendo de los cuartos medios, y no tasarse en el mínimo.

En sustento de su réplica, extracta las respectivas consideraciones de los fallos de primera y segunda instancia y reitera que al imponer a R. A. G. M. y H. H. R. G. la pena de dieciséis (16) años de prisión, como coautores del delito de falsedad en documento privado, que corresponde al mínimo del primer cuarto, implica que no se tuvo en cuenta la circunstancia consistente en obrar en coparticipación criminal.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la misma normativa, al converger circunstancias de menor (la carencia de antecedentes) y mayor punibilidad (la coparticipación criminal), el ad quem debió ubicarse en los cuartos medios, que prevén una sanción mínima de 39 meses y un día y una máxima de 85 meses de prisión.

Por lo anterior, solicita casar parcialmente la sentencia recurrida, atendiendo a las previsiones contenidas en el citado precepto.

Segundo (principal).

Con estribo en el numeral 1º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, acusa la violación directa de la ley sustancial, por falta de aplicación del artículo 453 del Código Penal, toda vez que el sentenciador, al momento de entrar en el análisis de fondo respecto de la consumación o no del delito de fraude procesal, desconoció el alcance de dicha preceptiva y procedió a absolver a los procesados, a pesar de estar estructurados todos los elementos.

Tras referir con amplitud jurisprudencia de esta corporación y exaltar las respectivas consideraciones de los fallos de primera y segunda instancia, asegura, en concreto, que el Tribunal se equivocó al considerar que la conducta de fraude procesal exige una efectiva inducción en error, dándole así el trato de delito de resultado.

Así mismo, en punto de la valoración realizada por las instancias, en especial, cuando se afirma que los contratos no se tuvieron en cuenta para la decisión policiva, recuerda las consideraciones insertas en el auto del 30 de junio de 2010, radicado 32397, y afirma que en este caso se estructuran los elementos del tipo, pues se cuenta con (i) la existencia de dos sujetos activos, los co-procesados R. A. G. M. y H. H. R. G.; (ii) un medio fraudulento idóneo, los dos contratos mediante los cuales Interaseo S.A. ESP adquirió la posesión sobre los predios “La Loma de Sansón” y “Las Marías” y (iii) los documentos falsos fueron incorporados o introducidos al procedimiento policivo.

Agrega la recurrente que si no se indujo en error a C. M. R. N., en su calidad de S. G. del Distrito de Santa Marta, en nada incide en la configuración del ilícito señalado, pues lo realmente relevante eran los propósitos que tenían los señores G. M. y R. G.

En apoyo de lo anterior, transcribe las consideraciones expuestas en la sentencia del 9 de mayo de 2004, radicado 18367, advirtiendo que las negrillas y subrayas son propias, con el objeto de darle fondo a su reproche.

Solicita, en consecuencia, se case parcialmente la sentencia censurada y, en su lugar, se condene a R. A. G. M. y H. H. R. G., como coautores del delito de fraude procesal en concurso heterogéneo con el de falsedad en documento privado

Tercero (subsidiario).

Acusa la violación indirecta de la ley sustancial proveniente de errores de hecho por falso juicio de identidad, por distorsión, en relación con la declaración rendida en juicio por C. M. R. N., y falso juicio de existencia por omisión, respecto del expediente contentivo de la actuación policiva, específicamente, la resolución del 19 de febrero de 2009 y el escrito de querella signado por R. A. G. M., los cuales motivaron la absolución de los procesados frente al delito de fraude procesal.

Para demostrar lo anterior, transcribe el relato de R. N., S. G. Distrital, quien señaló con claridad que los trámites policivos se regulan por el procedimiento establecido en el Estatuto Distrital de Policía (D. 4002 de 1992) y en los temas no tratados se remite al Código Nacional de Policía y, subsidiariamente, al Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, el tribunal tergiversó esa declaración cuando acudió al artículo 126 del Código Nacional de Policía y, en ese sentido, partió de la base que esa era la norma aplicable a este asunto, cuando en realidad lo era la especial del Estatuto Distrital de Santa Marta, como el mismo funcionario lo señaló categóricamente en el marco de juicio oral.

Adicionalmente, el ad quem suprimió apartes de la exposición de R. N., de los cuales se desprende que para la admisión de la querella de policía era esencial que al menos se presentara una prueba sumaria de la condición de poseedor, pues no es posible buscar la protección administrativa de un derecho cuando no se justifique la titularidad del mismo.

A juicio de la censora, los magistrados del tribunal nunca quisieron entender que, para la admisión de la querella, se valoraban las pruebas aportadas por quien alegara tener perturbada la posesión.

Razona, en ese sentido, que si los procesados presentaron unos contratos falsos, para ser aceptados como querellantes, aduciendo tener una posesión que supuestamente era perturbada, es claro que se verifica el fraude procesal porque se indujo en error y, en consecuencia, el fallo no ha debido ser absolutorio.

La referida distorsión, según apunta más adelante, condujo a desconocer que para la admisión de la querella se requería acompañar prueba que acreditara el derecho del peticionario y, para este caso, no es otra que los dos contratos de compraventa de la posesión que judicialmente fueron declarados espurios.

De esa manera, R. A. G. M. y H. H. R. G. buscaron a través de un medio fraudulento (contratos espurios), inducir en error al servidor público (secretario de gobierno) para la expedición de un acto administrativo (admisión de la querella) que le diera curso al procedimiento policivo.

Frente a los falsos juicios de existencia, por omisión, argumenta que el tribunal pretermitió la resolución del 19 de febrero de 2009 y la querella de policía presentada por Interaseo S.A. ESP, de las cuales transcribe lo pertinente.

Según la funcionaria recurrente, de tales elementos, con vocación probatoria, se desprende que para dar curso a la acción policiva por perturbación de la posesión, R. A. G. M. como apoderado de Interaseo S.A. ESP aportó dos contratos de compraventa de posesión que fueron judicialmente declarados como falsos y, como lo reconoce en la demanda, con esos documentos se pretendía acreditar «la posesión material con ánimo de señor y dueño de la sociedad» que representaba.

Reitera que, en este caso, se estructura el delito de fraude procesal, así el funcionario R. N. manifieste que no se sintió engañado porque no valoró el medio de prueba en la decisión final, pues surge evidente que los contratos constituyeron los medios que le permitieron «admitir» la querella de policía, independientemente de la decisión de fondo a la controversia.

Solicita se case parcialmente la sentencia de segunda instancia y, en consecuencia, se condene a los procesados como coautores del delito de fraude procesal, en concurso heterogéneo con el de falsedad en documento privado.

4. Demanda presentada a nombre de Agropecuaria del Norte Limitada.

Una vez el censor identifica los sujetos procesales y la sentencia impugnada, concreta que la finalidad del recurso es obtener la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de los agravios inferidos a las víctimas.

Más adelante, formula dos cargos, así:

Primero (principal).

Acusa la violación directa de la ley sustancial, por falta de aplicación de los artículos 58, numeral 10 del Código Penal, que consagra la circunstancia de mayor punibilidad, consistente en obrar en coparticipación criminal, y 61 ejusdem, que trata de los fundamentos para la individualización de la pena.

Señala, al respecto, que la señora Fiscal 31 Seccional de Santa Marta, al momento de formular la imputación contra los procesados G. M. y R. G., sostuvo que debía deducirse la aludida causal, como igual lo hizo en el escrito de acusación, en la sustentación del mismo, en el juicio oral, al momento de su alegato conclusivo y en el recurso de apelación contra el fallo de primer grado.

Enfatiza que la decisión del tribunal, de revocar la absolución de R. G., y condenarlo como coautor del delito de falsedad en documento privado, le imponía considerar la agravante genérica en comento al momento de individualizar la pena para ambos procesados y ubicarse en los cuartos medios, conforme a las previsiones del artículo 61 del Código Penal.

En ese sentido, solicita se case la sentencia.

Segundo (principal).

A manera de introducción, el demandante hace un recuento de las razones que motivaron la formulación de la querella policiva de la sociedad que representa contra Interaseo S.A. ESP el día 19 de diciembre de 2008, y de la misma acción promovida el 25 de marzo de 2009 por el apoderado judicial de ésta última en contra de Agropecuaria del Norte Limitada.

Transcribe el contenido de cada una de esas acciones y precisa que los contratos de compraventa de los derechos de posesión y ocupación de los predios rurales “Las Marías” y “La Loma de Sansón”, fueron autenticados ante la Notaría Primera del Círculo de Santa Marta los días 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2008, y el escrito de querella a nombre de Interaseo S.A. ESP, se presentó el 25 de marzo de 2009, por hechos supuestamente ocurridos los días 4 y 13 anteriores.

Según se colige de lo anterior, no puede ser cierto que para el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 2008, esta empresa tuviera la posesión de los aludidos terrenos, porque de ser así, el representante legal de Agropecuaria del Norte S.A., D. D. C., jamás hubiese promovido esa querella por perturbación a la propiedad, por hechos acaecidos el 22 de noviembre de ese mismo año.

A continuación, extracta variados apartes textuales del escrito de acusación, de los fallos de primera y segunda instancia y de la adición de voto por parte de uno de los magistrados de la Sala de Decisión del Tribunal.

En el desarrollo de ese ejercicio, el letrado revela su criterio frente a cada uno de los temas tratados por los falladores de instancia. Es así como, en términos generales, muestra su acuerdo con la postura de la fiscalía en el devenir de la actuación y con la decisión de condena por el delito de falsedad en documento privado, no así frente a la absolución de los enjuiciados por el de fraude procesal.

Por esa razón, destaca que los terrenos objeto de querella policiva no tenía la calidad de baldío, sino que eran de propiedad de la empresa Agropecuaria del Norte Limitada, tal como lo declaró en juicio F. E. R. H., quien formuló la noticia criminal que originó la presente actuación.

Advierte que el tribunal incurrió en abierta incongruencia al sostener que la falsedad en documento privado se consumó, entre otras cosas, porque los contratos de compraventa de derechos de posesión y ocupación fueron usados para demostrar que la empresa de aseo poseía los predios rurales desde años antes de instaurarse la querella policiva contra Agropecuaria del Norte Limitada, pero, más adelante, aduce que el uso de tales documentos no tuvo la entidad suficiente para que se configurara el fraude procesal porque, en verdad, la empresa tenía la posesión de los predios y, por esa razón, el S. G. no pudo emitir un acto administrativo contrario a la ley.

Con soporte en jurisprudencia de esta corporación, explica que, para considerar agotado el fraude procesal, basta que se realice el comportamiento descrito en el verbo rector –inducir- sin que sea necesaria la obtención del resultado perseguido e, incluso, no se requiere que el servidor público se haya sentido inducido en error.

A pesar de ello, el juzgador de segunda instancia concluye que no se configuró el injusto, no obstante reconocer que se usaron unos contratos falsos como prueba en una querella policiva para demostrar que años atrás Interaseo S.A. ESP poseía los predios rurales, con el propósito de enervar la misma acción promovida en su contra, por las empresas Agropecuaria del Norte Limitada y Moggio S.A.

No se puede desconocer que una querella policiva por perturbación a la posesión requiere que esta se acredite sumariamente y, en este caso, los contratos falsos cumplieron esa tarea, pues con ellos se evidenció que Interaseo S.A. ESP ejercía la posesión sobre los terrenos en los cuales se estaban cometiendo los supuestos actos perturbatorios por parte de Agropecuaria del Norte, tal como se desprende del texto de la querella presentada por R. A. G. M. el 25 de marzo de 2009, cuyo texto literal pertinente transcribe, y del testimonio rendido por C. M. R. N., situación que desvirtúa lo expuesto sobre este tópico en los fallos de instancia.

De lo anterior se concluye que si los falsos contratos fueron aportados a la querella civil por G. M. como prueba sumaria de la posesión que alegaba, y si por los hechos allí expuestos el S. G. avocó su conocimiento, resulta evidente que tales documentos sí fueron medios fraudulentos idóneos en este asunto porque sirvieron para hacerle creer a dicho funcionario que la empresa ejercía posesión sobre los terrenos “Las Marías” y “La Loma de Sansón” desde el 24 de julio de 2002 , cuando ello ocurrió, desde el 26 de noviembre y el 3 de diciembre de 2008.

Estima el censor, que las conclusiones de los falladores, en cuanto desconocen abiertamente la naturaleza del delito de fraude procesal, son el producto de un error de hecho por falso juicio de identidad, por cercenamiento, que recayó sobre el testimonio del S. G. de Santa Marta, C. M. R. N., porque el A quo no advirtió todo lo expresado por éste sobre la exigencia de una «prueba sumaria» que acompañe una querella de amparo a la posesión y su insistencia en sostener que la acción promovida por Interaseo S.A. ESP contra la sociedad que representa, estuvo respaldada por una «prueba sumaria» y que dentro de los elementos se encontraban relacionadas las copias del negocio jurídico de compraventa de derechos de posesión y ocupación del predio en cuestión.

El testigo jamás expresó, como lo señala el fallador, que para la presentación de la querella y la decisión correspondiente, no se necesitaba comprobar la posesión, sino que bastaba con afirmar que ella se tenía para iniciar el trámite y emitir la decisión correspondiente.

Tampoco es cierto que los mencionados contratos devinieron intrascendentes en el trámite policivo, pues, itera, hicieron parte de la «prueba sumaria» con que se demostró que Interaseo S.A. ESP ejercía posesión sobre los terrenos objeto de los actos perturbatorios por parte de Agropecuaria del Norte Limitada y con ellos se demostró una falsa posesión por más de seis (6) años.

En tal sentido, es elemental inferir que los procesados indujeron en error al señor S. G., pues al admitir la querella de la primera empresa mediante el auto del 2 de abril de 2009, lo hizo bajo esa creencia, al tiempo que ordenó acumular la misma acción instaurada por la segunda compañía, reconoció personería a los abogados y al iniciar la correspondiente actuación procesal, valoró los falsos contratos, en cuanto los tuvo en cuenta como prueba sumaria de la condición de poseedor.

Con fundamento en lo anterior, solicita casar la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, condenar a los procesados por el delito de fraude procesal.

(...).

CONSIDERACIONES

Cuestión previa. La Sala ha sido consistente en advertir que, una vez admitido el libelo casacional, no hay lugar a pronunciarse sobre los defectos de lógica y debida argumentación que puedan contener los cargos formulados contra la sentencia de segunda instancia y, lo que procede, es pronunciarse de fondo.

1. Demanda a nombre de R. A. G. M.

Cargo primero: violación directa.

Acusa la defensora la «falta de aplicación o exclusión evidente» de las disposiciones legales que regulan el caso concreto, esto es, los artículos 280 del Código de Procedimiento Civil, 126 del Código Nacional de Policía, 83 de la Constitución Política, 5º (entiéndase 11) de la Ley 599 de 2000, 3º y 8º del Decreto 2664 de 1994 (Por el cual se reglamenta el capítulo XII de la Ley 160 de 1994 y se dictan los procedimientos para la adjudicación de terrenos baldíos) y 68 y 72 del Decreto 960 de 1970; y, como erróneamente interpretado, el canon 289 del Código Penal.

Se debe comenzar por precisar que el delito previsto en el artículo 289 del Código Penal, es de aquellos denominados de peligro, en cuanto se exige la producción de un daño, en el entendido que el comportamiento falsario pone en riesgo el bien jurídicamente tutelado, es decir, la fe pública, traducida en la confianza de la colectividad en el tráfico jurídico de los documentos privados.

Tiene dicho la Sala, de tiempo atrás, que a los particulares les es exigible decir la verdad en virtud de la capacidad probatoria de los documentos que suscriban y su trascendencia, ante la posibilidad de afectar derechos de terceros una vez son incorporados al tráfico jurídico.

Frente a los anteriores condicionamientos, la Corte, en jurisprudencia que permanece inalterable (CSJ SP, 29 nov. 2000, rad. 13231), puntualizó:

La discusión se presenta en relación con los documentos privados, toda vez que respecto de los particulares y el deber jurídico de decir la verdad, surgen posiciones doctrinarias contrapuestas: 1. Quienes son del criterio que no les asiste compromiso con ella, y que por tal motivo, no pueden ser, en ningún evento, sujetos activos de falsedad ideológica. 2. Quienes consideran que lo tienen en determinados casos, cuando la propia ley, expresa o tácitamente, les impone la obligación de hacerlo, evento en el cual, por tanto, incurren en el citado delito, si faltan al deber de veracidad que por mandato legal les es exigible.

La Corte se ha identificado con este último criterio, que hoy, en decisión mayoritaria reitera, aunque solo en cuanto la fuente del deber de veracidad sea la propia ley, y se cumplan otras condiciones, como que el documento tenga capacidad probatoria, que sea utilizado con fines jurídicos, y que determine la extinción o modificación de una relación jurídica sustancial con perjuicio de un tercero (Cfr. Casación de 18 de abril de 1985, con ponencia del magistrado doctor Fabio Calderón Botero, entre otras).

En relación con la primera exigencia (obligación de ser veraz) debe decirse que el ordenamiento jurídico, con no poca frecuencia, impone a los particulares, expresa o tácitamente, el deber de decir la verdad en ciertos documentos privados, en razón a la función probatoria que deben cumplir en el ámbito de las relaciones jurídicas, haciendo que, frente a esta clase de documentos, se genere un estado general de confianza entre los asociados, derivado de la circunstancia de encontrarse su forma y contenido protegidos por la ley, que puede resultar afectada cuando el particular, contrariando la disposición normativa que le impone el deber de ser veraz, decide falsear ideológicamente el documento.

(...)

En otros eventos, el deber de veracidad surge de la naturaleza del documento y su trascendencia jurídica, cuando está destinado a servir de prueba de una relación jurídica relevante, que involucra o puede llegar a comprometer intereses de terceras personas determinadas, como acontece cuando la relación que representa trasciende la esfera interpersonal de quienes le dieron entidad legal con su firma, para modificar o extinguir derechos ajenos, pues cuando esto sucede, no solo se presenta menoscabo de la confianza general que el documento suscita como elemento de prueba en el ámbito de las relaciones sociales, y por consiguiente de la fe pública, sino afectación de derechos de terceras personas, ajenas al mismo.

(...)

La segunda exigencia para que la falsedad ideológica de particular en documento privado pueda tener realización típica, es que el documento tenga capacidad probatoria, condición que se cumple cuando es jurídicamente idóneo para establecer una relación de derecho, o para modificarla, es decir, cuando prueba, per se, los hechos que en él se declaran. Esto excluye como objeto posible de falsedad ideológica en documento privado con implicaciones penales, las afirmaciones mendaces que puedan llegar a hacerse en documentos que carecen de aptitud para probar por sí mismos lo que en ellos se afirma, y por ende para afectar el tráfico jurídico, como ocurre, por ejemplo, con las declaraciones de renta, o las declaraciones de bienes -aspecto que en las discusiones de Sala tanto preocupó a los magistrados que se apartan de esta decisión-. Sus implicaciones serán fiscales, o disciplinarias, según el caso, pero en modo alguno penales, salvo, claro está, que se acompañen de documentos que puedan tener una tal connotación jurídica.

En tercer lugar debe ser constatado que el documento ha sido introducido en el tráfico jurídico social, es decir, que fue utilizado con el propósito de hacerlo valer como prueba de la relación jurídica que representa, para la consecución de los fines inherentes a su esencia, que determinaron su creación, y paralelamente, que con dicho uso fueron afectadas relaciones jurídicas de personas determinadas, ajenas a las que concurrieron a su producción, porque significó la extinción de un derecho concreto, o porque lo modifica, exigencia que lleva ínsita la causación de un daño inmediato a un tercero determinado.

Bajo los anteriores derroteros, procede la Sala a examinar la propuesta de la demandante, quien orienta su discurso a demostrar la atipicidad de la conducta por la cual se condenó a su asistido.

Para comenzar, afirma que el ad quem, quien se fundamentó en el criterio jurisprudencial recién aludido, interpretó erróneamente el deber de veracidad.

Bien está recordar, ante todo, que el fallador de segunda instancia encontró que el comportamiento de los procesados se adecua a la descripción típica prevista en el artículo 289 del Código Penal, en cuanto se demostró: (i) que para la fecha impuesta —24 de julio de 2002— en los dos contratos de compraventa de los derechos de posesión de los predios “La Loma de Sansón” y “Las Marías”, R. A. G. M. no podía ser testigo de la negociación porque, para ese momento, estaba vinculado a la Procuraduría General de la Nación, en tanto que H. H. R. G. no era el representante legal de Interaseo S.A.; (ii) la fecha que se hizo constar en ellos tiene importancia para el derecho penal, porque fueron usados para demostrar que la empresa poseía los predios rurales desde antes de instaurarse la querella contra Agropecuaria del Norte Limitada y personas indeterminadas, por perturbación de la posesión; y, (iii) los enjuiciados falsificaron los dos contratos para usarlos como prueba en dicha actuación.

La Sala advierte desde ahora, que el reclamo de la actora no responde a la necesidad de corregir un yerro de selección normativa, sino a una divergencia de criterios, aduciendo que de haber tenido en cuenta los preceptos señalados al inicio del cargo, se habría concluido que el valor probatorio de los documentos solo se obtenía en el momento de la imposición de la fecha cierta, esto es, noviembre y diciembre de 2008, pues con antelación solo afectaba a las partes y no podían ser utilizados contra terceros.

El ad quem, sin embargo, descartó ese tópico al señalar que no es objeto de discusión el concepto civilista, según el cual, el efecto de los contratos entre las partes se genera desde la fecha en que se presentan ante una notaría o se registran, «porque lo relevante para el derecho penal es que los contratos con fechas falsas se usaron no para oponerlos a los vendedores sino para que sirvieran de prueba en una querella policiva contra Agropecuaria del Norte y Moggio S.A.».

Por fuera de ese marco de reproche, esto es, la falsedad ideológica de los contratos para ser usados como prueba en la actuación policiva, la casacionista encamina su discurso a demostrar que la fecha a tener en cuenta, es la del 2008, por ser la de reconocimiento y autenticación, y que la del 2002 no tiene validez para efectos de oponer a terceros los contratos, tanto así, que los mismos vendedores se obligaron a coadyuvar las acciones que iniciaran con la UNAT.

Con esa metodología de ataque le resta trascendencia a la censura, porque apenas se queda en la interpretación de la normas que, según entiende, regulan los documentos privados, en punto de la fecha cierta y sus implicaciones probatorias. Pero si se miran en su real dimensión, todas las circunstancias que rodearon el acontecer que dio origen a la presente actuación, se llega a la conclusión que el asunto no se puede solucionar, como lo sugiere la actora, por atipicidad de la conducta.

Y es que, como se dijo en el pronunciamiento que viene de ser citado, la falsedad ideológica en documento privado se presenta,

...[c]uando en un escrito genuino se insertan declaraciones contrarias a la verdad, es decir, cuando siendo el documento verdadero en su forma y origen (auténtico), contiene afirmaciones falsas sobre la existencia histórica de un acto o un hecho, o sus modalidades, bien porque se los hace aparecer como verdaderos no habiendo ocurrido, o cuando habiendo acontecido de determinada manera, son presentados de una diferente.

En ese sentido, surge incuestionable que los contratos de marras contienen las afirmaciones falsas ya referidas, las cuales trascienden al campo penal, toda vez que, al ser presentados como prueba de una querella policiva, ingresaron al tráfico jurídico y, como bien razonó el tribunal, la fecha consignada en ellos estaba destinada a demostrar que Interaseo «poseía los predios rurales desde años antes de instaurarse la querella policiva contra Agropecuaria del Norte Limitada y personas desconocidas o indeterminadas por perturbación de la posesión de esos predios»(11).

Acorde con ese criterio, el ad quem puntualizó:

En el primer hecho de la querella el abogado G. M., haciendo uso del poder que le otorgó H. H. R. G. dijo: “Mi mandante La Sociedad (sic) denominada INTERASEO S.A.E.P. es Poseedora (sic) material del inmueble denominado relleno sanitario de Santa Marta, con animo (sic) de señor y dueño, el cual ocupa hace mas (sic) de diez (10) años...”.

El hecho segundo de la querella policiva: “Durante todo este tiempo mi patrocinado en su condición de poseedor material con animo (sic) de señor y dueño del inmueble en cuestión desde la fecha que fue adquirida su posesión el día veinticuatro (24) del mes de julio del Año (sic) Dos Mil (sic) dos (2.002), ha mantenido tal ocupación de manera pública y pacífica...”(12).

De lo anterior dedujo que el tipo penal se estructuró a cabalidad, toda vez que los contratos con contenido falso y con capacidad de producir efectos jurídicos, se utilizaron como prueba en la querella instaurada contra las empresas Agropecuaria del Norte S.A. y Moggio S.A., confluyendo así, los condicionamientos decantados por la Sala para considerar tipificada la conducta punible.

Por manera que, ninguna incidencia tiene el momento desde el cual, conforme a la normatividad civil, se cuenta la fecha de los contratos para efectos de ser utilizados contra terceros, como lo refiere la demandante para hacer ver que no hubo dolo, ni lesión al bien jurídico, pues, se insiste, la fecha que se hizo constar en ellos, 24 de julio de 2002, revela, precisamente, la pretensión de demostrar la situación que allí se consigna, esto es, que Interaseo S.A. poseía los predios “La Loma de Sansón” y “Las Marías” mucho antes de promover el plurimencionado trámite policivo.

Por esas mismas razones, se muestra refractario el enfoque de la impugnante frente a las normas que dice desconocidas por la segunda instancia, referentes al procedimiento para la adjudicación de baldíos (Decreto 2664 de 1994, artículo 8, y Ley 1152 de 2007, artículo 158, inciso final), pues con independencia del contenido de tales disposiciones y del propósito de animó a los contratantes a pactar que los vendedores se obligaban a coadyuvar las acciones que se iniciaran ante la Unidad Administrativa de Tierras Rurales (UNAT), lo cierto y probado es que se utilizaron, en el plurimencionado trámite administrativo, los contratos ideológicamente falsos.

La censura no prospera.

Cargo segundo: violación indirecta.

Afirma la demandante que el sentenciador incurrió en error de hecho, por falso raciocinio, al momento de analizar las declaraciones de E. M. G., J. B. V. J., A. G. S., F. R. H., C. R. N., M. D. C., C. F. L., A. T. R., C. A. C. R., C. S. R. L. y H. R. G.

En evidente distanciamiento de esa especie de yerro, apunta que «una valoración adecuada y juicio acertado de raciocinio» de las anteriores pruebas, no habría llevado a concluir que el contenido de los contratos era falso, sino, por el contrario, que la fecha es la de noviembre y diciembre de 2008 y que, por lo tanto, no se faltaba a la verdad «dentro del documento»; que V. J. y G. S. tenían y ejercían una ocupación del predio de más de veinte (20) años y, de contera, era cierto lo que allí se decía: que la compraventa «se realizó y se hizo sobre una posesión cierta que subroga los derechos de ocupación de épocas anteriores y, precisamente, enajenan parte del tiempo que llevaban en ese lugar»; que los documentos fueron suscritos por los testigos, el representante y el apoderado de Interaseo S.A.; que los vendedores recibieron los cheques por las cuantías indicadas, firmaron los contratos y se comprometieron, como allí se indica, a coadyuvar las acciones que incoara el comprador, hecho que resalta «lo inane de la fecha, para efecto de la adjudicación de baldíos, sin la presencia del que ostentó la posesión».

Dado que la propuesta no convoca a examinar, puntualmente, alguna equivocación en el proceso de valoración crítica de los medios de convicción al inicio aludidos, que resulte contraria a los parámetros que componen la sana crítica, sino que está direccionada a hacer valer una solución distinta a la expuesta por el fallador, fuerza advertir que, de acuerdo con el referente conceptual precisado en el cargo anterior, la improsperidad de este reclamo también surge incuestionable.

De cara a los hechos que se declararon probados, en punto de la conducta punible de falsedad ideológica en documento privado, se advierte que el fallador de primer grado, aparte de ilustrar la forma como se incorporaron los respectivos contratos al juicio oral, dedujo la falsedad de lo consignado en ellos, al encontrar demostrado lo siguiente:

i) Que con las declaraciones de J. B. V. y A. G. S., vendedores de los predios “Las Marías” y “La Loma de Sansón”, los convenios se suscribieron en el año 2008 y no, como se consignó expresamente, el 24 de julio de 2002.

ii) Que la Unidad Administrativa de Tierras (UNAT) no existía para el año 2002.

iii) Que para esta fecha, R. A. G. M. era Procurador Agrario del Magdalena, como lo certificó el jefe de gestión humana de la Procuraduría, y H. H. R. G. no ostentaba la calidad de representante legal de Interaseo S.A. ESP, según lo certificó la cámara de comercio. Y,

iv) Que los vendedores ejercían posesión sobre esos predios, tal como ellos mismos lo revelaron, y también el asesor jurídico de Agropecuaria del Norte Limitada, F. R. H.

Lo anterior pone de presente la falta de fundamento en el reclamo de la jurista porque, sin enfrentar estos aspectos considerados por el juzgador para edificar el juicio de reproche, limita su examen a otros presupuestos con la clara intención de minimizar la trascendencia de la fecha impuesta en los convenios y, por esa vía, acreditar que en los convenios no se faltó a la verdad.

De ese modo, pasa por alto que los falladores no desconocieron que los contratos fueron suscritos en noviembre y diciembre de 2008, por lo cual, lógicamente, detectaron los datos inexactos constitutivos de la falsedad.

Adicionalmente, la libelista no distingue que el acuerdo de voluntades inserto en un contrato civil, para los propósitos que interesan a sus suscriptores, difiere del compromiso penal que surge cuando ese pacto contiene afirmaciones que no corresponden a la realidad y trasciende la esfera interpersonal de sus firmantes al momento de ser introducido al tráfico jurídico, conforme ocurrió en este caso, pues, independientemente de los fines para los cuales hayan sido elaborados, adjudicación de baldíos, por ejemplo, lo cierto es que fueron usados como prueba en una querella, con el fin de demostrar una antigua ocupación de los predios rurales tantas veces mencionados.

La censura es impróspera.

2. Demanda a nombre del procesado H. H. R. G.

En relación con el primer cargo, también es perceptible que la anunciada aplicación indebida del artículo 289 del Código Penal, no es, como lo aduce el casacionista, el resultado de un desatino del juzgador al momento de adecuar los hechos en ese precepto a causa de una errada interpretación de su contenido, sino el propósito de obtener una alternativa de solución distinta y opuesta al criterio judicial inserto en la sentencia recurrida.

En efecto, no obstante admitir que la falsedad en documento privado exige, para que se estructure, que el sujeto falsifique el documento y posteriormente lo incorpore al tráfico jurídico, —presupuestos que confluyen en el sub examine— en el propósito de acreditar que la conducta de su defendido no es constitutiva de ese delito, parte de un supuesto equivocado al considerar que la condena está motivada en la sola suscripción de los contratos, cuando en verdad, el tribunal advirtió la participación de R. G. con el procesado G. M. en el uso de los mismos.

Obsérvese:

No es válido, desde el punto de vista jurídico afirmar, o dar a entender, que uno de los procesados falsificó sin que el otro conociera lo que estaba sucediendo; lo que se pretende con ello es desmembrar la falsificación del uso y convencer a la Sala que el delito no se configuró pues se necesitan los dos actos, como son falsificar y usar; puede suceder que una persona falsifique y la otra use, presentándose así la figura de la coautoría.

(...)

No es aceptable tampoco el argumento esgrimido por el defensor del doctor G. M. consistente en que si el cliente de éste hizo afirmaciones no verdaderas al abogado le asistía el sigilo profesional. Una cosa es que el abogado esté amparado por el secreto profesional frente a lo que su poderdante le confiese, hasta la comisión de un delito, y otra distinta es que el profesional del derecho lo lleve a cabo con el mandante, como ocurrió en el presente caso. Así las cosas, el poderdante H. H. R. G. y el apoderado R. A. G. M. actuaron de consuno en la falsedad en documento privado, esto es, el primero no se aprovechó de error invencible como tampoco ejerció fuerza insuperable sobre el segundo, como para llegar a afirmar justamente que se estaría en presencia de la autoría mediata(13).

Agréguese que el libelista intenta reforzar su reclamo con el análisis de temáticas que, en estricto sentido, no tocan con los verdaderos razonamientos que soportan el juicio de reproche penal, pues el extenso discurso que elabora en torno al principio de autonomía de la voluntad, las cláusulas inveraces y la figura de la simulación, está encaminado a ilustrar sobre presupuestos que distan mucho de la actividad delictiva que se enrostró al procesado, por lo cual, se muestra intrascendente para desvirtuar el juicio de tipicidad, en cuanto desconoce las específicas circunstancias ampliamente analizadas en las instancias.

Fuerza recordar, entonces, que el tribunal examinó similar propuesta en estos términos:

No es como dice el defensor del doctor R. G. M. que la fecha plasmada en los contratos no tiene importancia y que sólo fueron utilizados los documentos para probar la relación de Interaseo S.A. con los vendedores, o como dice el defensor del señor R. G. que los contratos no son ideológicamente falsos porque el contenido responde a la autonomía de voluntades y no se puede censurar que las partes convinieran darle efectos jurídicos desde fecha anterior a su efectiva celebración. La fecha que se hizo constar en los mismos sí tiene importancia para el derecho penal, luego es censurable la fecha que aparece en ellos, pues no fueron usados sólo para lo que dicen los defensores sino para demostrar que la empresa varias veces mencionada poseía predios rurales desde años antes de instaurarse la querella policiva contra Agropecuaria del Norte Limitada y personas desconocidas o indeterminadas por perturbación de la posesión de esos predios(14).

Por manera que, de cara a esos acertados razonamientos, no es posible desvirtuar la ocurrencia del ilícito sin más consideraciones que la libertad contractual de las partes interesadas en la celebración de un negocio jurídico. En otras palabras, cuando lo afirmado en las cláusulas no corresponde a la realidad, ello por sí solo no trasciende al campo de la ilicitud, en el entendido que el documento no ha salido de la esfera privada y personal de los contratantes. Pero si el escrito se hace valer como prueba, afectando derechos de terceros ajenos al mismo, como ocurrió en este caso, donde los contratos falsificados fueron usados en la plurimencionada querella policiva, tal situación no deja duda de la afectación al bien jurídico de la fe pública, entendido como la confianza del conglomerado social en los documentos privados.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte ha sido consistente en advertir que el deber de verdad sobre un aspecto que comporta quebrantamiento de las relaciones sociales con efectos jurídicos, es una exigencia para la tipificación del comportamiento, tal como se precisó en el pronunciamiento CSJ SP, 29 nov. 2000, rad. 13231, citado en el fallo de segunda instancia, y así se ha venido reiterando en distintas oportunidades.

Una de ellas (CSJ SP 30 abr. 2008, rad. 23159) es del siguiente tenor:

El delito de falsedad en documento privado tiene dos connotaciones, una, producto de su alteración material, como puede ocurrir cuando alguien enmienda, tacha, borra, suprime o de cualquier manera altera su texto. La otra, la falsedad ideológica, tiene lugar cuando el particular consigna en el documento privado hechos o circunstancias ajenas a la realidad, es decir, cuando falta a su deber de verdad sobre un aspecto que comporta quebrantamiento de relaciones sociales con efectos jurídicos.

Naturalmente, de conformidad con el principio de lesividad que rige en el ámbito penal, no basta con que en el referido instrumento privado se falte a la verdad, pues menester resulta que quien así actúa esté llamado a ser veraz, obligación que puede surgir de la ley o de la naturaleza misma del documento.

Como ejemplos de deber de verdad derivado de la ley se encuentran los certificados de nacimiento, defunción, o de muerte fetal que deben expedir los médicos (arts. 518, 524, 525 de la L. 9/79, y 50 y 52 de la L. 23/81), o los certificados emitidos por los administradores de sociedades y sus revisores fiscales por fuera de los casos comprendidos en la regulación contenida en los artículos 43 de la Ley 222 de 1995 y 21 de la Ley 550 de 1999 (art. 395 del C. Co.).

A su vez, a manera de ejemplo del deber de verdad consecuencia de la naturaleza misma del documento se halla la conducta del particular que falsea un acuerdo de voluntades que es ley inter partes, con el propósito de derivar de allí efectos jurídicos en perjuicio de otro o de un tercero y, generalmente, percibir un beneficio.

Bajo esa línea de pensamiento, no acierta el demandante cuando le atribuye al fallador de segunda instancia una valoración errada del criterio jurisprudencial inserto en el radicado 13231, porque aun cuando allí se trata de un supuesto de hecho distinto, al igual que el recién transcrito, lo relevante de esa postura pacíficamente reiterada por esta Sala de Casación, es que, con independencia del propósito que anima a los particulares a la suscripción de un acuerdo de voluntades, el deber de verdad debe estar presente en todos aquellos instrumentos con capacidad de perjudicar derechos de terceras personas ajenas a los mismos.

La aludida doctrina no indica, como lo da a entender el libelista, que el deber de veracidad solo aplica cuando la finalidad de la creación del documento sea oponerlo como medio de prueba frente a un tercero. Admitirlo así, impondría al administrador de justicia la carga probatoria de verificar, en cada caso, si esa fue o no la intención de las partes al momento de suscribir un documento, únicas que en realidad podrían dar fe de un aspecto tan subjetivo y de difícil comprobación en el mundo exterior.

Entonces, si como aduce el censor, los contratos celebrados por Interaseo S.A. ESP con V. y G., únicamente incumbían a sus contratantes y no estaban llamados a ser oponibles a terceros ni surtir efectos frente a estos, es asunto que no incide en la estructura de la conducta punible, porque lo cierto es que fueron usados como prueba en la demanda policiva que la empresa representada por R. G. instauró, mediante apoderado, contra Agropecuaria del Norte S.A.

De ese pronunciamiento citado en el fallo de segunda instancia(15), interpreta el actor que la falsedad ideológica en documento privado requiere que el documento espurio supere la esfera patrimonial de quienes lo suscriben y tenga aptitud para causar perjuicios a un tercero, pero que en el sub examine el propio Tribunal reconoció que los plurimencionados contratos carecían de trascendencia frente a los presuntos intereses jurídicos de las sociedades que se constituyeron como víctimas, pues así lo reflejan las consideraciones relativas al punible de fraude procesal.

La propuesta reclama varias precisiones. La primera, que la conducta punible de falsedad se considera de peligro, en el entendido de causar daño al bien jurídico tutelado, esto es, la confianza pública, exigencia que no se determina a partir del efectivo perjuicio causado a terceros, sino de la aptitud probatoria del documento. La segunda, que los argumentos del tribunal destacados por el censor, no aplican para el juicio de tipicidad del comportamiento falsario porque, bien lo refiere, ellos hacen relación al criterio fijado por ese juzgador para descartar la ocurrencia del fraude procesal. La tercera, el Ad quem no afirmó, como dice el actor, que los documentos carecían de trascendencia frente a los presuntos intereses jurídicos de las sociedades que se constituyeron como víctimas, sino que «el uso de los documentos no tuvo la entidad suficiente para que se configurara el fraude procesal».(16)

Ese último argumento del actor, responde al interés de desvirtuar la conducta falsaria atribuida a su asistido, pues, sin fórmula de juicio y por fuera de la discusión jurídica que impone la violación directa anunciada, termina trasladando su discurso al campo de la valoración probatoria, para introducir genéricos reclamos con la finalidad de poner en entredicho la condición de terceros de las sociedades Agropecuaria del Norte Limitada y Moggio S.A., aserto que se examinará en el siguiente cargo, por violación indirecta, donde es reiterado.

En suma, dejó de atender, como corresponde al cometido de acreditar un yerro de selección normativa por la vía directa, a las precisas consideraciones del juzgador, en torno a la responsabilidad de H. H. R. G. frente a la falsedad ideológica de los contratos y su uso como prueba.

El cargo no prospera.

Segundo (subsidiario).

Asegura el demandante que el ad quem incurrió en variados errores de hecho, por falso juicio de identidad y de existencia, en su orden, a causa de los cuales estimó que su defendido obró con el dolo propio del delito de falsedad en documento privado.

Constata la Sala, que la censura está dirigida a demostrar que el procesado R. G. es por completo ajeno a la conducta falsaria por la cual fue condenado como coautor, a partir del examen individual de determinados elementos de juicio testimoniales y documentales, con precisión de la entidad demostrativa que, a juicio del letrado, ellas ameritan, sin percatarse que las conclusiones del juzgador están soportadas en el análisis integral de las pruebas debatidas en el juicio.

Entonces, aduce como cercenados los contratos de compraventa de derechos posesorios suscritos entre Interaseo S.A. ESP y J. B. V. y A. G. S., los interrogatorios rendidos en juicio por los procesados, el contrato de prestación de servicios signado entre la empresa de aseo y el abogado G. M. para que éste elaborara la minutas y las declaraciones de los primeros mencionados, pero sin enseñar cómo, en virtud del pregonado yerro, el juzgador les hizo decir a tales elementos lo que ellos en verdad no revelan.

Con la misma finalidad de desvirtuar la intención de faltar a la verdad, por parte de su defendido, atribuye al juzgador un falso juicio de existencia por omisión de la querella policiva que redactó y presentó el abogado G. M., así como del contrato del prestación de servicios para que éste asesorara jurídicamente a la empresa y de la declaración del inspector de policía C. S. R. L., sin acreditar que, verdaderamente, hubo un total desconocimiento de los señalados contenidos probatorios.

En realidad, la dialéctica del actor se reduce a promover una alternativa de valoración que no cuestiona directamente el componente demostrativo analizado por el Tribunal, razón de peso que impide la viabilidad del reclamo.

Obsérvese:

i) Distinto al parecer del demandante, el ad quem dedujo el dolo de su prohijado, porque éste suscribió contratos cuyo contenido no responde a la realidad, no solo porque en ellos aparece una fecha distante en el tiempo, 24 de julio de 2002, sino también, porque para ese momento H. H. R. G. no era representante legal de Interaseo S.A. Documentos que fueron utilizados para demostrar una ficta posesión de varios años, dentro del trámite policivo.

En tal sentido, si los interesados acudieron a la Notaría los días 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2008, a efectos de autenticar sus rúbricas, como lo pondera el censor, es asunto que se muestra refractario al uso de los convenios en la querella y su finalidad de acreditar una situación con trascendencia jurídica.

(ii) El cuestionamiento que formula al fallador de segunda instancia, porque dejó de valorar el aparte del interrogatorio rendido por su asistido, cuando reconoció a los señores J. B. V. y A. G. S. como los únicos poseedores de los predios “Las Marías” y “La Loma de Sansón”, tampoco incide en el raciocinio del tribunal, que expresamente descartó la propuesta defensiva orientada a demostrar que R. G. se limitó a contratar los servicios profesionales del abogado G. M.

Expresamente declaró:

No se puede afirmar válidamente para descartar el dolo en el señor R. G. que él desconocía lo sucedido; firmó los contratos con fechas falsas y el doctor G. M. aparece en los mismos como testigo; en la audiencia de juicio oral ninguno de los procesados dijo que el otro los firmó sin leerlos(17).

El intento del actor, por darle validez a las expresiones de su defendido, ubica la controversia en la simple discrepancia de criterios en torno a la valoración probatoria, y por ende, ausente de fundamento, porque con nitidez asoma que las excusas suministradas por el encartado no fueron acogidas por la Sala Mayoritaria del tribunal.

(iii) Que el ad quem hubiese desconocido que el abogado R. A. G. M. elaboró las minutas de los convenios o que mediante contrato de prestación de servicios se le encargó esa tarea, como enfatiza el demandante, no es lo que se deriva del texto de la sentencia. Lo que ocurre es que, en el ejercicio de valorar los diferentes medios de convicción, el juzgador encontró acreditada la responsabilidad de R. G. en virtud de la suscripción de los plurimencionados convenios y su aporte como medio de prueba de la querella policiva, no sin antes precisar:

Una cosa es que el abogado esté amparado por el secreto profesional frente a lo que su poderdante le confiese, hasta la comisión de un delito, y otra distinta es que el profesional del derecho lo lleve a cabo con el mandante, como ocurrió en el presente caso. Así las cosas, el poderdante H. H. R. G. y el apoderado R. A. G. M. actuaron de consuno en la falsedad en documento privado, esto es, el primero no se aprovechó de error invencible como tampoco ejerció fuerza insuperable sobre el segundo, como para llegar a afirmar justamente que se estaría en presencia de la autoría mediata(18).

En ese contexto, vano resulta insistir en que la inocencia del enjuiciado no fue advertida a causa de yerros de apreciación, cuando en su demostración no se enfrenta la dialéctica del sentenciador al momento de sopesar los elementos de prueba que respaldan su determinación.

(iv) Similar inconexión se advierte frente a la queja por, supuestamente, no haber analizado el juzgador algunos apartes de las declaraciones rendidas por los señores J. B. V. y A. G. S., porque la posesión que estos afirmaron tener sobre los predios cuyos derechos vendieron a Interaseo S.A. ESP, no alcanza a desdibujar el deber de verdad que ambos encartados estaban llamados a atender «por la naturaleza de los documentos utilizados»(19), tal como lo apuntó el Tribunal.

Adicionalmente, por fuera del marco argumentativo sobre el cual gravita el juicio de reproche, el letrado se da a la tarea de desvirtuar la condición de víctimas de las sociedades Agropecuaria del Norte Limitada y Moggio S.A., efecto para el cual advera que no tenían la posesión de los terrenos de marras y, por ende, la transferencia a Interaseo S.A. ESP, en nada afectaba la situación de las señaladas empresas.

Deducción que soporta, estrictamente, en el testimonio de B. V., quien negó conocer la empresa Agropecuaria del Norte Limitada, sin atender que tal señalamiento no conjuga con el restante material probatorio. Por ejemplo, la misma E. M. G., compañera del citado, admitió que ha visto de paso a doña Conchita, «pasó una vez por allá, venía de abajo, de arriba, de allá pa’ acá». A. G. S., vecino de los anteriores, que se conocen con B. V. hace más de veinte años, no solo dijo saber de la existencia de la aludida empresa, sino también de su administradora, C. F. L., doña Conchita, pues trabajó con ella. También refirió que los terrenos de la sociedad denominada Moggio S.A., quedan por ahí frente a donde él vive.

No obstante, el impugnante se aventura a afirmar que con el precitado testimonio se pone en entredicho la propiedad de los terrenos que las víctimas afirmaron tener, siendo que, como bien lo apreció el juez de primer grado, por parte de las indicadas sociedades, se adujeron escrituras que formalmente así lo demostraban.

En ese sentido, necesario de hace precisar que si bien el Tribunal admitió que los predios en discusión tienen el carácter de baldíos, como lo destaca el demandante, es asunto que no se estableció a cabalidad.

Sencillamente, señaló:

Predios que tienen el carácter de baldíos, los que jurídicamente no se poseen sino que se ocupan. El Consejo de Estado en sentencia de 11 de agosto de 2005 aclaró: “...el bien que sale del patrimonio del Estado o que nunca le perteneció, no puede ser adquirido a través del medio de la “ocupación”, el cual como se vio está previsto únicamente para las tierras baldías...”.»(20).

A ello se suma, que el recaudo probatorio impide llegar a tal conclusión, especialmente, si se atiende a la información suministrada por el denunciante, F. R. H., quien según relató en el juicio, fue contratado como asesor de Agropecuaria del Norte Ltda., y adelantó un estudio de títulos en el año 2005 sobre la finca Villa Concha, cuya extensión es de 850 hectáreas, para verificar las situaciones de las propiedades, posesiones y terrenos, efecto para el cual obtuvo escrituras, tradiciones y fallos; entre ellos, uno del Tribunal Administrativo del Magdalena, concerniente a una sanción del Inderena por tala de árboles, donde se dijo que los terrenos no eran baldíos.

Igualmente, en su testimonio, cuando justificó las razones por las cuales formuló la denuncia penal que dio origen a este trámite, mencionó, entre otros aspectos, que el lote objeto de la querella policiva no tiene la calidad de baldío porque esa zona había sido desafectada por un fallo del Consejo de Estado.

El profesional, también informó sobre una solicitud de rectificación de medidas, elevada desde el año 2005 al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y que estaban a la espera de que les resolvieran la situación.

Así se desenvolvió ese segmento del interrogatorio efectuado por la Fiscalía:

Señor F. R. puede indicarnos qué trámites realizó para la rectificación de linderos que siguen intactos en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Respuesta: nosotros presentamos, Agropecuaria del Norte presentó desde el 2005 una petición para que se hicieran las rectificaciones de medidas, después en septiembre del 2005 volvimos a presentarla, no nos prestaron atención, solamente a partir del 2007 nos elevaron respuesta. Nosotros les presentamos rectificación y aclaración de la mayoría de predios, en el presente año o a finales del año pasado el Agustín Codazzi de tanto ir allá a exigir derechos de petición, incluso presentando acciones de tutela, nos indicó que había iniciado un proceso de rectificación en el sector. En la finca atendimos al funcionario del Agustín Codazzi y le hicimos entrega de todos los planos y pudimos hablar con ellos y entregarles toda la documentación; nosotros esperamos que para (sic), esa actualización entre a partir del 1° de enero del 2012.

Respalda lo anterior, C. F. L., administradora de la empresa Agropecuaria del Norte Limitada, quien en su relato señaló ser la primera dueña de la finca Valle de Concha y que desde el año 1999 comenzó a ser objeto de invasiones, por la margen derecha y algunos terrenos fueron adjudicados por el Incoder, siendo que los baldíos son los que se encuentran por la margen izquierda.

En todo caso, la calidad de baldíos de los terrenos en comento no fue el objeto central del debate en las instancias, y aunque se suministraron datos de distintas fuentes, en especial por parte de las víctimas negando esa condición, también lo es que tal discusión debe ser objeto de aclaración por parte de las autoridades competentes.

Ahora bien, continuando con el examen del libelo, la censura que por falso juicio de existencia la hace recaer el libelista en (i) la querella policiva, (ii) el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre la empresa de aseo y el abogado G. M. y (iii) la declaración del inspector de policía C. S. R. L., tiene como propósito desvirtuar las conclusiones valorativas del sentenciador, no por razón del error de apreciación anunciado, sino por el interés de anteponer su personal interpretación alejada, por supuesto, del análisis que soporta el juicio de responsabilidad penal contra su asistido.

En ese esfuerzo por desvincular a R. G. del hilo conductor que lo ata a la falsedad, se apoya en los elementos de prueba que dice omitidos, para concluir que su asistido no tuvo interés en enervar acción alguna; que G. M. desarrollaría el objeto del contrato de prestación de servicios profesionales frente al amparo a la posesión de manera independiente y sin subordinación alguna y desmiente su intención de querer faltar a la verdad porque la presentación de la querella y las pruebas aportadas con ella obedecieron únicamente a la asesoría y voluntad del abogado, sin su participación en la escogencia de la acción iniciada, ni en la decisión de adjuntar los contratos sobre derechos posesorios.

La premisa de la que parte el actor es el fruto de una apreciación incompleta de las manifestaciones de su asistido, quien pese a negar cualquier injerencia en la actividad de su apoderado, durante el trámite policivo, admitió que le colaboró en ubicar a unos trabajadores que estuvieran por el sitio para que rindieran declaración en pro de los intereses de la empresa (récord 02:03), como en efecto ocurrió, pues en la diligencia de inspección ocular realizada el 6 de abril de 2009, por la Inspectora de Policía de Bastidas, fueron escuchados J. C. V. O. y E. M. F. R., quienes aseguraron que los predios en discusión pertenecen a la empresa; el primero aseguró que desde hace más cinco años(21).

De otra parte, la declaración rendida por C. S. R. L., inspector de policía del Rodadero que fue comisionado para adelantar inspección ocular en los sectores denominados “Calderito 1” y “relleno sanitario de la ciudad de Santa Marta”, carece de incidencia para efectos de descartar que R. G. no tuvo la intención de engañar a nadie al suscribir los contratos, porque si bien el citado funcionario manifestó que no observó actividad agrícola o de otra naturaleza por parte de Agropecuaria del Norte Limitada, y que, en cambio, era notorio el ejercicio de actos posesorios por parte de Interaseo S.A., es necesario tener en cuenta que los vendedores de los derechos de posesión entregaron a dicha firma los predios a finales de 2008 y, para el momento de la diligencia, llevada a cabo durante los días 23 de noviembre(22) y 10 de diciembre de 2009(23), era de esperar que encontrara, como lo señaló el declarante, «un carreteable, movimientos abundantes de tierras, adecuación de las mismas que se unía (sic) entre El Calderito 1 y el predio relleno sanitario de Santa Marta, se ve que es hecha con maquinaria, con técnica acorde para ese trabajo» realizados por Interaseo S.A.(24).

Lo cierto es que, esta especie de argumentos, entre muchos otros de los aludidos por el libelista, permite reafirmar que su verdadero desacuerdo radica en la valoración probatoria, específicamente, por haberse concluido que los procesados actuaron de manera conjunta, presupuesto que intenta desvirtuar haciendo énfasis en aspectos que no desdibujan las conclusiones del tribunal.

La falta de fundamento de la censura, conduce a desestimarla.

Tercero (subsidiario).

Recrimina el casacionista el desconocimiento del principio in dubio pro reo a causa de errores de hecho por falso juicio de existencia e identidad.

Asegura, que las pruebas dejadas de valorar total o parcialmente no revelan un acuerdo previo entre su asistido y R. G. M. para que éste empleara los contratos presuntamente falsos, dentro del proceso policivo adelantado por la Secretaría de Gobierno de Santa Marta y, por ende, no concurren los presupuestos de la coautoría.

Más allá de la simple discrepancia que emerge de los argumentos del demandante, fuerza insistir que en sede del recurso extraordinario no es posible desacreditar los hechos y la valoración de las pruebas, como tampoco la aplicación del derecho —si ese fuese el objetivo del impugnante— al menos sin atender a la estructura argumentativa de la decisión, cuyo sentido necesariamente habrá de mutarse ante la prosperidad de algún reproche.

Entonces, ningún sentido tiene la pretensión de desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad que cobija la sentencia, por fuera del marco de análisis y valoración probatoria que sustenta la condena, porque de esa manera es imposible advertir en qué consistió el yerro del fallador al precisar, por ejemplo, que «se necesitan los dos actos, como son, falsificar y usar; puede suceder que una persona falsifique y otra use, presentándose así la figura de la coautoría» y posteriormente declarar que «[s]e falsificaron ideológicamente los contratos para utilizarlos como prueba debido a que contra la empresa Interaseo cursaba una querella policiva y el representante legal quería enervarla presentando una semejante, y así Interaseo tuviera la posesión de los inmuebles mencionados en (sic) antelación los implicados en la falsificación de los documentos privados (sic) el comportamiento no tiene justificación pues recuérdese que el uso puede ser lícito»(25).

La labor analítica del letrado se remite a destacar, en todo momento, las explicaciones suministradas por su defendido en el juicio oral, referidas al desconocimiento de éste sobre el uso de los documentos en el desarrollo del proceso policivo, su falta de intención de emplearlos como prueba en un «futuro proceso policivo» en cuanto no se avizoraban conflictos de vecindad con la firma Agropecuaria del Norte Limitada, pero que una vez se enteró de ellos suscribió nuevo contrato con el abogado G. M. para que éste, de manera independiente, adelantara las gestiones pertinentes, sin que conociera el texto de la querella, ni atendiera personalmente las gestiones relacionadas con ese trámite.

Propuesta defensiva que procura afianzar con lo manifestado en juicio por R. G. M., algunas piezas procesales del trámite policivo y el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito el 1º de febrero de 2009, sin atender, nuevamente, a las concretas motivaciones del fallo, tantas veces destacadas en esta decisión, soportadas en el haber probatorio y que llevaron al juez plural a declarar que R. G. y su apoderado, actuaron de consuno en la falsedad de los contratos, para usarlos en el trámite policivo y que no es posible afirmar que éste desconocía lo sucedido, pues firmó los contratos con fechas falsas, G. M. aparece como testigo y en el juicio oral ninguno dijo que el otro los firmó sin leerlos.

En efecto, al escuchar la intervención de éste procesado, en la fase de las alegaciones finales, informó que en el mes de noviembre de 2008 fue contratado por Interaseo S.A., para asesorarla en la adquisición de derechos de posesión dos bienes inmuebles agrarios rurales que colindan con el predio “Calderito 1” «y por los conocimientos que poseo del derecho civil, transcribí la voluntad de las partes, tal cual como me lo expresaron, en las correspondientes minutas»(26).

Contrario a esa manifestación, R. G., en respuesta al contrainterrogatorio de la defensa de G. M., señaló que la elaboración de los contratos la dejó en manos de éste abogado porque confiaba plenamente en él. Sin embargo, admite que le suministró los datos más importantes y que, una vez elaboradas las minutas, concurrió a la Notaría para firmarlas, pero solo le dio lectura a lo que le interesaba, esto es, a los precios, la cantidad de terreno, los linderos, «pero ya la parte menuda, como no soy abogado, conseguí una persona en quien confiar»(27).

No obstante, al cuestionarle que los convenios solo constan de dos páginas cada uno, y que no tienen letra menuda, simplemente respondió «no, vuelvo y repito, no leí todo, sino que leí la parte que me interesaba»(28).

El demandante pasa por alto tan importantes incidencias en su discurso y se dedica a promover distintas hipótesis, orientadas a demostrar el desconocimiento de su asistido en las actividades judiciales adelantadas G. M., tanto en la adquisición de la posesión de los predios, atribuyéndole, exclusivamente, la fecha que se fijó en los contratos, como la redacción de la querella policiva, acudiendo para ello al examen individual y fraccionado de las pruebas enunciadas en el cargo, para darle fortaleza a su hipótesis defensiva que, como ya se destacó, no fue admitida por el tribunal.

Nótese que en el propósito de desvirtuar el dolo de su representado, asegura que éste no se enteró de los actos perturbatorios en los predios cuya posesión había adquirido, concretamente, el ocurrido el 22 de noviembre de 2008 y que motivó la interposición de la querella de Agropecuaria del Norte Ltda., contra Interaseo S.A., a la que se anexaron las declaraciones rendidas ante notario, por F. R. P. O. y J. A. O. C., con el siguiente relato:

QUINTO: El día 22 de noviembre del año 2008, en horas de la mañana, al efectuar una ronda de vigilancia en los límites de la Finca Valle de Concha en la cerca que divide la propiedad que vigilamos de propiedad y posesión de AGROPECUARIA DEL NORTE LTDA., en el sector que colinda con el lote del relleno sanitario de Palangana de propiedad de la Empresa Interaseo S.A., nos encontramos con una cuadrilla de trabajadores ingenieros y topógrafos que habían ingresado sin autorización al lote que vigilamos, manifestando que se encontraban levantando unas cercas y que continuarían su labor, a lo cual les advertimos que los terrenos objeto de cercado pertenecen a la Sociedad Agropecuaria del Norte Ltda., nosotros procedimos ese mismo día a informar a nuestra jefe señora C. F. L., quien nos indicó que no dejáramos continuar los trabajos y que ella acudiría a la policía y a la inspección de policía de Bonda (sic) a ordenar la suspensión de la perturbación(29).

El procesado niega tajantemente haber sido informado de esos hechos, con la finalidad de justificar la posterior interposición de la querella y el uso de los contratos de compraventa de la posesión, pero la realidad que revela la foliatura impide admitir tal desconocimiento.

Lo anterior, si se tiene en cuente que el topógrafo de Interaseo S.A., C. A. C., inició las mediciones en los predios Las Marías y La Loma de Sansón en octubre de 2008, como él mismo lo declaró en el juicio oral y lo reconoce el propio R. G., situación indicativa que para la fecha de los actos perturbatorios señalados en la querella de Agropecuaria del Norte Ltda., funcionarios de la empresa de aseo se encontraban en ese sitio.

Sin embargo, carece de justificación que tanto el topógrafo, como el procesado, coincidan en desconocer que para el 22 de noviembre de ese año, fueron retirados de los predios por celadores de Agropecuaria y solo refieran las acciones ocurridas en el mes de marzo de 2009, cuando ya se habían autenticado los contratos de adquisición de derechos posesorios., señalando que el citado topógrafo y su cuadrilla fueron sacados de allí por unas personas armadas.

Inclusive, ambos niegan la presencia, en la zona, de las empresas Agropecuaria del Norte Ltda., y Moggio S.A., y pese a que el procesado admite que conoció las comunicaciones que la primera le remitió en los años 2005 y 2006, simplemente responde que ellas se refieren al predio “Calderito1”.

Una lectura objetiva de las citadas comunicaciones, ambas dirigidas por la representante legal de Agropecuaria del Norte Ltda., al gerente, J. G. M., impide admitirlo así.

En efecto, si bien en la primera de ellas, del 27 de julio de 2005, se trató el tema de las irregularidades presentadas en los títulos de propiedad de los terrenos de “Calderito 1”, vendidos por J. I. D. G. al señor W. V., dueño de la empresa de aseo, lo cierto es que en la parte inicial de la comunicación se les informa claramente que la empresa es propietaria de una gran extensión de terreno y los previene de hacer negociaciones con poseedores irregulares, en estos términos:

Con suma extrañeza y preocupación tenemos conocimiento a la fecha, que la empresa INTERASEO S.A.ESP adelanta en la ciudad de Santa Marta camino a Bahía Concha, una obras civiles en terrenos de nuestra propiedad.

Nos permitimos informarles que nuestra empresa es titular de ochocientas cincuenta hectáreas (850 Hect.) en la zona adyacente al camino que conduce de Santa Marta a las playas de Bahía Concha. Ostentamos título de pertenencia del año 1964, ratificado por el Consejo de Estado en Agosto 6 de 1971; sociedad constituida con la señora C. F. L., ampliamente conocida en la zona desde hace más de treinta años.

Presumiendo que sus actos sean de buena fe, le recomendamos abstenerse de continuar realizando negociaciones con poseedores irregulares o invasores de cuello blanco, que no gozan de derechos de propiedad alguna(30).

En la comunicación del 6 de abril de 2006, la información también es muy clara:

Nuevamente les manifestamos nuestra preocupación, en esta ocasión por la actitud de sus empleados de vigilancia quienes el 31 de marzo de 2006 dispararon armas de fuego contra personal de Agropecuaria del Norte Ltda.

Nuestro personal de vigilancia y topografía, se encontraban dentro de los terrenos de nuestra propiedad, cuando fueron amedrentados con tiros al aire.

En nuestra calidad de Vecinos del relleno sanitario de Palangana, contamos con el derecho de revisar los linderos, cercas y mojones de nuestro predio(31).

Situación que corroboró F. R. en el juicio oral, al indicar que en marzo de 2006, cuando se encontraba recorriendo los terrenos para establecer ciertos sitios geográficos, en compañía de M. D., C. F. y un trabajador de Agropecuaria del Norte Ltda., estando en la cerca que colinda con Interaseo S.A., recibieron un tiros al aire, por lo cual decidió que se hiciera una comunicación a esta empresa señalándoles la situación que se había presentado e invitándolos a reunirse para concertar y revisar linderos y que, como respuesta, en comunicación signada por H. R. G., les manifestaron que no estaba interesados porque estaban seguros de sus títulos de propiedad.

Esta cadena de acontecimientos, impide admitir, como lo aduce el casacionista, el desconocimiento de su defendido, acerca de la presencia, en la zona, de las empresas reconocidas como víctimas en este trámite y, antes por el contrario, revela que de tiempo atrás se han suscitado distintos inconvenientes, ampliamente conocidos por la empresa de aseo, y en especial, por el procesado.

En estas condiciones el cargo no puede prosperar.

3. Demandas presentadas por la Fiscal 31 (E) Seccional de Santa Marta y el apoderado de Agropecuaria del Norte Limitada.

En atención a que los libelos contienen similares pretensiones, la Sala asumirá su análisis de manera conjunta y, cuando sea necesario, examinará puntualmente los temas que no sean coincidentes.

Primer cargo (principal).

Con apoyo en la causal primera, acusan la violación directa de la ley sustancial, por falta de aplicación de los artículos 58, numeral 10, del Código Penal, que consagra la circunstancia de mayor punibilidad consistente en obrar en coparticipación criminal, y 61 ejusdem, acerca de los fundamentos para la individualización de la pena.

Argumentan, en concreto, que tanto en el escrito de acusación, como en la respectiva formulación y en el juicio oral, el ente acusador aludió a dicha circunstancia, situación que imponía al juzgador, al momento de individualizar la pena, ubicarse en los cuartos medios de movilidad, y no, en el mínimo, como aconteció, pese a que el tribunal, condenó a ambos procesados como coautores del delito de falsedad en documento privado.

Es cierto, como se verifica en la foliatura, que la Fiscalía, desde el escrito de acusación, señaló a los acusados R. A. G. M. y H. H. R. G., como coautores de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, en concurso, con la circunstancia de mayor punibilidad de haber obrado en coparticipación criminal(32), calificación jurídica que reiteró en la audiencia de formulación de acusación y también en el juicio oral(33).

A su turno, el tribunal, al revocar la absolución dispuesta a favor de R. G., por la primera instancia, respecto del punible contra la fe pública, refirió en sus consideraciones que ambos procesados, «falsificaron los contratos ya conocidos para usarlos en la querella policiva anotada»(34), y, luego, en la parte resolutiva apuntó que lo condenaba a título de «coautor» de dicho punible.

No obstante, al momento de dosificar la pena, terminó imponiendo el mismo quantum que el fallador de primer grado determinó para G. M., quien descartó la circunstancia de mayor punibilidad alegada por la fiscalía, porque no se estableció la coparticipación criminal. En consecuencia, se ubicó en el cuarto mínimo de movilidad, de 16 a 39 meses, y señaló que como solo concurren circunstancias de menor punibilidad, carencia de antecedentes penales, y «en consideración a la intensidad del dolo», determinó la pena en dieciséis (16) meses de prisión.

Razón le asiste a los impugnantes, al afirmar la falta de aplicación del precepto en cita, por la vía de la violación directa, porque pese al reiterado argumento del ad quem, de haber concurrido ambos procesados en la falsificación de los contratos ya conocidos, y el expreso señalamiento, por la funcionaria instructora, terminó por desconocer la circunstancia agravante y, por esa vía, el principio de congruencia, toda vez que, en el escrito de acusación, en la audiencia de verbalización e, incluso, en el alegato final del debate probatorio, la Fiscalía mantuvo inalterable la imputación jurídica.

El estricto acatamiento de ese postulado, impone al fallador dosificar la pena, acorde a los lineamientos del artículo 61 del Código Penal, específicamente, cuando ordena que el sentenciador solo puede moverse dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y agravación punitiva.

La prosperidad del cargo comporta redosificar la sanción privativa de la libertad, y a ello se procederá, luego de examinar las restantes censuras.

Segundo cargo (principal) presentado por la Fiscalía.

Acusa la sentencia del tribunal, por la vía de la violación directa, por falta de aplicación del artículo 453 del Código Penal que tipifica el delito de fraude procesal, toda vez que el sentenciador desconoció el alcance de dicha preceptiva y procedió a absolver a los procesados, pese a estar estructurados todos sus elementos.

Técnicamente, la propuesta no se ajustaría a la hipótesis de error planteada y desarrollada por la casacionista y sustentada por el delegado de la Fiscalía ante la Corte, pues al señalar que el tribunal se equivocó al considerar que la conducta exige una efectiva inducción en error y que, por ende, le dio el trato de delito de resultado, ello supone que el precepto fue aplicado y correctamente seleccionado, pero que sus alcances no corresponden a la verdad probatoria declarada en el fallo.

Con esa aclaración, que no crítica a los presupuestos formales, que se entienden superados en esta fase del recurso, la Sala estima necesario reiterar su criterio jurídico en punto de la estructura del fraude procesal, antes de proceder al examen de fondo del reproche.

La jurisprudencia de la Sala (CSJ AP, 21 ene. 2015, rad. 45078; CSJ AP 30 jul. 2014, rad. 42014 y CSJ AP, 30 jul. 2014, rad. 44042, entre otros) ha sido consistente en sostener que se trata de un delito de mera conducta, es decir, que no requiere de la producción del resultado perseguido. Por manera que, se entiende agotado cuando el sujeto agente induce en error al servidor público, a través de medios fraudulentos con capacidad de incidir en la determinación de la pretensión cuyo reconocimiento se postula al interior de una actuación judicial o administrativa.

Así las cosas, se tienen como elementos del delito, i) el uso del medio fraudulento; ii) la inducción en error a un servidor público y iii) la intención de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

En ese sentido, la Corte, en CSJ AP, 17 oct. 2012, rad. 39659, puntualizó:

Se trata de un punible de mera conducta, cuya consumación requiere el despliegue de medios engañosos idóneos, esto es, con capacidad de inducir en error, sin que sea indispensable la obtención de la decisión contraria a derecho. De esta manera, el tipo penal exige en el sujeto activo la conciencia y voluntad de obtener el resultado propuesto y su conocimiento sobre la aptitud del medio utilizado para engañar al servidor público, es decir, para presentarle una falsa realidad de los hechos objeto de la decisión.

(...)

No se pierda de vista que los medios fraudulentos desplegados con el fin de inducir en error al servidor público deben comportar idoneidad o capacidad de engañar, aspecto que debe revisarse en cada evento determinando la aptitud procesal para provocar la equivocación.

Descendiendo al caso concreto, la queja de la funcionaria recurrente, radica en que el tribunal se equivocó al considerar que el comportamiento punible en comento, exige una efectiva inducción en error, dándole así el trato de delito de resultado.

Al respecto, el juez plural, en sus consideraciones, previa reseña de la jurisprudencia de esta corporación, donde describe al injusto como un tipo penal de mera conducta, en el momento de determinar si se estructura o no, señaló:

En el caso que se examina los contratos con fecha falsa se usaron ante la Secretaría de Gobierno Distrital al ser anexados en la querella policiva como prueba, pero el uso de los documentos no tuvo la entidad suficiente para que se configurara el fraude procesal pues en verdad Interaseo S.A. tenía la posesión de los predios rurales cuya venta se hizo constar en los anotados contratos así que dicho funcionario no emitiría un acto administrativo contrario a la ley.

El uso que hicieron los procesados de los documentos con fecha falsa no desnaturaliza la falsedad en documento privado pero sí el fraude procesal porque, se insiste, si Interaseo tenía la posesión de los predios anotados con anterioridad no haría incurrir en error al S. G. del Distrito de Santa Marta, cosa distinta que consideraran necesario hacerlo con los contratos falsos(35).

De lo anterior se constata que el ad quem, una vez admitió que los contratos falsos se anexaron como prueba a la querella policiva, no se detuvo a examinar —como era su deber— acerca de su idoneidad para inducir al funcionario público, sino que, directamente, descartó la posibilidad que el S. G. pudiera emitir un acto administrativo contrario a la ley, bajo el argumento que, en verdad, Interaseo S.A. ESP tenía la posesión de los predios rurales, cuya venta se hizo constar en tales documentos.

Ello no implica que le esté dando al injusto el tratamiento de delito de resultado, como lo entiende la impugnante, porque la inducción en error, al cual se refiere el juzgador, sí es una exigencia del comportamiento punible, no así la materialidad del resultado perseguido.

Así también lo entendió el fallador de primera instancia, quien, con mayor detalle, discernió:

Como lo señalaron los intervinientes especiales en el juicio oral, el delito de fraude procesal es de mera conducta, es decir, no se requiere para su consumación la obtención del fin perseguido, o sea una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

Pero como en todos los delitos es necesario que el bien jurídico que se tutela se haya efectivamente lesionado o puesto en peligro, lo que se conoce como principio de antijuridicidad material, por ello para la estructuración del delito se requiere que el medio fraudulento utilizado tenga la aptitud para engañar, o sea que supere la censura que un servidor público le haría al momento de valorarlo como elemento de juicio para producir la sentencia, la resolución o el acto administrativo, de lo contrario se está frente a un engaño inocuo y por ende incapaz de dañar o poner en peligro el objeto de amparo, esto es, un comportamiento con ausencia de antijuridicidad material.

En este caso concreto, el secretario de gobierno distrital C. R. N. no tuvo en cuenta los mencionados contratos de compraventa para decidir sobre las querellas policivas que se habían interpuesto. Así lo dijo en su declaración haciendo énfasis que las pruebas a tener en cuenta en esta clase de procesos administrativos son las que se obtengan en la diligencia de inspección ocular a los inmuebles, cuya práctica es determinante en estos casos, de donde los mencionados contratos devinieron intrascendentes en este trámite(36).

Con independencia de la conclusión a la que arribó el a quo, en punto de la intrascendencia que advirtió en los documentos, lo expuesto hasta este momento permite avizorar que no hay lugar a predicar el yerro de interpretación reprochado por la vía directa y, por tanto, el cargo no prospera.

Agréguese que cuando la censora apunta, más adelante, que contrario al criterio del tribunal, los plurimencionados documentos sí fueron idóneos para inducir en error, incursiona en una discusión que no toca con el cuestionamiento netamente jurídico de interpretación en torno a la naturaleza de la conducta punible, sino con el ejercicio de valoración probatoria, susceptible de rebatir por la vía de la violación indirecta, como en efecto se hizo en el cargo que enseguida se examinará.

Tercer cargo (subsidiario) de la Fiscalía.

Acusa la violación indirecta de la ley sustancial proveniente de errores de hecho por falso juicio de identidad, en relación con la declaración rendida en juicio por C. M. R. N. y falso juicio de existencia, por omisión, respecto del expediente contentivo de la actuación policiva.

En cuanto al primer yerro de apreciación, dice la actora que la distorsión consistió en que dicho funcionario, S. G. de Santa Marta, señaló que el procedimiento establecido en el Estatuto Distrital de Policía (D. 1002/92) es el que regula los trámites policivos y en los temas no tratados se remite al Código Nacional de Policía y, subsidiariamente, al Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, el tribunal tergiversó aquella declaración cuando acudió al artículo 126 del Código Nacional de Policía dando por cierto que esa era la norma aplicable.

Al respecto, observa la Sala, que R. N., en el juicio oral, efectivamente señaló que la norma especial para el trámite de una querella es el Estatuto Distrital de Policía, seguido del Código Nacional de Policía y, subsidiariamente, de las previsiones del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, de las consideraciones del juez plural, que la delegada de la fiscalía trae a colación, no surge el yerro de alteración que proclama porque ellas no están soportadas en dicho testimonio, sino en los argumentos expuestos en la Resolución del 07 de enero de 2011, por medio de la cual, dicho funcionario resolvió de fondo las querellas promovidas por las empresas Agropecuaria del Norte Limitada e Interaseo S.A. ESP.

Así se pronunció:

Esto lo tuvo claro el S. G. del Distrito de Santa Marta al considerar en el acto administrativo de 7 de enero de 2011 —folios 571 y 572 de la carpeta de pruebas Nº 9 de la Fiscalía— lo siguiente: “De las pruebas documentales aportadas por ambas partes al proceso policivo en estudio, por tratar todas sobre titularidad, no se tendrán en cuenta por esta Secretaría de Gobierno, en virtud del artículo 126 del Código Nacional de Policía que establece: “En los procesos de policía no se controvertirá el derecho de dominio, ni se considerará (sic) las pruebas que exhiben para acreditarlo, los procesos de amparo a la posesión son breves y sumarios y pretenden bajo el amparo policivo evitar vías de hecho”(37).

No es cierto, entonces, que, por este aspecto, se le deba reprochar al tribunal distorsión al contenido de la declaración suministrada por el S. G. de Santa Marta, porque los juicios objetados, en realidad recayeron sobre un medio de prueba distinto.

De otra parte, afirma la funcionaria que los magistrados del tribunal nunca quisieron entender que para la admisión de la querella se valoraban las pruebas sumarias aportadas por quien alegara tener perturbada la posesión y, si para el efecto, se presentaron unos contratos falsos, es claro que el fraude procesal se verificó porque se indujo en error.

Necesario resulta examinar, ante todo, el criterio judicial que soporta la absolución dispuesta a favor de los procesados por esa conducta punible.

En ese sentido, el fallador de primer grado, razonó:

En este caso concreto, el secretario de gobierno distrital C. R. N. no tuvo en cuenta los mencionados contratos de compraventa para decidir sobre querellas policivas que se habían interpuesto. Así lo dijo en su declaración haciendo énfasis que las pruebas a tener en cuenta en esta clase de procesos administrativos son las que se obtengan en la diligencia de inspección ocular a los inmuebles, cuya práctica es determinante en estos casos, de donde los mencionados contratos devinieron intrascendentes en este trámite.

La decisión del 7 de enero de 2011 dictada por el secretario de gobierno distrital en virtud de la cual amparaba los derechos de posesión a INTERASEO, al igual que la que admitió la querella policiva no son contrarias a derecho, pues para la presentación de la querella no era necesario acreditar la posesión, bastaba con que se cumpliera la carga de la afirmación, es decir, se afirmara que se era poseedor de determinado inmueble para que se le diera trámite, de allí que los contratos sobre la venta de posesión, al igual que las declaraciones extraproceso que se presentaron eran jurídicamente irrelevantes para el proceso policivo, de allí que no fueron tenidas en cuenta por el secretario de gobierno, ya que según el código de policía las pruebas a tener en cuenta son la inspección ocular y las declaraciones que en ella se reciban, sujetas a contradicción por las partes.

No aparece establecido que al servidor público —S. G. Distrital— se hubiese efectivamente inducido en error, con lo que faltaría uno de los ingredientes del tipo de Fraude Procesal y en estas circunstancias estaríamos en presencia de una atipicidad relativa, por lo que se absolverá a los acusados por este delito(38) (negrillas no originales).

Según ese razonamiento del a quo, el funcionario distrital no tuvo en cuenta los contratos para admitir ni para decidir sobre las querellas policivas porque, frente a lo primero, era suficiente con que se cumpliera la carga de la afirmación de ser poseedor de determinado inmueble y, en cuanto a la decisión de fondo, las pruebas a tener en cuenta son las que se obtienen en la diligencia de inspección judicial.

El tribunal, por su parte, acogió esa postura al señalar:

La Sala considera que en el caso concreto no se presentó el concurso entre el mencionado ilícito contra la fe pública y el fraude procesal. Una de las razones la expuso el Juez Tercero Penal del Circuito de Santa Marta: para la presentación de la querella y la decisión correspondiente no se necesitaba acreditar la posesión sino que bastaba cumplir con afirmar que ella se tenía para iniciar el trámite e iniciar la decisión que correspondía(39).

Pues bien, contrario a esas consideraciones, escuchada la declaración del funcionario distrital, R. N., es perceptible cómo, en varios apartes de sus respuestas, refiere que la prueba sumaria es necesaria para la admisión de la querella.

En una de ellas, señaló:

(...)[s]implemente debe reunirse que cuando se interponga una querella al menos se presente una prueba sumaria de la condición de poseedor que se tiene y alguna prueba que pueda indicar que efectivamente se está dando una perturbación en la posesión como dependiendo del tipo de proceso policivo que se tramite, eso es en términos generales los criterios adoptados por el despacho del S. G. para proferir autos de admisión de querella.

Para responder si el auto que se emite para iniciar el trámite posesivo, policivo tiene como fundamento la querella y las demás pruebas que se aportan, señaló:

Por supuesto, lo fundamental en la querella es donde está expresamente la declaración y la manifestación que hace el querellante sobre la situación que se le está presentando, la normatividad nos señala que podemos, como Juez Administrativo, por lo menos tener la certeza de que puede existir efectivamente esa posesión y que se está viendo perturbada, es básicamente lo que se exige sin señalar explícitamente qué tipo de documento debe ser allegado al proceso(40) (subraya la Sala).

Se deriva, entonces, que aquella fundamentación del juzgador de primer grado, prohijada por el tribunal, no coincide con lo expuesto por el deponente y, en ese sentido, le asiste razón a la representante de la Fiscalía frente al predicado cercenamiento, porque el S. G. no señaló que para la admisión de la querella era suficiente con la manifestación del querellante.

Bueno es precisar, de una vez, que también acierta el apoderado de Agropecuaria del Norte Limitada al cuestionar, en el segundo cargo, un falso juicio de identidad por cercenamiento del testimonio de R. N., porque el juez de primera instancia no advirtió todo lo expresado por éste sobre la exigencia de una «prueba sumaria», y entendió que bastaba con afirmar que se tenía la posesión para iniciar el trámite.

Sobre la trascendencia del yerro, la Sala se pronunciará más adelante, una vez superado el examen del reproche que al interior del mismo cargo postula la delegada de la Fiscalía, quien atribuye al tribunal la incursión en un falso juicio de existencia por omisión, respecto del expediente contentivo de la actuación policiva, específicamente, la Resolución del 19 de febrero de 2009 y la querella presentada a nombre de Interaseo S.A. ESP.

Pues bien, dilucidado, como quedó, que el testimonio de C. M. R. N. fue cercenado en su contenido, la Sala además constata que, efectivamente, aquellas piezas contenidas en la actuación policiva no fueron valoradas y que ese desafuero incidió en la decisión de absolver a los procesados.

En orden a contextualizar el acontecer fáctico que dio origen a la presente actuación, es pertinente indicar que, como consta en el expediente contentivo de la querella policiva, legalmente aducido al juicio oral y público, mediante escrito del 19 de diciembre de 2008, el representante legal de la sociedad Agropecuaria del Norte Limitada instauró proceso policivo de amparo a la posesión por perturbación sobre los potreros que conforman la finca Villa Concha, por parte de personas desconocidas que manifestaron trabajar con la firma Interaseo S.A. ESP, quienes, según se lee en la descripción de los hechos, debieron ser retirados por celadores de la empresa, el día 22 de noviembre de ese año(41).

Por resolución del 19 de febrero de 2009, el S. G. de Santa Marta inadmitió dicha querella, porque no fue promovida por un abogado titulado, tal como lo establece el artículo 307 del Estatuto Distrital de Policía, concediendo cinco (5) días para subsanar la falencia(42).

A ello se procedió por el apoderado de esa sociedad, en memorial que presentó el 27 de febrero siguiente(43).

El 25 de marzo de 2009, R. A. G. M., en representación de la empresa Interaseo S.A. ESP, promovió igual acción policiva, contra Agropecuaria del Norte Limitada y personas indeterminadas o desconocidas, por usurpación de tierras, daño en cosa ajena y perturbación de la posesión, por los siguientes hechos:

PRIMERO. Mi mandante La Sociedad denominada INTERASEO S.A EP (sic) es poseedora material del inmueble denominado relleno sanitario de Santa Marta, con ánimo de señor y dueño, el cual ocupa hace más de diez (10) años, inmueble ubicado en el DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, vereda Palangana, denominado con el nombre de EL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA, cuyas medidas y linderos son los siguientes: Norte: con 247.90 metros con A. G. S. y 1922.34 metros con L. A. P. y Baldíos Nacionales; oeste 244 Metros, carretera en medio que conduce de Santa Marta a Bahía Concha con predios de J. I. D. G.; sur: 2.708.67 Metros, con predios de Interaseo, la empresa prestadora del servicio público de recolección y disposición final de residuos sólidos de Santa Marta y con predios de A. P. D. A. Este: 806 mts, con Baldíos Nacionales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ECONÓMICAS DEL PREDIO.

1. Tipo de predio según lo establece el ARTÍCULO SEGUNDO: del Acuerdo Distrital de 2004 por medio del cual se establecen directrices parciales en materia de Ordenamiento Territorial y se dictan otras disposiciones. PARÁGRAFO PRIMERO: Como Principal relleno Sanitario de Santa Marta.

2. Baldío Nacional, colindante con el actual relleno sanitario de Santa Marta y no ha salido del dominio del Estado.

ÁREA DEL PREDIO

EL PREDIO DENOMINADO EL RELLENO SANITARIO DE SANTA MARTA, (...), tiene un área aproximada de ochenta y tres (83) hectáreas cuatro mil seiscientos noventa metros punto treinta y tres metros cuadrados (83.4690.33) o sea ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa punto treinta y tres metros cuadrados.

SEGUNDO. Durante todo este tiempo mi patrocinado en su condición de poseedor material con ánimo de señor y dueño del inmueble en cuestión desde la fecha que fue adquirida su posesión el día veinticuatro (24) del mes de julio del año 2002 (2002) ha mantenido tal ocupación de manera pública y pacífica, nunca ha tenido problemas con nadie y además ha ejecutado actos positivos de dueño cumpliendo con la función social que implica la propiedad. La posesión es pública e ininterrumpida, acompañado (sic) con ánimo de señor y dueño.

TERCERO. Mi mandante además adquirió la posesión material del referido inmueble por compra efectuada a los señores J. B. V. J., M. E. G. NIEVES (sic) un predio y el otro predio a los señores A. G. S. y MIRIAN (sic) M. O. G., tal como consta en los documentos privados que anexo al presente lo que prueba la posesión material con ánimo de señor y dueño de la Sociedad que represento.

CUARTO. El día 4 de marzo del presente año, el representante legal de la Sociedad denominada INTERAESEO S.A ESP, la cual represento en este proceso, tuvo conocimiento de parte del topógrafo y un número de trabajadores los cuales tienen la necesidad imperiosa de realizar un trabajo de levantamiento topográfico, adecuación del terreno y encerramiento del predio alguna parte con mallas y otra parte con cercas, para la ampliación del relleno sanitario de Santa Marta y se encontraron con la sorpresa de que un número de nueve personas desconocidas que portaban armas de fuego y uniformados con vestuarios de seguridad privada pero sin ningún logotipo o nombre que identificara la compañía de seguridad, los amenazaron de muerte si continuaban con el trabajo contratado para la empresa que represento, al parecer invasores profesionales que se (sic) desean invadir y usurpar la tierra de esta Sociedad que por disposición legal está asignada únicamente para la utilización del predio, según lo establece el artículo 1 del Acuerdo Distrital de 2004, por medio del cual se establecen directrices parciales en materia de Ordenamiento Territorial y se dictan otras disposiciones (...).

QUINTO. El día 13 de marzo del presente año, el representante legal de la Sociedad denominada INTERASEO S.A. EPS (sic), recibió las mismas quejas del topógrafo y amenazándolos con la vida de los trabajadores, impidiéndoles sus labores lo cual perjudica en forma ostensible la salubridad de la comunidad de Santa Marta por lo que se hace necesario la ampliación de EL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA, le incendian las máquinas, y que no responden por el daño personal que le suceda a ellos, tienen al personal amedrentado y asustado porque no quieren trabajar dejando desprotegido el bien en manos de los perturbadores, por este motivo esa usurpación de tierras nos está ocasionando un daño y un perjuicio incalculable a la sociedad y a la comunidad de Santa Marta la cual se caracteriza por lo siguiente:

(...)

MEDIOS DE PRUEBAS (sic) 

PRIMERO. Acuerdo Distrital Nº 005 del 19 de junio de 2004, “MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN DIRECTRICES PARCIALES EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.  

SEGUNDO. Copias de la Resolución Nº 14224 de septiembre 22 de 1969 proferida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, por medio de la cual se declara extinguido el derecho de dominio privado sobre parte del inmueble denominado Concha o Atajo de Concha y Palangana, ubicado en Santa Marta Departamento del Magdalena. 

TERCERO. Copia de la Resolución Nº 118 de septiembre 22 de 1969 proferida por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora por medio de la cual se aprueba la resolución antes mencionada. 

CUARTO. Dos copias del negocio jurídico de la compraventa de los derechos de posesión y ocupación del predio en cuestión.

QUINTO. Certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Santa Marta, por medio de la cual se acredita la representación legal de la Sociedad.(44) (Mayúsculas originales-subraya la Sala).

Por resolución del 2 de abril de 2009, la Secretaría de Gobierno Distrital de Santa Marta acumuló las querellas policivas de amparo a la posesión por perturbación, instauradas por los apoderados judiciales de las referenciadas empresas, por considerar que versaban sobre el mismo objeto, les correspondía idéntico procedimiento y la parte demandada es la misma. En consecuencia, avocó su conocimiento y reconoció personería a los apoderados judiciales de las empresas en conflicto.

Finalmente, tras el agotamiento de variadas actuaciones, por resolución del 7 de enero de 2011, la Secretaría de Gobierno de Santa Marta resolvió de fondo el trámite, en el sentido de amparar la posesión ejercida por Interaseo S.A. ESP sobre el predio ubicado en la vereda Palangana, denominado El relleno sanitario de la ciudad de Santa Marta, y ordenar a las Sociedades Agropecuaria del Norte Limitada y Moggio S.A., y demás personas indeterminadas, cesar los actos perturbatorios que se vienen ejecutando sobre el bien inmueble de posesión de la Interaseo S.A. ESP(45).

Según informó la delegada de la Fiscalía, en audiencia de formulación de acusación(46), los efectos de la anterior determinación fueron suspendidos por el Juez Quinto Penal Municipal de Garantías de Santa Marta, mediante auto del 31 de marzo de 2011.

Pues bien, si se parte del hecho probado con el testimonio del propio S. G. Distrital, C. M. R. N., de tener como criterio adoptado por el despacho a su cargo que la interposición de una querella requiere, al menos, que se presente prueba sumaria de la condición de poseedor que se alega y que el fundamento para iniciar el trámite es la querella, porque es donde está expresamente la declaración y manifestación que hace el peticionario sobre la situación que se está presentando, para la Sala surge incuestionable, que la solicitud de amparo policivo, incoada por el apoderado de la empresa Interaseo S.A. E.S.P. y los contratos que se anexaron, como prueba sumaria, necesariamente fueron tenidos en cuenta por dicho funcionario para admitir la acción.

Inclusive, así lo establece el artículo 307 del Decreto 1002 de 1992, Estatuto Distrital de Policía, normativa especial referida por él mismo:

Las actuaciones en el proceso de amparo a la posesión o mera tenencia, se inician mediante querella, por intermedio de abogado, presentada ante la Secretaría de Gobierno Distrital.

Si al escrito de querella no se acompaña los anexos que corresponden: poder, prueba de la representación del querellante, las pruebas anticipadas que se pretendan hacer valer o si el mismo adolece de defectos, bien porque las peticiones sean incompatibles entre sí o porque el objeto no se aprecia debidamente determinado, este deberá ser devuelto al interesado (subraya la Sala).

De lo anterior deriva, sin dificultad, la materialidad de la conducta punible, porque incorporar al escrito de querella policiva unos documentos cuyo contenido falso se encuentra plenamente acreditado, según se vislumbró en los cargos inicialmente examinados, traduce, por sí solo, la utilización de medios fraudulentos encaminados a provocar un error a la autoridad administrativa encargada de tramitar el asunto.

Nótese que en el escrito de querella signado por R. A. G. M.(47), se hizo expresa alusión al contenido de los contratos espurios, en el sentido que el inmueble objeto de perturbación, denominado relleno sanitario de la ciudad de Santa Marta, corresponde a los dos predios cuya posesión material adquirió H. H. R. G., representante legal de Interaseo S.A., por compra efectuada a J. B. V. J. y A. G. S., el 24 de julio de 2002 y que desde esa fecha ha mantenido su ocupación de manera pública y pacífica, con ánimo de señor y dueño, lo cual no es cierto.

Las señaladas transacciones, como se ha venido diciendo, tuvieron lugar los días 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2008, respectivamente, pues, no solo en esas fechas aparecen autenticados los contratos(48), sino que los mismos vendedores así lo manifestaron en el juicio oral; G. S., en la sesión del 18 de agosto de 2011, y B. V., en la del 7 de septiembre de ese año(49).

Prueba sumaria que desdibuja la verdad, aludiendo a una ficta una posesión que de tiempo atrás se ejercía, con capacidad de inducir en error a la autoridad administrativa, porque a partir de ese referente demostrativo, el S. G. de Santa Marta debía pronunciarse sobre el cumplimiento de los presupuestos para la admisión de esa querella, cuya controversia radicaba, justamente, en hechos de perturbación que se atribuían a la sociedad Agropecuaria del Norte Limitada.

Lo anterior adquiere mayor contundencia si se tiene en cuenta que, para ese momento, dicho funcionario ya conocía de la misma acción que, meses antes —19 de diciembre de 2008—, ésta sociedad había promovido contra Interaseo S.A. E.S.P., por actos de perturbación acaecidos el 22 de noviembre de 2008, fecha para la cual esta empresa de aseo no tenía la posesión de los predios “Las Marías” y “La Loma de Sansón”.

Tanto es así, que el 19 de febrero de 2009 inadmitió esa querella por vicios de forma y ordenó subsanarla.

Enmendada la inconsistencia, el día 27 posterior, el apoderado de Agropecuaria del Norte Limitada nuevamente la sometió a su consideración, pero antes de resolver sobre su admisión, alcanzó a ser radicado el escrito de querella de Interaseo S.A. ESP.

Esta cadena de acontecimientos permite inferir que los procesados actuaron diligentemente en la consecución y suscripción de los contratos de compraventa de derechos posesorios de los mismos terrenos en relación con los cuales, previamente, Agropecuaria del Norte Limitada había incoado iguales pretensiones de amparo policivo, haciéndole creer al funcionario de la administración distrital el ejercicio de una posesión de vieja data, que no es cierta, con miras a obtener una decisión administrativa favorable a sus intereses.

Así lo entendió el ad quem, cuando señaló que los contratos se falsificaron ideológicamente «para utilizarlos como prueba debido a que contra la empresa Interaseo cursaba una querella policiva y el representante legal quería enervarla presentando una semejante»(50). Sin embargo, descartó la existencia del punible, señalando que «el uso de los documentos no tuvo la entidad suficiente para que se configurara el fraude procesal pues en verdad Interaseo S.A. tenía la posesión de los predios rurales cuya venta se hizo constar en los anotados contratos, así que dicho funcionario no emitiría un acto administrativo contrario a la ley(51)».

Los juzgadores no advirtieron que los actos perturbatorios alegados por Agropecuaria del Norte Limitada se remontaban al 22 de noviembre de 2008, mientras que los expuestos por Interaseo S.A., hacían referencia a lo ocurrido los días 4 y 13 de marzo de 2009, momento para el cual ya había adquirido la posesión de los predios “Las Marías” y “La Loma de Sansón”. Por ello, al exponer en su queja, el apoderado de la empresa de aseo, la posesión de esos predios por más de diez (10) años, refulge nítida la intención de engañar a la administración distrital, con la clara finalidad de enervar la acción promovida en su contra. Tanto así, que en la decisión administrativa, se desecharon, sin mayor análisis, las pretensiones incoadas por la inicial firma querellante.

Por manera que, la precipitada conclusión expuesta en las instancias, de descartar la posibilidad de dictar un acto contrario a la ley, por parte del S. G. Distrital, no encuentra espacio en aquellas actuaciones que antecedieron a esa solicitud de amparo policivo y que no fueron objeto de análisis por parte de los juzgadores.

Fuerza insistir, que por tratarse de un delito de mera conducta, se entiende consumado con el uso del mecanismo artificioso, idóneo y eficaz para producir el error, sin que surja necesario comprobar el resultado perseguido, ni la emisión de un pronunciamiento ilegal, según lo viene diciendo la Corte, de tiempo atrás.

Al respecto, en CSJ SP, 10 abr. 2000, rad. 11210, se indicó:

El fraude procesal, por ser un delito de simple conducta, se consuma con la inducción en error, previa ejecución de los actos engañosos que desdibujan la realidad, sin que sea necesario la materialización de un perjuicio o de un beneficio, más allá de lo que el acto funcional mismo tenga de perjudicial o beneficioso. No es por tanto una exigencia del tipo, el que se obtenga un resultado, v. gr. en términos de un efectivo desplazamiento patrimonial, porque se considera agotado cuando se realiza el comportamiento descrito en el verbo rector “inducir”, que es el que constituye el núcleo de la acción.

En suma, se tiene, que la pretensión de hacer valer, dentro de una querella, contratos de compraventa de derechos de posesión y ocupación, con datos mentirosos, especialmente, la fecha desde la cual se ejerce esa facultad, constituye nada menos que un engaño al servidor público porque se le está presentando una realidad distorsionada con capacidad de determinar la adopción de una decisión, en materia de amparo policivo por perturbación a la posesión, basada en hechos ajenos a la realidad que puede lesionar a terceros que discuten los mismos derechos, como ocurre en este caso por las sociedades Agropecuaria del Norte Limitada y Moggio S.A., bajo la creencia que el único poseedor de los predios en disputa, ha sido, de años atrás, la empresa de aseo.

De contera, surge incuestionable la lesión, sin justa causa, al bien jurídico de la administración de justicia, por lo cual habrá de revocarse la absolución dispuesta en las instancias para, en su lugar, condenar a los procesados R. A. G. M. y H. H. R. G., como coautores del delito de fraude procesal en concurso con el de falsedad en documento privado, con la circunstancia de mayor punibilidad descrita en el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal, tal como se anunció en precedencia.

Dosificación punitiva.

En consideración a los cargos que prosperaron, se procede a determinar la pena a imponer a los procesados, atendiendo a los lineamientos legalmente establecidos para el efecto.

Se tiene entonces que el delito de fraude procesal (art. 453 modificado por la L. 890/2004) está sancionado con pena de prisión que va de 6 a 12 años o 72 a 144 meses, multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años.

El ámbito punitivo de movilidad es el siguiente:

El cuarto mínimo, de 72 a 90 meses y multa de 200 a 400 smlmv e inhabilitación de 60 a 69 meses; los cuartos medios, de 90 a 126 meses, multa de 400 a 800 smlmv e inhabilitación de 69 a 87 meses y, el último cuarto va de 126 a 144 meses, multa de 800 a 1000 smlmv e inhabilitación de 87 a 96 meses.

El delito de falsedad en documento privado (art. 289 del Código Penal, con el aumento de la L. 890/2004) está sancionado con pena de prisión de 16 a 108 meses.

El ámbito punitivo de movilidad es el siguiente:

El cuarto mínimo, de 16 a 39 meses; los cuartos medios, de 39 a 85 meses y el último cuarto va de 85 a 108 meses.

En atención a que concurren circunstancias de menor punibilidad (carencia de antecedentes penales) y de mayor punibilidad (obrar en coparticipación criminal), la Sala, por mandato del artículo 61-2 del Código Penal, se ubicará en los cuartos medios de movilidad.

Ahora, en punto de la gravedad de las conductas y el daño real o potencial creado, se tiene que, efectivamente, el comportamiento de los procesados no solo lesionó la confianza de la colectividad al falsificar documentos e incorporarlos a tráfico jurídico, sino también a la administración pública, en cuanto diseñaron una situación fáctica alejada de la realidad con la clara finalidad de inducir en error a un servidor público y obtener decisiones favorables a sus pretensiones.

Aspectos que indican la necesidad de imponer, por el fraude procesal 95 meses de prisión, 405 salarios mínimos legales mensuales de multa y 69.5 meses de inhabilitación para el fraude procesal y 44 meses por el de falsedad en documento privado.

Empero, por tratarse de un concurso de conductas punibles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal, se debe partir de la pena más grave, esto es 95 meses, guarismo que se incrementará en 20 meses por el delito concursante, para un total de pena a imponer de 115 meses de prisión, multa de 405 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de sesenta y nueve punto cinco (69.5) meses.

Los procesados no se hacen acreedores a la suspensión de la ejecución condicional de la pena, por razón del factor objetivo previsto en los artículos 63 del Código Penal (modificado por la Ley 1709 de 2014), pues prevé como requisito que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años, monto ampliamente superado.

En tanto que, se les debe conceder la prisión domiciliaria, toda vez que 38 B del Código Penal (adicionado por la Ley 1709 de 2014), prevé que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos y tanto el delito de fraude procesal como el de falsedad en documento privado consagran penas mínimas inferiores a ese monto.

Además, ninguno de esos comportamientos se encuentra enlistado en el artículo 68A del Código Penal (modificado por la Ley 1709/2014) y tampoco aparece que dentro de los últimos cinco (5) años hubieran sido condenados por delito doloso.

Igualmente, se encuentra acreditado el arraigo de los procesados, pues según consta en la foliatura, R. A. G. M. es abogado especializado en derecho ambiental y reside en la carrera XX Nº XX-XX, apto XXX, barrio Bavaria de Santa Marta y H. H. R. G. es ingeniero mecánico y tiene su lugar de habitación en la carrera XXª Nº XX -XXX, barrio El Rodadero de la misma ciudad.

Por consiguiente, se dispondrá que cumplan la pena en su lugar de residencia arriba indicada o en la que señalen en el momento de suscribir la diligencia en la que se comprometan a cumplir las obligaciones descritas en el numeral 4º del artículo 38B, que garantizaran mediante la caución prendaria que prestaron para acceder a la suspensión condicional de la pena.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. NO CASAR el fallo impugnado, por razón de los cargos formulados a nombre de los procesados, conforme a lo expuesto en precedencia.

2. Casar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Santa Marta el 20 de marzo de 2013, en virtud de los cargos que prosperaron, formulados por la Fiscalía y el representante de la víctima.

En consecuencia, condenar a R. A. G. M. y H. H. R. G., como coautores penalmente responsables del delito de fraude procesal en concurso heterogéneo con el de falsedad en documento privado, a la pena de ciento quince (115) meses de prisión, multa de cuatrocientos cinco (405) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de sesenta y nueve punto cinco (69.5) meses.

Negar a los procesados la suspensión de la ejecución de la pena y concederles la prisión domiciliaria, según lo razonado en precedencia.

3. Las demás determinaciones permanecen sin modificación

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria».

9 Según dijo, en sentencia de casación de 21 de enero de 1971.

10 Fl. 354, cdno. tribunal.

11 Fl. 76, cdno. del tribunal.

12 Fls. 77 y 78, cdno. del tribunal.

13 Fls. 38 a 40, cdno. del tribunal.

14 Fl. 76, cdno. del tribunal.

15 CSJ SP 29 nov. 2000, Rad. 13231.

16 Fl. 83, cdno. del tribunal.

17 Fl. 78, cdno. del tribunal.

18 Fls. 74 y 75 Ib.

19 Fl. 73 Ib.

20 Fls. 76 y 77 Ib.

21 Fls. 170 a 172, cdno. Nº 9.

22 Fls. 215 y 216 ib.

23 Fls. 194 y 195 ib.

24 CD 2b récord 00:20:41 en adelante.

25 Fls. 73 y 78 ib.

26 CD 2a, récord 6:19:44 a 6:19:52.

27 CD 2b, récord 03:02:33.

28 Ib. récord: 03:02:49.

29 Fls. 5 y 6, cdno. Nº 9.

30 Fl. 1, cdno. Nº 27.

31 Fl. 4 ib.

32 Fl. 9, cdno. ppal.

33 Fls. 111 a 115 ib.

34 Fl. 78, cdno. del tribunal.

35 Fls. 83 y 83 ib.

36 Fls. 143 y 144, cdno. ppal.

37 Fl. 83 ib.

38 Fls. 143 y 144, cdno. ppal.

39 Fl. 83, cdno. del tribunal.

40 CD Nº 8, récord: 0:38 en adelante.

41 Fls. 2 y 3, cdno. de pbas. Nº 9.

42 Fls. 24 a 26 ib.

43 Fls. 28 a 30 ib.

44 Fls. 31 a 36 ib.

45 Fls. 749 a 779 ib.

46 Récord 1:05 CD 3b.

47 Fls. 31 a 35 ib.

48 Fls. 65 y 67 ib.

49 CD 4b récord...

50 Fl. 78, cdno. del tribunal.

51 Fl. 83 ib.