Sentencia SP12013 - 2015/42052 de septiembre 9 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 42052

Aprobado Acta 314

Magistrado ponente

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá D.C., nueve de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Como es indudable que el cargo segundo está llamado a prosperar, la Sala emprenderá de inmediato su estudio, tal como, por lo demás, lo impone el principio de prioridad que gobierna el recurso extraordinario de casación, en cuanto la nulidad pretendida en esa censura implica declarar que la acción penal se encontraba prescrita al momento de proferirse la sentencia de segundo grado, por cuya razón lo actuado a partir, inclusive, de ese hito procesal se torna inválido, sin que exista opción distinta a la de reconocer la pérdida de la potestad punitiva del Estado. Sobre este tema la jurisprudencia de la Corporación ha expresado:

“… es necesario resaltar que la prescripción de la acción penal, como lo ha destacado la Corte Constitucional(1), es una institución de orden público por virtud de la cual, debido al simple transcurso del tiempo señalado en la ley, el Estado pierde su capacidad de investigación y juzgamiento, de suerte tal que una vez logrado o superado el lapso previsto por el legislador para el efecto, no hay opción distinta para el operador jurídico que decretar la prescripción, pues actuar en contravía del respectivo mandato, esto es, trascendiendo el límite cronológico máximo, implica desconocer las formas propias del juicio, sin que sea oponible para eludir el referido pronunciamiento, el que decisiones próximas a tomar puedan favorecer al procesado.

En eventos tales, ni siquiera la presunción de inocencia como garantía fundamental podría invocarse para justificar que debe emitirse la providencia liberatoria de responsabilidad (por ejemplo, por preclusión de la instrucción, cesación de procedimiento o aún sentencia absolutoria), por cuanto para proferirla se exige como requisito sine qua non que el Estado, a través del respectivo funcionario, detente la capacidad para adelantar una actuación penal, la cual desaparece ipso iure por virtud de extinguirse la acción penal, entendida ésta como el derecho-deber del Estado de investigar, juzgar o sancionar a una persona a quien se le imputa la comisión de una conducta definida como punible (CSJ AP, 6 de oct. de 2010, rad. 34970).

Cargo segundo. Prescripción de la acción penal:

El artículo 83 de la Ley 599 de 2000 establece que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena establecida en la ley si fuere privativa de la libertad, sin llegar a ser inferior a cinco (5) años ni superior a veinte (20), salvo si se trata de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, en cuyo caso el máximo será de treinta (30) años.

Es de precisar que el artículo 1º de la Ley 1154 de 2007 estableció otra excepción a la regla general, la cual se refiere a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales y al punible de incesto, cuando recaen sobre menores de edad, en cuyo evento la acción penal prescribe en veinte (20) años, término que se cuenta a partir del cumplimiento de la mayoría de edad por parte de la víctima.

Ahora bien, si se trata de punibles sancionados con pena no privativa de la libertad, señala el inciso cuarto de la mencionada disposición, el término de prescripción será de cinco (5) años.

De otra parte, de acuerdo con las previsiones del artículo 86 ibídem, con la ejecutoria de la resolución de acusación se interrumpe el término prescriptivo inicial, el cual empieza a correr nuevamente por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83, si es privativa de la libertad, sin que pueda ser inferior a cinco (5) años ni superior a diez (10). Si se trata de delitos para los cuales se ha previsto sanción no privativa de la libertad, el término será de cinco (5) años.

Pues bien, la resolución de acusación en el presente caso cobró ejecutoria el 23 de octubre de 2007 cuando la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Montería desató la apelación interpuesta contra la providencia calificatoria de primera instancia. Así lo tiene establecido el inciso segundo del artículo 187 de la Ley 600 de 2000 y tal es el alcance que le viene dando a esa disposición la Corte, a cuyo tenor las providencias proferidas por vía de apelación, queja, consulta o en sede de casación adquieren firmeza el día en que son suscritas por el respectivo funcionario, salvo en el último caso cuando se sustituye la sentencia materia de la impugnación extraordinaria (CSJ AP, 12 de sept. de 2012, rad. 38126; SP 29 de sept. de 2010, rad. 29174; entre otras decisiones).

A I. E. B. P. se le atribuye el delito de homicidio culposo previsto en el artículo 109 del Código Penal, norma que lo sancionaba, para el momento en que ocurrieron los hechos, con pena máxima de seis (6) años de prisión.

Significa lo anterior que el término a tener en cuenta para efectos de prescripción en la etapa del juicio es de cinco (5) años, lapso mínimo previsto en el artículo 86 del Código Penal, según lo visto en precedencia.

Como la sentencia de segunda instancia se profirió el 19 de abril de 2013, significa ello que desde cuando cobró ejecutoria el pliego acusatorio, esto es, 23 de octubre de 2007, transcurrieron 5 años, 5 meses y 26 días, tiempo entonces suficiente para consolidarse el fenómeno de la prescripción de la acción penal en relación con el delito en cuestión.

A este propósito, no le asiste razón al apoderado de la parte civil cuando sostiene que el término de prescripción se interrumpió nuevamente con el proferimiento de la sentencia de primera instancia. Ninguna norma legal soporta semejante criterio, por cuya razón, reiniciada la contabilización del término prescriptivo luego de producirse la ejecutoria de la resolución de acusación, el mismo se extiende, en los procesos seguidos bajo la égida de la Ley 600 de 2000, hasta cuando cobra firmeza el fallo respectivo, situación no acontecida en el presente caso, pues el de primera instancia fue objeto del recurso de apelación, en tanto contra el de segunda instancia se interpuso el recurso de casación.

En consecuencia, la Sala casará la sentencia impugnada para declarar la cesación de procedimiento, por prescripción de la acción penal, con respecto al punible de homicidio culposo.

Es de anotar que la Sala se abstiene de disponer acerca de la libertad del procesado, porque en el curso del proceso no se le impuso medida de aseguramiento, mientras en el fallo de primer grado se le otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Finalmente, como el perjudicado con los ilícitos antes mencionados fue reconocido como parte civil dentro de esta actuación, ejerciendo en tal virtud la correspondiente acción indemnizatoria, se impone igualmente declarar su prescripción, dado que conforme al artículo 98 del estatuto penal, dicha acción prescribe “en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal”.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1.CASAR la sentencia impugnada.

2. DECLARAR la extinción de las acciones penal y civil por prescripción respecto del delito de homicidio culposo atribuido a IVÁN ELÍAS BADER PICO.

3. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR la cesación de procedimiento seguido en contra del mencionado BADER PICO.

4. COMUNICAR a las autoridades respectivas lo pertinente, con el fin de cancelar las anotaciones que le generó al procesado la iniciación de este proceso.

Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

1 Cfr. Sentencia C-416 de 28 de mayo de 2002.