Sentencia SP12158-2014 de septiembre 10 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP12158-2014

Rad.: 42073

(Aprobado acta N° 298)

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte.

1. Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto en las diligencias conforme con la competencia asignada por el artículo 32, numeral 3°, de la Ley 906 de 2004, al recaer en una decisión proferida en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en virtud de la calidad foral —Juez del Circuito— que le asiste a la implicada (art. 34, num. 2°, ibídem), condición acreditada en la actuación y sobre la que no existe discusión alguna.

2. Hecha la anterior precisión, ha de anotarse que los postulados que rigen la concesión de cualquier impugnación incluyen que la decisión frente a la que se manifiesta sea susceptible de recurso, que este se proponga dentro de los términos legalmente destinados para ello, al recurrente debe asistirle interés por el perjuicio que le ocasiona la determinación y la disidencia con la providencia atacada ha de estar debidamente sustentada.

El cumplimiento de este último presupuesto resulta decisivo, pues la exposición de los aspectos que son motivo de discrepancia determina, por regla general, el marco teórico en el cual se dará el pronunciamiento del ad quem, toda vez que es parámetro esencial al trámite de segunda instancia que la controversia jurídico procesal que desata la competencia del superior funcional se plantee en forma tal que sea viable cotejar los argumentos que darían lugar a la revocatoria, modificación o aclaración de la determinación del a quo, ya que sin esto su proveído inexorablemente, en términos conceptuales, se mantiene incólume.

Ello se menciona por cuanto en el presente asunto tanto la defensa, expresamente, y el Ministerio Público, de forma tácita, manifestaron que este requerimiento no puede tenerse por cumplido con la mera invocación del recurso vertical por parte del representante de la víctima, ni con su aparente sustentación que, dicen, se muestra inconexa en tanto no se devela en qué consiste la presunta incorrección del Tribunal. No obstante, como lo indicó esa Colegiatura, la divergencia del apelante con la preclusión recae en el debate acerca de la legalidad de las determinaciones adoptadas por la Dra. Zabala Torres dentro del proceso ejecutivo adelantado en el despacho a su cargo, proveídos que según lo analizado por dicha corporación, en unos casos, han prescrito y, en otros, son ajustados a la normatividad aplicable.

Será, entonces, el examen de estas premisas y su efectiva validez, el tema a dilucidar por la Corte.

3. De otra parte, previo a entrar en materia, valga anotar que no se aprecia irregular la determinación de la Fiscalía de seguir bajo los lineamientos de la Ley 906 de 2004 y en la misma cuerda procesal la investigación de los hechos denunciados respecto de la dra. Clara María Zabala Torres, pese a que los mismos incorporen sucesos en vigencia de la Ley 600 de 2000, en la medida en que para el momento en que se adoptó esta determinación ya había entrado en vigencia en el Distrito Judicial de Barranquilla la primera de estas codificaciones, y conforme con el precedente evocado en esa oportunidad, de acuerdo con el cual “en virtud de la “tesis de la razón objetiva”, cuando se trata de un concurso de delitos, cometidos unos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 y otros con posterioridad a ella, o bien, de un delito permanente iniciado en vigencia de la legislación anterior y terminado bajo la égida de la normatividad de 2004, debe aplicarse el sistema penal acusatorio”. (CSJ AP, jul. 29/2009, Rad. 31519).

4. Con estas precisiones y acometiendo la metodología esbozada por la Fiscalía y el Tribunal, se verificará el tema de la inconformidad planteada por el recurrente:

4.1. Del recuento realizado durante la audiencia de solicitud de preclusión y en concordancia con los elementos de convicción a partir de los cuales el ente acusador sustentó su pedimento, se tiene que, en efecto, en el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla se presentó demanda ejecutiva de G.B. Construcciones Ltda. contra Luz Marina Londoño Álvarez y Jorge Arturo Vaca Valecilla que dio lugar a la emisión de varias determinaciones, suscitadas por las peticiones que en ese sentido elevó el abogado de la parte demandante, entre las que se encuentran: i) mandamiento de pago en contra de los demandados librado el 13 de mayo de 1994, ii) orden de embargo y secuestro, del 21 de septiembre de 1994, sobre la renta que percibe Luz Marina Londoño y/o Jorge Vaca Valecilla como producido del contrato de arrendamiento suscrito con el Colegio Mayor de Borbón Ltda. representado legalmente por Alberto Lora y/o Lourdes Cajale del Valle”, iii) sentencia de 2 de noviembre de 1994 que ordena seguir adelante con la ejecución, iv) requerimiento del 25 de abril de 1995 al Rv. Roberto Ávila Velandia, según la información previamente recibida, para que ponga a disposición los cánones de arrendamiento que debían cancelar los demandados, v) requerimiento del 12 de junio de 1995 al mencionado para que, conforme a lo manifestó, aportara al despacho “pruebas del pago de los cánones de arrendamiento que éste hizo a la señora Luz Marina Londoño Álvarez, del año 1995, antes de que llegara el oficio de embargo del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla”, vi) Auto de 29 de septiembre de 1997, que dispuso el nombramiento de la dra. Alba Luz Fruto Pertuz en el cargo de secuestre al tenor del artículo 681, numeral 4º, del Código de Procedimiento Civil, debido a la renuncia del Rv. Ávila Velandia para atender en debida forma los múltiples requerimientos efectuados por el Juzgado, vii) mandamiento de pago en contra del Rv. Ávila Velandia, del 13 de noviembre de 1997, derivado de la demanda ejecutiva interpuesta por la secuestre, viii) mandamiento de pago en contra de Lourdes Cajale de Navarro y Alberto Lora Pedroza, del 24 de noviembre de 1997, con ocasión de la reforma de la demanda realizada por la demandante, ix) sentencia de 16 de septiembre de 1999, a través de la cual el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla declaró no probadas las excepciones planteadas por los demandados, ordenando seguir adelante con la ejecución.

De estas decisiones ha de decirse que no se colige cuál sería su hipotética contrariedad con el derecho, ya que se muestran como el resultado de una serie concatenada de actos procesales subsiguientes a la demanda ejecutiva presentada por el apoderado de G.B. Construcciones Ltda., siendo el devenir posterior de las diligencias lo que explicó las mismas. Ahora, aun cuando en la denuncia formulada por Alberto Gregorio Lora se aduce que la medida cautelar decretada en su momento recayó de manera irregular en el contrato de arrendamiento suscrito entre los demandantes y el Rv. Roberto Ariel Ávila Velandia, es palmario que lo embargado fueron los cánones producto de tal convenio, en consecuencia, ninguna trasgresión se colige de este proceder. De igual modo, al tenor de la denuncia, tampoco puede decirse que la ejecución se fundamentó en un título que no fue exhibido como prueba, pues las diligencias surgieron del referido contrato y ello dio lugar a que se descartara la excepción de inexistencia del título ejecutivo en la sentencia que, se recalca, fue confirmada en segunda instancia tratándose de todos aquellos aspectos diferentes al cobro de intereses, de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio, circunstancia que coadyuva a enervar su hipotética contrariedad con la ley.

No obstante, ya que la petición de preclusión de la Fiscalía en este acápite, la consecuente providencia del Tribunal y también algunas críticas del apelante se refieren a la configuración de la prescripción, ha de decirse, según lo señaló el proveído impugnado, que efectivamente la acción penal por el comportamiento plasmado en dichas decisiones -si ameritaran juicio de reproche-, feneció luego del 16 de mayo de 2010, al tomarse como referencia para su cómputo la sanción que le sería imponible (diez (10) años y ocho (8) meses) y la pluricitada sentencia del 16 de septiembre de 1999, considerando que la misma se explica en las determinaciones adoptadas con anterioridad a su emisión, relacionadas en precedencia, contexto en el que la preclusión dispuesta por tal motivo se ofrece acertada.

4.2. En lo atinente con las decisiones posteriores y acerca de las cuales ningún pronunciamiento explícito hizo el Tribunal, pese a que igualmente son objeto de cuestionamiento, esto es, las concernientes a la aprobación de la liquidación efectuada por la secuestre, debe indicarse que aparejarían en principio una inconsistencia, como con ahínco subrayó el recurrente, porque en la demanda ejecutiva y en su reforma los cánones de arrendamiento reclamados corresponden a los comprendidos entre el 14 de agosto de 1996 y el 30 de noviembre de 1997, razón por la cual no había lugar a que en esta se incluyera todo el año 1995.

Empero, no puede pasarse por alto que el cálculo erróneo no solo incorporó esas sumas cobradas de más sino que también incurrió en yerro tratándose de 1996, al liquidar solamente hasta el mes de agosto, y respecto de 1997 al omitir el cobro para esa anualidad, por lo que era carga de los demandados si así lo consideraban, entre ellos, quien se pregona víctima, poner de relieve tal dislate durante el interregno concedido con ese propósito en el auto del 14 de noviembre de 2002, proferido por la implicada, surgiendo palmario que la tipicidad que se predica del auto del 12 de diciembre de 2002 que aprobó la liquidación, en su cariz objetivo, resulta cuestionable. No solo porque este proviene de la sentencia que ordenó seguir con la ejecución, que encontró el a quo legítima desde la perspectiva con la cual enmarcó su análisis, sino además porque siendo la justicia civil rogada y dispositiva debía la dra. Zabala Torres impartirle aval a aquella al provenir de la parte demandante y no haber sido objetada, se repite. Ahora, en gracia a discusión, tampoco podría decirse que en esta actuación convergería el dolo como componente de la tipicidad subjetiva del delito de prevaricato por acción, toda vez que no fue ella la que efectuó la liquidación, sino la secuestre, se insiste, sin que esa labor hubiese sido cuestionada por los llamados a hacerlo.

En este aspecto debe decirse, según lo puntualizó la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 13 de marzo de 2007, al confirmar la negativa a decretar la nulidad del auto aprobatorio en comento, que los términos para el ejercicio de las facultades que le asisten a las partes en el proceso son perentorios e improrrogables por virtud del principio de preclusión, por lo que “quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado, ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales no se ejerció el recurso constituya trasgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia”.

Ello es lo que en verdad explica por qué las acciones de tutela que fueron interpuestas con la finalidad de discutir la validez de la liquidación no prosperaron y tampoco es el proceso penal un escenario in extremis para procurar el éxito de una tesis que no fue propuesta oportunamente en el trámite correspondiente. De contera, la preclusión decretada en este sentido también resulta ajustada.

4.3. Por último, en cuanto a las constancias del 21 de julio de 2003, 28 de marzo de 2006, 5 de noviembre y 10 de diciembre de 2008, y 3 de marzo de 2009, con las cuales la dra. Zabala Torres certificó que se dictó mandamiento de pago en el proceso ejecutivo de Alba Luz Fruto Pertuz (secuestre) contra Roberto Ávila Velandia y otros por los cánones de arrendamiento correspondientes al año de 1995 y de enero a agosto de 1996, por las mismas razones anotadas con antelación, tampoco pueden catalogarse que actualizan el delito de falsedad ideológica en documento público, ya que si bien no coinciden con dicho mandamiento que sí se sujetó a las pretensiones de la demanda y su reforma donde se contemplaban periodos distintos, de todas formas hacen referencia a los montos incorporados en la liquidación presentada por la demandante-secuestre, desatino que no se avizora producto del dolo sino de la omisión de las partes interesadas para que se adecuara. Por consiguiente, la preclusión por este punible también resulta procedente.

5. Recapitulando, la conducta desplegada en su momento por la Juez Once Civil del Circuito de Barranquilla se muestra acorde con el ordenamiento jurídico aplicable a la situación sometida a su consideración, descartándose así la configuración del prevaricato por acción en cuanto este comporta el proferimiento por parte del servidor público de una resolución, dictamen o concepto que sea abierta y claramente disímil con la ley, lo que ha de surgir de una contrariedad ostensible con el derecho que debe apreciarse a partir de un simple cotejo entre el contenido del acto jurídico reprochado con la norma llamada a regir el caso. No existe tipicidad, entonces, si la decisión encuentra respaldo en las normas vigentes interpretadas de acuerdo con los criterios lógico-jurídicos generalmente aceptados, independientemente que no se compartan por los interesados, sean contrarios a las pretensiones de las partes o cuando el tema sobre el cual se resuelve admita una razonable discusión (Cfr. entre otros CSJ SP, 31 ago. 2011, Rad. 35153), aristas que concurren en este asunto y la inconformidad del recurrente con las providencias objeto de denuncia no es suficiente para pregonar su ilegalidad —ni de las certificaciones emitidas a partir de las mismas—, mucho menos si estas determinaciones fueron avaladas por la instancia superior y corregidas en lo pertinente, según lo precisó el a quo, de tal forma que al no advertirse la preclusión refractaria a lo evidenciado en la indagación, será confirmada.

5. De otra parte, no puede dejar de llamar la atención la Corte en que el marco en el que se desenvolvió la investigación a partir de la denuncia, en lo que concierne a los comportamientos endilgados a la dra. Zabala Torres, delimitó el ámbito de acción de la Fiscalía y de la judicatura, por tanto, los múltiples, dispersos y ácidos cuestionamientos elevados por el representante de la víctima al expresar los motivos de disenso con la preclusión no tienen cabida, toda vez que debía circunscribirse a demostrar las razones por las que la misma sería divergente con el ordenamiento jurídico, en lugar de dedicarse de manera deshilvanada a plantear cuanta hipotética conducta punible podría venir a coadyuvar su confuso discurso.

Es decir, la vehemente defensa en la presentación de su postura no puede equipararse al acierto en sus argumentos, por consiguiente, la temeridad con la cual especula acerca de un convenio criminal auspiciado por jueces de la República, por el hecho de que sus pedimentos en distintas instancias no hubiesen tenido acogida, no puede ser pábulo para que predique una desprotección de sus derechos y mucho menos patente de corso para que infundadamente califique a los servidores públicos que han tenido que ver con sus reclamos como patrocinadores de una impunidad que solo existe en la esfera de su propio apasionamiento. En consecuencia, debe recordársele al abogado que uno de sus deberes, al tenor de lo previsto en el artículo 28, numeral 7°, de la Ley 1123 de 2007, es “Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión”.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

CONFIRMAR la providencia de 31 de julio de 2013, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla decretó la preclusión de la actuación seguida en contra de la dra. Clara María Zabala Torres.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen».