Sentencia SP12439-2017/49564 de agosto 16 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

SP12439-2017

Rad. 49564

Aprobado acta 261

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. El problema jurídico consiste en determinar si en la dosificación de las penas privativas de otros derechos, como la “privación del derecho a la tenencia y porte de arma” de que tratan los artículos 43 numeral 6 y 49 del Código Penal(4), debe aplicarse o no el régimen de cuartos regulado en idéntico estatuto(5).

En efecto, el funcionario a quo impuso en este asunto la sanción máxima de quince (15) años consagrada en el inciso 6º del artículo 51 de la Ley 599 de 2000(6) en relación con los procesados J. M. O. R., J. A. C. V. y F. M. V.; y una equivalente a la respectiva pena privativa de la libertad para L. F. M. S. y M. C. V. B..

En ninguno de estos eventos acudió al sistema de cuartos aludido, pese a que en la dosificación de las penas de prisión sí se valió de este y, frente a la inhabilidad, aplicó el artículo 52 de tal código(7).

De haber seguido el régimen de cuartos en la imposición de la pena privativa del derecho a tener armas de fuego, el a quo, en el caso de los tres (3) primeros procesados, no hubiera podido individualizarlas en el extremo superior establecido en el artículo 51 inciso 6º, sino a lo sumo en el máximo del cuarto mínimo, que fue el ámbito de determinación en el cual, de acuerdo con los preceptos del artículo 61 del Código Penal, tenía que moverse el funcionario para efectos de individualizar la prisión en el tipo contra la seguridad pública. Dicho tope, por lo tanto, no superaría los cincuenta y cuatro (54) meses, es decir, no iría más allá de cuatro (4) años y medio de privación del derecho. Y, en el caso de los dos (2) últimos procesados, habría tenido que imponer el mínimo del cuarto mínimo del inciso 6º del artículo 51 del Código Penal, esto es, un (1) año de privación, y no una correspondiente a la pena de prisión a ellos impuesta.

El objeto de estudio, entonces, no solo repercute en la situación de los acusados ante la mayor o menor gravedad de la sanción que en últimas se les impuso, sino además atañe en forma directa al principio de estricta legalidad en el proceso de dosificación punitiva. En otras palabras, involucra definir el alcance de una garantía judicial.

2. Para la mayoría de la Sala, la respuesta al problema es afirmativa. Es decir, así como ocurre con la dosificación de las penas que restringen la libertad, en las privativas de otros derechos, bien sean principales o accesorias, es imperativo sujetarse al sistema de cuartos previsto en el artículo 61 y demás normas concordantes del Código Penal. Lo anterior, por las siguientes razones:

2.1. El legislador de la Ley 599 de 2000 no distinguió, ni el juez tampoco tiene por qué hacerlo, entre la dosificación de las penas privativas de la libertad ni las restrictivas de otros derechos, ni entre la individualización de las penas principales (prisión, multa y privaciones de otros derechos señaladas en forma específica en tipos penales) y las accesorias (distintas a la inhabilitación que va aparejada con la de prisión).

En efecto, el rótulo jurídico del artículo 60 del Código Penal, que regula la aplicación del sistema de cuartos para el proceso de dosificación punitiva, dice “fundamentos para la individualización de la pena”. No dice “fundamentos para la individualización de la pena de prisión”, ni “fundamentos para la individualización de las sanciones principales”. En otras palabras, la expresión “pena”, al no ir acompañada de otra que la especifique o la restrinja, debe comprender las sanciones contempladas en el estatuto punitivo, incluidas las penas privativas de otros derechos a las cuales alude el artículo 52 inciso 1º de la Ley 599 de 2000.

Ello, claro está, a menos que de la norma se desprenda otra cosa, como sucede con el inciso 3º del último precepto acerca de la inhabilidad para ejercer cargos públicos en tanto sea accesoria de la prisión. Pero cuando las penas privativas de otros derechos están contempladas como principales en ciertos tipos (por ejemplo, las sanciones de los artículos 109 inciso 2º, 121 o 397 del Código Penal), o cuando el juez las impone a modo de accesorias siguiendo los parámetros del artículo 52 inciso 1º, emerge como consecuencia directa del principio de estricta legalidad dividir “el ámbito de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo”, así como observar los demás parámetros previstos en el artículo 61.

Esta última norma, por lo demás, figura en el capítulo II del Código Penal, denominado “De los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad”, que a su vez hace parte del Título IV, intitulado “de las consecuencias jurídicas de la conducta punible”. Y preceptos como los del artículo 52, que trata de las penas privativas de otros derechos, así como los referidos tanto a las penas principales como a las accesorias, al igual que los que restringen la libertad y las de naturaleza pecuniaria (arts. 34 a 42), están comprendidos dentro de ese mismo Título, en su capítulo I: “de las penas, sus clases y sus efectos”.

En otras palabras, el capítulo II del Código Penal es el que contiene todos los parámetros de dosificación que deben observarse para cualquier sanción abarcada por el capítulo I.

De hecho, el inciso 2º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000 dispone de manera explícita que “[e]n la imposición de las penas accesorias se observará estrictamente lo dispuesto en el artículo 59”. Y el artículo 59 ordena que “[t]oda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena”. De estas disposiciones deviene en tan obligatorio como necesario circunscribirse a los fundamentos del artículo 61 del Código Penal, los únicos dentro de los cuales sería posible determinar las privaciones de otros derechos desde una perspectiva cuantitativa.

2.2. La dosificación de las penas en la Ley 599 de 2000 obedece a dos aspectos esenciales: el sustento razonable y la discrecionalidad reglada. El sistema de cuartos del artículo 61 del Código Penal es la emanación lógica de este último criterio.

Así lo reconoció la Sala en el fallo CSJ SP, 10 jun. 2009, rad. 27618, y, más recientemente, en la sentencia CSJ SP, 30 abr. 2014, rad. 41350. De acuerdo con la Corte:

[E]l proceso dosimétrico debe descansar en dos pilares fundamentales: la discrecionalidad reglada y el sustento razonable, aspectos con los cuales se busca sembrar parámetros de proporcionalidad en la concreción de la sanción al tiempo que permiten controlar la función judicial mediante el ejercicio del derecho de impugnación, pues los criterios plasmados permitirán su ataque igualmente argumentado en aras de establecer la respuesta correcta a lo debatido.

Así, el artículo 59 de la Ley 599 de 2000 señala de modo imperativo que toda sentencia debe contener la fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena, además, el artículo 61 establece una restricción a la discrecionalidad del juez en el proceso de individualización de la misma al indicar la forma como debe dividir objetivamente el marco punitivo –que resulta de la diferencia entre el límite mayor y menor– en cuartos: mínimo, en caso de no concurrir circunstancias agravantes ni atenuantes o sólo presentarse estas últimas; medios, cuando simultáneamente concurran unas y otras; y máximo, si confluyen únicamente agravantes.

La aplicación del sistema de cuartos, entonces, no implica la supresión de la discrecionalidad judicial a la hora de imponer la pena. Tan solo define (o limita, si se quiere) el ámbito dentro del cual debe ejercerla. Se trata de una facultad condicionada, sin que la mayoría de la Sala advierta las razones por las cuales no abarcaría la dosificación de las penas privativas de otros derechos.

Esta regulación no obedeció a un capricho por parte del legislador sino a la necesidad de ajustar el arbitrio del juez en la imposición de la pena a los cauces de la seguridad jurídica, proporcionalidad e igualdad. Es decir, buscaba que, frente a situaciones objetivamente idénticas (determinadas, claro está, por las circunstancias de mayor o menor punibilidad a las cuales alude el artículo 61 de la Ley 599 de 2000 para fijar los cuartos), las diferencias de criterio entre un funcionario y otro se viesen restringidas por ámbitos menos amplios que los de los extremos mínimo y máximo previstos para cada sanción.

Así, por ejemplo, en la privación del derecho a tener y portar armas de fuego, esa diferencia de criterio entre uno y otro juez llevaría a uno a imponer el mínimo de un (1) año, previsto en el inciso 6º del artículo 51 del Código Penal, y al otro el máximo de quince (15) años, a pesar de que los datos con los cuales contaban para efectuar el reproche no variasen.

Con el sistema de cuartos, en cambio, se mantiene la discrecionalidad judicial para la individualización punitiva (en todo caso indispensable por los motivos de la sentencia CSJ SP, 30 abr. 2014, rad. 41350), pero los distintos resultados de los funcionarios judiciales no figurarían, comparados entre ellos, excesivos, indulgentes o demasiado dispares.

Siguiendo con el ejemplo, en un ámbito de movilidad reducido al cuarto mínimo, el primer juez fijaría la sanción en un año (1), pero el otro no podría imponer, bajo los mismos supuestos, una superior a cuatro (4) años y seis (6) meses. Y, en el evento de que hubiese de partir del cuarto máximo, aquel debería individualizarla en once (11) años y medio, mientras que el segundo en quince (15) años. Las diferentes posturas, en estos casos, no lucirían desproporcionadas.

En este orden de ideas, la aplicación del sistema de cuartos no solo hace parte del principio de estricta legalidad de la pena, sino también es un instrumento indispensable para garantizar la seguridad jurídica, la prohibición de exceso y el principio de igualdad.

2.3. La Sala ha sostenido la doctrina de acuerdo con la cual, al dosificar las penas privativas de otros derechos cuando se imponen como accesorias, opera el sistema de cuartos.

Así lo explicó la Corte en el fallo CSJ SP, 4 dic. 2013, rad. 41511:

[S]e observa un yerro en la dosificación de las penas de “privación del derecho a acudir al hogar o zona de residencia de la víctima” y de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, en tanto su tasación transgredió el principio de legalidad de la pena porque no se ajustó al sistema de cuartos previsto en el artículo 61 del Código Penal, defecto que no fue denunciado por el censor y debe ser reparado por la Sala para impartir justicia en el caso concreto.

En efecto, se constata que, en el procedimiento de adecuación punitiva, al pronunciarse sobre las sanciones accesorias, el a quo condenó al enjuiciado a la privación del derecho de acudir al hogar o zona de residencia de la víctima por el periodo de 5 años, y a la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por el término de la pena principal (5 años).

[…] Teniendo en cuenta que la pena principal privativa de la libertad respecto del delito base se impuso dentro del primer cuarto (60 meses) pues solamente concurrían circunstancias de menor punibilidad, las referidas sanciones accesorias también debían ser situadas dentro del mismo rango. Sin embargo, como lo revela la transcripción, el juez unipersonal las fijó en 5 años, esto es, en el primer caso, dentro del segundo cuadrante y, en el segundo evento, en el extremo máximo del último margen, superando con suficiencia el marco legal, yerro que no fue advertido por el ad quem(8).

Igualmente, en la sentencia CSJ SP9226, 16 jul. 2014, rad. 43514:

Aun cuando el sentenciador también impuso al procesado la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, decidió determinarla en idéntico lapso al señalado para la pena privativa de la libertad, pasando por alto que para esa accesoria el artículo 51 establece los extremos punitivos dentro de los cuales procede dosificar la pena, que van de uno (1) a quince (15) años; luego, era deber para el juzgador dividir esos límites en cuartos y, luego, siguiendo los mismos criterios que aplicó para tasar la sanción principal, fijar el monto respectivo.

Desconocieron de esa manera los falladores el principio de legalidad, garantía de estirpe fundamental prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, al amparo de la cual los funcionarios están obligados a determinar las sanciones, cuando a ello hay lugar, dentro de los límites cuantitativos y cualitativos establecidos en la ley(9).

También en el fallo CSJ SP2636, 11 mar. 2015, rad. 44221:

Encuentra la Sala que en este caso se impone acudir a la facultad consagrada en el artículo 216 de la Ley 600 de 2000 para casar oficiosa y parcialmente el fallo impugnado, pues se advierte que la sentencia resultó violatoria del principio de legalidad, dado que no se dosificó adecuadamente la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas impuesta a los procesados.

[…] Como ya ha tenido de señalarlo esta corporación (CSJ SP9226, 16 jul. 2014, rad. 43514), el citado precepto [artículo 61 de la Ley 599 de 2000] establece que una vez fijados los extremos mínimo y máximo de la pena, el juez procederá a dividir el ámbito punitivo de movilidad en cuartos, labor que debe emprenderse tanto respecto de las sanciones principales como de las accesorias, pues la ley no introduce distinción al respecto.

En este caso los falladores acudieron al sistema de cuartos para cuantificar la pena de prisión, pero no procedieron de igual forma respecto de la sanción de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, pues impusieron el extremo punitivo máximo, lo cual denota que desconocieron el principio de legalidad, garantía de estirpe fundamental prevista en el artículo 29 de la Código Penal, al amparo de la cual los funcionarios judiciales están obligados a determinar las sanciones dentro de los límites cuantitativos establecidos en la ley, circunstancia que impone a la Corte acometer oficiosamente dicha ponderación y efectuar la respectiva enmienda(10).

Y, en idéntico sentido al aquí desarrollado, en el fallo CSJ SP14467, 21 oct. 2015, rad. 44367, entre otros.

2.4. Por último, es absolutamente inane, para efectos de determinar el régimen de dosificación punitiva de las sanciones privativas de otros derechos, plantear diferencias sustanciales o de forma, ya sean reales o infundadas, entre las penas principales y las accesorias, o entre las funciones específicas que estas y aquellas cumplen en los casos concretos, o en cuanto a la incidencia que sobre unas y otras tengan ciertas circunstancias modificadoras de sus límites mínimo y máximo.

En primer lugar, es poco convincente argüir que en la dosificación de las penas privativas de otros derechos el sistema de cuartos solo opera para las sanciones previstas en la parte especial del Código Penal, pero no cuando el juez las impone como accesorias en virtud del inciso 1º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000. Como ya se señaló en precedencia (2.1), el régimen de cuartos previsto en el artículo 60 del capítulo II del Título VI del Código Penal regula la imposición de las penas señaladas en el capítulo I de igual título, lo que incluye a las privativas de otros derechos, ya sean principales o accesorias.

Lo único que se puede predicar de la consagración por parte del legislador de unas sanciones privativas de derechos distintos al de la libertad en la parte especial del Código Penal, y de penas de idéntica índole que pueden imponerse como accesorias, es el reconocimiento, en el segundo caso, de una facultad discrecional en el juez para establecerlas (sujeta a las circunstancias de cada caso y a los supuestos consagrados en el artículo 52 inciso 1 de la Ley 599 de 2000º), así como la necesidad, en el primero, de obviar la referida potestad judicial, en tanto su imposición siempre repercutiría para la protección del bien jurídico. Pero esto de ninguna manera supedita o altera el proceso de dosificación punitiva que debe regir en la dosificación de las penas principales y accesorias.

En segundo lugar, tampoco tiene sentido justificar la modificación del régimen punitivo para las penas privativas de otros derechos aduciendo que, cuando el juez las impone como accesorias, cumplen fines eminentemente preventivos.

Por un lado, dada la pluralidad de fines de la pena en la norma que como principio rector del orden jurídico prevé el artículo 4º del Código Penal, es imposible deducir en abstracto la función que cumpliría en cualquier evento una determinada sanción, bien sea principal o accesoria, privativa de la libertad o de otro derecho. Las funciones de la pena solo se deducen de la sustentación que acerca del reproche personal realizado al autor del injusto efectúe el juez en cada caso. De ahí que no es acertado sostener que las sanciones privativas de derechos distintos a la libertad, cuando son accesorias, obedecen a fines exclusivamente preventivos.

De hecho, de los presupuestos indicados en el inciso 1º del artículo 52 del Código Penal, sería posible colegir fines diversos (“cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado [de los derechos] o haber facilitado su comisión”). Así, por ejemplo, un juez podría imponer una pena privativa de otro derecho únicamente con el argumento de que el procesado abusó del mismo, sin que por lo demás hubiese el peligro de repetirse. Es decir, la función que cumpliría dicha sanción sería de retribución justa, mas no de prevención.

Y, por otro lado, aun en el caso de ser ciertos los fines eminentemente preventivos de las penas accesorias privativas de otros derechos, ello igual no constituiría motivo razonable para concluir que, en su imposición, el juez dejaría de estar sujeto al sistema de cuartos del artículo 61 del Código Penal.

Finalmente, que los extremos de las penas privativas de otros derechos (cuando se imponen como accesorias) no se modifiquen por circunstancias que sí se predican respecto de las principales contempladas en los tipos penales (como por ejemplo, causales específicas de agravación o atenuación, ira e intenso dolor, tentativa, etc.) tampoco es razón suficiente para que su régimen de dosificación fuera distinto al del resto de las sanciones en general.

Esta situación atañe directamente a la irrelevancia de aplicar los parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables de que trata el artículo 60 de la Ley 599 de 2000. Pero no conlleva la inaplicación de los fundamentos dosimétricos del artículo 61 siguiente, que regula el sistema de cuartos.

Lo importante, en todo caso, es que en la dosificación de las penas privativas de otros derechos sea operante dicho sistema, especialmente en lo atinente a las circunstancias de mayor o menor punibilidad. Y ya sea la pena privativa de otro derecho principal o accesoria, lo que el juez primero debe tener en cuenta son las atenuantes genéricas que pueda deducir del caso concreto, así como las agravantes de ese tipo que se le hayan formulado de manera inequívoca en la acusación desde un punto de vista jurídico, respecto de la conducta punible por la cual se suscita tal imposición.

En síntesis, la Sala, en su mayoría, no advierte motivos de peso para variar la línea jurisprudencial relativa al sistema de cuartos en la dosificación de penas privativas de derechos distintos al de la libertad.

3. En este asunto, el juez a quo realizó la dosificación del concurso de conductas punibles en el entendido de imponer, por cada comportamiento, el mínimo por cada cuarto mínimo imponible, ámbito de movilidad que, de acuerdo con la falta de atribución de circunstancias de mayor punibilidad, tenía que atender el funcionario para tales efectos(11). De ahí que fijó, para los procesados J. M. O. R., F. M. V., J. A. C. V., una pena de dieciocho (18) años de prisión para el delito de porte de armas de fuego agravado (L. 599/2000, artículo 365 numeral 1, modificado por la L. 1453/2011, art. 19). Y, para L. F. M. S. y M. C. V. B., una pena de cuatro (4) años (art. 365 inc. 1º, modificado por la L. 1142/2007, art. 38).

Sin embargo, impuso a este respecto una pena accesoria y privativa de otro derecho sin acudir a los parámetros del artículo 61 del Código Penal ni determinarla dentro del ámbito de movilidad seleccionado para el tipo contra la seguridad pública. Así, a los procesados J. M. O. R., F. M. V. y J. A. C. V., los condenó a la “la prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de 15 años”(12). Mientras que a L. F. M. S. y M. C. V. B., por “el mismo tiempo de la pena principal”(13).

De haber tenido en cuenta el juez que los límites mínimo y máximo de la referida sanción accesoria correspondían a los establecidos en el inciso 6º del artículo 51 de la Ley 599 de 2000 (esto es, de uno -1- a quince -15- años), y que el ámbito de movilidad debido a la no imputación de agravantes genéricas era el cuarto mínimo, ninguna de las privaciones del derecho a portar armas de fuego podía ser distinta a una que oscilase entre un (1) año y los cuatro (4) años y seis (6) meses.

En ese orden de ideas, como a los procesados J. M. O. R., F. M. V. y J. A. C. V. el juez de primer grado les impuso el máximo previsto en la ley de quince (15) años de privación del derecho, esta, en atención del principio de legalidad de la pena, no podía sino corresponder a cuatro (4) años y seis (6) meses, esto es, el máximo imponible dentro del cuarto indicado.

En cuanto a L. F. M. S. y M. C. V. B., les impuso la sanción privativa del otro derecho equivaliéndola a la de prisión por el concurso de delitos que cada uno realizó. Esto lo hizo sin ningún sustento jurídico explícito o comprensible. De hecho, como en la fijación no solo de la pena para el delito de portar armas de fuego sino para los demás comportamientos siempre partió del mínimo en el correspondiente ámbito de movilidad, lo cierto es que, en este caso, no hay razón para suponer que las accesorias de otro derecho, correctamente dosificadas, superarían en criterio del juez el mínimo del cuarto mínimo para ambos supuestos, esto es, un (1) año de privación para cada uno.

Por consiguiente, el funcionario desconoció el principio de legalidad de la pena cuando les impuso a J. M. O. R., F. M. V. y J. A. C. V. la sanción accesoria de quince (15) años de prohibición de portar y tener armas de fuego, en lugar de una de cuatro (4) años y seis (6) meses de privación. Y a L. F. M. S. y M. C. V. B., las equivalentes a las respectivas penas principales impuestas, a pesar de que no podían exceder de un (1) año.

En ninguna de estas irregularidades sustanciales reparó el Tribunal cuando confirmó la sentencia de primera instancia en el fallo impugnado.

Como consecuencia de lo hasta ahora expuesto, la Corte casará de manera oficiosa y parcial la sentencia de segunda instancia, en el sentido de disminuir de quince (15) años a cuatro (4) años y seis (6) meses, o a cincuenta y cuatro (54) meses, la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego impuesta a J. M. O. R., F. M. V. y J. A. C. V.

A L. F. M. S., se le reducirá de doce (12) años y seis (6) meses a un (1) año. E. igualmente, a M. C. V. B., de cuatro (4) años y tres (3) meses a un (1) año de privación del derecho.

Por último, se precisará que la providencia de segunda instancia permanecerá incólume en los demás aspectos que no fueron materia de modificación.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

2. Como consecuencia de lo anterior, disminuir la pena privativa del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego que se les impuso a J. M. O. R., F. M. V. y J. A. C. V. a cincuenta y cuatro (54) meses. Y a L. F. M. S. y M. C. V. B., a un (1) año.

3. Precisar que la decisión de segunda instancia permanecerá incólume en todos los demás aspectos que no fueron objeto de modificación.

Contra esta providencia, no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

4 ART. 43.—Las penas privativas de otros derechos. Son penas privativas de otros derechos: (…).
6. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. (…).
ART. 49.—La privación del derecho a la tenencia y porte de arma. La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de arma inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia.

5 ART. 61.—Fundamentos para la individualización de la pena. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo.
El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva.

6 ART. 51.—Duración de las penas privativas de otros derechos. (…).
La privación del derecho a la tenencia y porte de arma de uno (1) a quince (15) años.

7 ART. 52.—Las penas accesorias. Las penas privativas de otros derechos, que pueden imponerse como principales, serán accesorias y las impondrá el juez cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena.
En la imposición de las penas accesorias se observará estrictamente lo dispuesto en el artículo 59.
En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 52.

8 CSJ SP, 4 dic. 2013, rad. 41511.

9 CSJ SP9226, 16 jul. 2014, rad. 43514.

10 CSJ SP2636, 11 mar. 2015, rad. 44221.

11 Folios 715-719 del cuaderno IV de la actuación principal.

12 Folio 715 ibídem.

13 Ibídem.