Sentencia SP12442-2017/46388 de agosto 16 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 46388

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Acta 261

Nota: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. La demanda

El procurador judicial de los sentenciados propone un único cargo, con apoyo en la causal segunda de casación (art. 181, num. 2º del CPP), que sustenta así:

Acusa la sentencia condenatoria de ser violatoria de la garantía de la defensa técnica, toda vez que el abogado que la ejerció durante la audiencia preparatoria, desconocía la técnica procesal del sistema penal oral acusatorio, a tal punto que “no supo introducir algunos elementos materiales probatorios y evidencia física, que tenía en su poder, […] dejando sin oportunidad de contradecir y refutar la teoría del caso expuesto por la Fiscalía en la Audiencia del juicio oral”(17).

Después de citar como normas aplicables los artículos 457, 8º, literal k, 10 y 26 de la Ley 906 de 2004 y el 29 constitucional, aduce que el fin perseguido con la demanda es el respeto de las garantías procesales fundamentales, por cuanto la sentencia de condena desconoció el debido proceso, por falta de defensa técnica, al desarrollarse por el abogado de confianza una “actividad pasiva, formal, […] [las instancias] dejaron pasar de manera flagrante la esencia del proceso penal, como marco regulador en equilibrio de armas, frente a la actividad estatal por desconocimiento de las técnicas de los recursos de alzada y del Sistema Penal Oral Acusatorio”. Así, la impugnación extraordinaria busca se restablezca el derecho constitucional a la defensa técnica, conculcado por los falladores de instancia, anulando la actuación procesal desde la audiencia preparatoria.

Así mismo, trae a colación sendas decisiones de esta Corte(18) y de la Constitucional(19), en relación a los presupuestos de afectación al núcleo esencial de la defensa técnica.

Señala como irregularidades de la defensa durante la audiencia preparatoria, las siguientes: (i) falta de conocimiento del defensor del manejo y orden al “introducir” elementos materiales probatorios y evidencias físicas; (ii) anunciar “pruebas” sin tener en cuenta el momento procesal, pues confunde el descubrimiento con la petición de las mismas; (iii) ser reconvenido por la juez, en varios apartados de la diligencia; (iv) renunciar a los “directos y contra-directos de la Fiscalía” y, anunciar que solo los tendría como suyos, al desistir la Fiscalía de las pruebas y testimonios; y, (v) ante la negativa de la juez en decretar los testimonios solicitados, apeló sin argumentar y profundizar sobre las pruebas negadas, razón para que el recurso fuera declarado desierto.

En la demanda se arguye la conducencia, pertinencia y admisibilidad de las pruebas dejadas de practicar por las deficiencias de la defensa técnica de entonces, esto es, de los testimonios de M. A. C. Z., A. R. A., A. P., F. M. y J. F.

A lo largo del escrito, expone las razones por las cuales estima se produjo una vulneración a la garantía de la defensa técnica, las que pueden sintetizarse así: (i) hubo falencias que de ninguna manera podían encuadrarse en el margen de una actividad defensiva estratégica, sino, un abultado desconocimiento de las técnicas de un sistema adversarial; (ii) la defensa, con su comportamiento “criogénico”, contravino garantías procesales de los acusados y los puso en un plano de desigualdad, rompiendo la “unidad contradictoria jurídica”; (iii) el defensor no asumió “una actitud proactiva y diligente” en el desarrollo y concreción de las tareas inherentes a su labor; y, (iv) los anunciados desatinos no son imputables a los procesados y, fueron trascendentes en la decisión judicial.

Con base en lo anterior, solicita se decrete la nulidad del proceso a partir de la audiencia preparatoria, con el objeto de dar la oportunidad a los procesados de ser asistidos por un profesional del derecho que conozca a fondo las formas propias de cada juicio, de acuerdo a los parámetros exigidos por la Ley 906 de 2004.

V. Audiencia de sustentación

5.1. Recurrente.

En uso de la palabra, manifestó ratificarse integralmente de todos los fundamentos legales y probatorios de la demanda, de conformidad con lo señalado en la causal segunda de casación, como cargo único.

Solicita a la Corte, casar la sentencia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para proteger el derecho a la defensa técnica de A. A. C. L. y S. C. A. y las garantías procesales que les asisten y, para tal fin, requiere declarar la nulidad de la actuación procesal desde la audiencia preparatoria, para que éstos tengan la oportunidad de defenderse y ser asistidos por un defensor que conozca la Ley 906 de 2004.

5.2. No recurrentes.

5.2.1. Fiscalía.

De entrada advirtió que, siguiendo la línea jurisprudencial trazada por la Corte, no se detendrá en los defectos de técnica de la demanda, pues la Sala, al admitir el libelo, los tuvo por superados.

A continuación expresa que, de acuerdo a lo advertido en las audiencias de formulación de acusación y preparatoria en este asunto, coadyuva la pretensión defensiva de la nulidad, como quiera que en aquellas diligencias, básicas en el ejercicio del contradictorio, fue evidente la ausencia total de conocimiento del abogado, sobre la técnica del nuevo sistema procesal, dejándolo acéfalo para practicar pruebas en respaldo de su tesis(20).

Alude que, con independencia de la verdad de su teoría del caso, la exclusiva ignorancia del apoderado, no dio lugar a que se allegaran pruebas para sustentarla y, recuerda algunos momentos de las audiencias que, ponen de presente el desconocimiento del abogado en las fases de descubrimiento y petición probatorias.

Añade que la actuación de la juez tampoco ayudó pues, además de que no sustentó sus decisiones, sino que se dedicó a repetir las oposiciones de la Fiscalía, faltó al deber legal de advertirle al defensor si contra sus providencias procedían recursos y cuáles.

Indicó que en la audiencia preparatoria, la casi totalidad de las pruebas de la defensa fue negada sin mayor sustento argumentativo de la juzgadora que, se limitó a acoger las posturas de la fiscalía, requiriendo además una inexistente tarifa probatoria para algunas de las solicitudes de descargo.

Explicó que en el asunto existe lesión al derecho a la defensa técnica, no por falta de apoderado, ni por la ausencia de actos positivos de gestión, sino “porque su ejercicio durante la fase trascendental de preparación del juicio oral, en la que se definían las bases probatorias que permitirían confrontar las tesis de la acusación y de la defensa, estuvo a cargo de un abogado que carecía de las mínimas habilidades y conocimientos para litigar en el sistema acusatorio” (CSJ SP490–2016, 27 en. 2016, rad. 45790).

Por lo anterior, postula que se nulite el procedimiento a partir, inclusive, de la audiencia de formulación de acusación, ocasión que considera se muestra propicia para solicitar a la Corte, enfatice en su labor pedagógica y reclame a los funcionarios judiciales y del Ministerio Público, estar atentos al respeto de la garantía superior de la defensa técnica y cuando, como en este caso, sean evidentes las falencias del abogado, opten por los correctivos de rigor.

Por último, solicita retrotraer el trámite, pero solo para que se restablezca en los asuntos donde fue manifiesta la lesión a las garantías superiores, pero aquellos, en donde hubo práctica de pruebas con respeto de esos derechos, por ejemplo, las de la Fiscalía en este caso, se concluya en la validez y que no deben ser repetidas, pues los registros permiten verificar y valorar su contenido.

5.2.2. Ministerio Público.

Delanteramente precisa que, lo que se debe verificar en el caso de la especie es, si se presentó una aparente defensa técnica, de acuerdo con el modelo procesal impuesto por la Ley 906 de 2004.

Relieva que la defensa es un derecho fundamental previsto en diversos estatutos nacionales e internacionales, entre ellos los artículos 29 y 93 constitucionales, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y la Convención americana de derechos humanos, aprobadas por las leyes 74 de 1968 y 16 de 1972, respectivamente.

Sobre el punto, hace referencia a jurisprudencia de esta Corte (CSJ SP154–2017, 18 en. 2017, rad. 48128), que enseña que el derecho de defensa es de índole fundamental y no basta con la sola presencia nominal del profesional del derecho, sino que debe ser permanente, intangible, real e ininterrumpida, durante el transcurso del proceso.

Luego, menciona que la verdad acerca de los hechos se construye entre las partes —Fiscalía y procesado—, debiendo garantizarse la igualdad de armas por parte del juez —tercero imparcial— y, que a la defensa le corresponde asumir una “actividad activa”, pues la simple complacencia o indiferencia del abogado hacia la actuación de la Fiscalía, no debe tomarse como actos positivos de defensa real y material.

Remarca que un momento procesal decisivo, en el curso de la audiencia preparatoria, es el de las solicitudes probatorias, pues de allí se deriva el éxito o no, de la teoría del caso que se verificará en la audiencia de juzgamiento. Además que, la actitud del juez imparcial, pero con poderes correccionales y, de intervinientes como el Ministerio Público, como garante de la legalidad y protector de derechos fundamentales debe ser eficaz, toda vez que si el defensor técnico carece de los conocimientos mínimos (capacidad para sustentar la conducencia, pertinencia o utilidad de una solicitud probatoria), son ellos los llamados a corregir, o pedir que se corrija la situación de indefensión del procesado.

Al descender al caso concreto, explica que una vez verificada la actuación surtida por la defensa en la audiencia preparatoria, se advierte que la actitud del abogado fue de total ignorancia y pasividad y, no sustentó la necesidad, pertinencia, conducencia y razonabilidad de las pruebas que solicitó para sacar avante la teoría de su caso, razón para que fuera rechazada por la juez.

En consecuencia, para garantizar los derechos de defensa y contradicción de los procesados, se hace necesario anular la actuación y retrotraerla hasta esa etapa procesal (audiencia preparatoria), siendo esta su puntual solicitud a la colegiatura.

5.2.3. Representante de víctimas.

Depreca de la Sala no casar la sentencia pues, la actuación da cuenta que si bien es cierto el abogado de la defensa en la audiencia preparatoria incurrió en errores por no conocer el procedimiento de la Ley 906, también es cierto que, los procesados no solo tuvieron ese único defensor a lo largo del proceso, sino que contaron aproximadamente con seis o siete togados, la defensa nunca fue sola a las audiencias, gozaron de oportunidad suficiente para que sus pruebas hubieren sido tenidas en cuenta por la juez de conocimiento; además, la Fiscalía logró probar su teoría del caso, los testimonios fueron contundentes, pudo la defensa contrainterrogar a los testigos, así como refutar toda la prueba pericial y documental allegada al plenario.

Por tanto, no avizora la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa y reitera su petición de no casar la sentencia.

VI. Consideraciones de la Corte

En el asunto de la especie, con fundamento en la causal de casación prevista en el numeral 2º del artículo 181 del CPP, el recurrente formula un único cargo de nulidad contra el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por violación al debido proceso, al considerar que se desconoció la garantía del derecho a la defensa técnica que le asistía a A. A. C. L. y S. C. A., en esencia, por cuanto el profesional del derecho que la ejerció durante la audiencia preparatoria, carecía de la idoneidad requerida para litigar en un proceso penal acusatorio como el contemplado en la Ley 906 de 2004, lo que impidió que al juicio se incorporaran pruebas que podían demostrar la inocencia de los acusados.

Conforme a la exposición planteada, ineludible resulta para el recurrente cumplir con los requerimientos propios a dicha crítica; así, no basta con perfilar la causal de la cual emana el defecto alegado para pretender su prosperidad, sino que, aunado a su presencia en concreto, es deber justificar la afectación real de los derechos del encausado o de la estructura básica del proceso.

La fundamentación del ataque se debe hacer a la luz de los postulados que rigen la declaración de las nulidades, esto es, los de taxatividad(21), convalidación(22), protección(23), instrumentalidad de las formas(24), trascendencia(25) y residualidad(26), pues si se avizora que el defecto denunciado no logra afectar en grado sumo el desarrollo de la actuación, ni alterar lo decidido en el fallo confutado, no hay lugar a la admisión de la censura.

La nulidad, como remedio procesal extremo, no opera por la simple enunciación de un supuesto vicio, sino que está atada a la comprobación cierta de yerros de garantía o de estructura insalvables, a través de los cuales se afecten, por el primero, las prerrogativas procesales en perjuicio de los sujetos intervinientes, o, por el segundo, el esquema de la instrucción o el juzgamiento y, que hagan que la actuación y la decisión de segunda instancia pierdan toda validez formal y material; por tanto, para hacer viable el éxito de un cargo en dicho sentido, corresponde al libelista expresar la irregularidad sustancial que afecta la actuación, determinar la forma en que ella rompe la estructura del proceso o afecta las garantías de los intervinientes, la fase procesal en la que se produjo y desde la cual debería retrotraerse la actuación y, demostrar la trascendencia del yerro para afectar la validez del fallo cuestionado.

Si el vicio denunciado corresponde a una violación del debido proceso, es necesario que el actor identifique la irregularidad sustancial que alteró el rito legal, pero si afecta el derecho de defensa, se requiere especificar la actuación que lesionó esa garantía; en cada hipótesis, la argumentación debe estar acompañada de la solución respectiva.

Cuando la anomalía recriminada se contrae a la trasgresión del derecho a la defensa técnica dentro del nuevo sistema de procedimiento penal, es forzoso presentar los datos objetivos del proceso que demuestren la inactividad, la negligencia de la asistencia letrada y cómo la torpeza o desconocimiento sobre la labor inherente a su función, impidió alcanzar su cometido en pro de la defensa del acusado y el respeto por sus garantías.

Si la deficiencia reprochada descansa en la falta de dominio del sistema procesal penal, es imperioso, a más de indicarlo así, demostrar cómo esa actitud negligente tuvo injerencia total y efectiva en la sentencia objeto de reproche, de modo que solo la nulidad restablecería la garantía quebrantada. Así se ha expresado la Corte (CSJ AP, 23 may. 2012, rad. 38810):

“Precisamente, sobre el tema ya la Sala(27) ha reconocido que aunque después de entrar en vigencia la Ley 906 de 2004, algunos profesionales no se han informado suficientemente sobre los principios y vicisitudes propias de cada una de las audiencias y actuaciones establecidas en dicha legislación, no por ello puede afirmarse que su intervención en procesos adelantados conforme al sistema penal acusatorio comporta invalidación del trámite por violación del derecho a la defensa técnica.

Será necesario, dijo la Sala en el mencionado antecedente, que en cada caso concreto se establezca si su desconocimiento o ignorancia tuvo o no injerencia cierta y efectiva en las decisiones cuestionadas, pues para conseguir la declaratoria de nulidad es preciso acreditar que la anomalía denunciada tuvo incidencia perjudicial y decisiva en la declaración de justicia contenida en el fallo impugnado (principio de trascendencia), dado que el recurso extraordinario de casación no puede sustentarse en especulaciones, conjeturas, afirmaciones carentes de demostración o en situaciones ausentes de quebranto”.

Añádase que, para que el ataque pueda reputarse completo, resulta indispensable concretar en la demanda, no solo los medios de prueba que fueron dejados de practicar por torpeza, incuria, desidia, impericia, negligencia o desconocimiento del togado que ejerce la defensa técnica, sino su trascendencia, lo que de suyo impone confrontar, dentro de un plano racional de abstracción, el contenido objetivo de los medios de prueba omitidos, con aquellos que edifican la sentencia de condena, en orden a comprobar que sus conclusiones sobre los hechos o la responsabilidad del procesado, habrían sido distintas y opuestas, de haber sido aquéllos decretados y practicados (Cfr. CSJ SP, 27 feb. 2001, rad. 15402).

Al descender al asunto de la especie, el casacionista fue explícito al manifestar que su intención es lograr el respeto de garantías fundamentales, en concreto, la defensa técnica, como estructura fundante del debido proceso, toda vez que el abogado que asistió a sus prohijados durante la audiencia preparatoria, ignoraba la técnica necesaria para la solicitud y decreto de pruebas.

Si bien al formular el cargo, intentó ofrecer argumentos dirigidos a justificar tal vulneración, lo cierto es que falló en el cumplimiento de las exigencias necesarias para una adecuada postulación, habida cuenta que la sola enunciación y eventual comprobación de anomalías que afectan la garantía procesal de la defensa, en su expresión técnica, no conllevan a la invalidez, si no se demuestra, como en efecto no lo hizo el censor, que ellas conculcaron el referido derecho de sus procurados.

Se desconoció así el principio de trascendencia que gobierna la declaratoria de nulidad, pues no basta con denunciar las irregularidades, o que estas efectivamente se presenten en el proceso, sino que se hace indispensable explicar que aquellas, de manera decidida inciden en el quebranto de los derechos de los enjuiciados.

De entrada, surge ostensible la incertidumbre en la solicitud que el recurrente hace a la Corte, pues si alega nulidad por falta de defensa técnica, la única forma de remediar esa irregularidad es con el decreto de nulidad a partir del instante procesal en el que aquella se evidenció. Sin embargo, el jurista parece entender que existe otra medida de saneamiento, como sería proferir una sentencia de reemplazo, lo que se muestra abiertamente equívoco.

Menciona el casacionista que, el abogado que en etapa previa representó los intereses de sus prohijados, fue torpe o negligente durante la audiencia preparatoria, porque “no supo introducir algunos elementos materiales probatorios y evidencia física, que tenía en su poder”. Sin embargo, basta una lectura al recurso de apelación, que el mismo letrado formuló contra la sentencia de primer grado, para constatar que en ese instante procesal ningún reproche hizo en torno al actuar del anterior profesional. Por el contrario, alabó su actuación y, al tiempo, cuestionó la de la juez a quo.

En la carpeta correspondiente, se observa que, en su alzada, el actor sostuvo que su predecesor “anunci[ó] las pruebas, señal[ó] su conducencia, pertinencia y utilidad como requisito de proce[di]bilidad”(28) [negrilla original del texto] y fue la directora de la audiencia quien dejó a esa bancada sin prueba alguna. Además, en relación con los testimonios de A. R. A. y A. P., indicó el jurista que la defensa no conocía su paradero, pero la fiscalía sí tenía la obligación de hacerlos comparecer, y aprovechó para recriminar a la juez porque, según dijo, olvidó notificar sus determinaciones a la defensa material.

Lo anterior pone de presente que el actor, pese a haber señalado en ese escrito que la actuación de su antecesor fue positiva y de avalarla(29), ahora, en sede de casación, varía su discurso para criticarla, alegando ausencia de defensa técnica.

Ese proceder resulta abiertamente censurable, porque no es lógico que frente a la misma postura defensiva, formule argumentos abiertamente contrapuestos, para sacar avante sus reparos en distintos escenarios procesales.

De hecho, dígase que se antoja más sensata y acorde con lo vivenciado en la audiencia preparatoria, aquella orientación planteada en sede de apelación ante el tribunal, que no la actual prohijada en casación y, que fuera coadyuvada por el delegado de la Fiscalía y el agente del Ministerio Público.

Ello porque, sin desconocer que la jurisprudencia reciente de la Sala (Cfr. CSJ SP490–2016, 27 en. 2016, rad. 45790; SP154–2017, 18 en. 2017, rad. 48128), ha advertido que la ineptitud del abogado en el marco de las solicitudes probatorias, propias de la sistemática de la audiencia preparatoria, deviene generadora de vulneración al derecho a la defensa técnica, aunado a que, cualquier irregularidad relacionada con dicha garantía, es trascendente por sí sola (CSJ SP3052–2015, 18 mar. 2015, rad. 42337 y SP9796–2016, 19 jul. 2016, rad. 48371), este no es el caso de los procesados A. A. C. L. y S. C. A., de quienes puede predicarse contaron con un estándar mínimo de defensa, impeditivo de la declaratoria de nulidad como así se reclamó.

Así, si bien en la oportunidad procesal para sustentar su solicitud probatoria, la intervención del profesional del derecho de la defensa exhibió cierta confusión, lo que en su momento mereció el reproche de la directora de la audiencia, no por ello es dable afirmar que la misma expresa total incapacidad para articular la petición de pruebas a su estrategia defensiva.

La juez, en su decreto probatorio, se encargó de recriminar a la defensa por la forma general, vacía e imprecisa en que ésta hizo sus postulaciones, para así sustentar su denegatoria. Con todo, para la Corte, aunque la deprecación no correspondió a lo que pudiera catalogarse como un dechado de intervención en punto de solicitudes probatorias, en el fondo, sí permitía vislumbrar el propósito que le servía como estrategia defensiva, con miras a edificar y hacer más creíble su teoría del caso.

Entonces, aunque la sustentación por parte de la asistencia letrada no fue la más afortunada, de ella por lo menos era dable avistar su relevancia y resultaba apenas suficiente la argumentación, acerca de la pertinencia de las declaraciones desechadas por la juez a cargo de la audiencia, de acuerdo con la cual, les constaba que los acusados celebraron el negocio jurídico de compraventa del inmueble, la forma en que el mismo se pagaría, las insinuaciones de tipo sexual que antecedieron al ofrecimiento de venta y la relación existente entre el presunto apoderado para la venta y suscripción de la correspondiente escritura pública y el señor M. A. C. Z.

Se resalta, lo importante es dar a conocer cuál es el objeto de la prueba y señalar de manera general qué se pretende con ella, todo dentro de una hipótesis fáctica, o teoría del caso, que justifique la pretensión de la parte y ello, fue lo que hizo el defensor de los acusados, razón para entender que en el asunto sub examine no es posible predicar su total torpeza, ignorancia, negligencia o incuria frente a la temática de la Ley 906 de 2004 y no resulten aplicables los precedentes aludidos por los sujetos procesales en la audiencia de sustentación ante la Corte.

Aunado a lo anterior, aun de restar importancia a la incorrección de formular argumentos abiertamente contrapuestos, para sacar avante sus reparos en distintos escenarios procesales —apelación o casación— frente a una misma postura defensiva, como atrás quedara visto, dado que lo reclamado es la nulidad por violación de garantías, lo cierto es que no hay lugar a admitir la crítica porque el casacionista olvidó demostrar que el método acometido por el profesional anterior o, la falencia en la que pudo incurrir al momento de hacer la petición probatoria, hubiese sido determinante de la condena.

Si bien se refiere a los llamados de atención que le hizo la funcionaria judicial y la declaratoria de desierto, por falta de sustentación, del recurso de apelación que el litigante formuló contra la negativa de varias de las pruebas solicitadas en la audiencia preparatoria, ello, por sí solo, no acredita la vulneración que postula, pues al efecto, también es preciso establecer su incidencia dañina en las posteriores etapas procesales (CSJ SP490–2016, 27 en. 2016, rad. 45790).

En esta ocasión, al contrastar las réplicas del censor, con la estructura argumentativa de los fallos de instancia, se advierte su intrascendencia en la resolución del asunto.

Es así como enlista unos testimonios, reparando en que no fueron llevados a juicio porque la fiscalía desistió de ellos y el defensor que lo antecedió, erróneamente no los pidió como pruebas suyas, y exhibe algunos argumentos orientados a demostrar que habrían podido variar el sentido de la decisión. Sin embargo, no concreta en su discurso de qué manera los elementos reclamados habrían permitido contradecir la teoría de la fiscalía y acreditar, según lo sugiere, la verdadera confabulación contra los procesados y el auténtico responsable.

Y es que, cuando reclama la necesidad de haberse llevado al juicio la declaración de M. A. C. Z., no aborda —quizás para no quedar en evidencia— lo sustancial del asunto, que se concreta en las falsedades documentales pericialmente establecidas, donde se suplantó al denunciante para despojarlo de su inmueble, sino que alude a aspectos marginales, como el relacionado con las pretensiones lujuriosas del ofendido con la enjuiciada C. L., sin mencionar lo referente al proceso de restitución de inmueble que aquél instauró contra los encartados, en virtud del incumplimiento en los cánones de arrendamiento, por lo cual el a quo encontró demostrado el despliegue, por parte del ofendido, de “actos positivos para terminar todo vínculo jurídico con los señores C. L. y C. A.”(30).

De otra parte, si con los testimonios de A. R. A. y A. P. se podía demostrar la total ajenidad de los procesados, según lo afirma el impugnante, bajo el argumento que la primera fue quien contactó a H. C. D. y maquinó la forma de actuar y engañar a sus defendidos y, que el segundo, esposo de ésta, le canceló al citado por los servicios prestados la suma de $ 200.000, no expone las motivaciones de la indicada componenda contra los acusados y, adicionalmente, incurre en evidente violación del principio de corrección material, que resta seriedad a su planteamiento.

En efecto, asegura que C. D., quien sí acudió al juicio, nunca manifestó haber conocido a los procesados, pero sí a A. R. A. y a A. P., motivo por el cual estos han debido ser escuchados. Sin embargo, la hipótesis de la cual parte el libelista no se ajusta a la realidad, porque revisados los registros correspondientes, se constata que C. D., si bien al iniciar su narración, afirmó no “distinguir”(31) a los acusados, de manera inmediata aclaró que únicamente los conoció cuando lo llevaron a una notaría y relató todo lo acaecido aquél día en que “firmó unos documentos”. Así, refiriéndose a los encartados, dijo: “únicamente los distinguí cuando me llevaron a una notaría a firmar unos documentos”(32).

Aunque, más adelante mencionó a A. R. A. como la persona que le propuso servir de testigo para la firma de algunos “papeles”, aseveró haber ido con ella y con los acusados a la notaría, en donde signó los documentos. Así lo relató:

“[…] yo fui y me encontré con ella, me encontré con el señor que está presente, la señorita, A., A. y un abogado que llevaban ellos, ellos me hicieron ir a esa notaría […] [se refiere a la Notaría 33], me encontré con todos ellos, me hicieron subir al segundo piso, el abogado de ellos [la Fiscal pregunta ¿quiénes son ellos?] los que están presentes aquí, el señor S. y la señorita […] yo firmé pero no supe qué firmaba […] al salir, el señor A. P. me dijo tenga $ 200.000,00, dije muchas gracias, después ellos se fueron hacia una cafetería […] el señor S., la señorita, A., A. y el abogado[…](33)”.

Finalmente, si en criterio del impugnante, con los relatos de F. M. y J. F. se hubiera podido acreditar la entrega del dinero correspondiente al valor de la pretendida negociación del inmueble, por parte de los procesados al dueño del mismo, ya sea porque el primero tuvo conocimiento de ese hecho, o bien porque la segunda les prestó la suma, no expone la razón por la cual podrían suministrar datos distintos o más exactos a los expuestos por los acusados, quienes siendo los directamente interesados en acreditar ese aspecto, no lo lograron, pues incurrieron en variadas contradicciones.

Así lo advirtió la falladora de primera instancia(34):

“En cuanto a las pruebas de la defensa, y en particular las declaraciones de los acusados quienes renunciaron a su derecho a guardar silencio al declarar dentro del proceso en su propio favor, empero, incurrieron en contradicciones a su propio dicho en relación con lo manifestado por ellos mismos en previas en (sic) entrevistas. Así por ejemplo, S. C. A. en lo referente a sus ingresos y al pago de la aludida compraventa del inmueble; y en cuanto a A. A. C. L. verbigracia en cuanto a que el señor M. A. C. Z. era quien supuestamente les ofrecía en venta la casa a ella y a su padre S. C. A., aunque insistiendo en cerrar el negocio con la primera; ora, por el supuesto acoso sexual que refiere haber sido objeto por parte de dicho denunciante, premisas que carecen de sustento distinto a su dicho pues recuérdese que a la par con el supuesto ofrecimiento de venta por parte del propietario quedó demostrado que él en realidad estaba adelantando el proceso de restitución del inmueble y con ello demostró que por el contrario desplegaba actos positivos para terminar todo vínculo jurídico con los señores C. L. y C. A.; adicional a lo cual porque la Fiscalía en contrainterrogatorio al impugnar la versión de dich[o] testigo poniéndole de presente la versión que previamente en interrogatorio había rendido el 11–03–2010, no pudo explicar éste las diferencias entre sus versiones respecto a la forma c[o]mo justificaría el supuesto pago de $ 25.000.000; luego sus manifestaciones no son veraces”.

Todo lo anterior deja entrever, entonces, siguiendo el planteamiento del censor, que los testimonios que echa de menos, no variarían en nada el sentido del fallo, máxime cuando no esgrimió argumento alguno dirigido a controvertir lo depuesto por C. D., ni las demás pruebas practicadas, como el testimonio de S. J. H. F., quien puntualizó sobre los términos de la denuncia presentada por su esposo M. A. C. Z. y describió, cómo los hechos delictivos allí expuestos redundaron de manera desfavorable en su patrimonio(35); o lo afirmado por los testigos expertos R. M. G. y J. R. A. G., quienes establecieron que:

“[l]as firmas y huellas que obran en el poder que M. A. C. Z. aparece otorgándole a H. C. D. no le corresponden a aquél, que los sellos que allí aparecen como procedentes de la Notaría 17 no eran los utilizados en esta y que la cédula de ciudadanía anexa a la escritura pública 462 del 26 de febrero de 2009 no corresponde al documento de identificación auténtico(36)”.

Por consiguiente, afirmar, como lo hace el demandante, que la ausencia de algunos testigos en el juicio fue una estrategia de la fiscalía para sacar avante su teoría del caso, no es más que una especulación. En forma alguna acreditó que, de haber acudido aquéllos, su narración habría tenido la fuerza suasoria suficiente para variar el sentido de la decisión o, por lo menos, de contribuir con elementos de juicio nuevos que pudieren esclarecer lo ocurrido. Como con atino lo adujo el tribunal(37):

“Es inconcebible que esta secuencia de falsedades se haya desplegado para dar cuenta de una compraventa auténtica: si así fuera, no había ninguna necesidad de falsificar poderes, escrituras y documentos de identificación. Bastaba con otorgar un instrumento público legítimo en el que se diera fe de esa transacción. Por este motivo, no merece ninguna credibilidad el relato exculpativo expuesto por los acusados en el juicio: se empeñaron en acreditar la veracidad de una transacción que nunca se realizó y que se concibió y gestó con el único propósito de despojar al arrendador, del bien inmueble que habían recibido como simples tenedores.

Se ha dicho, con razón, que la verdad subsiste aún en medio de un cúmulo de falsedades: por más que los acusados se empeñen en afirmar que la compraventa del bien inmueble sí se realizó, concurren múltiples medios de conocimiento indicativos de que ello no fue así”.

Se concluye que las irregularidades denunciadas, en punto de la solicitud probatoria de la defensa técnica, no conllevan a establecer, como lo aduce el impugnante, que se impidió conocer la realidad histórica, o al verdadero responsable, o al autor intelectual de la maniobra engañosa, entre otras afirmaciones, porque en el curso de la actuación también se pretendió la absolución de los procesados, bajo el supuesto de que el testigo de cargo y autor de las firmas espurias, C. D., no fue contactado por C. L. y C. A., tesis que no tuvo eco.

Adicionalmente, las variadas hipótesis expuestas por el letrado, fueron objeto de análisis en las instancias.

Bajo esas condiciones, en eventos como el sometido a consideración, no es suficiente para el casacionista plantear la impericia de su predecesor en la defensa, respecto de la gestión encomendada, sino que, atendiendo al principio de trascendencia que rige el instituto de las nulidades, ineluctable resulta demostrar la real incidencia de la alegada ineptitud en el resultado del proceso, vale decir, cómo, de haberse allegado otros elementos suasorios o impugnado las decisiones emitidas, existiría en concreto y no especulativamente, la razonable posibilidad de que la situación del procesado sufriera sustancial modificación, favorable a sus intereses, finalidad no alcanzada por el demandante en esta oportunidad, ya que sus razonamientos no dejan de ser afirmaciones nacidas de su particular visión de los hechos, que revelan su claro propósito de discrepar de lo acreditado en el proceso.

Así las cosas, en esencia, la censura se restringe a un análisis a posteriori, a discrepar sobre la manera en que se encausó la defensa y en dicho sentido, su intrascendencia es ostensible, por eso carece de prosperidad.

6.1. Casación oficiosa.

6.1.1. Prescripción de la acción penal.

La Sala constata que, en este caso, operó el fenómeno de la prescripción de la acción penal respecto del delito de falsedad material en documento público, antes de proferirse el fallo de primera instancia.

En los asuntos regidos por la Ley 906 de 2004, el periodo inicial de prescripción, esto es, previo a que se formule la imputación, corresponde al máximo previsto en el tipo penal, sin que pueda ser inferior a cinco (5) años, ni superior a veinte (20), según lo dispone el artículo 83 del CP, salvo lo dispuesto en el inciso segundo de ese precepto(38).

Esto significa, de conformidad con el artículo 86 ibidem, modificado por el artículo 6º de la Ley 890 de 2004, que dicho término se interrumpe con la mencionada formulación de imputación y, a partir de ese instante procesal, empieza a correr uno nuevo “por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 [del CP]”. En este evento, el término será mínimo de tres (3) años, al tenor de lo descrito en el artículo 292 del CPP.

Así entonces, desde la imputación corre otro intervalo que no puede ser inferior a tres (3) años ni superar los diez (10), espacio de tiempo que se suspende con la emisión de la sentencia de segunda instancia, “el cual comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años” (art. 189 del CPP).

Descendiendo al asunto sub judice, se tiene que la acusación en contra de A. A. C. L. y S. C. A. se produjo por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y estafa (arts. 453, 287 y 246 del CP), adecuación típica que fue acogida por las instancias.

En lo que corresponde al reato de falsedad material en documento público, el artículo 287 del CP establece una pena de prisión de cuatro (4) a nueve (9) años; por lo tanto, el término prescriptivo para el referido injusto es de cuatro (4) años y seis (6) meses(39).

Como la formulación de imputación se produjo el 5 de agosto de 2010, ello significa que el Estado, como titular de la acción penal, hasta el 5 de febrero de 2015 tenía la potestad para investigar, perseguir y sancionar a los infractores de la ley sustantiva.

La prescripción implica la cesación de la potestad punitiva, al transcurrir un período de tiempo determinado, en virtud a que el propio Estado abdica de la misma, lo que en el asunto bajo examen ocurrió antes de que se profiriera la sentencia de primer grado, como quiera que ella data del 17 de marzo de 2015, esto es, cuando ya había expirado con suficiencia el término mínimo de prescripción, craso error que pasó inadvertido en las instancias.

Siendo ello así, agotado el período prescriptivo, los juzgadores estaban impedidos para emitir pronunciamiento alguno dentro de la actuación respecto del delito de falsedad material en documento público, salvo aquel que declarara la consolidación de dicho fenómeno.

Como el recurrente en casación no cuestionó la pérdida de la facultad sancionatoria del Estado, corresponde a la Corte casar de oficio para anular parcialmente el fallo impugnado y ordenar la preclusión de la investigación a favor de los procesados frente al punible contra la fe pública, situación que conduce a redosificar las sanciones principal y accesoria que les fueron impuestas.

Al respecto, se tiene que el fallador de primer grado, al momento de individualizar las penas para cada uno de los delitos, frente a todos, se ubicó en el primer cuarto y, dentro de él, eligió el extremo inferior.

Luego, en virtud de la figura del concurso, reglada en el artículo 31 del CP, partió de la pena prevista para el injusto de fraude procesal, esto es, de setenta y dos (72) meses de prisión, multa de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes y sesenta (60) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, monto que incrementó en treinta y seis (36) meses de prisión, por la falsedad material en documento público y, en veinticuatro (24) meses de prisión y sesenta y nueve (69) salarios mínimos legales mensuales de multa, por la estafa, para un total de pena a imponer de ciento treinta y dos (132) meses de prisión, multa de doscientos sesenta y nueve (269) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual a la sanción privativa de la libertad.

Lo procedente, entonces, es sustraer la cantidad de treinta y seis (36) meses de prisión por el delito de falsedad prescrito, que no contempla pena de multa, pues al tratarse de una de las conductas concursales, no afecta los guarismos impuestos para el delito base o de mayor gravedad.

En ese orden, la pena principal de prisión que corresponde a los procesados, por los injustos de fraude procesal y estafa, es la de noventa y seis (96) meses.

6.1.2. De la dosificación de la pena de multa.

En lo concerniente a la pena de multa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4º del artículo 39 del CP, “En caso de concurso de conductas punibles […], las multas correspondientes a cada una de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo fijado en este artículo para cada clase de multa”. Así las cosas, debido a que en el asunto sub examine dicha sanción aparece para cada uno de los delitos imputados como “acompañante de la pena de prisión”, no puede ser “superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Por tanto, sumadas las multas previstas como acompañantes de la pena de prisión para los delitos de fraude procesal y estafa por los que se encontró responsable a los procesados, conforme a la dosificación que para cada uno de ellos hiciera la juez a quo(40), se tiene que el total de la multa a imponer debió ser de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266,66)(41) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y no los doscientos sesenta y nueve (269) que en últimas se impuso en las instancias.

Conforme al artículo 29 de la CN, la preexistencia normativa respecto del delito y de la pena se constituye en garantía fundamental, además de límite al poder punitivo estatal. Primero, porque los ciudadanos deben conocer los comportamientos prohibidos elevados por el legislador a la categoría de delitos, así como la condigna sanción, previamente establecida, a fin de contar con la certeza de que solo podrán ser sancionados en razón de la comisión de una conducta punible dentro de los límites cuantitativos y cualitativos consagrados con antelación en la ley y, segundo, porque el funcionario judicial no puede salirse de esos marcos normativos, ni anteponer su capricho o discreción.

Aquí es evidente el error de los juzgadores, quienes incurrieron en flagrante violación de las garantías fundamentales de los procesados, específicamente, a la legalidad de la pena, al determinar una pena de multa con violación del tope máximo legalmente establecido, como atrás se viera.

En consecuencia, corresponde a la Corte restaurar tal garantía y por ello dispondrá casar de oficio y parcialmente el fallo en cuanto atañe a la pena de multa impuesta, para en su lugar establecer su monto en doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266,66) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ocurrencia de los hechos.

6.1.3. De la individualización de la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

En relación con la pena impuesta de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, advierte la Sala que también se erró en su proceso de individualización, por lo que se hace necesario evidenciar la irregularidad cometida y determinar su posible corrección.

“El artículo 52 del CP preceptúa:

Las penas privativas de otros derechos, que pueden imponerse como principales, serán accesorias y las impondrá el juez cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena.

En la imposición de las penas accesorias se observará estrictamente lo dispuesto en el artículo 59(42).

En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la Ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51”(43).

Así, la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas prevista como accesoria (art. 43 del CP) es de obligatoria aplicación cuando se impone la pena de prisión, según se dispone en el inciso final de la norma transcrita. Con todo, algunos tipos penales(44) la consagran como principal (art. 35, ibídem), por lo que, en los eventos de concurso de conductas punibles, pueden concurrir de manera simultánea sanciones de esa naturaleza, establecidas de una u otra calidad.

En relación con la forma de dosificar la aludida pena, cuando concurre como principal en relación con alguno o algunos delitos y, como accesoria respecto de otro u otros, la Sala ha establecido que su individualización debe llevarse a cabo siguiendo las reglas previstas en el artículo 31 del CP para el caso de concurso de conductas punibles.

Jurisprudencialmente se ha definido (CSJ SP3397–2014, 19 mar. 2014, rad. 38793. En el mismo sentido, entre muchas otras: SP6955–2014, 4 jun. 2014, rad. 42737; SP11728–2014, 3 sep. 2014, rad. 43303; SP15512–2014, 12 nov. 2014, rad. 39392; SP2186–2015, 4 mar. 2015, rad. 44387; SP4327–2015, 16 abr. 2015, rad. 43870; SP13600–2015, 30 sep. 2015, rad. 42241; SP8753–2016, 29 jun. 2016, rad. 39290; SP672–2017, 25 en. 2017, rad. 45312):

“Impera aclarar que respecto de este procesado la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas está llamada a ser impuesta bajo dos modalidades: como principal, por un lapso de diez (10) años —según la estimación atrás reseñada— en el delito de desaparición forzada, y como accesoria, por una duración de veinte (20) años de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley 599 de 2000, frente al concurso con los otros delitos contra la vida por los cuales se le halló responsable.

Tratándose entonces de una misma sanción que está prevista en diferente grado y magnitud en los delitos concurrentes, para su adecuada tasación debe acudirse a las reglas de dosificación en los casos de concurso de conductas punibles (L. 599/00, art. 31), y con base en esos criterios, de acuerdo con los cuales el sujeto agente queda sometido a la del delito que “establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto”, habrá de preferirse la inhabilitación de derechos y funciones públicas en modalidad principal, por diez (10) años, incrementada —por los demás comportamientos que la consagran como accesoria— en otra cantidad igual, para un gran total de veinte (20) años”. [subrayado original del texto]

En el presente asunto, la pena privativa de la libertad se impuso por el a quo de la siguiente manera: para el delito más grave, esto es, el de fraude procesal, en setenta y dos (72) meses y, frente al delito de estafa, se determinó en veinticuatro (24) meses; al paso que la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como pena principal de la primera conducta, se fijó en sesenta (60) meses, para terminar imponiendo en la parte resolutiva de la sentencia, una accesoria “por el mismo término de la pena principal”, sin que se estableciera motivación alguna para arribar a dicha sanción y sin reparar en el criterio atrás establecido por la colegiatura. Por contera, deviene palmario el error en la determinación judicial de la pena en cuestión.

Para su corrección, se debe partir del delito que, en concreto, establece la pena más grave, de acuerdo a su naturaleza, debiéndose preferir, según lo reseñado, la prevista en la modalidad principal, que corresponde al delito de fraude procesal, aumentada hasta en otro tanto, sin que supere su suma aritmética y sin que se desborde el límite impuesto para esta clase de sanción por el inciso primero del artículo 51 del CP.

Así las cosas, la pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el delito de fraude procesal, se fijó en sesenta (60) meses, la misma que aumentada en otro tanto, quedaría en ciento veinte (120) meses.

En esa medida, en gracia de discusión, siguiendo los parámetros legales, en el sub judice la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas debió ser de ciento veinte (120) meses, esto es, inferior a la que se impuso como accesoria, por el mismo término de la pena principal que, como ha de recordarse, fue de ciento treinta y dos meses (132) meses.

Empero, como la Corte por virtud del artículo 180 de la Ley 906 de 2004, a fin de respetar las garantías de los enjuiciados, ha establecido una pena de prisión a imponer de noventa y seis (96) meses por efecto de la prescripción del reato contra la fe pública, como atrás quedara visto, de llegar a aplicarse el referido criterio jurisprudencial, la pena de inhabilitación sería mayor a la que en su momento fijó la juez a quo, al atarla indefectiblemente al “mismo término de la pena principal”.

Por ende, en la hora de ahora no es posible restaurar el principio de legalidad, en razón de que se debe hacer prevalecer la garantía de non reformatio in pejus, razón suficiente para que la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas sea en definitiva de noventa y seis (96) meses, pero por las precisas razones acabadas de explicitar.

Ahora bien, se ha establecido por esta Sala (SP4327–2015, 16 abr. 2015, rad. 43870), que:

“[c]uando concursan conductas punibles en donde por lo menos una de ellas tiene prevista pena de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas como principal, la inhabilitación respecto de los otros delitos, que por igual concursen, a pesar que de conformidad con lo consagrado en el inciso 3º del artículo 52 del Código Penal son accesorias, debe entenderse que todas se reputan como principales”.

En consecuencia, es preciso modificar la sentencia de segundo grado en el sentido de precisar que la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de noventa y seis (96) meses, que se impone como pena principal.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. No casar la sentencia, por razón del cargo formulado por la defensa de A. A. C. L. y S. C. A.

2. Casar de oficio y parcialmente la sentencia impugnada, para tomar las siguientes decisiones:

a). Declarar la prescripción de la acción penal respecto de la conducta punible de falsedad material en documento público, por la cual fueron procesados A. A. C. L. y S. C. A. Por consiguiente, decretar en su favor la preclusión de la investigación con ocasión de dicho comportamiento delictivo.

b). Fijar en noventa y seis (96) meses de prisión, la pena principal privativa de la libertad que deben descontar los sentenciados A. A. C. L. y S. C. A.

c). Señalar como pena pecuniaria a cargo de A. A. C. L. y S. C. A., una multa de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266,66) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ocurrencia de los hechos.

d). Fijar en noventa y seis (96) meses, como pena principal, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuesta a A. A. C. L. y S. C. A.

3. Declarar que los restantes ordenamientos del fallo impugnado, se mantienen incólumes.

4. Informar a partes e intervinientes que contra la presente sentencia no procede recurso alguno

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

17 Fl. 30, cdno. 3.

18 CSJ SP, 13 sep. 2006, rad. 20345 y SP, 19 oct. 2006, rad. 22432.

19 CC C–1178–2001 y C–591–2005.

20 Expresada en sus alegatos, al decir que fue el denunciante quien acudió a argucias para hacerse al dinero producto de la venta del inmueble y como la acusada no accedió a sus pretensiones sexuales, urdió la estratagema, finalmente admitida por la justicia.

21 Solo es posible alegar las nulidades, expresamente previstas en la ley.

22 Aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales.

23 No puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo que se trate de ausencia de defensa técnica.

24 No es dable declarar la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad prevista por la ley. Como las formas no son un fin en sí mismo, a pesar que el acto procesal no se ajuste estrictamente a las formalidades preestablecidas en la ley para su producción, lo importante es que se haya alcanzado la finalidad para la cual está destinado.

25 Quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación y/o el juzgamiento y que la magnitud del defecto tenga incidencia en el sentido de justicia incorporado a la sentencia.

26 La declaratoria de nulidad debe ser el único remedio procesal para subsanar el yerro detectado.

27 Sentencia de casación del 4 de febrero de 2009, radicado 30.363.

28 Fl. 2 del memorial y 181 de la carpeta 2.

29 A fls. 176 y 177 de la carpeta 2 se lee: “Es claro para la defensa que los parámetros de pertinencia, conducencia, y utilidad dadas por mis antecesores eran claras para la producción y aducción, se daban los citados presupuestos y que fueron planteadas por la defensa técnica en su momento, las pruebas aludidas y que se encuentran en el registro del record de la mencionada actuación, cumplían con lo ordenado por nuestro ordenamiento procesal penal colombiano y que solo fue un acto arbitrario por parte de la directora del asunto en cuestión, acto que declara cercenado el derecho defensivo de los señores C. A. y C. L. como el defensor técnico, desequilibrando la igualdad de armas” [negrilla original del texto].

30 Fl. 11 de la sentencia de primera instancia y 164 de la carpeta 2.

31 Record 11001600004920091043900_110013109019_4, del CD marcado como 12, minuto 00:36.

32 Ib. minuto 00:40.

33 Ib. minuto 01:21 a 02:42.

34 Fls. 11 y 12 de la sentencia de primera instancia, 164 y 165 de la carpeta 2.

35 Fl. 10 del fallo de primer grado, 165 de la carpeta 2.

36 Fl. 8 de la sentencia de segunda instancia y 18 del cdno. 3 del tribunal.

37 Ib.

38 Inciso modificado por el artículo 16 de la Ley 1719 de 2014: El término de prescripción para las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de derechos humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado será de treinta (30) años. En las conductas punibles de ejecución permanente el término de prescripción comenzará a correr desde la perpetración del último acto. La acción penal para los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra será imprescriptible.

39 La mitad de nueve (9) años, es igual a 4,5 años.

40 Fls. 14 a 16 del fallo de primer grado, 159 a 161 de la carpeta 2.

41 Dicho guarismo surge de la operación: 200 [multa por el punible de fraude procesal] + 66,66 [monto en que se dosificó la multa para el delito de estafa] = 266,66.

42 “ART. 59.—Motivación del proceso de individualización de la pena. Toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena”.

43 “ART. 51.—Duración de las penas privativas de otros derechos. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco (5) a veinte (20) años, salvo en el caso del inciso 3º del artículo 52 […]”.

44 Entre ellos, el de fraude procesal por el que se condenara a los procesados.

SALVAMENTO DE VOTO

Casación 46388

No comparto la decisión mayoritaria de la Sala en cuanto el juicio lo circunscribe por el delito de fraude procesal, conducta que a mi modo de ver corresponde a la obtención de documento público, por las razones que he venido expresando, entre otros, en la casación con radicación 43716.

Cordialmente,

Eugenio Fernández Carlier

Fecha ut supra