Sentencia SP12550-2015/46463 de septiembre 16 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP12550-2015

Rad.: 46463

Aprobado Acta 321

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil quince

«EXTRACTOS: Consideraciones de la Corte

En la referida decisión del 11 de agosto del corriente año, la Sala encontró necesario verificar si hubo menoscabo a las formas propias del juicio y las garantías que le asisten al procesado J. J. M. M., porque en el proceso de dosificación punitiva, se desconoció el principio de legalidad.

En efecto, del recuento objetivo de la actuación procesal advierte la corporación la concurrencia de irregularidad generadora de clara violación a garantías fundamentales del acusado, cual es la legalidad de la pena accesoria de la privación del derecho a la tenencia y porte de arma, que activa la facultad oficiosa de la Corte para controlar la legalidad y constitucionalidad de la sentencia.

Ello, porque en el fallo condenatorio proferido por el Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Roldanillo, confirmado en ese aspecto por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, se impuso al mencionado dicha pena accesoria por un lapso de 108 meses, es decir, 9 años, sin haber acudido al sistema de cuartos regulado en el artículo 61 del Código Penal.

En efecto, luego de determinar la pena principal restrictiva de la libertad, el juzgador de primera instancia señaló: “Penas accesorias. Concurrente con esta sanción y por mandato legal, la pena accesoria de inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la privación del derecho al porte o tenencia de armas de fuego, por el mismo periodo de la pena principal”.

Desatendió, entonces, que el artículo 51 de la citada codificación, al regular lo atinente a la “duración de las penas privativas de otros derechos”, estableció que dicha restricción va de uno (1) a quince (15) años.

En esa medida, la Sala ha considerado en otras ocasiones que en su imposición el juzgador debe atender a las directrices legalmente establecidas para ello, esto es, acudiendo al sistema de cuartos previsto en el artículo 61 Ibídem (entre otros, CSJ SP 16880, dic. 10/2014, rad. 42432; CSJ SP 17166, dic. 16/2014, rad. 42536; CSJ SP 3441, mar. 25/2015, rad. 45317; y CSJ SP 4322, abr. 16/2015, rad. 45399).

Así las cosas, para corregir el yerro de las instancias se hace necesario dividir el monto de la sanción entre cuatro, con el objeto de obtener el ámbito de movilidad punitiva.

Por consiguiente, si entre el mínimo y el máximo hay 14 años, cada cuarto de movilidad sería de tres (3) años y (6) meses.

La operación respectiva arroja el siguiente resultado:

• Cuarto mínimo: de un (1) año a cuatro (4) años y seis (6) meses.

• Cuartos medios: de cuatro (4) años y seis (6) meses a ocho (8) años y de ésta proporción a once (11) años y seis (6) meses.

• Cuarto máximo: de once (11) años y seis (6) meses a quince (15) años.

Ahora bien, para establecer el monto de la sanción accesoria, deben tenerse en cuenta los parámetros empleados por el fallador a quo cuando abordó el tema de la determinación de la sanción corporal para el atentado contra la seguridad pública.

Recuérdese que en ese proceso, el juzgador estimó ubicarse en el primer cuarto, oscilante entre 108 y 117 meses de prisión, y dentro del mismo aplicó el mínimo punitivo, para fijar una pena de 108 meses de prisión.

Aplicando idéntica regla en la tasación de la sanción accesoria de la privación del derecho a la tenencia y porte de arma, la misma se ubica en el primer cuarto y dentro de él se opta por la menor penalidad, esto es, de un (1) año.

Por lo tanto, la Sala casará oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado y, en consecuencia, disminuirá a esa proporción la referida pena accesoria, impuesta al enjuiciado M. M.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justica en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR de oficio y parcialmente la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, el 28 de abril de 2015, confirmatoria de la emitida por el Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Roldanillo, el 27 de noviembre de 2014, en el sentido de fijar en un (1) año la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma que debe purgar el procesado J. J. M. M., condenado como autor de la conducta punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

2. En lo demás se mantiene el fallo incólume.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen».