Sentencia SP12792-2016 de septiembre 7 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

SP12792-2016

Radicación: 42477

(Aprobado Acta 286).

Bogotá, D.C., siete de septiembre de dos mil dieciséis.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cargos primero y segundo

Dado que los dos primeros reproches tienen el mismo supuesto fáctico y jurídico, su análisis se hará en conjunto, tal como lo proponen las Delegadas de la Fiscalía y del Ministerio Público.

Ciertamente, a través de prueba idónea objeto de estipulación, el proceso determinó que, como consecuencia de los hechos objeto de juicio, a L.H. se le causaron lesiones que le produjeron una incapacidad para trabajar de 20 días y deformidad física que afecta el rostro, cuyo carácter transitorio o permanente no se estableció ante la imposibilidad de practicar un tercer dictamen, no obstante que en el segundo se precisó que la víctima presentaba “fisura leve en comisura labial derecha poco visible no ostensible”; a G.A.T.C. y a J.C.Q.A. unas que les ocasionaron incapacidad definitiva para trabajar de 15 y 12 días respectivamente y a C.J.P.C. lesiones que le generaron incapacidad para laborar de 45 días y como secuelas “deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, pérdida anatómica del miembro inferior derecho de carácter permanente y perturbación funcional de miembro inferior derecho y perturbación funcional de órgano de la locomoción…”.

Significa lo anterior que, desde el punto de vista de la sanción, la conducta cometida contra L.H., dada la unidad punitiva de que trata el artículo 117 de la Ley 599 de 2000 y que por lo menos la deformidad física en el rostro a ella producida debe calificarse como transitoria, se pune con privación de libertad máxima de 12 años; las ejecutadas contra T.C. y Q.A. con prisión máxima de 3 años y aquella de que fue víctima P.C., según el artículo 116 del Código Penal, con 20 años de prisión como tope superior.

Luego, para efectos de prescripción y entendido de conformidad con el artículo 83 ídem que antes de la formulación de la imputación el lapso que la configura equivale al máximo de la pena fijada en la ley y que después de dicho acto corresponde a la mitad, sin que en ningún caso sea inferior a 3 años, según lo señala el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, quiere decir que en este evento, como lo pretende el casacionista y avalan la Fiscalía y la Procuraduría, el fenómeno prescriptivo se concretó en relación con las conductas de que fueron sujetos pasivos T.C. y Q.A.

Es que si a dichos comportamientos corresponde un máximo punitivo de 3 años de prisión, la extinción de su acción penal acaece, luego de la formulación de la imputación y hasta antes de que se dicte sentencia de segunda instancia, (dado que con ésta y por virtud del artículo 189 del Código de Procedimiento Penal se suspende el término de prescripción), por el paso de un tiempo no inferior a 3 años, el que ciertamente transcurrió entre aquél acto, celebrado el 10 de septiembre de 2009 y la fecha de emisión del fallo de segunda instancia que lo fue el 22 de julio de 2013.

Por ende, en esas condiciones los cargos examinados resultan fundados, de modo que se casará parcialmente la sentencia impugnada en cuanto hace relación a los delitos de lesiones personales de que fueron víctimas G.A.T.C. y J.C.Q.A. imputados a los acusados y en su lugar se declarará extinguida, por prescripción, la acción derivada de ellos, se cesará todo procedimiento que por los mismos se adelante en contra de los procesados y se disminuirá la pena en los cuatro meses que por su concurrencia aumentó el juzgador, así como dos tercios de un salario mínimo equivalentes al incremento de la sanción pecuniaria, tal como lo solicita el demandante.

De otro lado, en los términos dichos, carece de sustento la apreciación de la agencia del Ministerio Público cuando aborda el examen de los tres cargos finales, acerca de que la acción penal por las lesiones causadas a L.H. también prescribió, a no ser que solamente y de modo equívoco se tenga en cuenta el resultado lesivo referido a la incapacidad para trabajar, pero no la secuela que, según ya se dijo, lo fue de deformidad física en el rostro de carácter transitorio, tal como lo revelan los dictámenes médicos practicados a la agredida, evento al cual se asigna, según ya quedó reseñado, una pena máxima de 12 años de prisión, luego es evidente que su prescripción se produciría por el transcurso de un período no inferior a 6 años, el que desde luego no ocurrió.

También deviene sin sustento jurídico la solicitud de la apoderada de la víctima, en su condición de no recurrente, acerca de que se desestimen estas censuras, porque a su entender el lapso prescriptivo no corresponde al señalado en el artículo 83 del Código Penal, sino al que es posible calcular a partir del artículo 31 de la misma obra debido a que se trató de un concurso delictual, puesto que desconoce un esencial parámetro legal fijado para estos propósitos y establecido en el inciso final del artículo 84 del Código Penal, de conformidad con el cual “Cuando fueren varias las conductas punibles investigadas y juzgadas en un mismo proceso, el término de prescripción correrá independientemente para cada una de ellas”.

Cargo tercero

Tres motivos expone el censor en el propósito de que se declare la nulidad del juicio oral por infracción de su estructura con incidencia en el derecho de defensa porque: i) se permitió a los apoderados de víctimas intervenir ilimitadamente en los interrogatorios a testigos durante el desarrollo de aquél acto; ii) en desmedro del equilibrio entre partes y de la igualdad de armas, se posibilitó la intervención de un número superior de apoderados de víctimas en comparación con el único defensor que participó en favor de los intereses de los tres acusados y iii) al Tribunal le fue imposible conocer el contenido del testimonio rendido por L.H., especialmente el contrainterrogatorio, debido a problemas de audio.

Sin embargo y como unánimemente lo deprecan las Delegadas de la Fiscalía y de la Procuraduría y la apoderada de la víctima, ninguno de ellos apareja en verdad la extrema solución que demanda el casacionista.

i) Por lo primero, es cierto que de conformidad con la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia C-209 de 2007, en el ejercicio de las facultades por parte de la víctima “existe una razón objetiva que justifica la limitación de los derechos de la víctima, como quiera que su participación directa en el juicio oral implica una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio que comporta una alteración sustancial de la igualdad de armas y convierte a la víctima en un segundo acusador o contradictor en desmedro de la dimensión adversarial de dicho proceso;

…esta omisión no genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal, sino que busca evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en el juicio oral dados sus rasgos esenciales definidos por el propio constituyente;

…tampoco supone un incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, como quiera que la posibilidad de que la víctima (o su apoderado) intervenga para controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en el juicio oral, se ejercerá a través del fiscal con base en la actividad propia y en la de las víctimas en las etapas previas del proceso, según los derechos que le han sido reconocidos en esta sentencia y en la ley. En efecto, a lo largo del proceso penal, en las etapas previas, la víctima ha podido participar como interviniente especial en la construcción del caso para defender sus derechos, de tal forma que en el juicio mismo éstos se proyectarán mediante la actividad fiscal.

No obstante, la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos en la etapa del juicio sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propio caso al margen del Fiscal. El conducto para culminar en esta etapa final del proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Así, por ejemplo, éste podrá aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, pero solo el fiscal tendrá voz en la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas acusadas. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho de impugnarla, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 906 de 2004”.

Por lo mismo, también es cierto que la víctima no tiene condición de parte (solamente lo son Fiscalía y acusado), sino de un interviniente especial, esto es, aunque carece de las mismas facultades del procesado y del acusador, sí está dotada de unas características especiales que la facultan a participar de manera activa en el desarrollo del proceso, lo cual es más directo en las etapas anteriores y posteriores al juicio oral, porque en éste es pasiva, dado el carácter del debate probatorio que solamente se da entre adversarios, lo cual impone la intervención exclusiva del acusador y la defensa.

Todo lo cual indica, en principio, que la argumentación expuesta al efecto por el censor se evidencia idónea ya que como él lo resalta, la Sala (Auto nov. 28/2012, rad. 35676) ha entendido que “La Corte Constitucional en la Sentencia C-209 de 2007, …al referirse a las facultades probatorias de las víctimas en el proceso regido por la Ley 906 de 2004, fijó las fronteras de este ejercicio en las distintas etapas del proceso, sentando como principio general que en las fases precedentes al juicio esta potestad puede ser ejercida directamente por la víctima o su representación judicial de manera autónoma, pero que en el desarrollo del juicio oral sólo puede hacerlo en forma indirecta y limitada, a través del titular de la acción penal.

En concreto se dijo que su intervención directa en este momento procesal con pretensiones acusatorias o probatorias resultaba incompatible con los rasgos estructurales y las características esenciales del sistema oral, por no ser parte, sino interviniente especial, y porque su participación en dichos términos podía generar un desequilibro inadmisible en el debate oral que atentaba contra el principio de igualdad de armas, razones por las cuales la facultad de controvertir pruebas y de interrogar a los testigos solo podía ejercerla a través del fiscal, siéndole permitida su intervención directa únicamente para presentar alegaciones finales.

También esta Sala se ha referido al punto, en decisiones en las que ha destacado igualmente la necesidad de que la intervención directa de la víctima en el juicio oral se limite a los alegatos de conclusión, y que sus aportes o inquietudes probatorias se canalicen a través de la fiscalía, en razón al carácter adversarial del sistema, que sólo admite la intervención de dos contrarios en el debate probatorio (fiscalía y defensa), sin que su participación implique menoscabo de la autonomía del fiscal ni desplazamiento de su condición de titular de la acción penal.

Esto conduce a concluir que la facultad de intervención indirecta que la normatividad le reconoce a la víctima en desarrollo de la función de incorporación y contradicción de la prueba en el juicio oral, debe ser compatible con los contenidos de la acusación y la teoría del caso de la fiscalía, con quien debe hacer causa común, pues de no presentarse esta comunión de intereses, la unidad y univocidad de la pretensión del ente acusador se verían afectadas por la introducción de propuestas disonantes, lo cual vendría a desconocer los soportes estructurales del sistema.

Con el fin de evitar este tipo de situaciones, es precisamente que no se le permite a la víctima presentar por separado teoría del caso, ni intervenir de manera independiente en la incorporación y contradicción de la prueba, y que solo está autorizada para hacerlo a través del fiscal, a condición de que lo haga respetando su autonomía, pues como sujeto interviniente no puede pretender sustituirlo en su carácter de parte, ni desplazarlo, ni asumir sus funciones, ni direccionar sus intervenciones, ni imponerle la forma como debe conducir el debate probatorio o la solución que debe darle al asunto.

Lo ideal, por supuesto, es que en la pretensión de realizar los principios de verdad, justicia y reparación, actúen mancomunadamente, aunando esfuerzos y conciliando intereses, y que las diferencias que puedan existir se resuelvan en favor de una pretensión unificada, pero en caso de existir posturas incompatibles o desacuerdos irreconciliables, que no se descartan, como ya lo ha reconocido la Corte en otras oportunidades, lo razonable es que la representación de las víctimas respete las directrices trazadas por el ente acusador, y ejerza el derecho de contradicción a través de las alegaciones finales y la interposición de los recursos correspondientes”.

No obstante lo anterior y si bien se comprende constituida una irregularidad en este asunto en la medida en que se permitió por el juzgador durante la audiencia de juicio oral la participación ilimitada de los apoderados de víctimas en el interrogatorio a los testigos, es claro, por un lado, que en relación con la misma, como lo señalan la Delegada de la Fiscalía y la abogada de P., el censor no acreditó su trascendencia y de otro, según lo sostiene el Ministerio Público, de asignársele dicho carácter la solución no es ciertamente la anulación del juicio oral.

Es que, dada la realidad procesal, si bien es cierto los citados intervinientes interrogaron a los testigos en el juicio, no menos lo es que ello por sí mismo no incidió en el sentido de la sentencia recurrida, es decir no se advierte de qué manera, por haber tenido lugar los interrogatorios aludidos, tal práctica fue determinante para el sentido de la decisión de fondo. Baste simplemente con eliminar la irregular actuación y el resultado no se acredita que pudiera ser diferente; no demostró el censor que si no hubieren existido los irregulares interrogatorios la situación de sus defendidos habría sido sustancialmente diversa a la declarada en el fallo cuestionado.

Reiterativa es la Corte en afirmar que cuando la nulidad constituye motivo de casación, es imprescindible que el razonamiento que sustenta el cargo acredite que la irritualidad detectada le generó al procesado un perjuicio evidente y trascendente que deba ser corregido en esta sede, con un efecto benéfico simultáneo para el procesado.

“…impera señalar que, aun cuando tiene dicho la Sala que la postulación de vicios de nulidad en sede de casación flexibiliza el rigor técnico que se espera de cualquier escrito que sustente el recurso extraordinario, ello por sí sólo no exime al demandante de deber de (…) demostrar la trascendencia directa que el yerro de actividad refleja en el fallo y por qué, de no haber mediado el mismo, el desarrollo de la actuación sería otro y, por consiguiente, otra la decisión final, pues sólo así es factible demostrar que la irregularidad denunciada solo puede remediarse por medio de la declaración de nulidad” (Sent. mar. 7/2006, rad. 24132).

Es patente por eso que de la actuación procesal debe surgir incuestionablemente que la corrección de la irregularidad denunciada es propicia para conseguir un efecto benéfico cierto, no apenas hipotético, en el sentido del fallo, o al menos representar una mejora sustancial a la situación del procesado.

En ese orden, el censor ni demostró cuál fue la afectación irrogada a los procesados, más allá de la irregularidad por sí misma, con el hecho de que los apoderados de víctimas hubieren intervenido del modo que lo hicieron en la práctica de pruebas durante el juicio oral, ni acreditó cuál sería el beneficio que le habría reportado a los acusados de no haberse verificado tal anomalía. Nada argumentó acerca de que la sentencia cuestionada se haya sustentado en esos interrogatorios, lo cual en verdad no lo fue, ni nada expone en relación con cuál habría sido el sentido del fallo, o en que habría mejorado la situación de los procesados, si no se hubiere permitido a los apoderados interrogar en la forma en que lo hicieron.

La simple transcripción que hace el libelista, a manera de ejemplo, de algunas preguntas formuladas por los apoderados de las víctimas y las correspondientes respuestas no revelan la extrañada relevancia, sino apenas la configuración de la irregularidad, es decir la permisión de que tales sujetos procesales hubieran intervenido directamente. Es más, si se examina en detalle la participación de dichos apoderados, especialmente en la recepción de los testimonios de A.M.S. y L.D.P., lo que se advierte es la concreción a través de sus cuestionamientos de algunos hechos que eventualmente favorecían la situación de L.F.F.S.

De otro lado, el examen de la sentencia impugnada permite determinar que su principal sustento probatorio lo conforman los testimonios de las víctimas y del ingeniero L.E.G.D. y que si bien acude a las declaraciones de J.H.S., P.G. y V.J.S. no es para individualizar con las mismas la responsabilidad de alguno de los procesados sino para construir un hecho indicante a partir de considerar la oposición de la comunidad en la construcción del relleno, una precedente confrontación con funcionarios de XXX, los ruidos de disparos y la presencia de W.U. en el lugar de los sucesos, todo lo cual se estableció a través de los cuestionamientos que válidamente hicieron la Fiscalía y la defensa, de modo que la participación de los apoderados de las víctimas nada nuevo aportó, ni introdujo algún suceso desconocido que trascendiera en la declaración de condena, tal como se puede apreciar al analizar la sesión del juicio oral llevada a cabo el 17 de octubre de 2012.

La irritualidad denunciada no resulta entonces idónea para determinar el sentido de la decisión cuestionada, la falencia que se invoca aunque evidencia un yerro de actividad, no se reflejó en la parte dispositiva del fallo; nada de ello fue acreditado por el demandante, como tampoco de qué manera la corrección de aquella habría necesariamente modificado la decisión objeto de impugnación.

Pero además de que la irregularidad aducida es intrascendente, también es claro que el remedio no es la invalidez del juicio oral porque aquella fue verificada en el recaudo de los testimonios, luego el efecto no puede ser sino el reseñado por el Ministerio Público, esto es, la exclusión de todas aquellas preguntas formuladas directamente por los apoderados de víctimas y las consiguientes respuestas, sin que con ello se afecte la vigencia del juicio oral con todas sus consabidas fases.

Tal ha sido la solución que la Sala prohijó en la decisión referida por la Delegada de la Procuraduría (Sent. feb. 3/ 2010, rad. 30612):

“La Corte encuentra acertada la decisión del ad quem, pues aunque es cierto que la intervención directa del apoderado de las víctimas en los interrogatorios que tienen lugar en desarrollo del juicio oral no hace parte del esquema acusatorio, también lo es que durante el propio curso del proceso, el Tribunal adoptó un mecanismo válido e idóneo para corregirlo, lo cual resulta acorde con los principios que rigen la declaratoria de las nulidades en la sistemática de la Ley 906 de 2004, en particular el de residualidad; de allí que la invalidación procesal no resulte aplicable al presente asunto, pues el director del proceso logró reponer el equilibrio desconocido —antes de que produjera un efecto perjudicial en la situación del enjuiciado— a través del mecanismo de dejar sin efecto las pruebas irregularmente introducidas, al tiempo que apoyó sus razonamientos probatorios en medios de convicción legalmente aducidos en el juicio.

Ahora bien, el demandante lamenta que el sentenciador se hubiese abstenido de declarar la nulidad y, en su lugar, se hubiera limitado a dejar sin efecto la prueba ilegalmente practicada. En sustento de lo anterior, explica que el interrogatorio a los testigos por el apoderado de las víctimas y del Ministerio Público, no hace parte del sistema acusatorio, en otras palabras —dice— “esas no son las formalidades propias del juicio”, motivo por el cual solamente es procedente la nulidad, a efecto de solucionar el vicio.

Respecto del razonamiento del libelista, la Corte insiste en que la irregularidad, esto es la participación del apoderado de las víctimas y del representante de la Procuraduría en la práctica probatoria, no incidió en el resultado de la decisión. Y lo que es más relevante, admitido que los hechos que denuncia el impugnante en realidad tuvieron lugar, de todos modos, la solución implementada por el juez de conocimiento fue suficiente para eliminar los efectos nocivos del vicio y, por lo tanto, éste no generó mayores consecuencias.

Sobre el preciso asunto que aquí se debate, la Corporación se pronunció en decisión del 6 de marzo de 2008 (rad. 28788), la cual —al contrario de lo que sostiene el recurrente— es aplicable al caso que aquí ocupa la atención de la Corte. En efecto, véase que en aquella oportunidad la Sala resolvió los siguientes cuestionamientos planteados por el recurrente:

“Señala [el demandante] que el juicio fue irregular porque se permitió a la apoderada de la víctima interrogar sin límites, porque los interrogatorios y contrainterrogatorios pueden ser realizados exclusivamente por el fiscal y la defensa.

Además de peticionar que se anule el juicio por violación del debido proceso al haberse autorizado a la apoderada de la víctima a interrogar, reclama que se le absuelva y, subsidiariamente, en cuanto a la pena de prisión impuesta la califica como muy alta y la multa la considera impuesta sin motivación alguna.

Ante la intervención de la representante judicial de la víctima en los interrogatorios y contrainterrogatorios, (el defensor) reclama que por violación del principio de igualdad de armas, que se integra con el debido proceso y el derecho de defensa, se declare la nulidad del juicio porque se presentó un evidente desequilibrio de un defensor contra tres acusadores”.

Como se observa del anterior resumen de lo planteado en la demanda formulada en aquella pasada oportunidad, el fondo de la controversia es similar al que hoy se resuelve en esta providencia. Allí, la Corte expuso los siguientes razonamientos que aquí reitera por encontrar que la identidad en el supuesto de hecho al cual se aplica, así lo permite:

“Empece, de lo ocurrido, la Sala destaca que la irregularidad advertida por la defensa al momento de sustentar el recurso de apelación, no tiene la fuerza suficiente como para generar la nulidad del proceso por las siguientes razones:

En primer lugar se destaca que la estructura del proceso fue respetada. El juicio oral y su desarrollo adversarial se cumplió en términos generales porque tanto la acusación como la defensa cumplieron colmadamente su roles e hicieron pleno ejercicio de sus facultades.

En segundo término, el vicio no fue trascendente en tanto que el fallo no se fundamentó en el conocimiento que de los hechos se derivara de las preguntas presentadas por el Ministerio Público y la apoderada de la víctima y las respuestas dadas a las mismas por los deponentes. En términos generales y específicos se puede destacar que en el presente juicio todo el conocimiento de los hechos y la motivación del fallo de primera instancia, provinieron de lo preguntado por la Fiscalía y la defensa en las oportunidades que les fueron concedidas para interrogar y contrainterrogar a los deponentes.

Además, y en tercer lugar, en los momentos del juicio en que se presentaron las anormales intervenciones del Ministerio Público y la apoderada de la víctima, la defensa no encontró motivos para tachar las mismas y asintió permanentemente al señalar a viva voz que no tenía objeciones”.

El libelista aduce que el aludido pronunciamiento jurisprudencial no es aplicable ahora, pues en todo caso, existió “la violación del debido proceso por modificación de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio”. Al respecto, dígase que el razonamiento así presentado olvida que —tanto en el caso presente, como en aquel que la Corte resolvió en la decisión en cita— de ninguna manera se ha desconocido que la anomalía denunciada haya tenido existencia.

No obstante, la Corporación insiste, una vez más, en que la solución implementada por el sentenciador, cual fue la de excluir de valoración la prueba irregularmente aducida, fue idónea para corregir el desequilibrio denunciado y, más aún, para evitar que aquel tuviera efecto alguno en la decisión de fondo; es así que puede decirse que, en principio, la activa intervención del representante de la víctima está vedada en el proceso acusatorio que regula la Ley 906 de 2004; no obstante, es necesario precisar que en este caso, la irregularidad pregonada recae específicamente sobre la práctica probatoria, motivo por el cual no tiene el alcance que sugiere el recurrente, y es por ello que la solución al yerro no es otra que la exclusión de lo indebidamente introducido en la etapa probatoria del juicio, conservando en todo caso su carácter adversarial, como así lo exige la estructura del sistema acusatorio, y tal como en este caso particular lo hizo el sentenciador.

Por lo tanto, al subrayar el recurrente la irritualidad pregonada y decir que “esas no son las formas propias del juicio”, no logra más que compartir la premisa de la Corte, pero no demuestra —y la Corporación no lo avizora— cómo el mecanismo de corrección de la irregularidad no fue suficiente para corregir la falta y mantener intactas las garantías de los intervinientes, en otras palabras que la corrección adoptada condujo al resultado adverso a los intereses del procesado.

Por otra parte, la Sala estima necesario insistir, respecto de la petición del recurrente en el sentido de anular parte de lo actuado, que, como ya lo ha fijado, si en el origen del vicio que tiene efectos en el debido proceso existe una ilegal aducción probatoria, el remedio no es la invalidación de parte de lo actuado, sino la exclusión de la prueba ilegalmente introducida, con el fin de detener sus efectos perjudiciales. Así lo expresó la Corte en el caso que se viene de citar:

“Adicionalmente, la Corte tiene dicho desde antaño que la ocurrencia de una irregularidad respecto de una prueba eventualmente afecta el medio en cuanto tal pero no tiene el efecto de generar la nulidad del proceso “[L]os vicios predicables de la aducción probatoria no implican, de suyo, la invalidación de todo lo actuado en un determinado proceso, por más que se invoque como infringido el artículo 29 de la Carta Política, pues cuando en esta disposición superior se prescribe que es nula de pleno derecho la prueba practicada con violación al debido proceso, es claro que se está refiriendo al fenómeno de la inexistencia de los actos procesales, cuyos efectos invalidantes se surten sobre la prueba en sí misma, sin que fatalmente deban trascender al resto de la actuación, pues la solución político-jurídica a este tipo de irregularidades es su no apreciación como medio de convicción, es decir, que sin que se requiera pronunciamiento judicial no puede producir efecto jurídico alguno, careciendo de poder vinculante en la actuación, siendo, por tanto, la causal primera la correcta para sustentar esta clase de ataques, debiéndose demostrar que en la producción de la prueba se desconocieron los requisitos legales para su validez y además, que de descartarse para su valoración el fallo sería distinto” (Sent. abr. 20/99, rad. 14143. En el mismo sentido sent. de casación nov. 2/93, rad. 7423), más cuando en el presente asunto no se observa que las pruebas admitidas y los testimonios recepcionados puedan ser calificados como prueba ilícita o ilegal La Sala considera que las únicas pruebas que generan la nulidad de la actuación procesal son aquellas obtenidas mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial” (Sent. jul. 7/2006, rad. 21529).

Lo anterior significa que la solución a la inconformidad planteada por el recurrente no es otra que la negación de todo efecto a la prueba ilegalmente practicada, remedio que —insiste la Corporación— el Tribunal adoptó oportunamente, motivo por el cual —una vez más— la naturaleza adversarial del juicio no se vio afectada.

En conclusión, la irritualidad pregonada no genera un vicio relevante en el debido proceso o en el derecho de defensa”.

Significa lo anterior que de haber resultado trascendentes las preguntas así formuladas por los apoderados de las víctimas y sus consiguientes respuestas la solución no podría ser la de anular el juicio oral, según lo demanda el casacionista, sino la de excluir unas y otras de la valoración judicial.

En este evento, por carecer de tal carácter, deviene improcedente su exclusión.

ii) Como indudable expresión del equilibrio de partes acusadora y acusada y de la igualdad de armas que entre las mismas ha de existir en el sistema procesal adversarial, el artículo 340 de la Ley 906 de 2004 dispone que “de existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral”.

Tal norma fue hallada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-516 de 2007 bajo el entendido de que “la potestad que se confiere al juez de limitar el número de apoderados de las víctimas a un umbral que no podrá exceder al de defensores, promueve finalidades que son legítimas como la de asegurar la eficacia del procedimiento, y establecer un equilibrio entre la acusación y la defensa compatible con el componente adversarial del sistema acusatorio que se proyecta en el juicio oral.

El derecho de intervención de las víctimas no se ve drásticamente afectado puesto que, como se advierte, pueden canalizar su derecho de intervención en el juicio no solamente a través de una vocería conjunta, sino mediante la intervención del propio Fiscal, tal como lo ha señalado la Corte en anteriores oportunidades, refiriéndose al aspecto probatorio y de argumentación. Sobre lo primero ha señalado: “El conducto para culminar en esta etapa del proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal quien debe oír al abogado de la víctima. Así por ejemplo éste podrá aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, pero sólo el Fiscal tendrá voz en la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas acusadas. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho de impugnarla de conformidad con el artículo 177 de la Ley 906 de 2004”.

En cuanto a la intervención de la víctima en el juicio oral, a través del Fiscal, para efectos argumentativos señaló: “[D]ado que en las etapas previas del proceso la víctima ha tenido la oportunidad de participar como interviniente especial para contribuir en la construcción del expediente por parte del fiscal, en la etapa del juicio oral la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propia teoría al margen del fiscal, y en esa medida el ejercicio de sus derechos se materializará a través del Fiscal, quien debe oír el abogado de la víctima. Dada la importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el Fiscal la oiga, el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el Fiscal del caso, decretará un receso para facilitar dicha comunicación”.

Así las cosas, encuentra la Corte que la medida que se analiza no grava de manera desproporcionada el interés de la víctima de intervenir de manera efectiva en el juicio oral; por el contrario, ella resulta compatible con los rasgos del sistema adversarial que se proyectan de manera preponderante en esta etapa del proceso en donde la intervención de la víctima se canaliza (para efectos de la contradicción de la prueba y de la presentación de la teoría del caso) a través del fiscal. La ley prevé la posibilidad de que el representante de la víctima presente directamente los alegatos finales (art. 443), momento en el que operará el umbral de intervención numérica a que se refiere el precepto examinado. Esta medida resulta razonable, en cuanto promueve un desarrollo equilibrado y eficiente del juicio, sin que a la vez genere una intolerable restricción de los derechos de las víctimas que se encuentran garantizados, mediante sus aportes previos para la construcción del caso, la intervención del fiscal, y la vocería concertada de las víctimas en el juicio oral”.

Luego, bajo dichas condiciones resulta innegable la comisión de la irregularidad denunciada por el censor habida cuenta que se permitió la intervención de un número mayor de apoderados de víctimas, frente a un defensor común de los tres procesados, lo cual no implica automáticamente la invalidez de lo actuado, cuando nuevamente incurre el libelista en grave omisión sobre la acreditación de su trascendencia en el sentido del fallo o más específicamente en el derecho de defensa de los acusados.

Más allá de haber denunciado tal anomalía, no demostró el casacionista de qué manera se afectó el derecho de defensa de los acusados, o de qué modo el mayor número de apoderados de víctimas en relación con los defensores incidió en el sentido de la sentencia impugnada o de qué forma habría impactado en el evento de no haberse cometido aquella.

Las mismas consideraciones que sustentaron la indemostración de la trascendencia del reproche en su parte primera, deben aducirse en esta fase de la crítica.

En ese orden y según lo señala la Delegada de la Fiscalía, la censura se queda en un discurso puramente formal sobre las preguntas y el número de intervenciones que el juez permitió hacer a dichos apoderados, pero no se acredita que las mayores garantías otorgadas a las víctimas se haya traducido de una manera real y efectiva en afectación de la defensa del acusado o en las resultas del juicio.

No se acredita que la permisión del juez hubiera afectado o alterado el equilibrio procesal o las garantías de defensa incidiendo ilegítimamente en el resultado adverso a los procesados; el cargo se funda en una referencia numérica de preguntas e intervención de las partes sin que se evidencie garantismo pro-víctima y consecuencial ausencia del equilibrio en detrimento del reo.

De igual modo, según el Ministerio Público, si bien existe un error de estructura éste no alcanza a ser de la trascendencia suficiente para invalidar la actuación, ya que ante la intervención de los dos apoderados, el defensor que lo hizo posteriormente tuvo plena oportunidad para controvertir los argumentos y responder las alegaciones de ambos, siendo la disparidad sólo numérica.

iii) Finalmente, considera el censor infringida la estructura del juicio oral por el hecho de que el testimonio de L.H. resulta en su concepto inaudible, especialmente en el contrainterrogatorio, de modo que en tales circunstancias pudo vulnerarse algunas garantías en tanto le habría sido imposible al ad quem conocer su real contenido.

El reproche, sin embargo, resulta en esos términos especulativo e infundado, no sólo porque el censor no demuestra la denunciada falla, sino porque examinadas las sentencias de instancia en ninguna de ellas se advierte su ocurrencia, mucho menos cuando el ad quem resume, sin problemas de ninguna índole el testimonio de la mencionada L.H., luego el aserto de que el Tribunal no pudo conocer el real contenido de dicho testimonio es apenas una opinión del demandante, carente de fundamento.

Por demás nuevamente incurre el libelista en la omisión de acreditar la trascendencia del vicio invocado; ni siquiera señala cuál habría sido el supuesto contenido dejado de apreciar, ni su incidencia en el sustento de la sentencia.

Por todo lo dicho en precedencia la censura no prospera.

Cargo cuarto

Frente a la temática que se plantea en este reparo, tiene precisadas la Sala como situaciones que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia por violación del deber de motivación, la ausencia absoluta de ella, la incompleta o deficiente, la equívoca, ambigua, dilógica o ambivalente y finalmente la sofística, aparente o falsa.

Ocurre la primera (ausencia de motivación), cuando el juzgador omite precisar los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión; la segunda (motivación incompleta), si deja de analizar uno cualquiera de dichos supuestos, o lo hace en forma tan precaria que no es posible determinar su sustento; la tercera (equívoca), cuando los argumentos que sirven de apoyo a la decisión se excluyen recíprocamente impidiendo conocer el contenido de la motivación, o las razones que se invocan contrastan con la decisión tomada en la parte resolutiva y la última (sofística), si la sustentación expuesta por el fallador contradice en forma grotesca la verdad probada.

También ha entendido que los tres primeros vicios constituyen en estricto rigor técnico un error in procedendo y el cuarto uno in iudicando, de modo que la vía de ataque de aquellos es la causal de nulidad y la del último la violación indirecta de la ley.

Luego en principio resultaría adecuado el reparo que el censor hace en este asunto, al acusar por la senda de invalidez la sentencia impugnada debido a la aducida carencia de motivación, esto es, a la ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos que sustenten la decisión.

Empero, el defecto de motivación que se pretende se exhibe infundado, en tanto que además de que el propio recurrente lo reconoce al transcribir los argumentos del Tribunal, estos se verifican cuando en los cargos 5 a 7 le es posible denunciar, en condición de principales, sendos falsos juicios de existencia por suposición; todo eso permite colegir no que haya ausencia de motivación, sino acaso que la expuesta fue insuficiente o sofística, lo cual es sustancialmente diverso a lo denunciado y obviamente el censor no examina.

Analizado el fallo que se cuestiona bien se advierte que el Tribunal tras determinar su competencia en todo sentido y la ausencia de limitación para decidir, circunscribió el problema jurídico, de acuerdo con los aspectos impugnados, a la tipicidad del delito de hurto también imputado y a la responsabilidad que tanto por éste como por las lesiones personales cabía predicar en contra de los procesados.

Dado que en uno y otro respecto el a quo se fundó en la duda, entró el ad quem a verificar si en verdad ella mediaba en el asunto para aplicar el axioma del in dubio pro reo. Para ese efecto determinó nuevamente los hechos que no daban a discusión y aquellos admitidos a través de estipulación probatoria, incluido el hallazgo durante inspección en el lugar de los hechos de 2 cartuchos de escopeta y un pistón de potencia.

Seguidamente detalló los hechos relevantes que era posible extraer de cada testimonio recaudado en la audiencia de juicio oral; en esencia de L.H. que W.S. era quien lideraba la agresión y ordenaba golpearla y que P.R. también se hallaba en el sitio armado de un palo diciéndole que se cuidara y pensara en su hija, así como hacía presencia F.F. quien a pesar de ocultar su rostro fue identificado al momento en que se le cayó la prenda con que se cubría y así se ratificó en la audiencia; de G.T. en el sentido que un sujeto alto, mono, acuerpado y sin dentadura superior, identificado como W.U.S., además de que era quien organizaba al grupo, golpeó a L. con el palo que portaba como arma; de J.C.Q. en cuanto a que el sujeto mono del que se habla era W.S. a quien señala junto con F.F. como integrantes del grupo agresor; de C.J.P. que si bien no identificó a quien lo hirió con arma de fuego si vio dentro del aquél a W.; del ingeniero L.E.G. que el 15 de julio de 2008, hallándose en el predio donde se adecuaría el relleno, fue abordado por un grupo de sujetos, algunos armados que dispararon al aire, amenazándolo para impedir que se construyera tal obra, lo cual motivó su renuncia y que a través de un material fotográfico suministrado por Lorena reconoció a algunos de quienes lo intimidaron; y de J.B., A.S. y L.D.P. que F.F., aunque no se logró determinar concordante y coherentemente en qué horario, laboró el día de los hechos en la empresa XXX.

Bajo dichos supuestos fácticos y probatorios el Tribunal elucubró:

“El acervo probatorio reseñado, permite superar la pregonada duda por el juzgador de primera instancia, puesto que refulge claramente, por una parte, que la comunidad rural de la cual son miembros los precitados acusados, estaban en desacuerdo con la construcción del relleno sanitario, y si bien, no se acopió información en torno al agotamiento de los procedimientos legales por la empresa XXX para la adecuación del terreno con esa finalidad y de la oposición de los moradores o vecindario del lugar, lo cierto es que habían expresado su rechazo e incluso anunciado acudir a métodos violentos en el evento de que persistieran en el proyecto, así lo hicieron saber en la visita que al terreno hizo el ingeniero L.E.G.D., al punto que producto de la seriedad de las amenazas optó por renunciar; por otra parte es claro que los procesados… son miembros de esa comunidad veredal, reconocidos como líderes de la misma y opositores del relleno sanitario.

De esta forma, el día de los hechos, advertidos nuevamente de la presencia de personal de la precitada empresa en labores de adecuación del terreno —cerramiento— los moradores que rechazaban el proyecto en multitud se dirigen al lugar, armados de palos y escopetas, unos cubriendo el rostro, otros no, en actitud agresiva, vociferante, enardecidos y en esta oportunidad pasan de las amenazas a los hechos con las consecuencias ya conocidas, siendo evidente que el ataque fue dirigido contra los empleados no contra las cosas, que obedecían a plan preconcebido y no por generación espontánea o producto de simple coincidencia, dado que lo concerniente al funcionamiento del relleno sanitario, su rechazo y oposición era asunto conocido al punto de hacer saber que de persistir en tal propósito expulsarían a los funcionarios e impedirían que funcionara.

Por consiguiente, los que en multitud concurrieron lo hicieron al unísono de expulsar a los que habían osado regresar a preparar el predio para el funcionamiento del relleno sanitario del que con anterioridad habían manifestado que no permitirían, por ende, con ese conocimiento y voluntad, unos se arman y cubren los rostros, otros no, pero a todos los animaba el mismo propósito y tan pronto entran en contacto con los empleados de XXX arremeten mediante el empleo de violencia afectando el bien jurídico de integridad corporal y la vida, a tal punto que efectivamente causaron lesiones en nítida expresión de comportamiento doloso y antijurídico, del cual no se aprecia causal de exclusión de responsabilidad, pues, por una parte, no estaban legitimados para ejercer violencia dado que no eran objeto de injusta agresión que ameritara legítima defensa de derechos propios o de terceros, tampoco estaban apremiados por un estado de necesidad por la supervivencia comunitaria, ni en ejercicio de legítimo derecho; por otra parte, bien pudieron comportarse de manera distinta, esto es, conforme a derecho acudiendo a medios legítimos como la pacífica protesta o mecanismos legales previstos para preservar el medio ambiente, el paisaje, la salubridad, etc. si ello era la preocupación central que los motivaba a oponerse al relleno sanitario, pero, se insiste, no es legítimo que acudieran a la violencia como lo hicieron en detrimento de quienes, como los procesados, eran merecedores de igual protección en su vida e integridad personal.

Por tanto, asiste razón a los apelantes en que los hechos ocurridos se enmarcan en la conocida figura jurídica de coautoría, pues los elementos que la integran se cumplen a cabalidad como a continuación se expone con lo ilustrado por la jurisprudencia…”.

Luego de lo cual en efecto transcribió citas jurisprudenciales en torno a ese tema y sus componentes para concluir:

“En este orden, en criterio de la Sala se impone revocar la sentencia absolutoria, dado que no existe duda favorable a los procesados de su participación y responsabilidad penal en el delito de lesiones personales, puesto que la Fiscalía logró probar en grado cierto, esencialmente con el testimonio no desvirtuado de las víctimas, que los precitados procesados, conocidos de antemano como líderes de la comunidad y de abierto rechazo al relleno sanitario, encabezaban el grupo de personas que en masa arremete contra ellos blandiendo y haciendo uso de las armas que portaban —escopetas y palos— causando las lesiones cuya materialidad no se discute pues, fue aceptada acudiendo a la estipulación probatoria y de las mismas todos son coautores por mediar previo acuerdo, distribución de tareas, aporte significativo en aras de la consecución del fin común que no era otro distinto que impedir la adecuación del terreno para el funcionamiento del relleno sanitario...”.

Por todo lo anterior decir entonces que el fallo careció de motivación resulta exclusivamente una afirmación conveniente al censor, pero infundada, porque lo que demuestra la argumentación transcrita es que sí se exhibió una que examina los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentaron la condena.

Aquí no hay una escueta o lacónica mención de las pruebas como lo señala equivocadamente el demandante; se extrajo por el contrario su contenido esencial, se dio por creíble y con base en los hechos conocidos a través de las mismas, se coligieron o infirieron los elementos dogmáticos que en torno a la coautoría impropia sustentaban la responsabilidad de los acusados, cuya presencia en el lugar de los hechos se dio por demás acreditada con las precitadas declaraciones.

La sola transcripción que hizo el libelista, así como la proposición de cargos en condición también de principales por error en la valoración probatoria, evidencia cuan infundado se presenta su ataque; diferente es que no esté de acuerdo con aquella o que no le resulten explícitos los elementos argumentativos que dice ausentes.

Por lo mismo y dado lo transcrito textualmente no es cierto que el juzgador haya considerado probados unos hechos sin indicar cuál prueba los sustentaba, tampoco lo es que nunca se señaló de donde derivó el acuerdo previo, o el aporte esencial en fase ejecutiva, valga simplemente advertir cómo a su demostración llegó por la conjunción de una vía directa y otra inferencial no sólo a partir de constatar con las pruebas dichas la presencia de los acusados en el lugar y de su personal agresión por algunos contra las víctimas, sino por las circunstancias antecedentes que permitieron establecer su oposición al relleno sanitario y la eventual incursión en vías de hecho violentas si se persistía en él, a juzgar por las amenazas de que fue sujeto el ingeniero G.D.

Es decir, de acuerdo con los argumentos del Tribunal no se trató de una agresión que surgió de manera espontánea en los vecinos del proyecto o en sus líderes comunales, ella se hallaba antecedida por una oposición férrea a la construcción de la cuestionada obra y por amenazas de acudir a métodos violentos, luego sin lugar a dudas eso permitió al ad quem inferir que sí existió un plan previo para lesionar que se vio reflejado en la presencia tumultuosa de personas, en el porte de armas de fuego y contundentes, en el ocultamiento de su rostro por algunos, en la específica presencia dentro de ese grupo de los tres procesados y en la precisa agresión que en palabras de las víctimas ejercieron W.S. y P.R., así como en el ocultamiento que de su rostro hizo sin éxito F.F.

Por tanto, carece también este reparo de prosperidad.

Cargos quinto a séptimo

Según igualmente lo proponen las Delegadas de la Fiscalía y de la Procuraduría, estos reproches se examinarán en forma conjunta, toda vez que se sustentan en los mismos supuestos fácticos y casacionales, en cuanto acusan la sentencia de incurrir en error de hecho por falso juicio de existencia al suponer la prueba que acreditó los elementos de la coautoría.

Empero, tal como se dejó sentado en la respuesta al anterior reproche es evidente cuan infundados resultan los que ahora se examinan, al igual que la argumentación y consecuente solicitud del Ministerio Público acerca de que se case parcialmente la sentencia recurrida para absolver a P.R.

Sea lo primero en ese propósito relievar cómo el casacionista y en algunos pasajes la Delegada de la Procuraduría, confunden coautoría propia con la impropia al exigir la existencia de prueba que demuestre que fue éste o aquél procesado el que materialmente propinó el golpe o el disparo a una u otra víctima, no obstante ser claro que la primera se presenta cuando varios individuos mediante acuerdo previo o concomitante realizan la conducta, pero todos actualizan el verbo rector definido en el tipo; que en la segunda hay división de trabajo, al punto que incluso algunos pueden realizar comportamientos objetivamente impunes, pero que por el acuerdo expreso o tácito de voluntades y la identidad en el delito se hacen responsables de todo.

En estos casos de coautoría impropia, la producción del resultado típico es producto de la voluntad común, en forma tal que si bien en principio podría afirmarse que cada conducta aisladamente valorada no posibilita su directa adecuación, el común designio que ata a la totalidad de cuantos intervienen con actos orientados a su ejecución, rechaza un análisis sectorizado de cada facción e impone por la realización mancomunada que desarrolla el plan urdido, que sólo pueda explicarse bajo la tesis de la coautoría impropia, en tanto compromete a todos los copartícipes como si cada uno hubiere realizado la totalidad del hecho típico y no, desde luego, por la porción que le fue asignada o finalmente ejecutó.

Por ello el referido argumento del casacionista deviene inadmisible, porque desconoce el principio de imputación recíproca propio de esta clase de coautoría, según el cual los resultados lesivos que cada uno de los partícipes realice les serán atribuibles a los demás.

Que en términos del demandante no se hubiere probado que fue alguno de los tres procesados el que disparó un arma de fuego contra J.P. o que alguno de ellos fue el que golpeó a L.H., o que no hay, según la agencia del Ministerio Público, prueba de que P.R. ejecutó aquél o este comportamiento, ello en nada exime de responsabilidad a los sentenciados, porque de conformidad con el citado principio de imputación recíproca que gobierna la coautoría, cuando para la ejecución de la conducta existe acuerdo de voluntades, tácito o expreso, los resultados lesivos que perpetre cada uno de los coautores en orden a la realización del plan común son imputables a todos los demás, incluyendo aquellas contribuciones que individualmente consideradas no sean constitutivas de delito.

También desconoce el censor que en cuanto hace al acuerdo éste puede ser previo o concomitante al hecho ilícito y tácito o expreso, no necesariamente ha de ser antecedente ni explícito.

En tales condiciones y como ya se dijo, dado lo transcrito textualmente sobre la argumentación del ad quem, no es cierto que éste haya dado por probados unos hechos sin indicar cuál prueba los sustentaba, tampoco lo es que nunca se señaló de donde derivó el acuerdo previo, o el aporte esencial en fase ejecutiva, valga simplemente advertir cómo a su demostración llegó por la conjunción de una vía directa y otra inferencial no sólo a partir de constatar con las pruebas dichas la presencia de los acusados en el lugar y de su personal agresión por algunos contra las víctimas, sino por las circunstancias antecedentes que permitieron establecer su oposición al relleno sanitario y la eventual incursión en vías de hecho violentas si se persistía en él, a juzgar por las amenazas de que fue sujeto el ingeniero G.D.

En ese orden, se examinó que todas las pruebas dieron a conocer que en el sector se pretendía construir un relleno sanitario; que a tal proyecto se oponía la comunidad liderada por los acusados; que éstos, según relato del mencionado ingeniero y el reconocimiento que a través de fotografías efectuó ya habían en días anteriores manifestado su férrea oposición a que tal obra se adelantara y de acudir en caso de que se prosiguiera a la violencia; y que en efecto el día de los hechos se reunieron varios miembros de la comunidad, incluidos los acusados y portando armas de fuego y contundentes, algunos encapuchados, materializaron la amenaza de utilizar vías de hecho violentas.

Luego, según lo auscultó el Tribunal, esos supuestos fácticos demostrados a través de la prueba testimonial ya antes reseñada, permitió establecer una serie de hechos indicantes que sin lugar a dudas demostraron que no se trató de una protesta que se diera por generación espontánea; resulta imposible tal aserto cuando en días anteriores se había proferido amenazas de acudir a actos de agresión.

Sofísticamente por demás admite el censor la existencia de dicho convenio pero no para lesionar, sino para oponerse al relleno sanitario, pero olvida considerar que de conformidad con la prueba testimonial ya se había advertido en precedencia la posibilidad de concretar su negativa por intermedio de la violencia, luego aunque se pudiera aceptar que había un acuerdo para un fin acaso lícito, también debe admitirse que lo había desde antes para la utilización de ciertos medios que no resultaban, ni resultaron ajustados a la ley.

No hay en el anterior contexto elemento de juicio alguno que permita señalar que el juzgador supuso la prueba del acuerdo y del aporte significativo en fase de ejecución; por el contrario, lo que se observa es que a través de indicios, ya antes explicados con suficiencia, dio por acreditados tales elementos compositivos de la coautoría impropia a partir de la presencia de los acusados en el lugar de los hechos, de la actitud de liderazgo asumida por los mismos, del porte de un arma contundente por P.R. o de la pretensión de F. de ocultar infructuosamente su identidad.

Por eso, esta censura, ni la petición del Ministerio Público, pueden prosperar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar parcialmente el fallo impugnado en relación con los delitos de que fueron víctimas G.A.T.C. y J.C.Q.A.

2. Respecto de los mismos declarar extinguida por prescripción la correspondiente acción y cesar todo procedimiento que por ellos se adelanta en contra de W.U.S.H., P.A.R.F. y L.F.F.S.

3. En consecuencia, disponer que corresponde a cada uno de los sentenciados una pena principal de noventa y ocho (98) meses de prisión y multa por valor equivalente a 33,66 salarios mínimos mensuales legales, como coautores responsables de los punibles de lesiones personales de que fueron víctimas L.H.R. y C.J.P.C.

En lo demás la sentencia recurrida permanece incólume.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen».