Sentencia SP12911-2014 de septiembre 24 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 40190

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

(Aprobado acta 318)

Bogotá, D.C., veinticuatro de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Primer Cargo.

Según el impugnante, el fallo atacado se profirió en un juicio viciado de nulidad por cuanto en la fase de la instrucción operó el fenómeno de la prescripción de la acción penal en relación con el delito de falsedad ideológica en documento público.

En orden a resolver el problema jurídico planteado por el casacionista, valga decir, si la acción penal prescribió antes de quedar ejecutoriada la resolución acusatoria, es menester abordar los siguientes aspectos: (i) cuál es la norma sustancial que regula el caso concreto de conformidad con los principios de legalidad y favorabilidad que rigen la actuación penal; (ii) establecer si en el asunto examinado resulta aplicable el artículo 531 de la Ley 906 de 2004; y, finalmente, (iii) determinar, de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 83 a 86 del Código Penal, si la presente acción penal se encuentra o no prescrita.

1.1. El canon 29 de la Carta Política consagra una de las garantías más caras al Estado social de derecho, que a la vez se establece como límite al ius puniendi, reproducida igualmente en los códigos adjetivos penales —L. 600/2000, art. 6º, y L. 906/2004, art. 6º—, bajo el epígrafe de principio de legalidad, como una expresión del debido proceso en materia penal.

De acuerdo con la referida norma superior “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

En relación con el principio de legalidad en sentido lato, la Corte Constitucional tiene dicho:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución, “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”.

Esta disposición consagra el principio de legalidad de los delitos y de las penas, que desde la época de la Revolución Francesa protege la libertad individual contra la eventual arbitrariedad de los jueces y garantiza la igualdad de las personas, y que en su sentido amplio comprende:

i) la reserva legal, como expresión de la soberanía popular y del principio democrático (C. Pol., arts. 1º y 3º), en virtud de la cual la definición de las conductas punibles y sus sanciones, que constituyen una limitación extraordinaria a la libertad individual, por razones de interés general, está atribuida al Congreso de la República como órgano genuino de representación popular, lo cual asegura que dicha definición sea el resultado de un debate amplio y democrático y que se materialice a través de disposiciones generales y abstractas, impidiendo así la posibilidad de prohibiciones y castigos particulares o circunstanciales y garantizando un trato igual para todas las personas;

ii) la irretroactividad de las leyes que crean delitos o aumentan las penas, para evitar la imposición de sanciones ex post facto, esto es, con posterioridad a los hechos, respecto de conductas realizadas en ejercicio de la libertad legítima, de tanto significado en un Estado liberal, cuando no existía ninguna prohibición (C. Const. C-238/2005).

Y en cuanto al mencionado axioma en sentido estricto, el máximo Tribunal Constitucional ha señalado:

8. El principio de legalidad penal constituye una de las principales conquistas del constitucionalismo, pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que les permite conocer previamente las conductas prohibidas y las penas aplicables. De esa manera, ese principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que los tratados de derechos humanos y nuestra Constitución lo incorporen expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (C.N., art. 29)(1).

Esta Corte ha precisado además (ver Sent. C-559/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamentos 15 y ss.) que en materia penal, el principio de legalidad en sentido lato o reserva legal, esto es, que la ley debe definir previamente los hechos punibles, no es suficiente, y debe ser complementado por un principio de legalidad en sentido estricto, también denominado como el principio de tipicidad o taxatividad, según el cual, las conductas punibles y las penas deben ser no solo previa sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que la labor del juez penal se limite a verificar si una conducta concreta se adecua a la descripción abstracta realizada por la ley. Solo de esa manera el principio de legalidad cumple verdaderamente su función garantista y democrática, pues solo así protege la libertad de las personas y asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal. En efecto, únicamente si las descripciones penales son taxativas, pueden las personas conocer con exactitud cuáles son los comportamientos prohibidos, y la labor de los jueces, en el proceso de adecuación típica, se limita a determinar si, conforme a los hechos probados en el proceso, el acusado cometió o no el hecho punible que se le imputa.

9. El principio de taxatavidad penal implica no solo que las conductas punibles deben estar descritas inequívocamente sino que las sanciones a imponer deben estar también previamente predeterminadas, esto es, tiene que ser claro cuál es la pena aplicable, lo cual implica que la ley debe señalar la naturaleza de las sanciones, sus montos máximos y mínimos, así como los criterios de proporcionalidad que debe tomar en cuenta el juzgador al imponer en concreto el castigo. En efecto, según la Carta, nadie puede ser juzgado sino “conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa” (C.N., art. 29), lo cual significa, para lo relativo a la pena, que es el legislador, única y exclusivamente, el llamado a contemplar por vía general y abstracta la conducta delictiva y la sanción que le corresponde. Por su parte, el artículo 15-1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 9º de la Convención Interamericana señalan que a nadie se le “puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”, lo cual significa que la pena tiene que estar determinada previamente en la ley pues solo así puede conocerse con exactitud cuál es la pena más grave aplicable (C. Const., Sent. C-843/99. En el mismo sentido, Sent. C-559/99).

De igual forma, conviene recordar el sentido que la Sala ha fijado al principio de legalidad en materia penal, expresado en CSJ SP, 16 Oct. 2013, rad. 39257, así:

Importa, en primer lugar, destacar la relevancia que para esa discusión reviste el principio de legalidad en materia penal, el cual, de acuerdo con la doctrina, comporta varios elementos, a saber: solo puede considerase como delito el comportamiento humano declarado en forma expresa y previa por la ley como tal (nullum crimen sine praevia lege); únicamente puede aplicarse una sanción si la misma está advertida en ley anterior (nulla poena sine praevia lege); la ley penal debe aplicarse por jueces creados con antelación para tal efecto (nemo iudex sine lege); y ninguna persona será sancionada penalmente sino en virtud de un procedimiento previo debidamente reglado en la ley (nemo damnetur nisi per legale iuditum).

No está demás también recordar que esos aforismos universales se encuentran implícitos en instrumentos internacionales de inexcusable observancia como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15-1(2), y la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 9º(3), preceptos que en forma particular y explícita hacen referencia a la preexistencia de los delitos y sus respectivas sanciones.

Por su parte la Constitución Política de Colombiana en su artículo 29 prevé: ‘Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, norma que le impone al legislador las obligaciones de (i) definir de manera clara, concreta e inequívoca las conductas designadas como delitos; (ii) estipular de manera anticipada las respectivas sanciones; (iii) establecer las autoridades competentes para aplicar la ley penal, y (iv) determinar las reglas sustantivas y procesales bajo cuya observancia son imponibles las penas, todo ello con el fin de garantizar el debido proceso.

Dicho de otra forma, para que el Estado a través de sus funcionarios pueda legítimamente imponer un castigo, y con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos, deben respetarse las citadas garantías, dispuestas en aras de proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial y asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal.

En conclusión, el contenido del postulado a que se ha hecho referencia se concreta en (i) la legalidad de los delitos, pues a nadie se le puede juzgar por una conducta que previamente no se haya establecido como tal en el ordenamiento jurídico; (ii) el agotamiento del trámite respectivo debe estar previamente definido, así como el o los funcionarios encargados de adelantarlo; y, (iii) la pena correspondiente a la infracción ha de determinarse antes de la comisión del comportamiento, a efectos de que sea posible imponerla a quien resulte declarado responsable en el juicio respectivo.

Cuando se cometió el hecho juzgado —mar. 17/2001— regía el Decreto-Ley 100 de 1980, que en su artículo 219 consagraba el delito de falsedad ideológica en documento público, por el que al incriminado Parada Villamizar se lo acusó y condenó, el cual estaba sancionado con pena de prisión de tres (3) a diez (10) años; mientras que respecto de la misma conducta, el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, vigente a partir del 24 de julio de 2001, sin la modificación introducida por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, prevé una sanción privativa de la libertad de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.

En esa medida, no surge dificultad alguna para concluir que de conformidad con el principio de legalidad, la norma llamada a regular el caso concreto no es otra que la prevista en el estatuto derogado —D.L. 100/80, art. 219—, habida cuenta que se encontraba vigente al realizarse la conducta punible.

No obstante, para efectos de establecer el término de prescripción de la acción penal, es más benéfico para el acusado que se tenga en cuenta el artículo 286 del Código Penal actual, pues la pena máxima allí prevista —ocho (8) años de prisión— es inferior a la señalada en la normativa derogada —diez (10) años de prisión—, lo que resulta procedente en aplicación del principio de favorabilidad, según el cual “en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”(4), y de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, según la cual en los eventos en que se ha presentado sucesión de leyes en el tiempo, como aquí ocurre, debe determinarse cuál es la norma sustancial más favorable a efectos de fijar el plazo prescriptivo en cuestión(5).

1.2. El demandante sostiene que, para contabilizar el pluricitado plazo, debió hacerse el descuento previsto en el artículo 531 de la Ley 906 de 2004, esto es, que a los términos fijados en la ley —C.N., arts. 83 y 86— se le debía reducir una cuarta parte.

Sin embargo, tal aserto soslaya la declaratoria de inexequibilidad que de la citada norma realizó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1033 de 2006, como oportunamente lo advirtió la agente del Ministerio Público, fallo en el que fijó efectos retroactivos a la referida decisión, por lo cual el precepto invocado por el censor resulta inaplicable incluso desde la promulgación de la Ley 906 de 2004 —Diario Oficial 45658, sep. 1º/2004—, los cuales, según aclaró dicha Corporación, “se aplicarán es en aquellos procesos en los que no se haya concretado la prescripción o caducidad especial cuya inexequibilidad se decreta”.

En cuanto al alcance de la expresión trascrita, la Sala en forma reiterada y pacífica ha sostenido que la salvedad consignada en el aludido fallo de inexequibilidad, se refiere a actuaciones donde ya había sido decretada la extinción de la acción penal por prescripción, dando aplicación al precepto excluido del ordenamiento jurídico, y dicha decisión había adquirido firmeza material, frente a la cual, por tratarse de “situaciones jurídicas consolidadas”, no tenía incidencia alguna el efecto retroactivo fijado en la susodicha sentencia por la Corte Constitucional.

Así se señaló, por ejemplo, en CSJ AP, 22 Ago. 2011, rad. 35845; CSJ AP, 24 Abr. 2013, rad. 41082; CSJ AP, 3 Jul. 2013, rad. 41526 y CSJ AP, 28 Ago. 2013, rad. 40648. En la primera de las decisiones dijo la Corte:

Se advierte que el libelista radica el menoscabo al debido proceso en la aplicación que por favorabilidad debía hacerse del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, con independencia de la inexequibilidad declarada sobre ese precepto por parte de la Corte Constitucional en Sentencia C-1033 de 2006.

Lo que se colige en la queja de la defensa, es su intención de que se aplique un precepto frente al cual ya hubo un pronunciamiento de inexequibilidad, en orden a que se declare prescrita la acción penal, a partir de una norma que fue expulsada del ordenamiento jurídico, en donde el propio juez constitucional, declaró sin condicionamientos, que nunca había estado vigente.

Resulta inadmisible este planteamiento como justificador de una presunta irregularidad sustancial atentatoria del debido proceso, pues se trata de exigir de la Corte de Casación el desconocimiento del precedente que fijó la Corte Constitucional y que resulta vinculante, en ejercicio de la función asignada por la Carta, atinente al control de constitucionalidad sobre normas del ordenamiento jurídico que han sido objeto de demanda por parte de los ciudadanos (C.N., art. 241, num. 4º).

De lo contrario, habría que entrar a debatir cuál es el alcance de la Sentencia C-1033, y en claro desconocimiento de la fuerza del precedente, la cual es absoluta en tratándose de sentencias de constitucionalidad, ejercer una labor que mal podría calificarse como propia de un tribunal de casación, mucho más cuando la Corte Constitucional fue clara en señalar cómo la prescripción especial fijada en el artículo 531 de la Ley 906, es contraria a la Constitución Política y no produjo ninguna consecuencia jurídica concreta, dados los efectos retroactivos de que dotó a su sentencia.

El referido fallo no da lugar a equívocos, pues se sabe que el citado artículo 531, resulta inaplicable tanto antes como después del pronunciamiento de la Corte Constitucional, incluso desde la promulgación de la Ley 906 de 2004 que contiene este precepto, y cuando el Tribunal Constitucional señaló: “Empero es claro que los efectos retroactivos de la sentencia se aplicarán es en aquellos procesos en los que no se haya ya concretado la prescripción o caducidad especial cuya inexequibilidad se decreta”, claramente hacía alusión a situaciones jurídicas consolidadas, en donde la extinción de la acción penal por prescripción ya había sido decretada judicialmente en aplicación del citado precepto y tal decisión había cobrado ejecutoria formal y material.

La situación descrita en la Sentencia C-1033 no corresponde a este caso, pues ni siquiera hubo algún tipo de pronunciamiento, ya fuera de la fiscalía o del juez de la causa en torno a la posible prescripción de la acción penal bajo los parámetros fijados en el artículo 531 de la Ley 906, mucho menos que el mismo haya quedado en firme.

Como se advierte, el señalamiento de la demanda sobre la prescripción de la acción penal, no está llamado a prosperar, dado que el presunto error “por inaplicación del artículo 531 de la Ley 906 de 2004”, carece de fundamento al ser una norma que no estaba llamada a regular este caso. De tal manera, no se evidencia la trasgresión del debido proceso por haberse continuado con un trámite ya prescrito, como equivocadamente lo expone el censor, tanto en la demanda presentada a nombre del acusado, como aquella elevada en representación del tercero civilmente responsable.

En este orden de ideas, el cargo de nulidad por violación al debido proceso por la posible prescripción de la acción penal, será desestimado (resaltado fuera de texto).

Siguiendo las reglas interpretativas consignadas en la citada decisión, surge patente que en el caso analizado no es aplicable el artículo 531 de la Ley 906 de 2004, puesto que, de una parte, dicho precepto fue retirado del ordenamiento jurídico por inconstitucional, con la precisión de que no produjo efectos ni siquiera desde su promulgación y, de otro lado, en la presente actuación no existió decisión judicial que declarara la prescripción de la acción penal bajo los parámetros de la supracitada norma, mucho menos la misma pudo haber adquirido ejecutoria material.

1.3. Según se determinó en precedencia, la norma sustancial llamada a regular este asunto en materia de prescripción de la acción penal es el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, que sin el incremento señalado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, establecía una pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

El artículo 83 de la Ley 599 de 2000 determina que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena establecida en la ley si fuere privativa de la libertad, sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 20, salvo si se trata de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, en cuyo caso el máximo será de 30 años. Previsión que igualmente aparecía en el artículo 80 del Decreto-Ley 100 de 1980(6).

Ahora bien, de conformidad con el inciso sexto de la referida norma, como también lo consagraba la legislación derogada(7), el término de prescripción debe incrementarse en una tercera parte cuando la conducta punible es realizada por un servidor público en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas, como acontece en el asunto de la especie, puesto que el delito de falsedad ideológica en documento público fue cometido por el acusado cuando en su calidad de Notario Único de Cucutilla, extendió la escritura pública 71 del 17 de marzo de 2001, luego en esas condiciones el término de prescripción para la fase de instrucción es de 10 años y 8 meses, que se habría cumplido el 17 de noviembre de 2011, de no ser porque antes de esa fecha, valga decir, el 16 de diciembre de 2009, se interrumpió con la ejecutoria de la resolución de acusación.

En efecto, según las previsiones del artículo 86 del estatuto punitivo, en firme la resolución acusatoria se interrumpe el término prescriptivo, el cual empezará a correr nuevamente por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 ibídem, sin que pueda ser inferior a 5 ni superior a 10 años.

Cabe anotar que en el caso de los servidores públicos, una vez producida la interrupción antes mencionada, el plazo para que opere la prescripción de la acción penal será de 6 años y 8 meses como mínimo, y de 13 años y 4 meses como máximo, según lo determinó esta corporación para uno y otro evento en CSJ SP, 25 Ago. 2004, rad. 20673 y en CSJ AP, 21 Oct. 2013, rad. 39611, respectivamente, en tratándose de actuaciones adelantadas bajo la égida de la Ley 600 de 2000.

Para lo que interesa al caso concreto, conviene citar la primera de las referidas decisiones en relación con el extremo mínimo a tener en cuenta para determinar el término prescriptivo en los delitos cometidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, que la Corte invariablemente estableció en 6 años y 8 meses, al señalar:

En ningún caso la acción penal por el delito donde sea autor, partícipe o interviniente un servidor público en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos prescribe en un término inferior a seis (6) años y ocho (8) meses, sea que la prescripción se presente antes de ejecutoriarse la resolución acusatoria (en la instrucción), o sea que la prescripción se produzca después de quedar en firme la acusación (en la etapa de juzgamiento).

Lo anterior se aplica en todos los casos, aunque el delito sea sancionado con pena no privativa de la libertad, y aunque la pena máxima de prisión del delito concreto —si la tiene— sea inferior a cinco (5) años.

En el caso concreto, se reitera, la convocatoria a juicio quedó ejecutoriada el 16 de diciembre de 2009, fecha en la cual fue confirmada en segunda instancia la resolución acusatoria, por tanto a partir de esta data se impone contar el término prescriptivo conforme lo establece el artículo 86 del Código Penal, es decir la mitad del máximo de la pena, de manera que como la conducta punible de falsedad ideológica en documento público tiene en su extremo superior una sanción de 8 años de prisión, el término prescriptivo en la etapa de la causa para dicho delito sería de 4 años, el cual, de acuerdo con las reglas interpretativas consignadas en la decisión citada ut supra, ha de entenderse que corresponde a 6 años y 8 meses, los que se cumplirán el 16 de agosto de 2016.

En consecuencia, siendo evidente que ni en la instrucción ni en el juzgamiento se perfeccionó el citado fenómeno, no prospera el cargo.

2. Tercer cargo.

Afirma el recurrente que los juzgadores de instancia incurrieron en la violación directa de la norma sustancial por exclusión evidente del artículo 219 del Decreto-Ley 100 de 1980, precepto que estima era el llamado a regular el caso concreto habida consideración de que, en punto de la pena mínima, resulta más favorable que la prevista en el artículo 286 la Ley 599 de 2000 para el delito de falsedad ideológica en documento público, amén que este último contempla la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal.

De entrada la Corte advierte, haciendo eco de lo manifestado por la representante de la sociedad, que le asiste razón al libelista en el reproche formulado contra la sentencia de segundo grado que confirmó en dicho aspecto la proferida por el juez a quo, quien sin ninguna explicación tuvo en cuenta la sanción prevista en el artículo 286 del Código Penal de 2000, sin el incremento de la Ley 890 de 2004, para individualizar la pena a que se hizo acreedor el procesado Parada Villamizar como autor del delito juzgado, cuando tal precepto no se encontraba vigente al momento de realizarse la conducta imputada y sin que de la norma posterior pudiera predicarse favorabilidad alguna para el sentenciado.

Según quedó reseñado al estudiar el anterior cargo, el principio de legalidad comporta, entre otros aspectos, que la sanción correspondiente a la infracción se establezca antes de la comisión del comportamiento, pues solo de esa manera se tiene seguridad jurídica sobre la consecuencia punitiva que aquella implica para quien trasgreda la prohibición o el mandato contenidos en el tipo penal.

No obstante, esta regla encuentra su excepción en razón del principio de favorabilidad, el cual admite dos posibilidades: la retroactividad y la ultractividad.

En el primer evento, la disposición se utiliza en relación con hechos sucedidos antes de entrar a regir y, en la segunda contingencia, la aplicación del precepto tiene lugar cuando ha dejado de estar vigente respecto de situaciones verificadas cuando imperaba; alternativas que es del caso precisar, se utilizan si reportan un beneficio al procesado.

De lo anterior se sigue que la aplicación del principio de favorabilidad de la ley penal envuelve una sucesión de leyes en el tiempo, donde una norma es sustituida por otra, o también puede darse una coexistencia de disposiciones pertenecientes a distintos ordenamientos con identidad en la materia que regulan (CSJ AP, 20 Nov. 2013, rad. 42111).

Finalmente, si bien estas son unas reglas generales, el proceso de determinación de la ley penal más favorable debe realizarse frente a cada caso concreto.

Como en el asunto que se revisa se advierte que se presentó una sucesión de leyes en el tiempo, pues entre la fecha de los hechos y la actualidad rigieron el Decreto Ley 100 de 1980 y la Ley 599 de 2000, se impone determinar si esta última resulta más benéfica para el condenado Parada Villamizar y, por tanto, fue correctamente aplicada o si, por el contrario, al no ser más favorable que la normativa vigente cuando se cometió el hecho juzgado, era esta última la llamada a regular el caso concreto por razón del principio de legalidad y, por tal motivo, se debe entrar a modificar las penas impuestas al procesado.

Con ese propósito se impone recordar que el Código Penal de 1980 establecía para el delito de falsedad ideológica en documento público, en su artículo 219, una pena de “prisión de tres (3) a diez (10) años”.

Ahora, el actual estatuto punitivo, en su artículo 286, sanciona el delito en cuestión con una pena de “prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años”.

Cotejadas las penas de prisión que las citadas codificaciones aparejan para el delito de falsedad ideológica en documento público, se advierte que aun cuando en la Ley 599 de 2000 se redujo el extremo punitivo máximo, igualmente se aumentó en el mínimo, circunstancia que obliga a determinar, en el asunto particular, a cuál de dichos límites se acercó más la sanción impuesta, en orden a desentrañar qué estatuto resulta más favorable al condenado.

Como el juez a quo al individualizar la pena impuso el límite mínimo del cuarto ídem, frente a lo cual el tribunal guardó silencio, es claro que la norma más favorable en este caso es el artículo 219 del Decreto-Ley 100 de 1980 y no el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, de donde se tiene que este último precepto se aplicó indebidamente.

En esa medida, siguiendo el criterio del juzgador de primer grado y de conformidad con la legislación vigente cuando se cometió la conducta punible juzgada, que también es la más favorable, en el presente caso, el Código Penal de 1980, corresponde imponer al procesado Parada Villamizar una pena principal de tres (3) años de prisión.

De otra parte, en cuanto a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, si bien no estaba contemplada como principal en el estatuto derogado, según lo previsto en el artículo 52 de esa codificación la pena de prisión implica la accesoria de “interdicción de derechos y funciones públicas, por un período igual al de la pena principal”, por lo que dicha sanción se impondrá al condenado en la referida modalidad por el mismo término de la privativa de la libertad, esto es, tres (3) años.

Así las cosas, el cargo prospera.

2.1. Suspensión condicional de la ejecución de la pena.

El artículo 63 del Código Penal de 2000, al cual acudió el fallador de primera instancia para negar el subrogado materia de análisis, establece que la ejecución de la pena privativa de la libertad se puede suspender siempre que (i) la sanción impuesta sea de prisión que no exceda de 3 años y (ii) que los antecedentes personales, sociales y familiares del condenado, de una parte, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible, de otro lado, así lo aconsejen.

En el asunto de la especie, una vez redosificada por la Corte la pena impuesta al condenado, esta quedó fijada en tres (3) años de prisión, con lo cual se cumple el requisito objetivo que demanda la citada norma.

Respecto de la exigencia de orden subjetivo, la Sala encuentra que dicho presupuesto se reúne en el caso del sentenciado Parada Villamizar, puesto que no obra en la actuación prueba de que el mencionado tenga antecedentes penales, valga decir, es un infractor primario de la ley penal, además cuando cometió la conducta juzgada desempeñaba una actividad lícita como servidor público —notario— y las circunstancias del delito —omitir indicar en una escritura pública de matrimonio las limitaciones físicas de la contrayente y la manera como asintió el acto solemne celebrado— no revelan una modalidad delictiva particularmente reprochable o una mayor intensidad en la afectación del bien jurídico de la fe pública, por manera que conjugados dichos aspectos frente a los fines de la pena, concretamente los de prevención especial y retribución justa, emerge claro que no es necesario el cumplimiento de la sanción.

Así las cosas, la ejecución de la pena privativa de la libertad fijada a Parada Villamizar se suspenderá por el término de tres (3) años, previa suscripción de acta compromisoria contentiva de las obligaciones relacionadas en el artículo 65 del Código Penal, y el otorgamiento de caución por tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del juzgado de conocimiento.

Las demás determinaciones del fallo se mantendrán incólumes.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR el fallo impugnado con fundamento en el cargo primero de la demanda.

2. CASAR parcialmente la sentencia recurrida con fundamento en el cargo tercero del libelo y, en consecuencia, imponer a RODY HERNANDO PARADA VILLAMIZAR la pena principal de tres (3) años de prisión, así como la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la privativa de la libertad.

3. OTORGAR la suspensión condicional de la ejecución de la pena al sentenciado RODY HERNANDO PARADA VILLAMIZAR, en los términos y bajo las condiciones consignadas en el presente proveído, para lo cual se comisiona al juez de primer grado.

4. DECLARAR que las restantes decisiones adoptadas en el fallo impugnado se mantienen incólumes.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cópiese, comuníquese y cúmplase. Devuélvase al tribunal de origen».

(1) Ver, entre otras, las Sentencias C-127 de 1993, C-344 de 1996 y C-559 de 1999.

(2) “ART. 15-1.—Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

(3) “Principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas, según el derecho aplicable. Tampoco puede imponerse pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

(4) Artículo 29, Constitución Política.

(5) CSJ AP, 27 nov. 2013, rad. 41064.

(6) “ART. 80.—Término de prescripción de la acción. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de libertad, pero en ningún caso, será inferior a cinco años ni excederá de veinte. Para este efecto se tendrán en cuenta las circunstancias de atenuación y agravación concurrentes. En los delitos que tengan señalada otra clase de pena, la acción prescribirá en cinco años”.

(7) “ART. 82.—Prescripción de delito cometido por empleado oficial. El término de prescripción señalado en el artículo 80 se aumentará en una tercera parte, sin exceder el máximo allí fijado, si el delito fuere cometido en el país por empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos”.