Sentencia SP1314-2015/38918 de febrero 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP1314-2015

Radicación 38918

Aprobado acta 44

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Razón le asiste al demandante en su reclamo, al igual que lo conceptúa el Ministerio Público, pues, en punto del descuento punitivo consagrado en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, la Corte ha señalado que es procedente dar aplicación favorable a las normas de la Ley 906 de 2004, que regula la figura de allanamiento a cargos.

Así se ratificó ese criterio en fecha reciente (CSJ SP 9 Sep. 2013, Rad. 35962) según se pasa a ver:

En torno a la temática propuesta en la demanda, a partir de la sentencia del 8 de abril de 2008, proferida en el radicado 25306, esta Colegiatura admitió, y así lo ha venido reiterando, que ante el vigor simultáneo de dos normas procesales, las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, resulta procedente aplicar esta última por favorabilidad a hechos ocurridos antes de su vigencia(9), o bien en distritos judiciales en los que aún no entrara en vigencia el nuevo sistema acusatorio, toda vez que es clara la analogía entre los institutos de la sentencia anticipada (artículo 40 del Código de Procedimiento Penal de 2000) y el allanamiento a los cargos del estatuto procesal de 2004, pues resultaban también similares los objetivos y motivos político criminales que inspiraron dichos mecanismos de la justicia premial(10).

Mediante auto del 22 de febrero de 2012 (Rad. 30777), la Corte insistió en que: “... es cierto que la rebaja ‘hasta de la mitad de la pena’ permitida por el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 para los eventos en que se produce la aceptación de cargos es más favorable para los intereses del procesado si se la compara con el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, en la que se concede una rebaja fija de una tercera parte sobre la pena que dosifique el juez, por razón de haber aceptado el procesado su responsabilidad. La norma del estatuto procesal de 2004 resulta aplicable por favorabilidad, pues a pesar de ser de naturaleza procesal, tiene claros efectos sustanciales”.

Este razonamiento jurisprudencial es el que ha venido aplicando la Sala de Casación Penal(11) y también la Corte Constitucional(12), corporación esta última que, en sede de tutela, ha amparado el derecho a la igualdad y al debido proceso, afirmando que en los casos de sentencia anticipada del estatuto procesal de 2000 la reducción de pena debe calcularse conforme a lo preceptuado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004(13).

2. Descendiendo al caso concreto, es posible constatar que el fallador de primer grado, al momento de dosificar la sanción punitiva, recordó que G.E.P.I., aceptó el cargo de peculado por apropiación, en calidad de determinador, agravado conforme al inciso 2º del artículo 397 del Código Penal, por razón de la cuantía, que comporta unos límites punitivos que van de seis (6) a veintidós (22) años seis (6) meses de prisión y multa equivalente al valor de lo apropiado.

Señaló que procedía ubicarse en el cuarto mínimo de movilidad, esto es, de 72 meses a 121 meses y 15 días, y, acorde a los criterios del artículo 61-3 de la misma normativa, estimó pertinente imponer 108 meses de prisión, en atención a la gravedad de la conducta, el daño real causado y la intensidad del dolo.

En razón a que el procesado reintegró la suma de $ 3.000.000, que equivalen a 0.69% de lo efectivamente apropiado, es decir, $ 432.196.656, y teniendo en cuenta que el tope máximo de la rebaja por reintegro parcial es de una cuarta parte de la pena impuesta, reconoció un descuento de 0.18 meses que corresponden a 5 días, quedando la pena en 107 meses y 25 días.

Finalmente, como P.I., en “audiencia preparatoria” se acogió a sentencia anticipada, “antes de que quedara en firme el auto que fija fecha para la audiencia pública, es decir, en la oportunidad legal para hacerlo en la etapa del juzgamiento”(14), —por lo cual se adelantó audiencia de formulación y aceptación de cargos—, exaltó el criterio jurisprudencial(15) de aplicar por favorabilidad la rebaja punitiva contemplada en la Ley 906 de 2004.

No obstante, contrariando lo anterior, agregó el funcionario que la aceptación de cargos se produjo en la etapa de “juzgamiento”(16) y, por ende, aplicaría el inciso 2º del canon 367 ejusdem. Bajo ese criterio, precisó que la disminución sería de una sexta parte, esto es, 17 meses y 5 días, obteniendo un monto de 90 meses y 20 días, o 7 años, 6 meses y 20 días de prisión, como sanción definitiva a imponer al procesado, determinación que el Tribunal ratificó, en sede de apelación.

3. Del anterior recuento deriva sin dificultad, el desacierto de los juzgadores, al considerar que, en realidad, la solicitud de sentencia anticipada por parte de L.I. se había efectuado en la fase del juicio, dando aplicación, entonces, al precepto que contempla la rebaja de una sexta parte de la pena imponible.

Tal como se indicó en los fallos de primera y segunda instancia, y se evidencia también en la foliatura(17), esa manifestación del procesado ocurrió durante la audiencia preparatoria, fase procesal que antecede a la audiencia pública y habilita la rebaja de pena “hasta en la tercera parte” prevista en el canon con el 356-5 ejusdem, pues la contemplada en el 367, procede cuando se ha instalado el juicio oral.

Importa advertir que no habría lugar a la aplicación favorable del artículo 352-2 de la normativa procesal de 2004, como lo aduce el recurrente y lo sugiere el representante del Ministerio Público en su concepto, porque tal previsión hace relación a la reducción que procede frente a los preacuerdos que se hagan y sean presentados una vez formulada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral, sobre la aceptación de su responsabilidad, situación diversa a la examinada.

4. La corrección del desafuero comporta, entonces, atender a los parámetros del juzgador, quien, según se ilustró, determinó la pena del peculado por apropiación en 107 meses y 25 días y sobre ese monto proceder a efectuar la rebaja correspondiente, que, en este caso, será de una tercera parte, esto es, el máximo contemplado en el artículo 356-5, toda vez que la manifestación del procesado se produjo una vez instalada la audiencia preparatoria; incluso, previamente, había radicado escrito en tal sentido, pero no le fue aceptado porque, según lo refirió el juez de conocimiento, no contenía una auténtica aceptación de cargos, al pretender acogerse al instituto en calidad de cómplice, cuando la resolución de acusación se le profirió a título de determinador. Frente a esta decisión, el encartado solicitó el uso de la palabra e insistió en que se diera trámite a su petición, aduciendo que admitía el cargo en la forma como le fue imputado.

En consecuencia, se fijará en 71 meses y 25 días la pena de prisión, término al que se reduce la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Dado que ese quantum punitivo supera el límite previsto en el artículo 63 del Código Penal (modificado por la L. 1709/2014), no hay lugar a considerar su aplicación.

5. Adicionalmente, la Sala advierte otras inconsistencias susceptibles de remediar oficiosamente.

5.1. En cuanto a la sanción restrictiva del ejercicio de la profesión de abogado, se observa que el sentenciador de primer grado impuso el mismo monto de la sanción principal, pero no acudió al sistema de cuartos reglado en el artículo 61 del Código Penal, y el Tribunal tampoco lo advirtió.

Al respecto se debe recordar, que el canon 51 ejusdem al regular lo atinente a la “Duración de las penas privativas de otros derechos” prevé que la inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio, va de seis (6) meses a veinte (20) años, y por tanto, su imposición no podía desatender las directrices legalmente establecidas para ello.

En tal sentido, se hacía necesario dividir el monto de la sanción entre cuatro, para obtener el ámbito de movilidad. Así, el primer cuarto, va de 6 a 64.5; el segundo, de 64.5 + 1 a 123; el tercero de 123 + 1 a 181.5 y, el último, de 181.5 +1 a 240 meses.

Por manera que, si respecto de la conducta punible de peculado por apropiación impuso la pena privativa de la libertad dentro del primer cuarto de movilidad, es nítido que el a quo desbordó ese ámbito, al fijar la accesoria en noventa (90) meses y veinte (20) días.

La corrección del desacierto obliga a tener en cuenta los parámetros empleados por el fallador para la determinación de la sanción corporal.

Si el primer cuarto de la pena de prisión va de 72 meses a 121 meses y 15 días, y dentro de él impuso 108 meses de prisión, esta cifra equivale al 72.72%(18). Ello implica que, en el marco del primer cuarto (6 a 64.5), la pena accesoria para el ejercicio de la profesión de abogado impuesta al procesado, deba ser de 42 meses y 15 días(19), guarismo al que también se debe reducir la tercera parte, por la aceptación de cargos, para un total de 28 meses y 10 días.

5.2. Finalmente se hace necesario señalar que el fallador omitió descontar al valor de lo apropiado ($ 432.196.656), la suma que el sentenciado reintegró, esto es, tres millones de pesos ($ 3.000.000), por lo cual, el valor que debe pagar, a título de perjuicios materiales, es el de cuatrocientos veintinueve millones ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos ($ 429.196.656), más los intereses por mora, en la forma establecida en la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla, dictada el 24 de octubre de 2011 y, en consecuencia, fijar a G.E.P.I. la pena de prisión en 71 meses y 25 días, término al que se reduce la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

2. CASAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE la sentencia recurrida, en el sentido de fijar en veintiocho (28) meses y diez (10) días la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado y, los perjuicios materiales, en cuatrocientos veintinueve millones ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos ($ 429.196.656), más los intereses por mora, en la forma establecida en la sentencia.

3. DECLARAR que las demás determinaciones permanecen inmodificables.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

9 Y, viceversa: “así como es viable aplicar el principio de favorabilidad para asuntos regidos por el sistema de Ley 600 con disposiciones de la Ley 906, bajo la misma lógica lo es proceder en sentido contrario, esto es, traer institutos de la Ley 600 a asuntos tramitados por la 906, como aquí ocurre, siempre y cuando no se opongan a la naturaleza del sistema acusatorio”, conforme lo estableció la Corporación en el Auto del 13-04-11 Rad. 35946.

10 Sentencia del 14-11-12, Rad. 34015.

11 Ver por ejemplo las casaciones 30027 del 2 de julio de 2008; 27263 del 29 de julio de 2008; 25297 del 29 de julio de 2008; 24184 del 23 de septiembre de 2008; 30503 del 30 de septiembre de 2008; 30564 del 29 de octubre de 2008; 27252 del 18 de marzo de 2009; 26193 del 17 de junio de 2009; 25224 del 14 de octubre de 2010; 25632 del 27 de enero de 2010; 29902 del 9 de diciembre de 2010, entre otras varias.

12 Sentencias T-091 de 2006, T-082 de 2007 y T-356 de 2007.

13 Casación citada del 14-11-12, Rad. 34015.

14 Folio 41, cuaderno de la causa.

15 Cita la sentencia de casación del 8 de abril de 2008, Rad. 25306.

16 Ib.

17 Folios 21 y 22, cuaderno de la causa.

18 121.5 - 72 = 49.5; 108 - 72 = 36; 36 x 100%/ 49.5 = 72.72%.

19 El primer cuarto de la pena accesoria va de 6 a 64.5 meses; 64.5 - 6 = 58.5 = 100%; 58.5 x 72.72% = 42.5.