Sentencia SP13285 de octubre 1º de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

SP13285-2014

Radicación 42256

(Aprobado Acta 321)

Bogotá, D.C., primero de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte:

El cargo formulado por el apoderado de las víctimas en esencia se contrae a denunciar que el tribunal, al excluir de responsabilidad a las personas jurídicas que fueron citadas al incidente de reparación integral, incurrió en la aplicación indebida del artículo 2347 del Código Civil y en la correlativa exclusión evidente del artículo 2341 ibídem.

En el trámite del incidente de reparación integral promovido por el apoderado de las víctimas, varias fueron las personas, todas de naturaleza jurídica, citadas como civilmente responsables, a saber: la Clínica San José de Cúcuta S.A., Colmédica Medicina Prepagada S.A., la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. —Nueva EPS S.A.— y Serviclínicos San José Limitada. Así mismo, se tiene que fue llamada en garantía la compañía Seguros Generales Suramericana S.A.

En esa medida, resulta necesario examinar la situación jurídica de esas personas morales, con el fin de determinar si, como lo advierte el apoderado de las víctimas en el cargo por él formulado, son civilmente responsables y por tanto deben concurrir a sufragar el pago de los perjuicios.

Para el efecto, se ofrece oportuno adelantar desde ahora, que cada uno de aquellos entes morales tiene una situación jurídica particular frente al caso concreto, como paulatinamente se expondrá en esta determinación, por tanto, es indispensable hacer un análisis por separado de ellos.

Ahora bien, el orden del examen a realizar obedece a la necesidad de agotar de manera lógica los temas que corresponde abordar en aras de determinar si hay lugar a predicar, como lo reclama el apoderado de las víctimas, responsabilidad civil en relación con cada uno de los citados al incidente de reparación integral.

Serviclínicos San José Limitada:

Frente a esta persona moral, inicialmente es necesario precisar el aspecto fáctico que dio lugar a que se promoviera su vinculación como civilmente responsable al incidente de reparación integral, en orden a establecer la situación jurídica que se desprende del mismo.

Las pruebas aportadas a la actuación muestran que el 18 de septiembre de 2008(1), Serviclínicos San José Limitada suscribió contrato laboral con el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra, en concreto para que este prestara sus servicios personales como médico general, fijándosele como sitio de trabajo la Clínica San José de Cúcuta S.A., contrato que se extendió hasta el 17 de enero de 2012(2), por tanto, el mismo estaba vigente y ejecutándose para la fecha de los hechos que dieron lugar a la condena penal, los cuales, como se recordará, tuvieron ocurrencia el 27 de octubre de 2011 y el 11 de enero de 2012.

Ahora bien, es del caso mencionar que a su vez el 2 de mayo de 1996, Serviclínicos San José Limitada había suscrito un contrato con la Clínica San José de Cúcuta S.A., con el objeto de proveerle de trabajadores a esta para el desarrollo de sus actividades, de tal manera que la clínica no adquiriría obligación laboral alguna con esas personas y por tanto Serviclínicos sería el responsable de ellas(3).

Así las cosas, hasta aquí se tiene que el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra estaba vinculado laboralmente a Serviclínicos San José Limitada para la época de los hechos, que toda obligación derivada de esa relación sería asumida por dicha compañía y además que el citado estaba asignado a la Clínica San José de Cúcuta S.A.

Bajo ese supuesto fáctico entonces, es que se debe revisar la situación jurídica de la compañía Serviclínicos San José Limitada frente al caso concreto, con el fin de establecer si debe responder civilmente.

Para el efecto, inicialmente es necesario realizar algunas consideraciones de carácter general acerca de la responsabilidad civil, con el auxilio de la doctrina(4) y la jurisprudencia.

Preliminarmente es preciso señalar que hay dos grandes fuentes de las obligaciones, a saber: los actos jurídicos y los hechos jurídicos.

Los actos jurídicos son el resultado de la manifestación de la voluntad encaminada a producir efectos jurídicos, la cual puede ser unilateral, como sucede con el testamento; bilateral, conforme acontece con el contrato e, incluso plurilateral, lo que pasa con el contrato de constitución de una sociedad. Cabe advertir que el acto jurídico debe ser lícito, pues de lo contrario sobrevendrá su nulidad, ineficacia o inexistencia, según el caso.

De otra parte, los hechos jurídicos envuelven todo comportamiento humano, voluntario o no, distinto del que tiene por fin producir efectos jurídicos, de manera que son todas las demás conductas con exclusión de los actos jurídicos. En esa medida, a manera de ejemplo, puede decirse sobre el particular que si bien la comisión de un delito que compromete un derecho personal encierra un acto voluntario que tiene efectos jurídicos, no está orientado por el sujeto agente a producirlos.

Ahora, los hechos jurídicos atribuibles al individuo, voluntarios o no, pueden ser lícitos o ilícitos. Los primeros se producen cuando hay un efecto jurídico sin que medie el desconocimiento del ordenamiento legal, como por ejemplo un contrato.

En cambio, los hechos ilícitos se dan cuando la persona, por acción o por omisión, ejecuta comportamientos que están previamente proscritos en el derecho positivo, los cuales pueden darse por el incumplimiento de los contratos o de las obligaciones derivadas de un hecho lícito, como también por la responsabilidad objetiva y, por supuesto, a raíz del cuasidelito o del delito.

Dicho en otros términos, los hechos ilícitos se dan por la violación del deber general de prudencia exigible a todos, que impone abstenerse de causar daño a terceros. Subráyese entonces que en civil ilícito es todo aquello contrario a derecho, mientras que en penal se alude a lo que constituye delito.

En esa medida, la responsabilidad civil, en general, encuentra sustento jurídico en los hechos ilícitos atrás señalados, por cuanto generan daño a terceros, lo cual impone a quien lo causó la obligación de indemnizar.

Es preciso anotar, con el propósito de conjurar equívocos, que si bien la expresión delito es utilizada tanto en derecho civil como en derecho penal, en cada uno tiene una connotación que es necesario distinguir. Así, el delito penal alude al atentado contra un bien jurídico penalmente relevante, cometido bien en forma dolosa, preterintencional o culposa, en estos dos últimos casos, si así está previsto en la ley.

Por su parte, en derecho civil solo está contemplado el delito doloso, por lo que el hecho ilícito recibe el nombre de cuasidelito cuando se comete de forma culposa.

Ahora bien, por igual es del caso precisar que en derecho civil “culpa” y “falta” son expresiones que envuelven un sentido semejante, en tanto aluden a una conducta que contraría el ordenamiento jurídico. Aclaración que resulta útil para señalar que la responsabilidad civil sustentada en la “culpa”, es aquella que se exige por una falta dolosa o culposa respecto de quien causa el daño.

De otra parte, en derecho civil hay dos tipos de responsabilidad civil, la derivada del incumplimiento de los contratos, denominada contractual, y la que surge con independencia de estos, es decir, la extracontractual o aquiliana.

Frente a esta última, desde del punto subjetivo del agente, la responsabilidad civil extracontractual puede ser dolosa o culposa, mas también puede ser objetiva (C. Co., art. 1827).

Así mismo, desde la perspectiva del origen del daño, la responsabilidad civil extracontractual puede darse por el hecho propio, también llamada directa o con culpa probada (C.C., art. 2341), siendo del caso agregar que ella puede surgir ya de una conducta dolosa o de una culposa.

Así mismo, la responsabilidad civil extracontractual puede aflorar del hecho ajeno (C.C., arts. 2347 a 2349), por el hecho de las cosas (C.C., arts. 669, 2350, 2351, 2353 a 2355 y C. Co. 1827), por actividades peligrosas (C.C., art. 2356), por el incumplimiento de obligaciones legales y por los cuasicontratos (C.C., arts. 2304, 2313 y 2322).

A propósito de la responsabilidad civil extracontractual por el hecho propio, directa o con culpa probada que, como se verá, es la que en este momento interesa, resulta necesario señalar que en esencia se refiere a la que surge por los daños que de manera personal e inmediata alguien le causa a otro.

Esta visión en principio pareciera referirse exclusivamente a las personas naturales con exclusión de las jurídicas, por lo que es oportuno señalar al respecto, que originalmente se consideró que a estas últimas se les debía aplicar el régimen de la responsabilidad civil extracontractual por el hecho ajeno consagrado en el Código Civil (art. 2347 y ss.), así que en ese escenario la culpa de quien actuaba a nombre de la persona jurídica suponía la de ésta, la que a su vez podía exonerarse demostrando diligencia y cuidado en la vigilancia del agente causante del daño.

Ahora, esa concepción entró en crisis, pues si bien podía comprobarse, para efectos de conjurar la culpa, que en efecto se había realizado aquella vigilancia sobre el agente promotor del daño a través de los órganos de dirección de la persona jurídica, en todo caso quedaban por fuera dichos órganos directivos, al no estar sometidos a vigilancia alguna en razón de su jerarquía y, por tanto, le era imposible al ente moral desvirtuar la culpa derivada de una vigilancia deficiente sobre estos.

Con el propósito de superar esa inconsistencia, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, en resumen, acogió la tesis según la cual las personas jurídicas de derecho privado siempre responden de forma directa por los actos de sus agentes, sin importar si son de dirección o no, pues todos son órganos de aquellas, de tal manera que los actos de aquellos agentes realizados en ejercicio o con ocasión de las funciones de las personas jurídicas, se reputan como propios de estas(5). Al respecto concluyó:

…O todos los agentes, cualesquiera que sean su posición, atribuciones o tareas, son órganos, con igual actitud para obligar directamente a la entidad a que pertenecen, por los actos culposos que ejecuten en el desempeño de sus cargos, con apoyo en el artículo 2341; o ninguno lo es, para que la responsabilidad del ente jurídico sea simplemente indirecta, con respaldo en los artículos 2347 y 2349; pero, como tal conclusión es también inadmisible en esta hora, es la equiparación de todos los agentes el resultado que se impone, ya que, además, su clasificación práctica presenta serios tropiezos.

De lo anteriormente expuesto fluye la inaplicabilidad de la tesis de la responsabilidad indirecta, por el “hecho ajeno”, y del mismo modo, la organicista, construida sobe tan improcedente discriminación.

En cambio, el problema se desata en forma satisfactoria, desde el ángulo de la persona jurídica privada, mediante la tesis de la responsabilidad directa, en una palabra, por ser los actos de los agentes sus propios actos, tesis cuyos caracteres quedaron determinados en… esta providencia.

Se hacía alusión, entre otras cosas, a lo siguiente:

a. La culpa personal de un agente dado compromete de manera inmediata a la persona jurídica, porque la culpa de sus agentes, cualesquiera que estos sean, es su propia culpa; subsiste, por tanto, como base de responsabilidad el hecho dañoso de un agente determinado;

b. Las obligaciones de elección y vigilancia diligentes, propias de la responsabilidad por los hechos “ajenos” de las personas naturales, que contempla el artículo 2347, no explican la responsabilidad de los entes morales; y desaparecen, en consecuencia, las presunciones de estos fundadas en dichas obligaciones;

c) La entidad moral se redime de responsabilidad probando un hecho extraño (caso fortuito, hecho de terceros o culpa de la víctima);

d) Responde del daño, solidariamente, la persona jurídica y el autor, y aquella puede exigir de éste el valor de la reparación satisfecha a la víctima…

Ahora, esta Sala de Casación Penal viene acogiendo el criterio que se acaba de señalar, pues al resolver un asunto sobre la prescripción de la acción civil, señaló sobre el tema que aquí concita la atención, lo siguiente:

b) Cuando la conducta delictiva ha sido realizada por un representante, agente, o dependiente de una persona jurídica en cumplimiento de su objeto social, es claro que, de acuerdo con la teoría del órgano, quien tiene la obligación de indemnizar el daño causado y contra quien se debe dirigir la acción, no sería un tercero civilmente responsable, sino un verdadero autor de la conducta lesiva de bienes jurídicos, pues así como el Estado cumple sus cometidos políticos a través de sus servidores, las personas jurídicas de derecho privado desarrollan su objeto social por intermedio de personas naturales en ejercicio o con ocasión de sus funciones.

(...).

Sobre dicha temática, pertinente se ofrece traer a colación la posición de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencia que resulta no solo vinculante para la Sala por provenir del órgano constitucionalmente establecido para fijar el sentido y alcance de la legislación civil, sino aplicable al caso en cuanto se ocupa de todos y cada uno de los puntos de disenso propuestos por el demandante contra el fallo del tribunal:

“1. Según se acaba de ver, se duele en este cargo el recurrente porque el tribunal no le dio aplicación al artículo 2358 del C.C., en su inciso 2º puesto que, según él, este comprende a todos los ‘terceros responsables’, conforme a las disposiciones del capítulo correspondiente; de modo que, existiendo norma específica aplicable al caso, no habría para qué acudir a otras de carácter general.

Para él el precepto citado resulta ser aplicable a la ‘responsabilidad directa o indirecta, propia o de otras personas llámense terceros o directamente responsables’.

2. Sin embargo, no esclarece cómo pueden ser conciliables los conceptos de ‘responsabilidad directa’ y de ‘terceros responsables’, de forma que cuando se alude a éstos también han de ser comprendidas las hipótesis propias de aquella.

Ello por supuesto, no era —ni es— posible, puesto que son dos nociones que si bien se refieren a la responsabilidad, se distinguen en que mientras que los terceros responsables, como su nombre lo indica, lo son por el hecho de otro, en la responsabilidad directa se responde por el hecho propio, el cual, como es apenas natural, tiene una óptica diferente en tratándose de personas naturales y de personas jurídicas: En aquellas la expresión fáctica y la connotación jurídica del hecho objeto de enjuiciamiento no presenta ninguna dicotomía. En éstas, en cambio, y como quiera que no pueden actuar más que por medio de personas naturales, ambas manifestaciones son atribuibles a sujetos diferentes. Pero la disgregación no autoriza en modo alguno, a aseverar que la de las personas jurídicas es una responsabilidad de terceros. Este es un punto que desde hace ya un tiempo considerable se encuentra no solo decidido sino decantado en la jurisprudencia. Así, en reciente ocasión, dijo la Sala: ‘…En este orden de ideas, a modo de necesaria síntesis y de conformidad con lo dicho en el párrafo que antecede, el régimen de responsabilidad civil por culpa extracontractual al que las leyes comunes someten a las personas jurídicas privadas, se distingue por un conjunto de reglas generales de entre las cuales importa destacar las de mayor significación, a saber:

a) En primer lugar, que la culpa personal de un agente dado, funcionario directivo o subalterno auxiliar, compromete de manera inmediata y directa a la persona jurídica cuyos intereses sirve, desde luego en cuanto de la conducta por el primero observada pueda aseverarse que hace parte del servicio orgánico de la segunda. En consecuencia, cuando un individuo —persona natural— incurre en un ilícito culposo, actuando en ejercicio de sus funciones o con ocasión ellas, queriendo así por el ente colectivo, no se trata entonces de una falta del encargado que por reflejo obliga a su patrón, sino de una auténtica culpa propia imputable como tal a la persona jurídica, noción ésta que campea en el panorama nacional (G.J. Tomo CXXII, pág. 214)…

b) Secuela forzosa de la regla anterior es que las obligaciones de proceder diligente en la escogencia y en el control de las personas naturales ‘…bajo su cuidado…’, esenciales en la responsabilidad indirecta por el hecho ajeno que instituyen los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, en línea de principio no sirven para explicar la imposición de prestaciones resarcitorias extracontractuales a cargo de los entes morales; esa responsabilidad indirecta que dichos preceptos regulan ‘…supone dualidad de culpas conforme a la concepción clásica que funda la responsabilidad del comitente en las culpas in eligendo e in vigilando, o sea la concurrencia de la imputable al comisionado o dependiente como autor del eventos damni con la in eligendo o in vigilando que se atribuye al patrono; en tanto que la culpa en que puede incurrir la persona moral es inseparable de la individual del agente, porque aquella obra por medio de sus dependientes o empleados, de modo que los actos de estos son sus propios actos. La responsabilidad en que puede incurrir es, por lo tanto, la que a toda persona con capacidad de obrar corresponde por sus propias acciones…’ (G.J. Tomo XCIX, pág. 653, reiterada en Casación Civil de 28 de octubre de 1975), de donde se sigue que cuando se demanda a una persona jurídica en acción indemnizatoria de daños causados por el hecho culposo de sus agentes cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, no se convoca a dicha entidad bajo el concepto de ‘…tercero responsable…’ sino a ella como inmediato responsable del resarcimiento debido, de suerte que en ese específico evento lo conducente es hacer actuar en el caso litigado, para darle a la controversia la solución que la ley ordena, la normatividad contenida en el artículo 2341 del Código Civil y no la prevista en los artículos 2348 y 2349.

(...).

3. De otra parte, la distinción entre responsabilidad directa y responsabilidad por el hecho de otro no es una cuestión más o menos accesoria o de segundo orden, sino que se trata de algo que está en la base misma de la responsabilidad, como que su fundamento es distinto, pues si la culpa ‘in eligendo’ o la culpa ‘in vigilando’ son las que inspiran o justifican la responsabilidad indirecta, tal como se desprende de los artículos 2347 y 2349 del C.C., las mismas en el supuesto de la responsabilidad directa o por el hecho propio, carecen de toda incidencia, siendo otros los soportes en los que ésta descansa” (CSJ SP, 2 Abril 2008, Rad. 28396, en sentido semejante CSJ SP, 11 Abr. 2012, Rad 33085).

Señalado lo anterior y visto el caso que concita la atención, se tiene que el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra, para la fecha de los hechos, le prestaba sus servicios profesionales como médico a la persona jurídica Serviclínicos San José Limitada, quien lo había asignado a la Clínica San José de Cúcuta S.A., de manera que con ocasión de sus funciones, esto es, en medio de las consultas que hacía a sus pacientes, en particular sobre dos de ellas, valga decir, a Luz Karina Sandoval Cedas y Arelys Uribe Hoyos, cometió los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales por los que terminó condenado penalmente.

Conviene precisar, de un lado, que el alcance de la expresión «en ejercicio de sus funciones», alude a que el daño se produzca a raíz de la función asignada por la persona jurídica a su agente, o por el abuso en la ejecución de ella.

De otra parte, la expresión con «ocasión de sus funciones» se refiere a que la circunstancia se constituya en el medio u oportunidad propicios para la causación del daño, es decir, que sea su necesaria consecuencia.

Ahora, para que se pueda predicar responsabilidad civil por el hecho propio, es necesario que concurran cuatro elementos, a saber: una conducta activa u omisiva que sea la causa del daño; que tal conducta haya sido dolosa o culposa; que se configure un daño y; que entre el daño y la culpa exista un nexo de causalidad.

En ese sentido, en el caso de la especie está demostrado que el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra, estando al servicio de Serviclínicos San José Limitada, con ocasión de sus funciones como médico, accedió carnalmente a Luz Karina Sandoval Cedas y a Arelys Uribe Hoyos.

De otra parte, vista la forma como se produjeron los hechos, se tiene que la conducta del sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra fue eminentemente dolosa, en tanto que con pleno conocimiento de lo que constituía el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, lo cometió voluntaria y conscientemente en contra de las víctimas, al punto que preparó su realización consiguiendo previamente la sustancia que les inoculó, la que, por su profesión, sabía que anularía la resistencia de aquellas frente al abuso.

Igualmente, se observa que la conducta realizada por el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra causó un daño a las citadas, pues vieron afectada su libertad sexual.

Ahora, según se dijo inicialmente, el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra, con ocasión de su trabajo como médico de Serviclínicos San José Limitada, abusó sexualmente de Luz Karina Sandoval Cedas y Arelys Uribe Hoyos, de donde se sigue que se presenta un nexo de causalidad entre el daño causado y la culpa en tanto dolosa atribuida al primero, la cual se reputa de la referida persona jurídica al ser el condenado penalmente un agente de ella.

Por tanto, en el caso de la compañía Serviclínicos Limitada concurren todos los elementos necesarios para predicar su responsabilidad civil extracontractual por el hecho propio.

Adicionalmente, no sobra advertir que si bien, como medio de defensa frente a la responsabilidad por el hecho propio se puede alegar causa extraña, esto es, fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o un hecho de la víctima; en este caso, por elemental sustracción de materia, no se consolida alguna de ellas en orden a dar lugar a la exoneración del responsabilidad civil extracontractual directa en cabeza de Serviclínicos San José Limitada, pues constatada su responsabilidad en razón de la teoría del órgano frente al sub judice, en donde su agente actuó dolosamente, no hay lugar a predicar que alguna causa de aquel talante se pueda consolidar.

En efecto, es principio general que para la procedencia de la causa extraña no debe concurrir culpa en el demandado, de manera que ante la presencia de ésta, aquella queda excluida.

En suma, le asiste razón al apoderado de las víctimas, en cuanto que la fuente de la responsabilidad civil en punto de Serviclínicos San José Limitada es directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2341 del Código Civil, según viene de exponerse.

Contrario sensu, ni la fiscal delegada ante esta Corporación ni el apoderado de Serviclínicos San José Limitada, aciertan al concluir que dicha compañía no está llamada a responder civilmente, en tanto se había limitado a suministrar un listado de médicos a la Clínica San José de Cúcuta S.A., entre los cuales esta escogió al sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra, pues con tal postura ambos intervinientes ignoraron la realidad, esto es, que el citado, en el momento en que cometió los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, de los que fueron víctimas Luz Karina Sandoval Cedas y Arelys Uribe Hoyos, prestaba sus servicios a la persona jurídica referida inicialmente.

Clínica San José de Cúcuta S. A.:

Frente a este ente moral igualmente corresponde establecer el aspecto fáctico que dio lugar a que se propusiera su vinculación como civilmente responsable al incidente de reparación integral, en orden a establecer la situación jurídica que se desprende del mismo.

Los elementos de convicción aportados al incidente enseñan que Arelys Uribe Hoyos, en su condición de beneficiaria del contrato de medicina prepagada suscrito entre Cemex Colombia S.A y Colmédica Medicina Prepagada S.A.(6) acudió, el 27 de octubre de 2011, a la sección de urgencias de la Clínica San José de Cúcuta S.A. aquejada de un dolor en el tórax(7), siendo atendida por el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra en su condición de médico localizado en esa dependencia, quien durante la consulta le administró vía intravenosa una sustancia que le hizo perder la consciencia, tras lo cual abusó sexualmente de aquella.

De otra parte, los medios de conocimiento recogidos durante el incidente de reparación integral por igual demuestran que Luz Karina Sandoval Cedas, afiliada como beneficiaria de la Nueva EPS S.A.(8), el 11 de enero de 2012, asistió a la zona de urgencias de la Clínica San José de Cúcuta S.A., toda vez que experimentaba dolor abdominal(9), por lo que recibió atención por el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra en su calidad de médico asignado a esa sección, quien durante la consulta le inoculó una sustancia que le provocó estado de somnolencia, el cual fue aprovechado por el citado para accederla carnalmente.

Así las cosas, es claro que el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra abusó sexualmente de Luz Karina Sandoval Cedas y Arelys Uribe Hoyos durante la consulta que les realizó en la sección de urgencias de la Clínica San José de Cúcuta S.A.

Es entonces bajo el anterior supuesto fáctico que se debe revisar la situación jurídica de la Clínica San José de Cúcuta S.A., en orden a determinar si debe responder civilmente.

En ese sentido, en relación con el caso de Luz Karina Sandoval Cedas, se tiene que acudió a la Clínica San José de Cúcuta S.A. en razón de su afiliación al sistema general de seguridad social en salud a través de la Nueva EPS S.A. en la condición de beneficiaria, pues su progenitora estaba afiliada como cotizante a esta última.

Cabe precisar por tanto, que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 155 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 177 ibídem, las Entidades Promotoras de Salud como la Nueva EPS S.A. integran el sistema general de seguridad social en salud en calidad de organismos de administración, financiación y recaudo de las cotizaciones pagadas a dicho sistema por sus afiliados.

Así mismo, es oportuno recordar que acorde con el artículo 152 de la Ley 100 de 1993, el sistema general de seguridad social en salud tiene por misión regular el servicio público esencial de salud y crear las condiciones para que toda la población esté afiliada y tenga acceso al servicio de salud en todos los niveles de atención, lo cual puede conseguirse, según lo preceptúa el literal b) del artículo 156 ibídem, sufragando una cotización que está reglamentada en la ley (régimen contributivo), o a través del subsidio que se financia con recursos fiscales, de solidaridad y con los ingresos de los entes territoriales (régimen subsidiado).

Ahora bien, las entidades promotoras de salud como la Nueva EPS S.A., ofrecen los servicios de salud a través de instituciones prestadoras de salud (IPS), conforme lo prevé, entre otros, el artículo 179 de la Ley 100 de 1993, las que a su vez son, acorde con lo señalado en el literal i) del artículo 156 ibídem, entidades oficiales, mixtas o privadas organizadas para prestar el servicio de salud a los afiliados al sistema general de seguridad social en salud.

Es del caso añadir que a voces del literal k) del artículo 156 de la ley en mención, las entidades promotoras de salud como la Nueva EPS S.A. podrán prestar sus servicios directamente a los afiliados por medio de sus propias instituciones prestadores de salud o contratar a éstas instituciones, siempre que estén organizadas y autorizadas legalmente.

En el caso de la especie, se evidencia que la Nueva EPS S.A. no utilizó una institución prestadora de salud propia para suministrar el servicio de salud a la afiliada al sistema general de seguridad social en salud en calidad de beneficiaria Luz Karina Sandoval Cedas, sino que lo hizo a través de la IPS Clínica San José de Cúcuta S.A., conforme se desprende del contrato que suscribió con ésta última el 1º de agosto de 2008(10).

En ese contrato, para abundar en detalles, se estipuló que se regiría, entre otras, por la Ley 100 de 1993. Igualmente, que la IPS Clínica San José de Cúcuta S.A. suministraría los servicios de salud pactados con plena autonomía técnica, financiera, administrativa y científica, bajo su propia y exclusiva responsabilidad, como no podía ser de otra manera.

En efecto, amén de que así lo define el parágrafo único del artículo 181 de la Ley 100 de 1993, las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud tienen una reglamentación, razón de ser, ubicación y controles distintos en el sistema general de seguridad social en salud que las hace independientes y de allí la posibilidad de que incluso una EPS preste sus servicios a través de una IPS propia que a su vez opera con autonomía (Sent. C-616/2001).

No sobra añadir, en orden a confirmar la autonomía de las instituciones prestadoras de salud, que en atención a lo dispuesto en el literal d) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993, que en el régimen contributivo, como es el caso que ocupa la atención, las encargadas de recoger las cotizaciones de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud son las entidades promotoras de salud, las que deben depositar esos recursos en una cuenta independiente a la de la EPS respectiva, es decir que esos fondos no les pertenecen a estas, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 ídem, reciben por la atención prestada a los afiliados a dicho sistema general a través de las instituciones prestadoras de salud, una unidad de pago por capitación regulada en la ley, de manera que, según el artículo 177 ibídem, del cruce de cuentas entre las cotizaciones recaudadas y las unidades de pago por capacitación causadas, se obtiene el dinero para pagarle a las IPS el servicio suministrado.

Hasta aquí se puede sintetizar que las entidades promotoras de salud como la Nueva EPS S.A., dentro del sistema general de seguridad social en salud, simplemente son organismos de administración y financiación y que eventualmente pueden prestar los servicios de salud directamente o a través de instituciones prestadoras de salud que operan con autonomía. Así mismo, que en el caso de Luz Karina Sandoval Cedas el servicio de salud se le prestó directamente por la IPS Clínica San José de Cúcuta S.A., la cual no pertenece a la referida EPS.

Bajo esas condiciones, resulta necesario entrar a establecer la relación que se configuró entre la IPS Clínica San José de Cúcuta S.A. y Luz Karina Sandoval Cedas, de manera que con ese fin se hará referencia a algunas normas y a la par se examinará el caso concreto.

El artículo 1494 del Código Civil establece que “las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia” (subrayas fuera de texto).

Así mismo, el artículo 1495 ibídem prevé que el “contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas” (resaltado fuera de texto).

Importa señalar así mismo, de una parte, que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3º del artículo 159 de la Ley 100 de 1993, la afiliada al sistema general de seguridad social en salud Luz Karina Sandoval Cedas, tenía la potestad de elegir la entidad promotora de salud, que en este asunto fue la Nueva EPS S.A.(11) y; de otro lado, que según lo preceptúa el numeral 4º de la norma en cita, la mencionada a su vez tenía la posibilidad de seleccionar la Institución Prestadora de Salud y el galeno que le prestaría la atención médica, que en concreto se trató de la IPS Clínica San José de Cúcuta S.A. y de Juan Carlos Zabala Sierra, respectivamente.

No sobra anotar que si bien, Luz Karina Sandoval Cedas acudió voluntariamente a la IPS Clínica San José de Cúcuta S.A., de donde sin dificultad se advierte que unilateralmente la escogió, en otro sentido pudiera ponerse en tela de juicio que no sucedió lo mismo respecto del médico Juan Carlos Zabala Sierra que la atendió, en tanto se encontraba previamente asignado a la sección de urgencias de dicha IPS cuando arribó la citada, no obstante, no puede perderse de vista que cuando Luz Karina accedió a que fuera auscultada por Zabala Sierra se produjo la selección, en tanto contaba con la alternativa de optar por otro profesional y no lo hizo.

Igualmente, se tiene que el artículo 4º de la Ley 23 de 1981 (Código de Ética Médica) consagra que “la asistencia médica se fundamentará en la libre elección del médico, por parte del paciente. En el trabajo institucional se respetará en lo posible este derecho”; en tanto que el artículo 5º ibídem preceptúa que “la relación médico-paciente se cumple en los siguientes casos; 1. Por decisión voluntaria y espontánea de ambas partes. 2. Por acción unilateral del médico, en caso de emergencia. 3. Por solicitud de terceras personas. 4. Por haber adquirido el compromiso de atender a personas que están a cargo de una entidad privada o pública”.

Adicionalmente, es pertinente señalar que de la Ley 23 de 1981 surgen un conjunto de obligaciones generales (art. 1º) y especiales de las instituciones (arts. 42 a 46), los médicos (arts. 3º a 26) y los pacientes (ídem) que gobiernan las relaciones contractuales entre los citados, las que ahora no es necesario señalar exhaustivamente por no ser el tema que concita la atención.

Del recuento normativo que antecede se desprende que la relación que surgió entre la IPS Clínica San José de Cúcuta S.A. y Luz Karina Sandoval Cedas, a raíz de la asistencia médica prestada a la primera, fue de carácter contractual, la cual está regulada especialmente por la ley.

En efecto, se advierte que medió un acto voluntario entre las partes, IPS Clínica San José de Cúcuta S.A. y Luz Karina Sandoval Cedas con el propósito de que la primera le prestara el servicio médico a la última, el cual se concretó a través del sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra.

A su vez, la selección de la IPS Clínica San José de Cúcuta S.A. fue posible en razón de la regulación inherente al sistema general de seguridad social en salud y la atención, de la forma que se dio, se hizo viable debido a la afiliación que a ese sistema general tenía Luz Karina Sandoval Cedas a través de la Nueva EPS S.A. Adicionalmente, las normas previstas en el Código de Ética Médica permitieron establecer las relaciones surgidas entre la IPS y la citada, por lo que las obligaciones que surgen entre estos son por ministerio de la ley.

También resulta necesario señalar, que en materia contractual se ha venido abriendo paso en la doctrina y la jurisprudencia las denominadas obligaciones de seguridad, que aluden a que la parte deudora de la prestación se compromete a garantizar la integridad de las personas o de las cosas que en virtud del contrato quedan bajo su cuidado.

En ese sentido, es del caso reseñar que en la ejecución de un contrato la parte acreedora puede experimentar daños en su integridad que per se no significan el incumplimiento de la obligación contractual principal, sino que se producen con ocasión de la ejecución de la misma.

Caso paradigmático de esa situación se encuentra en los centros asistenciales, que entre sus obligaciones principales se encuentra la de velar por la seguridad de los pacientes que ingresen a ellos, pues tienen la obligación de que al paciente no le ocurra nada.

…Así lo ha puesto de relieve la reiterada jurisprudencia de esta corporación (en su Sala de Casación Civil) (sentencias del 12 de septiembre de 1985, 1º de febrero de 1993, 18 de octubre de 2005, entre otras), (señalando) que dichas entidades también adquieren una obligación de seguridad, definida como aquella en virtud de la cual una de las partes en la relación negocial se compromete a devolver, al concluir el objeto de la prestación, sanos y salvos tanto a la persona del otro contratante como sus bienes, obligación esta que puede ser de resultado, en cuyo caso el deudor se compromete a evitar que el acreedor sufra un accidente en la ejecución del contrato que lesione su persona o sus bienes, por lo que le incumbe probar un hecho extraño para exonerarse de responsabilidad; o, por el contrario, puede tratarse, en hipótesis más reducidas, de un “deber general de prudencia y diligencia”, enderezado a disponer de los medios necesarios para prevenir la producción de cualquier accidente” (CSJ SC, 22 jul. 2010, Rad. 41001 3103 004 2000 00042 01).

Clarificada la relación que se configuró entre la IPS Clínica San José S.A. y Luz Karina Sandoval Cedas, así como señalada la obligación de seguridad que le corresponde garantizar a los centros asistenciales como el citado, se concluye que debe responder civilmente por el daño causado por el médico Juan Carlos Zabala Sierra en sus instalaciones mientras atendía en consulta a Luz Karina Sandoval Cedas, debido a que aquel actuó cuando estaba subordinado a aquella.

Prueba de la subordinación del sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra a la IPS Clínica San José de Cúcuta S.A. se encuentra en los documentos en los cuales esta última disponía los turnos y las dependencias en las que el citado debía prestar sus servicios, las medidas disciplinarias que tomó en su contra por haber omitido los controles dispuestos para constatar el cumplimiento del horario laboral o por no completar la documentación con destino a su hoja de vida, amén de su inclusión en la póliza de responsabilidad extracontractual que constituyó la referida IPS(12).

Como resultado de la conclusión a la que se ha arribado en relación con la responsabilidad de la IPS Clínica San José de Cúcuta S.A., surge un asunto de naturaleza eminentemente procedimental que es necesario abordar con el fin de darle consistencia a la conclusión anotada.

En primer término, ciertamente se tiene que la pretensión del apoderado de las víctimas plasmada en el incidente de reparación integral, se orientó a demostrar la responsabilidad civil de la IPS Clínica San José de Cúcuta S.A., Colmédica Medicina Prepagada S.A., la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. —Nueva EPS S.A.— y Serviclínicos San José Limitada, de tal manera que no hizo alusión de forma clara a la responsabilidad a la que aquí se ha arribado en punto del primero de dichos entes morales.

No obstante, es preciso consignar que al respecto la Corporación en su Sala Civil ha expresado:

Por lo que hace relación a la demanda en forma, ciertamente a la presentada por la actora le falta precisión y claridad en cuanto al fundamento de la responsabilidad que, en forma acumulada, dedujo frente a los demandados, pero tales deficiencias no son de entidad tal que puedan considerarse como un obstáculo procesal que impida una decisión de fondo. Examinada en su conjunto, la demanda no deja la menor duda que el fundamento de las pretensiones radica en la supuesta culpa que a los demandados incumbe en la ocurrencia del siniestro, pues por ministerio de la ley, la compañía aseguradora ocupa el mismo lugar que corresponde a quien contrató la conducción del cargamento y como tal se halla legitimada para demandar, no solo a quien contrató (responsabilidad por incumplimiento de contrato), sino también a quienes por mandato del artículo 991 del Código de Comercio están llamados a responder por fuera de los términos del contrato. Esto, porque como lo ha sostenido la Corte en forma reiterada, cuando la “demanda adolece de cierta vaguedad en relación con los hechos o en la forma como quedaron concebidas las súplicas, le corresponde al fallador desentrañar la pretensión o pretensiones contendidas en el libelo, en procura de no sacrificar el derecho, puesto que no es aceptable en el campo de la hermenéutica de la demanda, que la torpe expresión de las ideas pueda ser motivo valedero para subestimar el derecho reclamado, cuando éste alcanza a percibirse en la intención y con la exposición de ideas del demandante” (CSJ SC, 6 Ago. 1985, Gaceta Judicial Tomo XLVIII).

Analizado el caso de la responsabilidad civil de la IPS Clínica San José de Cúcuta S.A. en relación con Luz Karina Sandoval Cedas, ahora corresponde abordar la situación que se presenta respecto de Arelys Uribe Hoyos.

Como se recordará, Arelys Uribe Hoyos, en su condición de beneficiaria del contrato de medicina prepagada suscrito entre Cemex Colombia S.A y Colmédica Medicina Prepagada S.A., acudió a la sección de urgencias de la Clínica San José de Cúcuta S.A., siendo atendida por el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra, quien abusó sexualmente de aquella.

En esa medida, se ofrece oportuno mencionar que Colmédica Medina Prepagada S.A. se creó con fundamento en lo dispuesto en el literal k) del artículo 10 del artículo 1º de la Ley 10 de 1990, en tanto allí se autorizó al Gobierno Nacional para “dictar normas sobre la organización y funcionamiento de los servicios de medicina prepagada, cualquiera sea su modalidad, especialmente sobre su régimen tarifario y las normas de calidad de los servicios, así como en relación con el otorgamiento del mismo tipo de servicios por las instituciones de seguridad y previsión social, cuya inspección, vigilancia y control estarán a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud”.

Así mismo, es preciso indicar que en cumplimiento de ese mandato legal, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1570 de 1993, el cual, en el numeral 1º de su artículo 1º consagró, en concordancia con el artículo 5º ibídem, que la modalidad de medicina prepagada es “el sistema organizado y establecido por entidades autorizadas conforme al presente decreto, para la gestión de la atención médica y de la prestación de los servicios de salud y/o para atender o prestar directa o indirectamente estos servicios, mediante el cobro regular de un precio pagado por anticipado por los contratantes”.

Así mismo, el decreto en cita en el numeral 2º de su artículo 1º definió que “beneficiario” es la persona que tiene derecho a los servicios contratados, mientras que en el numeral 3º indicó que “entidad adscrita” es la “institución dedicada a la prestación de servicios de salud en sus diferentes modalidades, a través de la cual los usuarios reciben la atención médica, quirúrgica o científica a cuya gestión se comprometen las entidades que regula el presente decreto”.

A su vez, el artículo 16 del Decreto 1570 de 1993 dispone que Las empresas de medicina prepagada podrán contratar la atención médica y la prestación de servicios de salud a sus usuarios con hospitales, clínicas, centros de salud, laboratorios o instituciones similares…”.

De otra parte, en el artículo 17 ibídem se preceptúa que “Las empresas, dependencias y programas de medicina prepagada, responderán civil y administrativamente… cuando se preste el servicio en forma directa, por las faltas o fallas ocasionadas por algunos de sus empleados, sean éstos del área administrativa o asistencial, sin perjuicio de las sanciones a que pueda dar lugar la violación de las normas del Código de Ética Médica”.

En el caso de la especie, se observa que Colmédica Medicina Prepagada S.A., no le prestó directamente el servicio médico a Arelys Uribe Hoyos, sino que lo hizo por medio de la Clínica San José de Cúcuta S.A., conforme se deduce de los elementos de conocimiento practicados en el incidente de reparación integral(13), así como del contrato suscrito el 2 de febrero de 2009(14) entre dicho ente moral y el centro asistencial en cita.

Adicionalmente, se tiene que en el referido contrato se estipuló que la Clínica San José de Cúcuta S.A. prestaría “sus servicios en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, con sus propios medios y recursos”.

En esa medida, se observa que tanto de conformidad con lo dispuesto en la ley, es decir, en el artículo 17 del Decreto 1570 de 1993, como de acuerdo con lo pactado en el contrato suscrito entre Colmédica Medicina Prepagada S.A. y la Clínica San José de Cúcuta S.A., la responsabilidad por la atención prestada a Arelys Uribe Hoyos era de esta última persona jurídica.

Ahora, no se hace necesario reiterar, frente a Arelys Uribe Hoyos, lo señalado en esta providencia en punto de de la relación que nace por el hecho de que un paciente acuda a un centro asistencial, en este caso, a la Clínica San José de Cúcuta S.A. e, igualmente, lo relacionado con la obligación de seguridad, con el fin de arribar a igual conclusión a la que se llegó en el caso de Luz Karina Saldoval Cedas, en tanto se trata de una misma situación de hecho, por lo que es patente que la persona jurídica en cita por igual debe responder civilmente por el daño causado a la primera en mención.

Lo anotado en precedencia en relación con la Clínica San José de Cúcuta S.A., permite aceptar la postura de la fiscal delegada en punto de que la misma debe responder civilmente, pero por las razones aquí consignadas.

De otra parte, como quiera que el apoderado de la Clínica San José de Cúcuta S.A. considera que esta no debe responder por cuanto el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra actuó unilateralmente de forma dolosa, de modo que no hay relación de causalidad entre aquella clínica y el daño causado, baste señalar al respecto que, conforme quedó reseñado en líneas anteriores, por la relación surgida entre Luz Karina Sandoval Cedas y Arelys Uribe Hoyos y la clínica en cuestión había una obligación de seguridad que se traduce en que le correspondía garantizar que a las mencionadas no les ocurriera nada durante la ejecución de la prestación del servicio de salud, mas, como se conoce, no sucedió así, de tal manera que la forma de exoneración del ente moral en mención estaba en demostrar una causa extraña, valga decir, que el daño se produjo por fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o un hecho de las víctimas; ninguna de cuyas hipótesis se da, pues claramente se sabe —y así lo admite el abogado de la clínica—, que el daño lo generó el médico Zabala Sierra, quien estaba subordinado a la misma. En fin, el apoderado de la IPS confunde el autor material del daño con el nexo de causalidad, que no es otro que estando Sandoval Cedas y Uribe Hoyos en las instalaciones del mentado centro asistencial, sufrieron un daño y por ello éste centro debe entrar a responder civilmente.

Lo anotado en precedencia en relación con la Clínica San José de Cúcuta S.A., igualmente permite aceptar la postura de la fiscal delegada en punto de que tal clínica debe reparar el daño, pero por las razones aquí consignadas, mas no porque simplemente todos los entes morales vinculados al incidente de reparación integral estuvieran realizando una actividad común, valga decir, la prestación del servicio de salud.

Colmédica Medicina Prepagada S.A. y Nueva Promotora de Salud S.A. —Nueva EPS S.A.—:

Como quiera que al realizar el análisis orientado a disipar si la Clínica San José de Cúcuta S.A. debía responder civilmente, se abordó lo relacionado con la naturaleza y regulación legal de las empresas promotoras de salud y las de medicina prepagada, arribándose a la conclusión de que las primeras son organismos de administración, financiación y recaudo de las cotizaciones del sistema general de seguridad social en salud, mas no son prestadoras del servicio de salud, como bien lo afirma el apoderado de la Nueva EPS S.A.; pero además, que en relación con la última (Colmédica), legal y contractualmente no está llamada a responder civilmente, como lo sostiene su abogado, salvo que asuma directamente la prestación del servicio de salud, lo que no ocurrió en el sub judice conforme quedó ampliamente explicado con antelación; de todo lo anterior se sigue que ni la Nueva EPS S.A. ni Colmédica Medicina Prepagada S.A. deben entrar a responder civilmente en este caso, conforme atinadamente lo concluyó el juzgador de primer grado y lo avaló el tribunal, pero por las razones expuestas en esta determinación.

Seguros Generales Suramericana S.A.:

Los medios de conocimiento practicados durante el incidente reparación integral(15), revelan que la aseguradora en cita, el 20 de septiembre de 2011, expidió a favor de la Clínica San José de Cúcuta S.A. la póliza 7632401-8 con el propósito de amparar la responsabilidad civil de esta, observándose que dentro de su clausulado se estableció, en la Sección II dedicada a las “exclusiones”, que “1. En ningún caso están cubiertos los siniestros generados por o resultantes de: 1.1. Dolo o culpa grave del tomador, asegurado o beneficiario”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 1055 del Código de Comercio preceptúa que “el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno…” .

En el caso de la especie, se tiene que el daño causado fue producto de la acción dolosa del sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra, quien abusó sexualmente de Luz Karina Sandoval Cedas y Arelys Uribe Hoyos durante la consulta que como médico les realizó en las instalaciones de la Clínica San José de Cúcuta S.A.

Así las cosas, es claro que por ministerio de la ley, amén de que en el contrato de seguro suscrito entre la Clínica San José de Cúcuta S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A. así se estipuló, no hay lugar a que esta última entre a indemnizar los daños en razón de la póliza que expidió.

En ese sentido, apunta igualmente la jurisprudencia de esta Sala (CSJ AP, 18 abr. 2012, Rad. 37506) y la de la Sala Civil, pues, con claridad esta última ha concluido:

El artículo 1055 del Código de Comercio, al cual remite el inciso final del 1127, contempla prohibitivamente la “inasegurabilidad” del dolo, de tal manera que “cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno”, lo que tiene su fundamento en la incertidumbre del suceso como uno de los elementos esenciales del “seguro” y en razones de orden público, toda vez que permitir la protección frente a la ocurrencia de hechos ilícitos derivados del tomador sería tanto como facilitar su comisión.

En esa dirección, indefectiblemente de su estipulación expresa, como ocurre en este caso, el establecimiento de que la responsabilidad origen del reclamo se deriva de un comportamiento doloso del asegurado, deja sin piso cualquier pretensión indemnizatoria frente a quien expide la garantía. (CSJ SC, 5 jul. 2005, Rad. 05001-31-03008-2005-00425-01).

En esa medida, no le asiste la razón a la fiscal delegada ante esta corporación, cuando concluye que Seguros Generales Suramericana S.A. debe responder por los daños en el asunto que concita la atención, en tanto centra su afirmación en la simple existencia de la póliza mas no en su clausulado, desconociendo de paso con ello la exclusión legal prevista en el artículo 1055 del Código de Comercio.

Una vez se ha precisado en esta determinación qué personas jurídicas deben entrar a responder civilmente y cuáles no, se aborda lo relacionado con la naturaleza y monto de los perjuicios que se deben pagar, para lo cual se hará un recuento de las pretensiones del apoderado de las víctimas, de lo declarado equivocadamente por el tribunal, para luego arribar a lo que en realidad se debe reconocer.

Sobre la indemnización de los perjuicios:

Durante el trámite del incidente de reparación integral, el apoderado de las víctimas puntualizó que la pretensión indemnizatoria, en relación con el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra, la fijaba de la siguiente manera: a favor de la directamente ofendida Luz Karina Sandoval Cedas, por razón de perjuicios materiales, $4.172.500, y por perjuicios morales, $100.000.000; monto y concepto último que también demandó del citado tanto respecto de la otra víctima directa, Arelys Uribe Hoyos, como en punto de cada una de los afectados indirectos, es decir, Luz Marina Cedas de Sandoval, Gerson Omar Contreras Paredes y la menor N.C.U.

Así mismo, el apoderado de las víctimas, respecto de la Clínica San José de Cúcuta S.A., Colmédica Medicina Prepagada S.A., la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. —Nueva EPS S.A.— y Serviclínicos San José Limitada; demandó una pretensión indemnizatoria, por concepto de perjuicios morales, de 1.000 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de los ofendidos, es decir, Luz Karina Sandoval Cedas, Luz Marina Cedas de Sandoval, Arelys Uribe Hoyos, Gerson Omar Contreras Paredes y la menor N.C.U.

Cabe anotar que no se pronunció en relación con Seguros Generales Suramericana S.A., pues esta compañía fue citada a expensas del apoderado de la Clínica San José de Cúcuta S.A.

A su turno, el tribunal, en resumen, concluyó que solamente debía responder civilmente el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra y únicamente por los perjuicios morales, pues descartó la demostración de los materiales, razón por la cual lo condenó a pagar la siguiente indemnización:

A favor de las señoras Luz Karina Saldoval Cedas y Arelys Uribe Hoyos, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una.

En beneficio de Luz Marina Cedas de Sandoval, Gerson Omar Contreras Paredes y la menor N.C.U., por concepto del daño a la vida de relación, el equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En esa medida, corresponde señalar, a partir de lo analizado en los acápites anteriores y las puntuales pretensiones del apoderado de las víctimas, los errores en que incurrió el ad quem en orden a conjurarlos.

En primer lugar, contrario a lo resuelto por el juzgador de segundo grado, la Clínica San José de Cúcuta S.A. y Serviclínicos San José Limitada, conforme se evidenció, deben entrar a responder civilmente y, por ende, les corresponde indemnizar los perjuicios.

En segundo término, se hace necesario establecer la clase de perjuicios y monto de los mismos por los que deben responder las personas jurídicas antes mencionadas y el sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra.

En ese sentido, inicialmente resulta oportuno señalar lo que la Corte viene señalando en relación con las distintas clases de perjuicios:

La obligación de reparar los perjuicios injustamente ocasionados deriva del artículo 2341 del Código Civil, piedra angular de la responsabilidad civil extracontractual:

“El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”.

El daño individual corresponde al soportado por una persona natural o jurídica, el cual, para ser objeto de indemnización, precisa ser antijurídico y cierto.

Dicho daño puede ser material (patrimonial), cuya acreditación debe fundarse en las pruebas obrantes en la actuación, o inmaterial (extrapatrimonial(16)).

Por daño material se entiende el menoscabo, mengua o avería padecido por la persona en su patrimonio material o económico como consecuencia de un daño antijurídico, esto es, el que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar. Obviamente, el daño debe ser real, concreto y no simplemente eventual o hipotético(17); se clasifica en daño emergente y lucro cesante. En tal sentido, el artículo 1613 del Código Civil dispone:

“La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”.

El daño emergente representa el perjuicio sufrido en la estructura actual del patrimonio del lesionado, ponderando para ello el valor de bienes perdidos o su deterioro que afecta el precio, las expensas asumidas para superar las consecuencias del suceso lesivo, etc., cuya acreditación debe obrar en el diligenciamiento.

El lucro cesante corresponde a la utilidad, la ganancia o el beneficio que el perjudicado ha dejado de obtener, esto es, el incremento patrimonial que con bastante probabilidad habría percibido de no haberse presentado la conducta dañosa, por ejemplo, los ingresos laborales no percibidos por una lesión en su integridad personal, o la explotación de un bien productivo como consecuencia de una situación de desplazamiento forzado.

Tanto el daño emergente como el lucro cesante pueden ser actuales o futuros, según hayan tenido lugar hasta el momento en el cual se profiere el fallo o con posterioridad, sin que con ello se tornen inciertos, pues se trata de cuantificar en términos de probabilidad las consecuencias futuras, siempre que sean ciertas, para ello se puede acudir a los cálculos actuariales.

Corresponde a los daños inmateriales, aquellos que producen en el ser humano afectación de su ámbito interior, emocional, espiritual o afectivo y que, en algunas ocasiones, tienen repercusión en su forma de relacionarse con la sociedad. Conforme a las últimas posturas jurisprudenciales, dichos perjuicios entrañan dos vertientes: daño moral y daño a la vida de relación.

A su turno, el daño moral tiene dos modalidades: el daño moral subjetivado, consistente en el dolor, la tristeza, la desazón, la angustia o el temor padecidos por la víctima en su esfera interior como consecuencia de la lesión, supresión o mengua de su bien o derecho. Se trata, entonces, del sufrimiento experimentado por la víctima, el cual afecta su sensibilidad espiritual y se refleja en la dignidad del ser humano; y el daño moral objetivado, manifestado en las repercusiones económicas que tales sentimientos pueden generarle, menoscabo cuya cuantía debe ser demostrada por quien lo alega.

El daño a la vida de relación también denominado alteración de las condiciones de existencia(18) alude a una modificación sustancial en las relaciones sociales y desenvolvimiento de la víctima en comunidad, comprometiendo su desarrollo personal, profesional o familiar, como ocurre con quien sufre una lesión invalidante a consecuencia de la cual debe privarse de ciertas actividades lúdicas o deportivas.

También puede acontecer por un dolor aflictivo tan intenso que varíe notoriamente el comportamiento social de quien lo sufre; desde luego, este daño puede hacerse extensivo a familiares y personas cercanas, como cuando éstas deben asumir cuidados respecto de un padre discapacitado, de quien además ya no reciben la protección, cuidados y comodidades que antes del daño les procuraba. En suma, se trata de un quebranto de la vida en su ámbito exterior, mientras que el daño moral es de carácter interior.

Hoy en día, como ya se dijo, siguiendo la tendencia observada en Europa, la jurisprudencia de nuestro país, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia en sus Salas de Casación Civil y Penal, ha admitido el daño a la vida de relación, como un perjuicio extrapatrimonial distinto del moral, inicialmente denominado perjuicio fisiológico, pero luego, con fundamento en la doctrina italiana expuesta sobre el tema, adquirió la nominación citada para hacer referencia a la pérdida de la posibilidad de realizar actividades vitales que, aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia.

Sobre el mencionado tema tiene dicho el Consejo de Estado en su Sección Tercera:

“Aquella afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de éste por otra persona (situaciones a las que alude, expresamente, el artículo 4º del Decreto 1260 de 1970), o un sufrimiento muy intenso (daño moral), que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que —al margen del perjuicio material que en sí misma implica— produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas...”(19).

A su turno, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha dicho sobre el referido daño:

“Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada, en mayor o menor grado, a causa de una lesión infligida a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó ‘actividad social no patrimonial’.

Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, como quiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar”(20).

La Sala de Casación Penal, como se dijo, también contempla el daño a la vida de relación como susceptible de reparación, y es así como en reciente sentencia señaló:

“Para el evento en concreto, es un hecho cierto e incontrastable que las lesiones, cicatrices, disfunciones orgánicas, discapacidades y secuelas dejadas en el cuerpo de R.S.B.P., produjeron unos daños irreparables a su vida de relación que constituyen afectaciones a la esfera exterior de su persona, perjuicios que ameritan valorarse e indemnizarse dentro del concepto de reparación integral”(21).

Actualmente, entonces, hay uniformidad en la jurisprudencia colombiana en el sentido de que el resarcimiento derivado de la realización de una conducta ilícita debe incluir, además de los tradicionales daños material y moral, aquel causado a la vida de relación.

Es de anotar que el artículo 94 del estatuto punitivo contempla solamente el deber de reparar los daños materiales y morales. Sin embargo, de conformidad con lo visto, será imperativo también del juzgador penal reconocer aquellos que se producen a la vida de relación, siempre y cuando aparezcan demostrados en el proceso. Se trata, por lo demás, como lo esbozó esta Sala en la sentencia precitada, de una obligación proveniente de las normas constitucionales y legales que establecen el derecho de las víctimas a obtener la reparación integral de los perjuicios causados con la conducta punible.

Precisados las distintas clases de perjuicios, se observa que los perseguidos por el apoderado de las víctimas en el incidente de reparación integral, en concreto en la audiencia celebrada el 16 de julio de 2012 en donde identificó sus pretensiones, fueron divididos escuetamente en materiales y morales, no obstante, en realidad, de conformidad con los hechos que en esa oportunidad fueron relatados, en rigor corresponden a tres clases, es decir, materiales derivados del daño emergente y morales tanto objetivados como subjetivados.

En efecto, se observa que respecto del sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra, el apoderado de las víctimas demandó el pago de los perjuicios materiales derivados del daño emergente, los cuales hizo consistir en los gastos médicos en que habría incurrido Luz Karina Saldoval Cedas tras el abuso sexual, valga decir, un examen toxicológico por “$250.000” (sic) y una citología por $18.000.

En relación con el examen toxicológico, aportó una factura por $450.000(22), en la cual se señala que ese valor ya le había sido reconocido a Luz Marina Saldoval Cedas, de donde se sigue que acertó el juzgador de segundo grado al concluir que ese gasto no estaba plenamente demostrado.

Situación distinta se predica de la citología, en tanto la factura aportada sobre el particular indica que Luz Marina Saldoval Cedas pagó en efectivo la suma de $18.000(23).

Ahora, en cuanto hace relación a los daños morales objetivados, también demandados al sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra, estos se contraen al valor de la materia biomecánica que perdió Luz Marina Saldoval Cedas en la universidad donde estudiaba a raíz de su afectación por el abuso sexual, la que se valoró en $900.000, así como el semestre que por igual causa reprobó la citada y cuyo costo ascendió a $3.004.500, conceptos que tampoco fueron comprobados, conforme lo concluyó el tribunal.

En ese sentido, se tiene que si bien el apoderado de Luz Karina Saldoval Cedas aportó una constancia acerca de la pérdida de la materia aludida por parte de la citada, allí no se menciona su valor(24).

De otro lado, a pesar de que el abogado de la citada allegó al incidente de reparación integral una consignación bancaria por $3.004.500 realizada a la universidad en donde estudiaba Luz Marina Saldoval Cedas, allí no se indica quién la hizo y a qué concepto corresponde, amén de que tampoco se acreditó que la mencionada hubiese reprobado el semestre como lo sostuvo su apoderado.

En esa medida, le asistió la razón al ad quem al concluir que dichos conceptos no estaban probados fehacientemente.

Ahora bien, en cuanto hace relación al daño moral subjetivado, que el abogado lo tasó, frente al sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra, y a favor de cada una de las víctimas (directas(25) e indirectas(26) en $100.000.000, y respecto de las personas jurídicas(27) citadas al incidente de reparación integral en 1.000 salarios mínimos para cada una de las víctimas (tanto directas como indirectas), se ofrece oportuno señalar que acertó el tribunal al sostener que teniendo en cuenta el sufrimiento a que fueron expuestas Luz Karina Saldoval Cedas y Arelys Uribe Hoyos, se les debía reconocer una indemnización —por razón de tales perjuicios—, en el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, mientras que a Luz Marina Cedas de Sandoval, Gerson Omar Contreras Paredes y la menor N.C.U., se les debía pagar el equivalente a 10 salarios de la misma naturaleza.

Cabe indicar que el apoderado de las víctimas, en la audiencia del 16 de julio de 2012, donde precisó la pretensión indemnizatoria, no solicitó el reconocimiento de la indemnización por daños a la vida de relación, pues únicamente hizo referencia tangencial a tal aspecto en el alegato de conclusión del incidente de reparación integral.

Es del caso subrayar, que a pesar de que la pretensión indemnizatoria del apoderado de las víctimas, frente a las personas jurídicas citadas al incidente de reparación integral(28), se hizo por el tope máximo contemplado en la ley (L. 599/2000, art. 97), no se evidenciaron los motivos por los cuales se debía atender la pretensión que en ese sentido se formuló. Además, no se debe perder de vista que el extremo superior consagrado en la ley está previsto para el máximo dolor posible, sin que aquí los hechos ni los elementos de conocimiento señalen que fueron de esa entidad.

En resumen, se tiene que los citados al incidente de reparación que en realidad deben responder civilmente, conforme quedó explicado en esta providencia, lo deben hacer de la siguiente manera:

El sentenciado Juan Carlos Zabala Sierra, por concepto de perjuicios materiales, la suma de $18.000, y según lo concluyó el ad quem, por razón de los perjuicios morales subjetivados, en el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor, tanto de Luz Karina Saldoval Cedas como de Arelys Uribe Hoyos. Así mismo, por este último rubro debe pagar 10 salarios de la misma estirpe en beneficio de Luz Marina Cedas de Sandoval, Gerson Omar Contreras Paredes y la menor N.C.U.

Por su parte, la Clínica San José de Cúcuta S.A. y Serviclínicos San José Limitada, deben responder civil y solidariamente, por el pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por razón de los perjuicios morales subjetivados a favor, tanto de Luz Karina Sandoval Cedas como de Arelys Uribe Hoyos.

En los anteriores términos se casará la sentencia con fundamento en el único cargo formulado por el apoderado de las víctimas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia impugnada con fundamento en el único cargo formulado en la demanda presentada por el apoderado de las víctimas, por tanto, dejar en firme la sentencia de primer grado en cuanto declaró civilmente responsables a la Clínica San José de Cúcuta S.A. y a Serviclínicos San José Limitada.

En consecuencia, la Clínica San José de Cúcuta S.A. y Serviclínicos San José Limitada, deben pagar solidariamente, a favor de Luz Karina Sandoval Cedas y Arelys Uribe Hoyos, por razón de los perjuicios morales subjetivados, el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. PRECISAR que Juan Carlos Zabala Sierra debe pagar, a favor de Luz Karina Sandoval Cedas, por razón de perjuicios materiales, la suma de $18.000.

3. DEJAR incólume la sentencia impugnada en todo lo demás.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Folios 76 y 77 del cuaderno de “elementos probatorios del incidentalista”.

(2) Folio 53 ídem.

(3) Folio 39 del cuaderno de elementos probatorios.

(4) Valencia Zea, Arturo y Ortiz Monsalve, Álvaro, Derecho civil, De las obligaciones, Temis, 1998, Tomo III; Ospina Fernández, Guillermo, Régimen general de las obligaciones, Temis, 1998; Tamayo Jaramillo, Javier, Tratado de responsabilidad civil, Legis, 2007, Tomo I.

(5) Gaceta Judicial, T. XCIX, providencia del 30 de junio de 1962.

(6) Folios 112, 118 a 121 del “cuaderno de elementos probatorios”.

(7) Folios 98 a 103 del cuaderno de “elementos probatorios del incidentalista”.

(8) Folios 206 218 ídem.

(9) Folios 91 a 97 ídem.

(10) Folios 41 a 47 del cuaderno de “elementos probatorios”.

(11) Se precisa que esa elección se hizo a través de la madre de la citada, señora Luz Marina Cedas de Sandoval, quien es la persona cotizante.

(12) Folios 21 a 27, 34 a 38 del cuaderno de “elementos probatorios”.

(13) Folios 99 a 103 de cuaderno de “elementos probatorios del incidentalista”.

(14) Folios 137 a 154 del cuaderno de “elementos probatorios”.

(15) Folios 71 a 83 del cuaderno del incidente de reparación integral.

(16) “Cfr. Providencia del 4 de febrero de 2009. Rad. 28085.”

(17) “En este sentido, las sentencias fundamentales sobre la nueva concepción de la víctima (C-228 de 2002 y C-516 de 2007) coinciden en señalar la necesidad de acreditar un daño concreto por parte de quien pretende ser reconocido como tal, aún si sólo persigue la verdad y justicia, con mayor razón, cuando lo perseguido es la indemnización de perjuicios. Con base en esas providencias, esta Corporación ha señalado que para acceder al reconocimiento como víctima dentro del proceso penal actual no basta pregonar un daño genérico o potencial; además, es preciso señalar el daño real y concreto causado con el delito, así se persigan exclusivamente los objetivos de justicia y verdad y se prescinda de la reparación pecuniaria. Así se expuso en decisiones del 24 de noviembre de 2010, Rad. 34993; 11 de noviembre de 2009, Rad. 32564; 6 de marzo de 2008, Rad. 28788 y Rad. 26703; 1 de noviembre de 2007, Rad. 26077 y; 10 de agosto de 2006, Rad. 22289”.

(18) “Así en sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de diciembre de 2001, caso Cantoral Benavides, y en sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 15 de agosto y 18 de octubre de 2007.”

(19) “Sentencia del 25 de enero de 2001. Rad. 11413.”

(20) “Sentencia del 13 de mayo de 2008. Exp. 11001-3103-006-1997-09327-01. En el mismo sentido, sentencia del 20 de enero de 2009. Exp. 17001310300519930021501.”

(21) “Providencia del 25 de agosto de 2010. Rad. 33833.”

(22) Folio 219 del cuaderno de “elementos probatorios del incidentalista”.

(23) Folio 221 ídem.

(24) Folio 231 del cuaderno de “elementos probatorios del incidentalista”.

(25) Luz Karina Sandoval Cedas y Arelys Uribe Hoyos.

(26) Luz Marina Cedas de Sandoval, Gerson Omar Contreras Paredes y N.C.U.

(27) Clínica San José de Cúcuta S.A., Colmédica Medicina Prepagada S.A., Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. —Nueva EPS— y Serviclínicos San José Limitada.

(28) Clínica San José de Cúcuta S.A., Colmédica Medicina Prepagada S.A., Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. —Nueva EPS— y Serviclínicos San José Limitada.