Sentencia SP13288-2014 de octubre 1 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 43575

Aprobado Acta 321

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., primero de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones:

1. Compete a la Corte resolver el recurso de casación objeto de examen toda vez que, de una parte, fue interpuesto por quienes ostentan la condición de sujetos procesales, específicamente terceros civilmente responsables, en términos del artículo 140 de la Ley 600 de 2000 y, de otra, el conflicto planteado ha de solucionarse dentro del proceso penal, ya que según el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, “Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación” o el artículo 64 del Código General del Proceso, “Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”.

2. Por descontadas igualmente se tienen las condiciones de legitimidad e interés para acudir a esta sede en tanto, se reitera, quienes acceden a ella ostentan la calidad de sujetos procesales que involucran una pretensión de naturaleza eminentemente civil, como es el pago de los perjuicios a que se obligan las entidades llamadas en garantía, cuya cuantía por tanto, excede el equivalente a 425 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de la sentencia de segunda instancia, tal como lo prescribe el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 1º de la Ley 592 de 2000.

Lo anterior por cuanto los cargos propuestos en las demandas pretenden que AIG Seguros Generales S.A. cancele en nombre de Cootrasur o le reintegre la suma de mil millones de pesos y Colseguros S.A. en nombre de la misma y de Pablo Vesga Gómez, la cantidad de 400 millones de pesos, sumas que en efecto, equivalen, la una y la otra a 1.696,35 y a 678,54 salarios mínimos mensuales vigentes al 14 de noviembre de 2013 cuando se profirió la sentencia impugnada.

Por lo mismo acertadas se evidencian las demandas cuando postulan los cargos con sustento en las causales previstas en el ordenamiento procesal civil.

3. Bajo tales supuestos y dado que en conjunto y coherentemente los tres cargos planteados tienen por objeto establecer, en primer término, cuál es el contenido de la expresión “perjuicios patrimoniales” empleada por el artículo 1127 del Código de Comercio y en segundo lugar, bajo esa definición qué alcances tienen los contratos de seguro de responsabilidad suscritos con las citadas compañías, ningún óbice representa que se ofrezca una respuesta simultánea a las censuras a examinar.

4. En ese orden, ciertamente el artículo citado del Código Mercantil subrogado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990, señala que “El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado”.

En atención a la naturaleza de este tipo de seguro es obvio que tendría por objetivo, como lo señala la delegada del Ministerio Público, proteger el patrimonio del asegurado por los daños que en el ejercicio de sus actividades cause a terceros, sobre todo porque en términos del artículo 2341 del Código Civil está obligado a indemnizar quien ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro, sin hacer distinción si este es de carácter patrimonial o extrapatrimonial.

Por eso resultaba claro que con tal propósito el original artículo 1127 del Decreto-Ley 410 de 1971 dispusiera que “el seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley”.

Sin embargo aquella finalidad ya no resulta en la actualidad de la integralidad ideal en el sentido de proteger al asegurado por todos los perjuicios patrimoniales que sufra, toda vez que el artículo 84 de la Ley 45 de 1990 generó un cambio radical de modo que ahora la aseguradora no responde por todos los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado, sino por todos los perjuicios patrimoniales que este le cause a terceros, lo cual significó a su vez un cambio de paradigma porque antes que proteger en esencia al asegurado se ampara a la víctima.

La modificación de la norma al cambiar el verbo sufrir por causar, implica que las aseguradoras se obligan únicamente a indemnizar aquellos daños que el asegurado le genere a terceros, siempre y cuando sean del orden patrimonial, luego en principio cualquier agravio extrapatrimonial no es objeto de cobertura en este tipo de seguro, salvo desde luego que sea objeto de expresa estipulación contractual.

5. Por eso resultan desacertadas ciertas consideraciones del casacionista y del Ministerio Público cuando aspiran a que las llamadas en garantía paguen por los terceros civilmente responsables o les reembolsen aquellas sumas erogadas por el asegurado o por las que fue condenado por concepto de cualquier clase de daño, porque si bien el tercero víctima puede padecer un perjuicio extrapatrimonial que afecta obviamente el patrimonio del asegurado quien paga, la aseguradora se obliga, de lege lata, solo a cubrir la lesión patrimonial que el asegurado le cause a la víctima y no las que él sufra, con lo cual en últimas y salvo convenio en contrario, la finalidad del citado pacto resulta un tanto desvirtuada.

Por el contrato de seguro de responsabilidad entonces y de conformidad con la normatividad que hoy nos rige, la aseguradora solo está obligada a responder por los perjuicios patrimoniales que el asegurado le cause a la víctima y no por los perjuicios de esa naturaleza que sufra con ocasión de un delito o culpa contra terceros.

No es cierto por tanto en ese orden lo aducido por el casacionista acerca de que con el concepto “perjuicios patrimoniales” quiso la ley indicar que en el seguro de responsabilidad se imponía la obligación el asegurador, a modo de regla general, indemnizar todos los perjuicios causados al asegurado, o que todos los perjuicios padecidos por la víctima, patrimoniales o extrapatrimoniales, deben ser indemnizados por las aseguradoras en tanto ellos inciden finalmente en el patrimonio del asegurado, porque se repite si bien esto suele acontecer, la obligación de la aseguradora se restringe solo a los daños patrimoniales causados por el asegurado al tercero y no los sufridos por el mismo con ocasión de cualquier tipo de perjuicio producido a la víctima.

Ese es el efecto introducido por la Ley 45 de 1990 al cambiar los términos en que definió el seguro de responsabilidad.

Al respecto la jurisprudencia civil señala:

“En ese caso, se trataría de dejar a salvo el patrimonio del asegurado, pero no por los daños que reciba, sino por los que causa, en el entendido, al decir de la Sala, que ‘además de procurar la reparación del daño padecido por la víctima, concediéndole los beneficios derivados del contrato, igualmente protege, así sea refleja o indirectamente, la indemnidad patrimonial del asegurado responsable, en cuanto el asegurador asume el compromiso de indemnizar los daños provocados por este, al incurrir en responsabilidad, dejando ilesa su integridad patrimonial, cuya preservación, en estrictez, es que anima al eventual responsable a contratar voluntariamente un seguro de esta modalidad’(...)” (CSJ SC, 5 de jul. 2012 Rad. 2005-00425-01).

6. Pero además de que la aseguradora solo está obligada legalmente a pagar los perjuicios que el asegurado le cause al ofendido y no todos los que aquel padezca con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, como es el caso precisamente del tercero civilmente responsable, el ordenamiento la compele al pago no de cualquier clase de perjuicio causado a la víctima sino exclusivamente los de orden patrimonial, valga decir aquellos ocasionados a bienes o efectos de índole meramente económica y en ese sentido solo responde en principio por el daño emergente, el lucro cesante y los daños morales objetivados, no así por los perjuicios morales subjetivos, ni los fisiológicos o daño de la vida en relación.

Por demás así lo determinó la Sala en sentencia del 12 de diciembre de 2005, Radicado 24011 al señalar:

“La ley penal consagra dos clases de daños: i) los materiales que están integrados por el daño emergente y el lucro cesante y ii) los morales a su vez divididos en objetivados y subjetivados. Los primeros son de contenido patrimonial, mientras que los segundos afectan a la persona en esferas distintas a aquel.

(...) las exigencias para la demostración y liquidación del daño se predican del perjuicio material, dejando al juez la facultad de fijar los no valorables pecuniariamente que son los morales de carácter subjetivado en razón a que afectan el fuero interno de las víctimas o perjudicados, ya que se traducen en la tristeza, el dolor, la congoja o la aflicción que sienten las personas como consecuencia directa e inmediata del delito, cuyo único límite está determinado por la ley a partir de factores relacionados con la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado”.

O en sentencia del 29 de mayo de 2013, Radicado 40160:

“El delito produce la obligación de reparar los perjuicios causados, los que pueden ser del orden material e inmaterial.

Los daños que sean susceptibles de cuantificación económica (materiales y morales objetivados) deben probarse en el proceso y su cuantía dependerá de lo acreditado.

En otras palabras, para obtener indemnización por el perjuicio material y por los perjuicios morales objetivados se debe demostrar: a) su existencia y b) su cuantía; de esta manera se diferencian de los de carácter moral subjetivado, donde solo basta acreditar la existencia del daño, luego de lo cual, el juez, por atribución legal, fijará el valor de la indemnización en tanto que la afectación del fuero interno de las víctimas o perjudicados impide la valoración pericial por inmiscuir sentimientos tales como tristeza, dolor o aflicción.

(...).

La jurisprudencia nacional distingue (...) entre perjuicios morales subjetivados y objetivados. Por los primeros se entiende el dolor, sufrimiento, tristeza, angustia, miedo originados por el daño en la psiquis de la víctima y por los segundos, las repercusiones económicas que tales sentimientos puedan generarle”.

7. El análisis de la expresión “perjuicios patrimoniales”, por tanto, según el criterio de interpretación normativa consagrado en el artículo 28 del Código Civil permite concluir que la determinación de su alcance no atiende un significado estrictamente legal sino que obedece al sentido que le han dado la jurisprudencia y la doctrina.

Así, el tratadista Valencia Zea (Derecho Civil, tomo III, De las Obligaciones. Editorial Temis 1986, págs. 173 y ss.), sostiene que “... existe perjuicio cuando se destruye o menoscaba alguno de los derechos subjetivos de las personas”, los cuales a su vez clasifica en: patrimoniales y extrapatrimoniales, señalando que los primeros se encuentran en el comercio y son avaluables en dinero mientras que los segundos no se encuentran en el comercio ni en sí mismos son avaluables en dinero.

Los prenombrados derechos, dice el autor, pueden afectarse por diferentes clases de daño, como el material o patrimonial y el inmaterial o moral subjetivo, en lo cual doctrina y jurisprudencia nacional coinciden en términos generales.

Por su parte y en relación con los perjuicios morales la Corte Suprema de Justicia, desde el fallo del 13 de diciembre de 1943, ha enseñado que “Hay en torno al daño moral dos géneros de perjuicios: los que emanan de él en forma concreta, determinada o determinable, que pudieran llamarse perjuicios morales objetivados; y otros que son indeterminados e indeterminables, inasibles y abstractos, perjuicios morales no susceptibles de objetivación.

(...).

El daño moral objetivado puede fácilmente repararse. Tal cosa ocurre con el perjuicio inferido a una persona en su patrimonio por la pérdida de su crédito, causada por la difamación; dicho daño es tangible, estimable con relativa facilidad, concretable en cifras numéricas”.

También en palabras del tratadista Darío Preciado (Indemnización de Perjuicios. Ediciones Librería del Profesional, pág. 420.) “Se dice que son daños materiales los que pueden cuantificarse económicamente, y morales aquellos que escapan, por su misma naturaleza, a la posibilidad de una valoración en dinero.

La doctrina ha distinguido entre los segundos una doble especie, la de los que trascienden la órbita de la intimidad de la persona, y la de aquellos que desbordan ese mundo de la subjetividad para producir externamente efectos y consecuencias que afectan la capacidad productiva o laboral de la persona. A los primeros los denomina ‘daño moral subjetivo’ y a los segundos ‘daño moral objetivable’.

Esta segunda categoría, al ser susceptible de valoración económica penetra en la esfera del daño material o de índole patrimonial, diferenciándose de este solamente por la naturaleza de la fuente de donde dimanan”.

Y en las de Javier Tamayo (De la responsabilidad Civil, Edit. Temis, 1986, tomo II, págs. 86 y ss.):

“... a menudo se considera que todos los daños extrapatrimoniales son morales, sin embargo es preciso conservar esta última denominación únicamente para los perjuicios que afectan los sentimientos íntimos de la víctima, o los provenientes del dolor físico producido por una lesión.

En cuanto a los daños morales objetivados (...) ellos no son más que perjuicios materiales derivados del daño a un bien extrapatrimonial...”.

8. En consecuencia el amparo básico del seguro de responsabilidad, de conformidad con el vigente artículo 1127 del Código de Comercio hace referencia exclusivamente al daño patrimonial, vale decir, a los perjuicios materiales que afecten el conjunto de los valores económicos de la víctima con ocasión de determinada responsabilidad en que incurre el asegurado de acuerdo con la ley.

Por eso es que, los daños morales determinables y susceptibles de valoración económica, estos son, los morales objetivados, hacen parte de los perjuicios patrimoniales y se enmarcan dentro de la cobertura del seguro de responsabilidad civil descrita en la norma.

Luego, con base en la distinción jurisprudencial hecha entre el daño moral subjetivo o “pretium doloris” y el daño moral objetivado, este último tiene sus manifestaciones adversas en la esfera patrimonial de la víctima, por lo cual no puede considerarse excluido del concepto “perjuicios patrimoniales” utilizado en el precitado artículo 1127 del Código de Comercio, como así ya lo ha determinado la Sala en las reseñadas sentencias.

No acontece igual con los daños morales subjetivos que por no ser susceptibles de valoración pecuniaria no se enmarcan dentro de la cobertura del seguro de responsabilidad civil descrita en la norma en estudio, sin perjuicio de que por cláusula expresa la aseguradora y el asegurado convengan lo contrario, máxime que el artículo 1056 del Código de Comercio reconoce la facultad del asegurador de asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o el patrimonio del asegurado, o que el precepto 1088 de la misma codificación “respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización, jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero este debe ser objeto de un acuerdo expreso”.

Yerra por eso en su concepto el Ministerio Público, acaso motivado por la confusión de cuáles son las obligaciones de los terceros civilmente responsables y el procesado y cuáles las de los llamados en garantía, al concluir que la expresión “perjuicios patrimoniales” comprende todo tipo de daño, no obstante haber sentado el supuesto acertado de que tan solo correspondían a daño emergente, lucro cesante y daño moral objetivado.

Es que si bien procesado y terceros civilmente responsables en eventos como el presente, deben responder por todos los daños, cualquiera sea su índole, causados a las víctimas del punible derivados de un compromiso legal, extracontractual, las aseguradoras llamadas en garantía solo responden por los riesgos o siniestros que señale la ley y aquellos que contractualmente hayan convenido con el asegurado o tomador.

9. En esas condiciones toda vez que en la sentencia impugnada el juzgador entendió por perjuicios patrimoniales solo el daño emergente y el lucro cesante causado a las víctimas, es evidente que erró parcialmente en la interpretación del referido concepto porque excluyó de su definición lo relativo a los perjuicios morales objetivados, no así cuando excluyó los subjetivos o los fisiológicos o de vida en relación porque, como quedó dicho estos no atañen al patrimonio económico de los afectados con el delito.

Ahora, no se discute la naturaleza, ni la cuantía de los perjuicios liquidados por el sentenciador, luego en ese contexto y sin que tampoco el ad quem los haya definido o distinguido, especialmente los morales objetivados y subjetivos, un examen de la sentencia permite apreciar que todos los materia de condena de ese tipo lo fueron por concepto de pretium doloris, valga decir por daños morales subjetivos, a excepción del establecido en favor de Linda Tatiana Hernández Quiñonez en cantidad equivalente a 500 salarios mínimos mensuales legales, como compensación por la pérdida o merma de su capacidad laboral porque dada la argumentación del ad quem se trata indudablemente de daños morales que afectaron sus bienes o efectos patrimoniales.

Por tanto, en este sentido y en torno a la interpretación de la ley, se casará parcialmente la sentencia impugnada en el entendido que las llamadas en garantía deberán pagar o reembolsar el valor referido a los daños morales objetivados liquidados en favor de la citada víctima.

10. No sucede lo mismo con los perjuicios morales liquidados en pro de César Germán Avellaneda Paredes en cantidad de 10 salarios, ni respecto de los determinados en favor de los padres del joven fallecido en cuantía equivalente a 400 salarios cada uno, o de los 150 salarios a favor de Linda Tatiana Hernández Quiñonez por el dolor padecido con ocasión de la muerte de su hermano, ni tampoco los 500 salarios que se liquidaron en beneficio de la misma por concepto de daño en la vida de relación, porque como quedó dicho las llamadas en garantía no están obligadas legalmente a su cobertura.

Significa esto a la vez que el error de hecho aducido en ambas demandas y en tanto referido a perjuicios morales subjetivos, no existió, porque legalmente las aseguradoras no están obligadas a su cobertura, ni las pólizas contienen una cláusula que expresamente haya asegurado ese interés, o una en que las llamadas en garantía hubieran pactado cubrir los daños morales subjetivos, o los fisiológicos o de vida en relación.

11. Recapitulando: i) las aseguradoras, por virtud del seguro de responsabilidad solo están legalmente obligadas a pagar los perjuicios patrimoniales causados a la víctima o víctimas por el asegurado y no los sufridos por este; ii) los perjuicios patrimoniales comprenden el daño emergente, el lucro cesante y los daños morales objetivados; iii) por tanto, no se incluyen perjuicios morales subjetivos ni daños fisiológicos o de la vida en relación, los que en consecuencia las aseguradoras no están obligadas a pagar, salvo estipulación en contrario; y iv) si el asegurado pretende que paguen por él o le reembolsen las sumas que haya pagado por concepto de perjuicios morales subjetivos o daño en la vida de relación, debe aparecer en el contrato de seguro de responsabilidad una cláusula que asegure ese interés.

12. Empero, aunque en principio los perjuicios patrimoniales incluyen el lucro cesante, legalmente a su pago quedan obligadas las aseguradoras en tanto así se haya estipulado expresamente, tal como lo prevé el transcrito artículo 1088 del Código de Comercio.

Luego, el ad quem habría incurrido en violación indirecta de la ley si existiendo cláusula o condición en que se haya pactado expresamente el cubrimiento del lucro cesante, optó finalmente por excluirlo.

Examinadas sin embargo las respectivas pólizas y sus anexos, fácil es advertir y así lo reconoció el propio demandante, que en la suscrita con AIG Colombia Seguros Generales, no solo no existe esa cláusula sino que dicho interés fue excluido del seguro de responsabilidad de manera explícita, conviniéndose entonces que esa empresa no respondería por el lucro cesante del asegurado, ni de terceros.

Diversa es la situación que se deriva del contrato de seguro suscrito con Colseguros porque allí además de que se convino genéricamente un amparo patrimonial, valga decir daño emergente y lucro cesante por responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros, también se estipuló de modo expreso una cobertura por lucro cesante de pérdidas totales o pérdida parcial por daños, sin que de otro lado se hubiere enlistado alguna exclusión que eximiera a la llamada en garantía del pago o reembolso por ese concepto.

13. Por eso, cuando el tribunal afirmó que “son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, pero de conformidad con las pólizas de seguros allegadas al plenario la exclusión del lucro cesante y los daños morales fueron expresamente regulados, quedando de esta manera excluidos para su cancelación por parte de las aseguradoras”, incurrió cierta y parcialmente en el error de hecho denunciado por el casacionista, porque aunque efectivamente la indemnización por daño moral subjetivo se excluye por disposición legal en ambos contratos, la derivada del lucro cesante lo fue por voluntad de los contratantes en la póliza suscrita con AIG Colombia Seguros Generales, no así con Colseguros donde se pactó precisamente lo contrario, esto es que se amparaba indudablemente el lucro cesante.

14. En conclusión:

i) Por definición legal, contenida en el artículo 1127 del Código de Comercio, modificado por el 84 de la Ley 45 de 1990, el asegurador solo está obligado a indemnizar los perjuicios patrimoniales causados por el asegurado a las víctimas del delito.

No impide lo anterior que entre las partes contratantes se convenga un amparo por perjuicios extrapatrimoniales.

ii) Son perjuicios patrimoniales el daño emergente, el lucro cesante y los perjuicios morales objetivados.

iii) Si bien la indemnización a cargo del asegurador comprende tales elementos, la del daño emergente requiere, por disposición legal contenida en el artículo 1088 del Código de Comercio, acuerdo expreso.

iv) Dado que en este asunto el ad quem no incluyó en el concepto “perjuicios materiales” el ítem de daño moral determinable u objetivado, incurrió por eso en violación directa del artículo 1127 citado porque en esas circunstancias lo interpretó erróneamente.

v) Como en el contrato de seguro suscrito con AIG no se pactó expresamente un amparo por lucro cesante y por el contrario fue explícitamente excluido, no se configuró error de hecho alguno en la valoración de dicha prueba.

vi) En cambio ya que en la póliza signada con Colseguros sí se pactó tal concepto, erró el sentenciador en la apreciación de ese documento al afirmar lo contrario.

15. Por tanto, acreditados parcialmente los cargos denunciados, el de violación directa con respecto a la indemnización por daño moral objetivado reconocida a Linda Tatiana Hernández Quiñónez y el de infracción indirecta por error de hecho con relación al lucro cesante a cargo de Colseguros, se casará en ese mismo sentido el fallo impugnado para disponer que las llamadas en garantía, dada además la prelación establecida entre las dos pólizas, respondan como sigue:

i) Colseguros, por el daño emergente reconocido a favor de Cesar Germán Avella Paredes en cantidad de tres millones ciento noventa y nueve mil treinta y un pesos ($3.199.031); por el mismo concepto, ocho millones de pesos ($8.000.000) y lucro cesante, tres millones seiscientos sesenta y cuatro mil ciento quinces pesos ($3.664.115) liquidados a Arnulfo Rodríguez Carreño y por el daño moral objetivado y cuantificado en el equivalente a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de pago a favor de Linda Tatiana Hernández Quiñonez y

ii) AIG Colombia Seguros Generales por la suma que la anterior póliza no alcance a cubrir en relación con el daño moral objetivado a favor de Linda Tatiana Hernández Quiñónez.

16. En todo lo restante el fallo se mantendrá incólume y con ello a salvo también las demás indemnizaciones a que fueron solidariamente condenados los terceros civilmente responsables y el procesado.

Por tanto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar parcialmente el fallo impugnado. En consecuencia disponer que las llamadas en garantía respondan en los términos precisados en la parte motiva de esta sentencia.

2. En lo demás el fallo recurrido permanece incólume.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».