Sentencia SP 13288-2017/50552 de agosto 30 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP13288-2017

Rad.: 50552.

Acta 283.

Magistrado ponente

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

“(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia)”.

Extractos« Consideraciones de la Corte

Como ya se anotó, en la referida decisión del 2 de agosto de 2017, la Corte encontró necesario verificar si hubo menoscabo a las formas propias del juicio y las garantías que le asisten al acusado, de cara a la atribución penal que se le hizo por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, parte o municiones.

Efectivamente, en la sentencia de primer grado, en todo confirmada por el Ad quem, se dedujo responsabilidad penal del acusado en el delito señalado, lo que motivó incrementar en 12 meses más la pena base que de 400 meses de prisión estableció por el delito concurrente de homicidio agravado.

Empero, la lectura detenida del fallo de primer grado permite advertir completa ausencia de motivación en lo que a este delito compete, pues, apenas se hizo leve referencia del mismo al inicio de la parte motiva, cuando adujo el despacho de primer grado, en punto de la materialidad de las conductas endilgadas al acusado, que por haberse demostrado producida la muerte de la víctima con arma de fuego, ello conduce indefectible a determinar soportado el delito que atenta contra la seguridad pública, “por cuanto se pudo determinar con la prueba estipulada Nº 3 que el acusado no tenía permiso alguno para porte de armas de fuego.”

Y ello es cierto, vale decir, en efecto se allegó una estipulación probatoria suscrita por las partes en la cual se delimita como hecho probado, específicamente, que J.C.M.O., no cuenta con permiso para portar armas de fuego.

Sucede, sin embargo, que la atribución penal concreta realizada en contra de M.O., acorde con los hechos demostrados y el análisis probatorio realizado por ambas instancias, que no se estima necesario reiterar aquí dado su carácter objetivo e incontrovertible, lo dice encargado de conducir la motocicleta en la cual se transportaba la persona —hasta el presente desconocida—, que dio muerte con arma de fuego a la víctima.

No es posible predicar, entonces, que el aquí acusado tuvo consigo, esgrimió, ni mucho menos disparó un arma de fuego, en tanto, se debe reiterar, todos esos comportamientos materiales directos de cara al homicidio le fueron atribuidos a un tercero ignoto.

Entonces, para efectos de determinar la materialidad del ilícito de porte ilegal de arma de fuego y consecuente responsabilidad penal del procesado J.C.M., ningún valor probatorio tiene, de cara al elemento normativo del tipo penal, que no tuviese él permiso para el porte de este tipo de instrumentos, cuando se desconoce completamente si quien disparó el artefacto contaba o no con el mismo.

Esto es, a manera de hipótesis pasible de elaborar, que si el sujeto encargado de ejecutar materialmente el crimen, contaba con dicho permiso, ninguna posibilidad existe de endilgar a J.C.M.O. el ilícito de porte ilegal de arma de fuego, no solo porque este nunca tuvo consigo el instrumento, sino en razón a que la comunicabilidad de circunstancias por él conocidas solo podría asumir potencialidad delictuosa si en lugar de contar con el dicho permiso, se pudiera demostrar fehacientemente que el agresor directo no lo tenía.

Como no es posible determinar probatoriamente, dado que ni siquiera se conoce quién acompañó al acusado al lugar del hecho y disparó el arma, si la persona en cuestión contaba o no con permiso para el porte del instrumento con el cual causó la muerte a la víctima, mal puede hacerse valer en contra de quien no llevaba materialmente el artefacto, una circunstancia no demostrada y que solo puede vincularlo por vía indirecta en razón a la coautoría que se predica del homicidio y los que se entiende medios necesarios para ejecutarlo.

De esta manera, para que pudiera tener algún valor de cara a la vinculación que por el delito de porte de armas se hace en contra de M.O., la estipulación debería consignar, no que este carece de permiso para el efecto, sino que ello sucede con el autor material del crimen.

Así las cosas, como evidente surge que no existe prueba a partir de la cual soportar la condena por el delito de porte ilegal de arma de fuego y a tal conclusión llegaron las instancias por una indebida intelección de la estipulación probatoria, la Corte de manera oficiosa se ve impelida a absolver de este delito al acusado y, consecuentemente, reducirá la pena en el incremento que por el mismo decretó el A quo.

Como se conoce que el A quo fijó en 400 meses la pena por el delito de homicidio, una vez individualizado, y a ella agregó 12 meses más por la ilicitud que afecta la seguridad pública, basta reducir de la pena final, 412 meses, el año en cuestión, hasta derivar en sanción última de 400 meses.

Seguirá vigente la sanción accesoria de prohibición para el porte y tenencia de armas de fuego, en el entendido que la misma no deriva del ilícito cometido contra la seguridad pública, sino de que se utilizara uno de estos artefactos para segar la vida, y fue ordenado el mínimo de un año consagrado en la ley.

Por último, a pesar de que se verifica completamente equivocada, sin corrección del Tribunal, la forma en que se fijó la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, en la cual el A quo partió del mínimo de 5 años, respecto del homicidio, e incrementó uno más por el concurso, pasando por alto que, en cuanto acompaña a la prisión, la dicha inhabilitación opera “por un tiempo igual al de la pena a que accede…”, tal cual lo dispone el inciso tercero del artículo 52 del C.P., es lo cierto que no es posible en esta sede realizar el incremento necesario hasta los 20 años (máximo permitido), so pena de atentar contra el principio de no reformatio in pejus, en el entendido que el fallo de segundo grado solo fue impugnado en casación por la defensa.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Casar de oficio y parcialmente la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Cali el 22 de marzo de 2017, confirmatoria de la emitida el 24 de junio de 2016 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de dicha ciudad, en el sentido de Absolver a J.C.M.O. del delito de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y, en consecuencia, reducir la pena principal impuesta a cuatrocientos (400) meses de prisión.

En lo demás se mantiene el fallo incólume. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen».