Sentencia SP13669-2015/46084 de octubre 7 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP13669-2015

Rad. 46084

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Aprobado Acta Nº 356

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala abordará individualmente los motivos de controversia, conforme los particulares intereses que animan a los apelantes, en aras de hacer claridad acerca de las pretensiones individuales y para no tornar farragosa la decisión, vistos los múltiples aspectos que contempla la sentencia impugnada en apelación.

1. Abogado Jairo Alberto Moya Moya.

Aunque el apelante inscribió primero el hecho 5B en el escrito de impugnación, asumirá la Sala, en primer lugar, el estudio de lo pretendido respecto del cargo 13B, no solo por su trascendencia, sino por ocasión de que resulta común a uno de los puntos planteados por la fiscalía que, en consecuencia, se estima resuelto con lo que aquí se señale.

b) Hecho 13B.

La Corte examinará lo referido por la defensa de algunas de las víctimas y el fiscal del caso, de consuno, en torno de la legitimidad de los que llaman poderes institucionales dados por los afectados a la defensoría pública, por cuya virtud, alegan, no importa cuál de los profesionales del derecho asumió la representación legal, en particular, de las mismas, o si el designado renunció al poder.

La Corte, sin embargo, no puede compartir la tesis de extrema informalidad asumida por los impugnantes en cita, pues, cabe anotar, no se funda en razones jurídicas de peso, que ni siquiera se aducen, sino en presupuestos principialísticos que dicen atender a las necesidades de las víctimas.

Entiende la Sala que, en efecto, el norte de la Ley de Justicia y Paz, como tantas veces se ha afirmado, dice relación directa con las necesidades de las víctimas, en esa tríada de verdad, justicia y reparación que gobierna su teleología.

Pero, en tanto se trata de un proceso judicial formalizado, aunque flexible, de ninguna manera es posible acudir a dicho fin altruista para soportar la absoluta descontextualización de mínimos imposibles de soslayar en el trámite, en tanto, ello podría conllevar a la completa anarquía procedimental que, finalmente, terminará por causar más daño que bien, así se acompañe de cometidos benéficos.

La representación judicial de las víctimas para intervenir en el proceso de Justicia y Paz, es asunto que ya no se discute, pues, dice relación no solo con la legitimidad como sujeto procesal o parte, dentro de lo que la doctrina denomina poder o derecho de postulación, cuyo efecto más saliente atiende a la posibilidad de presentar solicitudes, intervenir en las diligencias y controvertir las decisiones; sino con la efectiva y adecuada asesoría y representación de las personas que, precisamente por su vulnerabilidad, no podrían por sí mismas atender los requerimientos legales y procedimientos encaminados a la satisfacción de sus pretensiones.

Es la misma Constitución Política la que delimita el derecho en cuestión, cuando establece en su artículo 229, que “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin representación de abogado”.

Aunque los impugnantes sostienen que la defensoría pública parece tener la exclusividad en la representación judicial de las víctimas dentro del trámite de Justicia y Paz, razón por la cual el apoderamiento debe entenderse institucional y no personal, es lo cierto que la ley y la práctica propia de este trámite informan algo diferente.

En efecto, la simple lectura contextualizada de los artículos 23 y 34 de la Ley 975 de 2004, permite advertir cómo la representación judicial puede asumirse directamente por la víctima, o a través de defensor de confianza o de defensor público, e incluso por medio de colectivos de abogados que tengan esa misión.

Ello, desde luego, en desarrollo de los principios internacionales, particularmente condensados en la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2005, atinente a la protección y ofrecimiento de recurso judicial efectivo a las víctimas de violaciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario.

Está claro, así, que no es camisa de fuerza para la víctima acudir a la defensoría pública en aras de agenciar sus intereses, y ni siquiera, que la función básica, única o primordial de esta sea la atención judicial de las víctimas en el proceso de justicia y paz.

Todo lo contrario, la intervención de esa institución en el trámite transicional opera si se quiere ambivalente, pues, a la par se le confía también la representación judicial de los postulados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 975 de 2004.

Así las cosas, si se tiene claro, de un lado, que la víctima puede escoger libremente actuar de manera directa o a través de quien escoja como apoderado, sea de confianza o no; y del otro, que la defensoría pública no tiene como función exclusiva la de atender los requerimientos de defensa de aquella, de ninguna manera puede sostenerse que la intervención de dicha entidad, cuando representa judicialmente a los afectados, opera institucional o de cuerpo.

El que se obligue de un poder específico, con denominación expresa del abogado en cuyo favor se otorga, determina inconcluso que la representación opera individual, independientemente de que el apoderamiento se condense en un documento con rótulo de la defensoría pública, pues, por mucho que pretenda extenderse el concepto, nada permite soslayar que en el acto intervienen dos persona en concreto —víctima y abogado—, y que este se extiende, precisamente, para efectos de dar a conocer al funcionario judicial quien específicamente asume la representación judicial, o mejor, se halla legitimado para intervenir en el proceso a nombre del afectado.

En este sentido, resulta absurdo señalar que en atención a la condición que se dice asume la defensoría pública, entonces, sin más, cualquier abogado adscrito a la misma podrá hacer solicitudes, presentar pruebas o controvertir las decisiones del tribunal, sin previo reconocimiento o legitimidad.

Cuando la víctima decide no intervenir por cuenta propia y a la vez juzga mejor acudir a un defensor de confianza o al profesional del derecho asignado por la defensoría pública, está, ni más ni menos, delegando en ese particular abogado su representación judicial —es ello lo que gobierna el otorgamiento del poder—, sin que de buenas a primeras pueda modificarse, automáticamente, la representación, no solo porque ello atenta contra la decisión del afectado —que solo puede exigir el cumplimiento de las obligaciones anejas al mismo, a quien fue designado y no a la institución—, sino en atención a que las obligaciones propias del trámite procesal, exigibles por el funcionario judicial, se hallan radicadas únicamente en cabeza del abogado a quien se otorgó personería para actuar.

Por lo demás, huelga anotar que en ninguna norma constitucional o legal se afinca la posibilidad, respecto del trámite judicial en un específico proceso, de que la representación o apoderamiento al interior del mismo sea adelantada por un ente y no un profesional del derecho legitimado allí, a la manera de entender que perfectamente en el decurso procesal puede intervenir, sin poder, reconocimiento o legitimación, indistintamente cualquier abogado que pertenezca a la entidad.

Ni siquiera lo faculta así el artículo 75 del Código Único del Proceso(3), dado que se exige inscripción en registro de Cámara de Comercio y, desde luego, la representación concreta de uno de los varios miembros de la oficina en el proceso específico.

Dígase, por último, que la presentación del documento que como poder anexo a la apelación hace el impugnante adscrito a la defensoría pública, advierte de la inconsecuencia de su argumento, en tanto, ello demuestra que, efectivamente, la legitimación para actuar en representación de las víctimas surge por ocasión del poder específico e individual otorgado al profesional del derecho.

Atendida la naturaleza esencial de la representación judicial condensada en el poder y sus efectos, para la Corte es claro que en el necesario balanceo entre los derechos de las víctimas y los mínimos procesales que gobiernan el trámite judicial de la Ley 975 de 2004, no es posible hacer primar los primeros, razón por la cual necesariamente debe entenderse que al no concurrir en las víctimas adecuada representación judicial y como quiera que ellas directamente no acudieron a hacer valer sus derechos o presentar las pruebas que sustentan sus pretensiones, quedan huérfanas de sustento las mismas, por lo que asiste la razón al a quo cuando desestimó la posibilidad de atender sus requerimientos de reparación.

No se revocará, entonces, la desestimación que el tribunal hizo de las pretensiones surtidas en calidad de víctimas por DC, PSC, MASC, ESC y MST.

a) Hecho 5B.

Respecto de lo aducido por el defensor para soportar su pretensión de que se tase el lucro cesante en favor de BPO y su hijo DFLRP, producto de la muerte de su compañero y padre, respectivamente, MLRD, la Corte advierte que lo alegado en la apelación no se corresponde enteramente con las razones presentadas en el fallo de primer grado a efectos de denegar este factor patrimonial.

Aduce el impugnante que el motivo para rechazar la pretensión de sus poderdantes estriba en que no se demostraron los ingresos que percibía la víctima directa del homicidio en su calidad de propietario de una emisora local.

Sin embargo, agrega, ese factor sí fue demostrado por el otro núcleo familiar del occiso, de manera que perfectamente pudo tomarse como hecho cierto para proceder a la respectiva cuantificación en lo que atiende a la compañera permanente y su hijo.

Asunto distinto informa la revisión de lo decidido por el tribunal, pues, allí expresamente se admitieron demostrados, por parte de la representación judicial de BPO y su hijo, los ingresos de la víctima directa, pero se niega algún pago en atención a que no se hizo ninguna solicitud concreta respecto al monto de indemnización pretendido.

Esto señaló textualmente el a quo(4):

“La Sala percibe con extrañeza que mientras el apoderado del núcleo familiar uno compuesto por la esposa señora LCPLR, y sus hijos CMLRP, ESLRP cuantificó sus pretensiones referentes al lucro cesante, aportando la prueba de los ingresos mensuales del señor MLRD en un certificado expedido por un contador público, la apoderada del segundo núcleo familiar compuesto por su compañera permanente BPO y el menor DFLRP, por lo tanto si bien está acreditando los ingresos de la víctima directa, lo cierto es que la apoderada, no allega al plenario prueba alguna en la que satisfaga un mínimo explicativo acerca del monto de sus pretensiones. Por lo tanto, no se liquidarán perjuicios materiales, se entenderá que la vía de reparación integral para este núcleo familiar es la reparación administrativa que está contemplada en las leyes 1448 de 2011 y 1592 de 2012”.

Sobran mayores precisiones para advertir la inconsecuencia de lo planteado por el apelante, completamente ajeno a lo ocurrido y, por ende, impertinente en su solicitud.

No es posible, así, que la Sala proceda a reliquidar el lucro cesante en lo que corresponde a la compañera permanente del occiso y su hijo, simplemente porque si bien, se posee la base de ingresos de este, no se cuenta con prueba o argumentación que delimite el monto pretendido en este ítem por dichas víctimas indirectas, como así lo hizo ver el a quo.

Desde luego, si se tiene claro que la negativa a disponer el pago por lucro cesante, no obedeció a que el tribunal asumiera ausente de demostración el tema referido a los ingresos percibidos por la víctima directa, ya resulta completamente extemporánea la presentación de la prueba en la que presuntamente se soporta la cuantía reclamada por su compañera permanente e hijo.

Es claro que la naturaleza y teleología del recurso de apelación, así como la limitada competencia establecida para el ad quem, sin dejar de lado la preservación de principios como los de contradicción y doble instancia, obligan desatender el estudio de los documentos que con fines probatorios ahora pretende ingresar el impugnante.

Se dejará incólume, por ello, la sentencia en lo que corresponde al aspecto discutido por el apelante, referido al hecho 5B.

c) Hecho 98 A.

Entiende la Corte que, en efecto, el trámite de Justicia y Paz se halla imbuido de principios de protección y apoyo a las víctimas, a partir de los cuales se flexibiliza el aporte probatorio y sus efectos. Máxime cuando se conoce que en algunas ocasiones la magnitud de los delitos, fruto del accionar violento de los grupos paramilitares, impide acudir a los medios necesarios para demostrar fehacientemente lo ocurrido y sus efectos.

Empero, si se faculta la flexibilización en cita para determinar lo sucedido, demostrar la condición de víctima e incluso verificar que se produjo algún tipo de daño, ello no implica atender como verdad irrebatible determinada evaluación del monto de la indemnización realizada por quien se dice perito o las simples afirmaciones de la víctima, así se contengan en un documento, pues, finalmente, en tratándose de la definición específica de cuánto debe pagarse a favor de las víctimas directas o indirectas, ha de acudirse a algún tipo de respaldo para que la fijación no opere caprichosa o gratuita, ni pueda decirse que genera algún tipo de enriquecimiento sin causa.

Para la Sala, así mismo, es claro que los dineros y especie hasta ahora adquiridos para pagar el daño infligido a las víctimas, así apenas se tomen en consideración las sentencias expedidas, corresponde a bienes escasos que deben administrarse con pulcritud y, en consecuencia, solo pueden destinarse al pago de los perjuicios cuando estos efectivamente fueron demostrados.

Cuando, como aquí se examina, el monto de lo reclamado se evidencia de entrada oneroso, hasta superar los dos mil millones de pesos por lucro cesante, desde luego que ha de mirarse con tiento el soporte de lo pedido, no solo porque la condena al pago de perjuicios reclama de objetividad en su tasación, sino en atención al enorme efecto que ello trae sobre el fondo destinado al pago conjunto de perjuicios.

Es en esta condición que, como lo sostiene el tribunal, no es posible atender a una fijación del daño que apenas se soporta en la atestación jurada, ora del experto, ya de la víctima, imposibilitada de contrastación en su contenido o antecedentes, simplemente porque nada de soporte las acompaña.

Al efecto, se lee en la carpeta de víctimas que una contadora presenta lo que se rotula como “Balance general”, respecto de varios años anteriores al dos mil, y este último, así como los “Estados de ganancias y pérdidas”, “Balances comparativos” y “Gastos estimados”.

Allí, además de las operaciones matemáticas, solo se incluyen cifras crudas, sin que se diga, de tratarse de un informe pericial o técnico, cómo se obtuvieron las cifras, de dónde provienen ellas o por qué se producen los resultados.

Tampoco, se reitera, acompañó el apoderado judicial de las víctimas, o estas, algún documento, factura, certificación —diferente de los correspondientes a las cámaras de comercio de Aguachica y Bucaramanga, cuyo efecto apenas demuestra la dedicación al comercio de la víctima del desplazamiento— o declaraciones de impuestos —IVA, industria y comercio, retención en la fuente—, que avalen las cifras.

De ninguna manera, cabe relevar, la judicatura puede prohijar el pago de tan alta suma de dinero cuando ninguna acreditación se entrega para soportar la pretensión.

Se repite, fue allegado un documento signado por contadora pública, que refiere determinadas cifras, pero no existe nada dentro de lo probatorio que permita verificarlas, ni al interior de lo relacionado se entrega soporte de su origen.

Ello impide atender a lo pretendido, ante la imposibilidad objetiva de determinar cuánto fue el monto del lucro cesante.

Igual sucede con la declaración extrajuicio de la afectada, en tanto, se limita ella a relacionar ante un notario el monto de los daños que por el desplazamiento se le produjeron, hasta sumar los $ 2.789.540.884, sin aportar, así fuese argumentalmente, algún dato que permita verificar cómo se llegó a esa cifra.

Es claro, de esta manera, que la pretensión se confundió con la demostración de la misma, al punto de limitarse la prueba a la simple afirmación de la afectada o una contadora, carente de soporte o validación por cualquier medio.

En este sentido, cobra plena actualidad la cita jurisprudencial traída a colación por el tribunal, pues, en efecto “El criterio de flexibilidad probatoria no puede equipararse a ausencia de prueba y tratándose de ordenar pagos considerables, que eventualmente el Estado puede asumir de manera subsidiaria, los aspectos pecuniarios que se pretende sean reconocidos deben estar acreditados con suficiencia”(5).

Para todos los intervinientes en el trámite de reparación propio de la justicia transicional, debe quedar suficientemente claro que no por tratarse de víctimas y privilegiarse su situación, el Estado, por boca de los funcionarios judiciales, está legitimado para superar mínimos racionales de prueba en punto de la objetividad del daño, como si se pensara que los dineros destinados al efecto cuentan con una cantera inagotable o que por existir un fondo común, no existe límite o afectados directos con la orden de pagar sumas ingentes.

Ahora, como se dijo en el hecho anterior, no es el trámite de apelación escenario adecuado para que, cual pretende el apoderado de las víctimas, se presenten aquí pruebas no allegadas oportunamente.

Por esta razón, la Sala no puede tomar en consideración los elementos de juicio, echados de menos en el fallo de primer grado, que ahora anexa con la impugnación el apelante.

Las pretensiones del apelante, en consecuencia, se denegarán en su totalidad.

2. Abogado Samuel Hernando Rodríguez Castillo.

No porque se trate de un proceso de justicia transicional o por virtud de agenciarse derechos de víctimas, puede asumirse que en tratándose del recurso de apelación, se pasen por alto mínimos de fundamentación que permitan verificar cuál específicamente es la razón del disenso con lo resuelto y en qué se funda la pretensión del impugnante. Mucho menos, si quien manifiesta su inconformidad es el profesional del derecho escogido por aquellas.

Cuando se busca controvertir la decisión de la instancia, es preciso relevar, al impugnante se le obliga, en cuanto deber ineludible, acudir al contenido específico de la providencia que lo afecta, en aras de hacer ver el yerro que comporta en lo jurídico, fáctico o probatorio.

Lejos de ello, el recurso presentado por el defensor de víctimas acude a generalidades que nunca precisa en sus efectos concretos sobre las razones aducidas por el tribunal, impidiendo conocer a la Sala cuáles son, entonces, las falencias que contiene el fallo impugnado.

No basta con que el recurrente remita a principialística que gobierna los derechos de las víctimas o de las personas de la tercera edad, para que se conjuguen los factores necesarios en el cometido de determinar acorde a derecho o no la decisión del a quo, pues, ni siquiera se asumen los fundamentos de la misma a fin de hacer ver su contrariedad con dichos principios o la jurisprudencia citada, cuya pertinencia también se desconoce.

La Corte, luego de revisar en su totalidad la decisión objeto de impugnación, pudo verificar que la crítica inicial realizada por el defensor en torno de la afectación padecida por el núcleo familiar de LIML y RAM, se remite a lo analizado por el a quo en los hechos 98 G y 98 F.

En ellos, la Sala de Justicia y Paz del tribunal examinó los documentos aportados y, en lo que toca con el lucro cesante consolidado y futuro, al cual limita su pretensión el impugnante, claramente significó la razón por la cual no podía atenderse a la cantidad solicitada por el defensor —no se probó suficientemente el monto de los ingresos referidos en juramento estimatorio, que incluso se determinan exorbitantes— aunque acudió a la presunción establecida por el Consejo de Estado respecto de los ingresos presuntos y a partir de allí fijó, para LIML, la suma de $ 9.491398, por concepto de lucro cesante(6).

En forma similar, respecto de RAM, significó el a quo que nunca se probó su propiedad sobre el almacén que dijo regentar (al punto que figura registrado a nombre de otra persona), ni tampoco se entregó algún documento o factura que refiera efectivamente materializadas deudas por cobrar en la suma de $ 19.000.000.

Sin embargo, el tribunal acudió a la presunción de ingresos definida por el Consejo de Estado y con base en ello fijó en la suma de $ 7.593.118, el monto del lucro cesante a que tiene derecho RAM.

Como ninguna controversia o crítica plantea el recurrente frente a los precisos argumentos presentados por el a quo, por fuera de las genéricas remisiones a principios constitucionales o jurisprudencia del Consejo de Estado, permanece incólume la justeza de lo examinado por el tribunal, que se entiende razonable a la luz de los mínimos probatorios exigidos para determinar el monto del daño.

El apelante presenta un cuadro, referido a múltiples hechos, que dice consigna las personas —víctimas directas e indirectas— a quienes debe pagarse lucro cesante consolidado y futuro, pero nunca precisa por qué ha de ocurrir así, cómo referenció el tema el tribunal, o en qué radica su yerro, en omisión trascendente que impide el pronunciamiento de la Corte por simple sustracción de materia.

Ya luego aborda algunos hechos en concreto, que así se responden:

Hecho 101.

Asiste la razón al apelante cuando echa de menos en el fallo algún pronunciamiento de perjuicios respecto del homicidio de que se hizo víctima a JGGA.

Observa la Corte que efectivamente el delito en cuestión hizo parte de los hechos que fueron aceptados por el desmovilizado y legalizados en la correspondiente diligencia, donde se rotuló como “Hecho 101”, solo que hizo relación a la muerte que se causó a JGGA y JOL, el 11 de mayo de 2001.

Pese a que respecto de ambos hicieron las víctimas petición singular de reparación de daños, al punto que el voluminoso expediente registra, efectivamente, una carpeta iniciada con la solicitud realizada por el defensor de los familiares de JGGA —con fecha de recepción en el tribunal del 17 de abril de 2013—, a la cual acompañó los correspondientes documentos de soporte, solo se refirió el a quo, en el fallo, a las demandas patrimoniales de las víctimas indirectas de JOL(7), relacionadas en el “Hecho Nº 101”.

Evidente la omisión y el perjuicio que ello ocasiona a las víctimas indirectas representadas por el apelante, la Corte anulará parcialmente la sentencia objeto de examen —en aras de preservar los derechos de contradicción y doble instancia—, a efectos de que el tribunal verifique los daños y el monto que debe pagarse en favor de los padres y hermanos de JGGA.

Hechos 12 C Y 12 A.

Tendenciosa, cuando menos, se ofrece la manifestación del apelante referida a que el tribunal negó dosificar perjuicios a favor de las víctimas indirectas CMS y AAMS , y NMS, atendido que “no se acreditó por parte de este apoderado judicial el parentesco de los señores relacionados a continuación, con la víctima RAMS, a lo cual debo manifestar que revisada la carpeta el día 17 de marzo del año que trascurre, se constató que sí existen los registros civiles, copia de la cédula de ciudadanía y poderes”.

No es cierto, como se insinúa en lo transcrito, que el tribunal hubiese pasado por alto o desconocido la existencia y aporte material de los documentos en cuestión, esto es, registros civiles, copias de cédula y poderes.

Todo lo contrario, expresamente el a quo significó aportados los documentos reseñados, pero señaló que con ellos no prueban la calidad de víctimas indirectas de quienes dicen ser hermanos y tía de la víctima directa, RAMS.

Esto, en concreto, referenció el juez colegiado(8):

“En cuanto a CMS, AAMS y NMS, quienes a las diligencias acuden en condición de hermanos y tía de la víctima directa, según lo señalado por el profesional del derecho Samuel Rodríguez, debe indicarse que si bien aportaron registros civiles de nacimiento, copia de su documento de identidad y poderes otorgados; lo cierto es que respecto de estas tres personas no se encuentra acreditada la condición de víctima.

En primer lugar frente a CMS y AAMS, porque si bien se allegaron sus registros civiles de nacimiento, en los cuales se indica que son hijos de JCM y AS, a las diligencias no se allegó registro civil de nacimiento de la víctima directa RAMS, documento a través del cual se determinaría que los padres de estos son los mismos de la víctima directa y con ellos inferir lógicamente que son hermanos de RAMS.

En segundo lugar, en cuanto a NMS, que como antes se indicó acudió al incidente en condición de tía de la víctima directa, debe señalarse que se limitó a aportar copia de su registro civil de nacimiento, sin aportar prueba alguna, a través de la (sic) se pueda colegir qué afectaciones sufrió con ocasión de la muerte del señor RAMS. Vale la pena recordar, que la situación probatorios (sic) de los familiares de las víctimas directas de homicidio, que no se encuentren dentro del primer y segundo grado de consanguinidad, resulta más exigente, en tanto que, para ellos no existe la presunción del daño moral que jurisprudencialmente se ha aceptado para padres, hijos, hermanos y esposos(as) o compañeros(as) permanentes”.

La Sala verificó la carpeta atinente al hecho rotulado “12 C”, correspondiente al incidente de reparación promovido por quienes se dijeron familiares de la víctima directa RAMS, y pudo confirmar que, cual lo señaló el a quo, no se presentó el registro civil de nacimiento de la víctima directa, ni la víctima indirecta NSM, allegó pruebas de las afectaciones que pudo sufrir por consecuencia de la muerte de aquella.

Como el apelante nada, distinto a lo transcrito arriba, refirió para controvertir lo decidido por el tribunal o significar efectivamente demostrados los aspectos que este echa de menos, ha de confirmarse lo resuelto sobre el particular en el fallo atacado.

Algo similar a lo anotado antes ocurrió en el rotulado “Hecho Nº12 A”, en lo que toca con el homicidio de NYC y sus víctimas indirectas, dado que el tribunal echó de menos, para verificar la relación de hermanos que con aquel pregonan AYC, RYC y EYC, el registro civil de nacimiento del primero.

Efectivamente, en la carpeta asignada a la reclamación examinada, no se advierte anexo el registro civil de nacimiento del occiso.

Hecho 70.

Atinente a la calidad de víctima indirecta de MHG, a quien se referencia como hermana de la víctima directa, DHG, dice el apelante que “obran documentos que acreditan dicho parentesco”.

En contrario, el tribunal en el fallo atacado advirtió(9):

“Ahora bien, respecto a la calidad de víctima de MHG, debe indicarse, que si bien la misma acude a las diligencias como hermana de la víctima directa, no demostró su parentesco, en tanto que no aportó al proceso, copia de su registro civil de nacimiento (...) tan solo se anexó al trámite incidental el poder que ella otorgó al doctor Rodríguez Castillo, sin más documentos”.

Asiste por completo la razón al a quo, en tanto, verificada la correspondiente carpeta, allí, en lo que toca con MHG, solo reposa el poder entregado al abogado.

Ello verifica inconcuso que, efectivamente, nunca la solicitante demostró su parentesco con la víctima directa, motivo por el cual no podía el juez colegiado tasar perjuicios a su favor.

Dígase, por último, que —al parecer consciente de la omisión—, ahora el apoderado pretende ingresar el registro civil de nacimiento de la que se postula víctima indirecta, en comportamiento procesal extemporáneo que debe inadmitirse, como tantas veces se ha indicado en el curso de esta decisión.

Se confirma, por lo visto, la decisión del a quo.

Hecho 98.

Confuso y bastante equívoco se ofrece lo planteado por el recurrente, quien se abstiene de entregar la información pertinente para determinar cuál en concreto es su pretensión, dado que indistintamente se refiere a errores en los nombres de las víctimas indirectas o a que algunas de ellas no fueron mencionadas en el fallo.

Sin embargo, advierte la Sala que finalmente el querer del apoderado se centra en que se reconozca a dos de las víctimas indirectas, JHRL y OMRL, en procura de lo cual allega con el recurso los registros civiles que demuestran su parentesco con la víctima directa, LFRL. Incluso, anexa poder otorgado para el efecto por OMRL.

La revisión de la carpeta referida al “Hecho 98 G”, permite verificar que el abogado solo incluyó allí como víctimas indirectas a ER, MSRV, CRV, LMRV y JRV; padre y hermanos, respectivamente, del occiso.

En favor de los hermanos de la víctima directa, incluido JERV, dispuso el a quo el pago de la suma de $ 30.800.000, para cada uno de ellos, en calidad de daño moral.

No se entiende, así, por qué el impugnante depreca que en favor de JERV, se disponga el pago de lo ordenado para los otros hermanos reconocidos en calidad de víctimas indirectas, si efectivamente este fue incluido allí.

Y, en lo que toca con OMRL y JHRL, ya no es posible, vista su absoluta extemporaneidad, allegar los documentos que verifican su pretensión, parentesco y, consecuentemente, calidad de víctimas indirectas.

En consecuencia, debe confirmarse lo decidido al efecto por el tribunal.

Hecho 98 D.

En efecto, el tribunal incurrió en un lapsus calami al momento de realizar la operación aritmética que condujo a determinar el pago del lucro cesante a favor de ZVC, pues, aunque adecuadamente tituló el acápite del fallo con el nombre de esta, inexplicablemente anotó después que el total del lucro cesante (consolidado más futuro) favorece a “AAP”.

Ostensible el error, la Sala, acorde con lo pedido por el recurrente, aclarará que lo ordenado por el monto de $ 114.477.584, por concepto del total del lucro cesante en el Hecho 98 D, atinente al homicidio de LFRL, opera en favor de ZVC y no de AAP, como se anotó erradamente en la parte motiva del fallo.

3. Abogada Carolina Solano Gutiérrez.

Tres fueron las inquietudes planteadas por la defensora de víctimas, que la Sala resolverá en el orden planteado:

1. Lugar común en la discusión planteada por la impugnante, el apelante anterior y la aclaración de voto de una de las magistradas que intervino en la discusión del fallo de primer grado, lo es el tópico de la efectiva materialización del pago de los daños definidos en el mismo, pues, entienden que la intervención estatal a través de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro de marcos exclusivos de reparación administrativa, resulta con mucho inferior a lo que judicialmente se despejó.

En sustento de su tesis acuden los impugnantes y la funcionaria judicial a argumentos constitucionales, legales y jurisprudenciales, cuando no a instrumentos internacionales.

Entiende la Corte, sin embargo, que el tema no pasa necesariamente por argumentos de estirpe legal, si se entiende que a pesar de corresponder a los jueces la tríada de verdad, justicia y reparación, porque así lo dispuso el legislador, el escenario de discusión cuando se trata de lo que algunos denominan “Justicia transicional”, necesariamente cubre escenarios mucho más amplios, incluido, desde luego, el político.

Es en este sentido que la Sala observa cómo los postulados insertos en la Ley 975 de 2005, obedecieron necesariamente a una apuesta política del Gobierno Nacional, que estimó, para el momento, indispensable acudir a la justicia por vía expansiva, en el entendido que dentro del proceso judicial formalizado de Justicia y Paz habrían de examinarse los más caros propósitos encaminados a la reconciliación, por vía de la desmovilización de los grupos paramilitares.

En este cometido, fue señalado que verdad, justicia y reparación harían parte del mismo trámite, pero además, que la justicia debía asumir el examen de todos y cada uno de los delitos y vincular penalmente a todos y cada uno de los miembros de esas agrupaciones, vale decir, se eliminaron criterios de selectividad propios de procesos similares adelantados en otras latitudes.

Ello, pese a las advertencias de costos logísticos y términos indefinidos.

Con el tiempo pudo verificarse que, en efecto, criterios absolutos de verdad, justicia y reparación resultaban no solo onerosos, sino de imposible materialización, obligando, en algunos casos previa intervención jurisprudencial de la Corte, a delimitar metas un poco más realistas.

Fue así como, apenas a título de ejemplo, se consideró necesario instaurar, a la par con el proceso judicializado, las llamadas comisiones de la verdad o centros de memoria histórica, en el entendido que el trámite penal resulta insuficiente o incluso contrario en ocasiones, por su naturaleza y efectos, a la obtención amplia y contextualizada de la verdad.

En el campo netamente procesal, también se expidieron normas modificatorias encaminadas a agilizar el trámite —se destaca la eliminación de la audiencia de legalización de cargos—, pero además, en lo trascendente para lo que se discute, fueron entronizados criterios de priorización y patrones de macrocriminalidad, cuyos efectos prácticos conducen a discriminar en los jefes o máximos responsables de las organizaciones armadas ilegales el foco de la persecución penal, hasta derivar apenas accesoria la investigación de los hechos ejecutados por los combatientes rasos, con la afectación que ello apareja para los conceptos de verdad y justicia.

En punto de la reparación efectiva a las víctimas, se recuerda cómo en una primera decisión de la Corte, referida a la que se conoció como Masacre de Mampuján, se ordenó el pago integral de las sumas establecidas a favor de las víctimas, en cumplimiento estricto de los principios que animaron la Ley de Justicia y Paz.

Ello, siguiendo los criterios originales de expansividad, en el entendido que lo entregado por los desmovilizados o incautado a los mismos, junto con los otros mecanismos de financiación establecidos en la ley, efectivamente atendería las necesidades de todas y cada una de las víctimas.

Empero, después pudo advertirse el desangre que para las arcas del fondo de reparación representaba el pago íntegro de lo contemplado en la sentencia, al punto de verificarse agotado el mismo.

Ya se conoce, sin que sea objeto de controversia seria, que los dineros o bienes destinados a satisfacer el postulado de reparación de la Ley 975 de 2005, son escasos o, en todo caso, insuficientes de cara a lo que se estima contemplará a futuro la definición judicial de los daños causados a todas las víctimas, como quiera que lo efectivamente incautado o entregado por los desmovilizados resulta ínfimo frente a tan alto cometido.

La misma ley dispone, de otro lado, que los principales responsables del pago de los daños, son precisamente los perpetradores, y que el Estado acude por vía subsidiaria, sin que por tal motivo se le pueda estimar obligado.

No desconoce la Sala que, en efecto, a partir de lo reseñado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional o de lo que consagran las normas legales, sea factible concluir que la reparación debe fijarse en valores reales y totales, o que las víctimas tengan derecho a acceder a ella.

Sin embargo, no se advierte cómo el pago integral pueda ordenarse sin que el efecto resulte pernicioso, pues, ya se verifica inconcuso que si de verdad se obliga pagar la totalidad de lo dispuesto por los jueces y el destinatario de la orden es necesariamente el fondo constituido para el efecto, ello simplemente tornaría nugatoria a futuro la posibilidad de que igual ocurra con las otras víctimas reconocidas en sus derechos por sentencias posteriores.

Es quizás por lo anotado que ninguno de los apelantes o la magistrada que aclara el voto, consideran en su argumentación la forma en que debe procederse para efectivizar la obligación en su totalidad, o los mecanismos adecuados para que se garantice a futuro el pago de las otras sentencias en camino.

Entiende la Corte que el predicamento es enorme, en evidente tensión entre los derechos de las víctimas y la sostenibilidad de los medios creados para satisfacer sus necesidades de reparación.

Es por ello que, considera la Sala, a efectos de balancear ambos derechos, para que ninguno de ellos se anule completamente, se ha hecho uso de la reparación administrativa, que si bien, no representa el medio eficaz por antonomasia para atender en su totalidad las pretensiones reparatorias de las víctimas, sí ayuda en gran medida a paliar sus necesidades y a la vez evita —dentro de los principios de solidaridad y sostenibilidad fiscal que lo animan— que los dineros se agoten y, entonces, el remedio termine siendo peor que la enfermedad, esto es, que por consecuencia del inmediatismo irrazonable el mal sea mayor e irremediable.

Tampoco puede la Sala, no solo por la evidente prohibición legal, que además torna incompetente a la Corte para el efecto, sino por el ostensible deterioro que causa a las finanzas públicas, ordenar al Estado el pago indiscriminado de los dineros objeto de condena en el fallo.

Como no es posible, acorde con lo visto, atender a lo solicitado por los apelantes, debe la Sala confirmar el fallo en lo que a este ítem corresponde.

Apenas cabe agregar a lo anotado, que la determinación real y concreta del monto total que atiende las pretensiones resarcitorias de la víctima, consecuencia del incidente de reparación integral, no se ofrece inane en su totalidad o asimilable al simple trámite administrativo pasible de adelantar ante la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pues, la decisión judicial además de establecer un monto cierto que responde a lo planteado por los afectados, hace nacer una expectativa concreta que perfectamente puede llevar a obtener su satisfacción a futuro.

2. Atinente al daño y su forma de probarlo, ya la Sala en acápites anteriores fijó su postura referida a la necesidad de ofrecer elementos de juicio adecuados e idóneos que informen de su monto, pues, se reitera, la flexibilidad probatoria destacada por los apelantes no conduce a instituir la mera liberalidad o las afirmaciones sin soporte de la víctima como efectivos mecanismos de demostración.

Dice la impugnante que la jurisprudencia de la Corte Constitucional faculta acudir, en el trámite de Justicia y Paz, a prueba sumaria que determine la condición de víctima y la existencia del daño.

Y efectivamente ello ocurre, esto es, que con documentos simples, incluidos los de propia autoría del afectado —como la denuncia penal—, es factible acreditar que se es víctima o que se sufrió un daño.

Pero, lo que se reclama en el incidente de reparación integral, para efectos de comprobación adecuada que supere la mera afirmación del afectado, no es que se demuestre la condición de víctima, ni la ocurrencia del perjuicio, sino que se defina el monto en términos, entre otros, de daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales, asunto que difiere de los anteriores y obliga establecer, cuando menos, unos baremos mínimos de verificación para efectos de que la tasación obedezca a elementos objetivos y no emerja arbitraria o represente enriquecimiento sin causa, con grave desmedro para el bien escaso que se reputa el fondo con el cual habrá de pagarse a todas las víctimas.

Es que, si de verdad bastase con la simple afirmación de los afectados, carente del mínimo soporte, nada obsta para que —independientemente de que se haga de manera dolosa o surja fruto de la muy subjetiva concepción del afectado—, se reclamen sumas astronómicas o desfasadas, obligadas de satisfacer solo porque se entienden flexibles los estándares probatorios.

Elementales criterios de razonabilidad reclaman de un mínimo de comprobación de lo dicho, sin que pueda servir de contraargumento señalar, como lo hace la apelante, que esos perjuicios no fueron controvertidos en su monto por el postulado, evidente como se hace que a este no solo ningún interés le cabe en hacerlo, sino que se encuentra imposibilitado de controvertirlos vista la indeterminación de lo referido por los afectados en el asunto examinado y la ninguna referencia que sobre ello tiene él, en cuanto, las más de las veces no ejecutó directamente los hechos criminales o supo específicamente quiénes fueron sus víctimas.

De esta forma, si el tribunal desatendió lo dicho por las víctimas o sus familiares, en punto del monto específico de los perjuicios, ello operó consecuencia de no contarse con ningún elemento de respaldo, como así termina por aceptarlo la apelante, que nada indica sobre el particular.

Ahora bien, la impugnante se centra en el caso concreto de OSD y el contenido del informe de medicina legal respecto de los efectos causados por las quemaduras sufridas, para buscar entronizar algún tipo de error en la valoración que del documento hizo el tribunal.

No obstante, lo afirmado por el a quo se aviene a cabalidad con lo dicho por el experto, como quiera que no se desconoció la existencia de la lesión permanente, ni la fijación de un término de incapacidad en días, que es a lo que parece enderezar su crítica la apelante, sino que se negó el monto de perjuicios reclamado, exclusivamente porque del dictamen no se concluye que por consecuencia de la deformidad permanente se materialice “una limitación o discapacidad” (no incapacidad, como asume la apelante), entendidas estas, huelga anotar, como impedimentos o afectaciones a la posibilidad de desarrollar alguna actividad, función o labor.

Y, acerca de los gastos médicos, el tribunal detalló que “el apoderado no acreditó evidencia de la que se concluya el valor al que afirma ascendieron los tratamientos médicos adelantados, por tal razón no será objeto de indemnización bajo el concepto de perjuicios por daño emergente”.

3. Por último, no aprecia la Corte que de verdad las medidas decretadas por el tribunal en los numerales 23, 24 y 25 de la parte resolutiva del fallo, referidas a atención en salud de las víctimas, sean insuficientes o no contengan el enfoque sicosocial por el cual aboga la apelante.

Mucho menos, se agrega, si la petición de la profesional del derecho se dirige a convocar para esos fines terapéuticos “al Ministerio de Salud y secretarías” de salud, precisamente los entes que en el numeral 24 son exhortados por el a quo a efectos de que coordinen y desarrollen con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los tratamientos “necesarios para atender las secuelas físicas y psiquiátricas de las víctimas”.

Se mantendrá incólume, entonces, lo que al respecto indicó el tribunal.

4. Fiscal 34.

La segunda de las críticas planteadas por el fiscal en el recurso, atinente a la posibilidad de que se acepte a la defensoría pública, en cuanto ente, como defensor de las víctimas cuyos defensores renunciaron sin que se asignara otro profesional del derecho, ya fue respondida al inicio, cuando se asumió la impugnación de uno de los defensores públicos que planteó igual cuestionamiento. A ello se remite, entonces, la Sala, a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

En lo que atiende a la omisión planteada por el fiscal en la primera de sus críticas, la Corte verifica que le asiste por completo la razón, dado que, en efecto, al postulado se le formularon y le fueron legalizados cargos por el Hecho 75, referido a los homicidios de HAC, RMG y NAG, y actos de terrorismo.

Así se ratificó en el auto del 7 de diciembre de 2012, proferido por esta corporación.

Empero, en el listado que realizó el tribunal en el fallo, para delimitar todos y cada uno de los hechos por los cuales se condena al desmovilizado, pasó por alto incluir el 75 en cuestión, sin que se haya dado ninguna explicación sobre el particular, haciendo ver que se trató de una omisión involuntaria del a quo.

En consecuencia, la Corte adicionará la sentencia para incluir en ella los hechos en reseña, dentro del grupo de acciones por las que es condenado JFPM.

Consecuente con lo consignado en precedencia, la Corte confirmará, con las modificaciones antes reseñadas, la sentencia por medio de la cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó al postulado JFPM.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. ANULAR PARCIALMENTE la decisión objeto de impugnación, a efectos de que el tribunal se pronuncie respecto de los perjuicios reclamados por las víctimas indirectas del Hecho 101, en el acápite correspondiente a la muerte violenta de JGGA, de conformidad con la reclamación que al respecto hizo el abogado Samuel Hernando Rodríguez Castillo.

2. ACLARAR, respecto del incidente de reparación integral, que lo ordenado en un monto de $ 114.477.584, por concepto del total del lucro cesante en el Hecho 98 D, atinente al homicidio de LFRL, opera en favor de ZVC y no de AAP, como se anotó erradamente en la parte motiva del fallo.

3. ADICIONAR a los cargos por los cuales se condena al postulado JFPM, el Hecho 75, referido a los homicidios de HAC, RMG y NAG, y actos de terrorismo.

4. CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) “Igualmente podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que trata este inciso”.

(4) Fl. 219 del fallo impugnado.

(5) Rad. 38508, Justicia y Paz.

(6) Fl. 526 del fallo.

(7) Fls. 526 a 529, ambos inclusive, del fallo.

(8) Fl. 261 del fallo.

(9) Fl. 464 de la sentencia.