Sentencia SP13682-2014 de octubre 8 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP13682-2014

Radicación 43323

Aprobado acta 334

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., ocho octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

La Sala es competente para resolver la alzada de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, pues la acción penal es ejercida contra un juez de familia, juzgado en primera instancia por el Tribunal Superior de Barranquilla, por actos realizados con ocasión del cargo desempeñado.

La labor de la Corte se contraerá a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, incluyendo los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura.

Para mejor comprensión de la decisión, dado que las impugnaciones se dirigen a plantear la inexistencia de los delitos atribuidos al doctor HUGO ROSANÍA BARROS, la Sala revisará por separado los hechos en que se fundan los cargos, previa acotación sobre la naturaleza de los delitos imputados.

i) Del prevaricato por acción

La Sala ha decantado que el delito de prevaricato por acción precisa de una resolución, dictamen o concepto —en este caso, auto— ostensiblemente contrarios a la legislación, es decir, que su contenido torna notorio, sin mayor dificultad, la ausencia de fundamento fáctico y jurídico, y su contradicción con la normatividad, rompiendo abruptamente la sujeción que en virtud del “imperio de la ley” del artículo 230 de la Carta Política deben los funcionarios judiciales al texto de la misma.

Tal ocurre, por ejemplo, cuando las decisiones se sustraen sin argumento alguno al texto de preceptos legales claros y precisos, o cuando los planteamientos invocados para ello no resultan de manera razonable atendibles en el ámbito jurídico, verbi gratia, por responder a una palmaria motivación sofística grotescamente ajena a los medios de convicción o por tratarse de una interpretación contraria al nítido texto legal.

Con un tal proceder debe advertirse la arbitrariedad y capricho del servidor público que adopta la decisión, en cuanto producto de su intención de contrariar el ordenamiento jurídico, sin que, desde luego, puedan tildarse de prevaricadoras las providencias por el único hecho de exponer un criterio diverso o novedoso y, de manera especial, cuando abordan temáticas complejas o se trata de la aplicación de preceptos ambiguos, susceptibles de análisis y opiniones disímiles.

Es también necesario indicar que respecto de la apreciación de las pruebas no es suficiente con la posibilidad de hallar otra lectura de ellas, en cuanto es menester que la considerada como prevaricadora resulte contundentemente ajena a las reglas de la sana crítica al momento de ponderar los medios probatorios, de manera que denote capricho y arbitrariedad de quien así procede.

Las determinaciones respecto de las cuales el Tribunal halló configurado el delito de prevaricato por acción son: a) la que ordenó informar a la DIAN el valor del inventario y avalúo de los bienes de la sucesión y, b) la del 8 de septiembre de 2005, por cuyo medio se aprobó el listado y valor de bienes relictos presentado de consuno por las partes.

a) Sobre el informe a la DIAN

En cuanto a la presunta irregularidad cometida por informar a la DIAN un valor de los bienes inferior al consignado en el primer Inventario presentado en la actuación, la Sala encuentra lo siguiente:

i) El 24 de abril de 2002 la abogada Yamile Caez Caez instauró demanda para iniciar la sucesión intestada de Eduardo Rodríguez Pinilla, en atención al poder otorgado por Jhon Alexander Rodríguez García.

ii) El 24 de mayo de 2002 el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla declaró abierto el proceso, reconoció a Rodríguez García como hijo del causante, decretó las medidas cautelares impetradas y ordenó: “13. Ofíciese a la Administración de Impuestos Sección Cobranzas haciéndoles saber la existencia de este proceso y el avalúo de los bienes pertenecientes a la sucesión”(7).

iii) En cumplimiento de esa orden, el Secretario del Juzgado libró y suscribió el oficio 687 del 29 de mayo siguiente dirigido a la DIAN, Sección Cobranzas, por cuyo medio informó:

“Por medio del presente me permito comunicar a usted que este Juzgado mediante auto de fecha Mayo 24 del 2002, declaró abierto y radicado el proceso de SUCESIÓN, del señor EDUARDO RODRÍGUEZ PINILLA, C.C. 7.412.910 de Barranquilla (Atlántico), indicándoles que los bienes relictos tienen un valor de $ 27.810.000”(8).

iv) El 5 de julio de 2002 la abogada Caez Caez sustituyó poder en favor de su colega Álvaro Yepes García(9).

v) El 3 de septiembre de 2002 se recibió en el Juzgado respuesta de la DIAN en la que autorizó seguir con los trámites correspondientes por no figurar obligaciones a cargo del causante Eduardo Rodríguez Pinilla(10).

vi) El 28 de agosto de 2002 el Juzgado acumuló la sucesión de Nelsi Rueda Montañez, cónyuge de Rodríguez Pinilla y dispuso: “7. OFÍCIESE a la ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES SECCIÓN COBRANZAS, haciéndoles saber la existencia de este proceso y el avalúo de los bienes pertenecientes a la sucesión”(11).

vii) El 2 de octubre siguiente la DIAN autorizó seguir con los trámites correspondientes por no figurar obligaciones a cargo de la causante Rueda Montañez Nelsi(12).

viii) El 27 de febrero de 2003 se llevó a cabo diligencia de inventario y avalúo de bienes en la que los abogados de las partes, por separado, presentaron su listado de bienes(13), esto es, se radicaron dos Inventarios diferentes, frente a los cuales se presentaron diversas objeciones.

ix) Mediante auto del 8 de septiembre de 2005 el Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad de Barranquilla dispuso:

“... una vez presentado el inventario avalúo de común acuerdo entre los herederos de los bienes en el presente proceso de sucesión del causante EDUARDO RODRÍGUEZ PINILLA, este despacho y antes de entrar a resolver sobre los honorarios de los doctores ALVARO YEPEZ (sic) GARCÍA Y YAMILE CAEZ CAEZ, decide impartirle la aprobación a la anterior diligencia de inventarios y avalúos practicadas en el proceso y que obra a folios 849 a 853 del cuaderno principal, y ejecutoriado vuelva al despacho para la regulación de dichos honorarios.

Por Secretaría, comuníquese a la Administración de Impuestos Nacionales “DIAN”, sobre el inventario y avalúo presentado por los herederos reconocidos dentro del proceso”(14).

Lo anterior significa que el Juzgado informó en tres oportunidades a la DIAN sobre el trámite examinado: la primera cuando abrió la sucesión de Eduardo Rodríguez Pinilla; la segunda al acumular la morturia(sic) de Nelsi Rueda Montañez; y la tercera al aprobar los inventarios elaborados de consuno por los herederos.

La comunicación que ha sido objeto de reproche es la contenida en el oficio 687 de mayo 29 de 2002, suscrito por el Secretario del Juzgado, donde se indicó a la DIAN como valor de los bienes relictos la suma de $ 27.810.000. Sin embargo, la Sala observa que esa cifra no fue producto de la inventiva de los funcionarios judiciales sino la transcripción de la información suministrada en la demanda de la abogada Yamile Caez Caez. Véase lo consignado en ese libelo:

“Por la naturaleza del asunto, por el lugar donde se encuentran ubicados los bienes, por ser este el último domicilio del causante y por la cuantía, la cual estimo superior a Noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes ($ 27.810.000), es usted competente señor Juez, para conocer la presente demanda”(15).

Entonces, contrario a lo sostenido en la acusación y en la sentencia, no se trató de una cifra artificiosa inventada por el doctor HUGO ROSANÍA BARROS para “defraudar al fisco” sino la comunicación de la cuantía expresada en la demanda radicada por los accionantes.

Aún más, cuando se libró el oficio cuestionado (mayo 29/2002) los interesados no habían presentado inventarios(16), lo cual sucedió el 27 de febrero de 2003. Por ende, resulta absurdo cuestionar al doctor ROSANÍA BARROS por no informar a la DIAN la cuantía consignada en documentos aportados con posterioridad a ese hecho, con mayor razón cuando fueron dos los inventarios aportados, cada uno con listado de bienes y cifras diferentes. Además, no se ve por qué se tenía que informar la cuantía señalada por los abogados Caez Caez y Yepes García y no la indicada por el litigante Martínez Picalúa.

El artículo 844 del Estatuto Tributario(17), en el texto vigente para la época, establecía que “los funcionarios ante quienes se adelanten o tramiten sucesiones, cuando la cuantía sea superior a $ 11.100.000(18), deberán informar previamente a la partición el nombre del causante y el avalúo o valor de los bienes” (negrillas fuera de texto).

En cumplimiento de esa preceptiva, el doctor ROSANÍA BARROS, tan pronto admitió las demandas, informó sobre la existencia del proceso y la cuantía señalada en el libelo, comunicación que reiteró cuando aprobó el inventario y avalúo acordado por las partes.

En ese contexto, la DIAN era la entidad llamada a verificar si existían inconsistencias tributarias y, de ser así, intervenir activamente en el proceso o adelantar las acciones coactivas correspondientes. No obstante, ninguna observación realizó, entre otras cosas, porque, según lo refieren los interesados, los valores se ajustaron a las cifras catastrales.

Lo anterior significa que el procesado cumplió con la disposición citada en tanto la comunicación a la DIAN debía darse antes de la partición, como ocurrió en este evento, donde se libró tan pronto se admitió cada demanda informando la cuantía señalada en cada una de ellas.

Y aunque con antelación a esa oportunidad las partes radicaron diversos estudios de identificación y valoración de bienes no existía el deber legal de informar sobre su existencia por cuanto eran materia de controversia procesal y no se sabía cuál de ellos sería aprobado ni qué modificaciones tendrían que hacérsele en virtud de las objeciones planteadas(19).

En síntesis, el prevaricato por acción atribuido al doctor HUGO ROSANÍA BARROS no se concretó porque no profirió determinación manifiestamente contraria a la ley. Por el contrario, actuó dentro de los parámetros normativos del artículo 844 del Estatuto Tributario en punto del informe a la DIAN sobre la existencia del proceso de sucesión y el valor de los bienes de la masa herencial. Lo anterior, impone a la Corte revocar la decisión confutada y, en su lugar, absolver por este cargo.

b) Sobre la aprobación del inventario y avalúo de bienes

Según el fallo de primera instancia, la decisión del 8 de septiembre de 2005, por cuyo medio el doctor HUGO ROSANÍA BARROS, actuando como Juez Cuarto Familia de Barranquilla, aprobó el inventario y avalúo de bienes presentado conjuntamente por los herederos de Eduardo Rodríguez Pinilla y Nelsy Rueda Montañez constituye una decisión manifiestamente contraria a la ley porque en el proceso ya existía un trabajo de esa naturaleza que adquirió firmeza ante el desistimiento de las objeciones y nulidades propuestas a ese inicial catálogo de bienes.

Pues bien, el examen de la normatividad civil indica que tampoco se concreta el prevaricato por acción aducido por cuanto el doctor HUGO ROSANÍA BARROS no emitió una decisión manifiestamente contraria a la ley al aprobar el trabajo de compilación y valoración de caudales radicado de consuno el 1º de junio de 2005(20) por los herederos de los causantes.

En efecto, el artículo 600 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso examinado, establece la forma como deben elaborarse los inventarios y avalúos dentro del proceso de sucesión:

“ART. 600.—Modificado. Decreto 2282 de 1989. Vencido el término del edicto emplazatorio, efectuadas las publicaciones y agregadas al expediente como lo dispone el artículo 318, se señalará fecha y hora para la práctica de la audiencia de inventario de bienes y deudas de la herencia y de la sociedad conyugal, para lo cual se aplicarán las siguientes reglas:

1. A la práctica del inventario y de los avalúos podrán concurrir los interesados que relaciona el artículo 1312 del Código Civil. El inventario será elaborado por los interesados bajo la gravedad de juramento y presentado por escrito para su aprobación en la fecha señalada, con la indicación de los valores que de común acuerdo asignen a los bienes. El juramento se entenderá prestado por el hecho de la firma.

En el activo de la sucesión se incluirán los bienes denunciados por cualquiera de los interesados en la forma indicada en el inciso anterior.

Si hubiere desacuerdo entre los interesados sobre el valor total o parcial de alguno de los bienes, el juez resolverá previo dictamen pericial (...)”.

Como se observa, el propósito central de la citada preceptiva consiste en obtener la elaboración del listado de bienes relictos y la fijación de su valor de común acuerdo por parte de los interesados, objetivo que no siempre se logra ante las desavenencias que suelen surgir entre los herederos en cuanto a los caudales que deben formar parte de la masa herencial y al valor que debe asignárseles.

Por ello, en ocasiones el inventario es confeccionado por alguno de los interesados que lo somete a consideración de los restantes herederos, siendo frecuente la presentación de varios trabajos y/o de objeciones que suscitan álgidos debates que obligan a la práctica de pruebas para dilucidar los citados aspectos.

Tal situación se presentó en el evento examinado, donde inicialmente se presentaron dos inventarios(21), los cuales fueron controvertidos por los demás herederos, debiéndose decretar varias pruebas orientadas a esclarecer la real conformación del acervo herencial, sin que finalmente se resolviera el tema por el Juzgado porque los herederos, de consuno, luego de superar sus diferencias, suscribieron un acuerdo por cuyo medio desistieron de “las objeciones, nulidades y recursos obrantes en el proceso”(22) y, adicionalmente, presentaron un nuevo Inventario en junio de 2005(23).

El desistimiento fue avalado por la judicatura a través del auto del 10 de junio de 2005 y el nuevo inventario se aprobó mediante proveído del 8 de septiembre siguiente. Estas decisiones, en criterio de la Sala, reconocen el querer de las partes y materializan el contenido del artículo 600 del Estatuto Procesal Civil que pretende que los interesados, de común acuerdo, solucionen sus diferencias en punto de los bienes que deben conformar la masa herencial.

En ese contexto, la decisión de aprobar el nuevo catálogo de bienes y valores no es manifiestamente contraria a la ley porque ningún aparte del citado artículo impide rehacer los inventarios inicialmente presentados, como ocurrió en este caso, donde debieron excluirse caudales que no estaba en cabeza de los causantes y se fijaron precios acorde con los montos catastrales, situación que no está proscrita en el ordenamiento jurídico nacional.

Además, el hecho de que los interesados desistieran de las objeciones, recursos y nulidades propuestas en relación con los dos inventarios iniciales no implica que estos adquirieran “vigencia”(24) o que constituyeran “ley del proceso”, pues solo hasta cuando el juzgado los aprueba puede considerarse que adquieren fuerza vinculante para las partes y para el proceso, acorde con el artículo 601-4 del Código de Procedimiento Civil. Antes de la aprobación judicial, solo constituye una propuesta que debe ser sometida al escrutinio de los interesados y de la judicatura, con mayor razón cuando se radican varios Inventarios y no se sabe cuál va a prevalecer.

Recuérdese que la jurisdicción civil-familia interviene en las relaciones de los particulares, a petición de parte, en procura de declarar e imponer el derecho que en cada caso corresponda(25), buscando la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial(26), tal como acaeció en el evento bajo examen donde las partes, conjuntamente, rehicieron el trabajo de inventario y avalúo adecuándolo a las exigencias legales y a sus particulares intereses.

En ese contexto, no se configura el prevaricato por acción atribuido al doctor HUGO ROSANÍA BARROS por cuanto la aprobación del inventario contenida en el auto del 8 de septiembre de 2005 no constituye una decisión manifiestamente contraria a la ley, situación que impone revocar la decisión confutada y absolver por este cargo.

ii) Del prevaricato por omisión

Según el canon 414 del Código Penal, incurre en prevaricato por omisión “el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones”, por manera que ese tipo penal se configura cuando se conjuga alguno de los verbos rectores reseñados con el deliberado propósito de apartarse de la ley.

Resulta claro que los términos procesales hacen parte de la garantía fundamental del debido proceso estipulada en el artículo 29 Superior, por cuanto las actuaciones judiciales deben adelantarse dentro de un plazo razonable que materialice las garantías de celeridad y seguridad jurídica debidas a las partes.

No obstante, el simple agotamiento del límite cronológico previsto en la ley para la ejecución de un determinado acto procesal, no constituye el delito de prevaricato por omisión, pues lo sancionado es la omisión, denegación o demora injustificadas.

En tal sentido, la Corte Constitucional ha señalado cómo “el mero incumplimiento de los plazos no constituye por sí mismo violación del derecho fundamental indicado, ya que la dilación de los plazos puede estar justificada por razones probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión” (C-604/95).

Los cargos atribuidos al doctor HUGO ROSANÍA BARROS señalan que pudo incurrir en el punible de prevaricato por omisión con ocasión de tres situaciones diferentes: a) no resolvió las objeciones y nulidades propuestas por las partes al inventario y avalúo de bienes; b) retardó resolver el incidente de regulación de honorarios promovido por el denunciante; c) omitió pronunciarse sobre la sanción del canon 292 del Código de Procedimiento Civil.

a) La no resolución de objeciones al inventario y avalúo de bienes

Los primeros inventarios fueron presentados en la audiencia del 27 de febrero de 2003, así: a) por los abogados Yamile Caez Caez, apoderada de Marlene Torrado Álvarez, cesionaria del 50% de los derechos de Jhon Alexander Rodríguez García, y Álvaro Yepes García, apoderado de este último; b) por el litigante Jorge Martínez Picalúa, apoderado de Fulvia Vecino Rueda, Carlos y Luz Dary Rodríguez Rueda. Frente a ellos se presentaron varias objeciones(27).

Por ello, a instancias de los interesados, el 2 de mayo de 2003(28), se abrió a pruebas a efectos de establecer el activo y el pasivo de la sucesión(29), decretándose varios testimonios, oficios y dictámenes que se practicaron a lo largo de esa y la siguiente anualidad.

El 12 de marzo de 2004 el heredero Jhon Alexander Rodríguez García confirió poder a un nuevo abogado(30), motivo por el cual Yepes García instauró incidente de regulación de honorarios.

En junio de 2005 los apoderados de los herederos suscribieron un acuerdo por cuyo medio desistieron de “las objeciones, nulidades y recursos obrantes en el proceso” y presentaron un nuevo trabajo de inventario y avalúo de bienes, siendo aceptado el desistimiento por el Juzgado Cuarto de Familia mediante auto del 10 de junio de 2005 y aprobado el inventario en proveído del 8 de septiembre siguiente.

Pues bien, es un hecho cierto que el incidente de objeciones se prolongó en el tiempo desde el 27 de febrero de 2003 hasta el 8 de septiembre de 2005 sin que finalmente se resolviera porque los interesados desistieron de los reparos y decidieron rehacer el trabajo inicialmente radicado.

Con todo, la demora en resolver dicho trámite no configura el delito de prevaricato por omisión por cuanto la tardanza de la decisión se explica en varias situaciones procesales: la animosidad de las partes que no lograban ponerse de acuerdo sobre los bienes y el valor de los mismos, las múltiples peticiones radicadas, la cantidad de pruebas recaudadas en esta etapa y la carga laboral del funcionario que para la época tenía en el despacho más de 376 procesos de diversa índole y dificultad, según se demostró con las estadísticas adosadas en la etapa probatoria del juzgamiento(31).

En ese contexto, contrario a lo afirmado en la sentencia, la conducta del funcionario investigado no se observa arbitrariamente orientada a negar la resolución del incidente, pues, como se indicó, las vicisitudes de la actuación postergaron su definición hasta que los interesados, de común acuerdo, decidieron zanjar sus diferencias y otorgar impulso definitivo al proceso.

Téngase en cuenta que el funcionario judicial debía atender las peticiones de todas las partes, no solo la de los precitados abogados, quienes, además, desde el mes de marzo de 2004 carecían de legitimidad para intervenir en el trámite sucesoral, salvo en el incidente de regulación de honorarios.

Si ello es así, la omisión denunciada carece de la connotación delictiva atribuida en la sentencia, situación que impone revocar el fallo condenatorio y absolver a HUGO ROSANÍA BARROS por este cargo.

b) Mora en resolver el incidente de regulación de honorarios

Acorde con las piezas procesales adosadas al expediente, Álvaro Yepes García actuó en la sucesión intestada de Eduardo Rodríguez Pinilla y Nelsi Rueda Montañez como apoderado de Jhon Alexander Rodríguez García hasta el 12 de marzo de 2004, cuando se radicó nuevo mandato ante el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla.

En razón de lo anterior, el 15 de abril de 2004 Yepes García instauró incidente de regulación de honorarios por la gestión realizada desde la admisión de la demanda hasta la revocatoria del poder.

El doctor ROSANÍA BARROS, previo decreto probatorio, resolvió el incidente el 19 de septiembre de 2005 tasando los honorarios en $ 20.000.000, decisión impugnada por el abogado interesado, siendo modificada el 27 de febrero de 2008 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla que fijó los estipendios en $ 10.000.000.

En el decurso del trámite incidental se corrió traslado a la parte incidentada(32), se designó auxiliar de la justicia para valorar los honorarios solicitados el cual tuvo que ser relevado porque no tomó posesión del cargo(33), se rindió el respectivo dictamen(34) que fue objetado por error grave por la parte contraria(35), el incidentante pidió rechazar la objeción(36) y finalmente el Juzgado resolvió el 19 de septiembre de 2005.

El recuento de las actuaciones surtidas al interior del trámite incidental indica que el lapso de diecisiete meses que tardó la actuación se explica en las diversas incidencias del mismo, esto es, en la necesidad de agotar etapas probatorias indispensables como traslados, decreto probatorio, designación, relevo y posesión de peritos y, en general, en la necesidad de permitir la controversia de las partes, situaciones todas que dilataron la decisión más allá de lo previsto en la ley.

Y aunque los términos procesales hacen parte de la garantía fundamental del debido proceso, su sola pretermisión no configura el punible analizado, pues, además, se requiere demostrar que se actuó de manera injustificada, situación que no se visualiza en este evento donde si bien se superaron los plazos procesales, ello obedeció a las dificultades presentadas en el trámite por la no posesión del primer perito designado, la demora en rendir el dictamen, la objeción por error grave y la solicitud de suspensión del incidente elevada por la parte contraria, fundada en la interposición de una denuncia contra el accionante(37).

Se ha señalado que la conducta del juez fue caprichosa porque se abstuvo de darle la celeridad exigida por la parte incidentante a través de diversos memoriales. Sin embargo, como se ha indicado, la dilación de los términos estuvo mediada por razones que explican la tardanza. En ese orden, el incumplimiento de los plazos denunciado no constituye violación del debido proceso y, menos aún, puede concretar el punible de prevaricato por omisión porque no se ha demostrado que ello obedeciera a la arbitrariedad o al capricho.

Se afirma igualmente en el fallo impugnado que por existir una Vigilancia Judicial Administrativa por parte del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico en relación con el incidente de regulación de honorarios, producto de la cual se descontó un punto en factor rendimiento de la calificación(38), el doctor ROSANÍA BARROS actuó dolosamente.

Ese razonamiento resulta inadmisible por fincar la materialidad del delito exclusivamente en la pretermisión de los plazos procesales, situación que se enmarca en la figura de la responsabilidad objetiva, la cual está proscrita del derecho penal.

En efecto, aunque la acción penal y la vigilancia judicial administrativa de la Ley 270 de 1996 son expresión de la potestad sancionadora del Estado en tanto buscan establecer la responsabilidad del accionado en el área de intervención señalado en la ley para cada una de ellas, ostentan características y alcances diferentes que impiden identificarlas y equipararlas como se hace en la sentencia impugnada, donde de la simple existencia del reproche administrativo se deduce el carácter doloso del comportamiento del procesado.

En materia penal los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad son más exigentes, motivo por el cual debe revisarse con mayor detenimiento su configuración. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado cómo “... no cabe duda alguna que en el ámbito disciplinario los principios de legalidad y tipicidad actúan con menor rigurosidad que en el derecho penal delictivo, pues se admiten bajo determinadas condiciones el uso de tipos abiertos y de conceptos jurídicos indeterminados, a la vez que se le atribuye al juzgador disciplinario una mayor amplitud para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas reprochables” (C-818/2005). Esta distinción, considera la Sala, se hace extensible a la vigilancia judicial administrativa comentada.

Para el caso, la rebaja en el puntaje de calificación se fundó exclusivamente en el paso del tiempo sin que se ponderaran las circunstancias concretas que incidieron en la tardanza en resolver como la necesidad de designar auxiliar de la justicia, relevar al inicialmente nombrado, tramitar la objeción por error grave propuesta, entre otros aspectos. Mucho menos se valoró si el funcionario obró en forma dolosa.

Aún más, el doctor ROSANÍA BARROS ha señalado que no pudo fijar oportunamente el valor de los honorarios porque estos se pactaron en la modalidad a cuota Litis, la cual exigía tener certeza sobre el valor de los derechos que le correspondían a Jhon Alexander Rodríguez García, lo cual solo se supo al aprobarse el trabajo de inventarios en septiembre de 2005.

Tal explicación encuentra respaldo en la decisión del 27 de febrero de 2008 de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla en la que, luego de definir la naturaleza de esa modalidad contractual, se liquidaron los honorarios conforme con el rubro asignado al heredero demandado. Véase lo expuesto por esa Colegiatura:

“Los abogados de los herederos de la sucesión presentaron trabajo de partición que hasta la fecha no ha sido aprobada por el Juzgado, pero que guarda relación con el Inventario presentado de común acuerdo. Según la partición, al heredero JHON ALEXANDER RODRÍGUEZ GARCÍA le corresponden $ 115.000.000. Así las cosas, esta Sala tendrá en cuenta los valores relacionados en aquellos escritos sin desconocer que aunque el trabajo de partición aún no ha sido aprobado, se tomará como indicio que guarda relación con el Inventario mencionado (...).

Respecto de la apelación del incidentalista reclamante, expresa la Sala que siendo el director del proceso el operador judicial y no el perito, la crítica a la prueba pericial se impone al momento de valorar la prueba para la decisión de fondo, sea ello con motivo de la objeción u oficiosamente al estimar el haz probatorio y siendo ello así no es de recibo el argumento de que debe el juez atenerse a lo expresado por el auxiliar de la justicia, quien no tuvo en cuenta que la labor del reclamante no fue hasta la terminación del proceso, por un lado, y por el otro, que partió de un guarismo no correspondiente a lo pactado, dado que tomó como suma bruta el total de la masa partible y no lo correspondiente al heredero poderdante”(39).

En consecuencia, la pretermisión de los términos al resolver el incidente de regulación de honorarios no configura el delito de prevaricato por omisión atribuido al doctor HUGO ROSANÍA BARROS, motivo por el cual la Sala revocará el fallo impugnado y en su lugar lo absolverá del cargo analizado.

c) Omisión de pronunciarse sobre la sanción contemplada en el artículo 292 del Código de Procedimiento Civil

En febrero de 2003 la abogada Yamile Caez Caez, en calidad de apoderada de la cesionaria de derechos herenciales Marlene Torrado Álvarez, tachó como falsas las escrituras públicas 385 de noviembre 18 de 1987 y 413 de noviembre 5 de 1987 aportadas al proceso por el abogado Jorge Martínez Picalúa. El 1º marzo de 2004 el Juzgado Cuarto de Familia(40) de Barranquilla declaró probada la tacha de falsedad.

En forma subsiguiente, la abogada Caez Caez pidió adicionar la anterior decisión en el sentido de aplicar la sanción contemplada en el artículo 292 del Código de Procedimiento Civil a los herederos que presentaron la documentación espuria, de manera que se abonara en su favor la suma de $ 208.852.048,22(41) por ser quien propuso la tacha. Esta solicitud, a pesar de múltiples y posteriores requerimientos, no fue resuelta por el Juzgado regentado por el doctor ROSANÍA BARROS.

Según el Tribunal a quo, la omisión de responder esa solicitud configura el punible de prevaricato por omisión por cuanto el funcionario voluntaria y conscientemente se sustrajo a cumplir la obligación de responderla, con independencia de que accediera o no a imponer la sanción incoada.

La defensa señala que el doctor ROSANÍA BARROS omitió resolver la petición porque estaba convencido de que no tenía el deber de atenderla por cuanto Torrado Álvarez no tenía legitimidad para actuar en el proceso, pues se había demostrado la simulación del contrato de cesión de derechos en virtud del cual había sido admitida como parte.

Pues bien, en julio de 2004 se radicó escrito autenticado contentivo del acuerdo privado donde Marlene Torrado Álvarez reconoce la simulación de la escritura pública 3670 del 16 de agosto de 2002 de la Notaría 5 de Barranquilla por cuyo medio adquiría el 50% de los derechos a Rodríguez García(42). En razón de lo anterior, el apoderado de este heredero pidió se le reconociera como titular del 100% de los derechos herenciales y se retirara la potestad para actuar a Torrado Álvarez y a su abogada(43).

De igual forma, el 12 de marzo de 2004 se radicó poder mediante el cual Jhon Alexander Rodríguez García designó nuevo apoderado(44), razón por la cual Álvaro Yepes García fue removido de la representación legal.

Entonces, la tesis defensiva de ausencia de legitimidad de los abogados Yepes García y Caez Caez para intervenir en el proceso de sucesión desde marzo y junio de 2004, respectivamente, es lógica y ostenta respaldo probatorio y explica por qué ROSANÍA BARROS no atendió tal solitud, reiterada en varias ocasiones por los litigantes, pues estaba convencido que no tenía la obligación de responder los memoriales que radicaran porque no tenían derecho a continuar participando en el trámite sucesoral.

Esta postura, incluso, fue expuesta por el Consejo Seccional del Atlántico que adelantó la Vigilancia Judicial Administrativa cuando en la Resolución 118 del 24 de agosto de 2005 circunscribió la intervención del abogado Yepes García al incidente de regulación de honorarios y al efecto señaló:

“Descendiendo al caso bajo examen es de destacar que al solicitante le asiste un interés legítimo en el incidente de regulación de honorarios por él planteado en el mes de abril de 2004, no así en el resto de actuaciones del proceso, si se tiene en cuenta que le fue revocado el poder para actuar en el proceso a que se contrae la solicitud”(45).

De acuerdo con el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, “con la presentación en la secretaría del despacho donde curse el asunto, del escrito que revoque el poder o designe apoderado o sustituto, termina aquel o la sustitución, salvo cuando el poder fuere para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso”; por tanto, una vez revocado el poder y designado un nuevo apoderado, el togado anterior carecía de legitimidad para actuar en el proceso, salvo en el incidente de regulación de honorarios.

Entonces, la omisión en dar trámite a la solicitud de sanción contemplada en el artículo 292 del Código de Procedimiento Civil se explica en el hecho de ser presentada por litigantes sin legitimidad para actuar en el proceso de sucesión, en un caso por la revocatoria del mandato y en el otro por la simulación referida, situación que relevaba al juez de decidir, no obstante la insistencia de los togados.

En consecuencia, por este aspecto tampoco se configura el delito de prevaricato por omisión, debiéndose absolver por este cargo, previa revocatoria del fallo de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia del 28 de octubre de 2013 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

2. Absolver al doctor HUGO ROSANÍA BARROS de los cargos de prevaricato por acción y por omisión en concurso homogéneo y sucesivo formulados en su contra.

Contra esta providencia no procede recurso alguno; comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen».

(7) Cfr. folio 47 proceso de sucesión.

(8) Cfr. folio 50 proceso de sucesión.

(9) Cfr. folio 150 proceso de sucesión.

(10) Cfr. folio 251 proceso de sucesión.

(11) Cfr. folio 245 de la sucesión.

(12) Cfr. folio 295 de la sucesión.

(13) La abogada Caez Caez, en representación de la cesionaria Marlene Torrado, y el litigante Álvaro Yepes García, apoderado del heredero Jhon Alexander Rodríguez García valoraron el activo sucesoral en $ 2.916.211.167,90. Por su parte, el litigante Jorge Martínez Picalúa, apoderado de Fulvia Vecino Rueda, Carlos y Luz Dary Rodríguez Rueda lo fijó en $ 655.500.000.

(14) Cfr. folio 135, cuaderno instrucción 1.

(15) Cfr. folio 7 proceso de sucesión.

(16) Fueron radicados en la audiencia del 27 de febrero de 2003.

(17) Contenido en el Decreto 624 de 1989.

(18) Cuantía establecida para el año 2002 por el Decreto 2794 de 2001.

(19) De otro lado, acorde con lo probado en el sucesorio, la discrepancia en la cifra suministrada por el denunciante Álvaro Yepes García ($ 2.916.211.167,90) y la aprobada por el Juzgado ($ 318.544.500), se explica en la inclusión de bienes de la sociedad Rodríguez Rueda y Cía. Ltda. y en el interés de mantener alto el valor de los bienes en razón a la modalidad de honorarios pactada (Jhon Alexander Rodríguez García pactó con la abogada Yamile Caez Caez como honorarios el 10% del monto total de los derechos valorables en dinero que le correspondieran en la sucesión).

(20) Cfr. folios 848 y ss. proceso sucesión.

(21) Los abogados Yamile Caez Caez y Álvaro Yepes García presentaron un estudio y el litigante Jorge Martínez Picalúa presentó el otro.

(22) Cfr. folio 848 del proceso de sucesión.

(23) Cfr. folio 849 del proceso de sucesión.

(24) Término utilizado en la resolución de acusación, ver folio 226 cuaderno 2 de instrucción.

(25) Ver, Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General Novena Edición, Editorial ABC, Bogotá, pág. 22.

(26) Propósito que se acompasa con el contenido del artículo 2º Superior que establece como finalidad primordial del Estado, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y en la ley.

(27) Cfr. folio 440 de la sucesión y 68, cuaderno instrucción 1.

(28) Adicionado por autos del 27 de mayo de 2003, folio 120 anexo 3; 1º de agosto del mismo año, folio 154 del mismo cuaderno.

(29) Cfr. folio, 116 anexo 3.

(30) Ver folio 121 del cuaderno de instrucción 2.

(31) Cfr. folio 54 y ss. del cuaderno de la causa.

(32) El 28 de septiembre de 2004.

(33) La designación de la nueva auxiliar de justicia se hizo mediante auto del 4 de febrero de 2005, quien se posesión el 22 de febrero siguiente.

(34) El dictamen se rindió el 14 de abril de 2005.

(35) La objeción se presentó el 13 de mayo de 2005.

(36) La solicitud fue radicada el 28 de junio de 2005.

(37) En octubre de 2004, según se indica en la resolución de acusación de segunda instancia.

(38) Cfr. folios121 y ss. cuaderno de instrucción 2, contiene la Resolución 118 del 26 de agosto de 2005 del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.

(39) Cfr. folio 52 del cuaderno segunda instancia de la Fiscalía.

(40) Cfr. folio 69, cuaderno de instrucción 1.

(41) Cfr. folio 71, cuaderno de instrucción 1.

(42) Cfr. folio 4, cuaderno incidente tacha de falsedad.

(43) No se sabe cuál fue la solución dada por el juzgado a esta petición porque al proceso solo se allegaron copias del trámite de sucesión hasta el 20 de octubre de 2005.

(44) Cfr. folio 525, cuaderno de sucesión.

(45) Cfr. folio 123, cuaderno de instrucción 2.