Sentencia SP13790-2016/41781 de octubre 5 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP13790-2016

Rad.: 41.781

(Aprobado acta 312)

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá, D.C., cinco de octubre de dos mil dieciséis

“(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia)”.

Extractos «Consideraciones

1. Problema jurídico planteado.

Se circunscribe a establecer si los juzgadores incurrieron en una violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho en su vertiente de falso raciocinio, capaz de desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad que recae sobre los fallos de primera y segunda instancias, de carácter absolutorio, al valorar el “informe de auditoría integral”, rendido por la Contraloría General de la República, en relación con la gestión crediticia desarrollada por Mxxxxx Mxxxxxx Exxxxxx Axxxxx en la Sucursal Bxxxxx de la extinta Cxxxxx Axxxxx durante el año 1998, particularmente, respecto de los sobregiros que habría autorizado a favor de las compañías Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. y Dxxxxx S.A.,.

2. Cláusula probatoria del artículo 271 de la Constitución Política.

La mencionada disposición consagra una cláusula procesal específica que establece, expresamente, que “[l]os resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente”(43).

Esta norma, de carácter superior, tuvo su origen en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, oportunidad en la que, inicialmente, a la par que se concibió la idea de crear una jurisdicción especial para la investigación y juzgamiento de los delitos contra el patrimonio del Estado —de carácter imprescriptible—, se pretendió que “las investigaciones y tareas fiscalizadoras de la Contraloría se consideraran en (sic) plena prueba en los procesos penales vinculados a las infracciones del gasto público”(44).

La primera de tales aspiraciones normativas no llegó a feliz término, por respeto al principio de igualdad ante la ley —entre los perseguidos por infracciones contra el patrimonio público y los investigados por cualquier otro injusto— y debido a que se advirtió la incoherencia resultante de que la plenaria hubiera aprobado previamente la creación de la Fiscalía General de la Nación, como órgano encargado de la persecución penal de todas las conductas punibles —salvo las de naturaleza castrense—.

La segunda, por su parte, cuya consagración constitucional había encontrado obstáculos en la comisión redactora, porque a ese cuerpo colegiado le pareció “redundante” que las pruebas practicadas por la Contraloría pudieran tener mérito probatorio ante la jurisdicción especializada por crear(45), finalmente fue aprobada con algunas modificaciones.

Es así como, tras precisar que era menos “complicado” aludir a “los resultados de la investigación de la Contraloría”(46) y no a “las investigaciones y tareas fiscalizadoras de la Contraloría”(47) y cambiar la expresión “plena prueba”(48) por la de “valor probatorio”(49), se aclaró que los aludidos resultados tendrían mérito suasorio ante la Fiscalía General de la Nación. La siguiente fue la redacción preliminar de la disposición:

Artículo quinto, la ley establecerá una jurisdicción penal especializada en el juzgamiento de los delitos, cometidos contra el patrimonio del Estado, los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, luego de abandonar la idea de la creación de la mentada jurisdicción penal especializada, al fragmento normativo restante, que iría a constituir el definitivo, consagrado en el artículo 271 Superior, sólo se agregó que esos resultados no solo deberían tener valor probatorio ante la Fiscalía sino también ante el juez competente. Las que siguen fueron las consideraciones del constituyente Cxxxx Dxxx Axxxxxx Rxxx , tras lo cual se dio la aprobación por la plenaria de la Asamblea:

—Yo quiero hacer la siguiente explicación, porque Cxxx consultó esta redacción conmigo; realmente aquí se están estableciendo dos aspectos; primero, creando una jurisdicción penal especializada para el juzgamiento de los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, porque le entendí a Cxxxx Dxxx Axxxxxx Rxxx que esa era la intención de la Comisión Accidental; posteriormente me explicó, porque yo soy autor de este artículo; posteriormente Exxxxxx me explicó que el interés de la Comisión Accidental no era el juzgamiento de esos delitos, que hoy son competencia de los juzgadores superiores, sino que la Contraloría tuviera funciones de Policía Judicial para hacer las indagaciones preliminares y que esas pruebas, que pasarían después al Fiscal para la acusación pertinente, tuvieran valor probatorio; esa segunda parte yo no la considero incompatible con la Fiscalía; la primera parte la considero ahora impropia de un sistema acusatorio en el cual no existen, no deben existir jurisdicciones especiales; desaparecerán por ejemplo las jurisdicciones de orden público, entonces debe mantenerse en poder de la justicia ordinaria o sea de los jueces superiores la competencia para el juzgamiento de los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado; en ese sentido retiraría la primera parte del artículo. La segunda parte del artículo no me parece que sea incompatible con la organización de la Fiscalía General, por cuanto dice simplemente o así comenzaría el artículo, los resultados de las indagaciones preliminares, indagaciones preliminares es Policía Judicial, adelantadas por la Contraloría, tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y habría que agregar también y ante el juez competente…(50)

Lo anterior significa que, el constituyente de 1991 le confirió a las conclusiones de las investigaciones preliminares adelantadas por el órgano de control fiscal, el alcance de medio probatorio, de tal forma que, por disposición constitucional, los funcionarios judiciales están obligados a evaluarlas de igual manera que lo harían en torno a cualquiera de los instrumentos de prueba, descritos en el artículo 233 del Estatuto Adjetivo Penal de 2000 —canon 382 de la Ley 906 de 2004—, a efecto de acreditar los elementos constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad y la naturaleza y cuantía de los perjuicios.

Nótese cómo el querer del constituyente estuvo marcado por la intención de dotar de una especial connotación probatoria a las conclusiones de las investigaciones de la Contraloría, de tal suerte que sirvieran de bastión cognoscitivo a los funcionarios encargados de adelantar la instrucción y el juzgamiento ordinario penal.

En efecto, dada la indiscutible especificidad de las pesquisas obtenidas por el órgano contralor durante la etapa de indagación preliminar a la hora de detectar irregularidades en la gestión fiscal que pudieren comprometer el patrimonio público y el valor suasorio concreto que el referido canon 271 Superior le confirió a los resultados obtenidos en esa labor investigativa, se debe concluir, fundadamente, que ellos están en capacidad de verter al proceso penal, junto con los medios de prueba recaudados por el órgano investigador tendientes a ratificar esa información del ente contralor, el sustento suasorio indispensable para emitir fallo condenatorio.

Recuérdese que, en el ámbito del control fiscal, la indagación preliminar procede cuando no existe certeza del hecho y, consecuente con ello, la apertura del diligenciamiento formal por parte de la Contraloría está condicionada a que los resultados de dicha investigación permitan verificar la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, la entidad afectada y los servidores públicos y/o particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a él (artículo 39 de la Ley 610 de 2000, “por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías)”.

Así las cosas, las impresiones de las indagaciones preliminares del ente de control fiscal, que dan cuenta de conductas aflictivas del erario público, no solo sirven para continuar con el juicio fiscal a cargo de esa entidad sino como fundamento suasorio autónomo de orden constitucional en la causa penal.

En punto del carácter probatorio de dichas conclusiones del ente de control fiscal diverso al de los informes de policía judicial, en pretérita oportunidad la Sala resaltó (CSJ AP2812-2015):

Empero, cuando el demandante sostiene que sin el informe en cuestión las pesquisas de la Fiscalía hubiesen quedado apenas en su fase germinal, pues, “solo” contaba con el informe de la Contraloría sobre “simples irregularidades contractuales”, desconoce abiertamente el contenido y efectos probatorios específicos del trabajo de auditoría realizado por la Contraloría, cuyos resultados dieron origen a la denuncia penal.

Pero, además, ignora la esencia jurídica y material del medio en cuestión —informe de Contraloría—, para superlativizar un informe de Policía Judicial que, finalmente, no hace más que reiterar lo consignado en aquel, y minimizar las otras pruebas —de carácter testimonial—, que corroboran el hecho objetivo de incumplimiento del contrato.

A este efecto, resulta bastante infortunado hermanar el informe de policía judicial con aquel expedido por la Contraloría, bajo el supuesto argumental que, como la Contraloría ejerce funciones de policía judicial, corre la misma suerte de lo consignado en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, en cuanto contempla que las actividades previas a la judicialización del caso, realizadas por la policía judicial: “sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación”,

Pasa por alto el recurrente, que lo adelantado por la Contraloría en la alcaldía, a efectos de auditar los contratos, no corresponde a las tareas de policía judicial que defiere a esa institución el numeral 1º del artículo 312 de la Ley 600 de 2000 (por lo demás, específicamente limitadas a “asuntos de su competencia)”, sino a la vigilancia de la gestión fiscal de la administración, que expresamente le atribuye el artículo 267 de la Carta Política.

Precisamente, el artículo 271 de la Constitución Política colombiana, otorga valor probatorio a esos informes, cuando especifica:

“los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General dela Nación y el juez competente”

Ya la Corte, así mismo, se pronunció sobre el valor probatorio de dichos informes(51), sin que el demandante exponga algún argumento que permita verificar por qué en el caso examinado los documentos en cuestión se apartan de la norma constitucional citada.

Examinado el contenido del informe trasladado por la Contraloría Departamental de Cundinamarca a la justicia penal, se concluye indubitable que del mismo no se desprenden, como lo pretende hacer ver el impugnante “simples irregularidades contractuales”.

Huelga señalar que si la Contraloría decidió dar traslado del hallazgo de auditoría a la Fiscalía, es porque precisamente advierte la comisión de conductas punibles.

No cabe duda, pues, del valor probatorio autónomo y eficiente de los informes preliminares de la Contraloría en materia penal; pero, ello no los convierte en plena prueba del acontecer delictivo, aspecto éste suficientemente discernido por los creadores del artículo 271 Superior, quienes modificaron el proyecto constitucional, justamente, para quitarle tal connotación y conferirle solamente la de instrumento cognoscitivo.

De esta manera, lo deseable es que las conclusiones que, de forma preliminar, obtenga el ente de control fiscal, sean corroboradas por otros medios de prueba, que permitan dilucidar la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad del encausado en la misma, para lo cual, se ofrece relevante recaudar, en lo posible, el expediente administrativo correspondiente y conocer el resultado final de la investigación del órgano contralor consignado en el fallo con o sin responsabilidad fiscal o por lo menos en el auto de imputación de responsabilidad fiscal.

Y es que avalar que los resultados de una indagación preliminar de la Contraloría, pueda servir de plena y única prueba de la materialidad de la conducta punible y de la participación del encausado en el mismo, supondría llegar al absurdo de admitir que ante la mera probabilidad de compromiso de un funcionario o particular —gestor o custodio de recursos estatales— en el detrimento patrimonial de los bienes públicos, advertida apenas, entonces, como una hipótesis por parte del aludido ente de control, sea posible que, sin recaudar otros medios de prueba durante la investigación y juzgamiento por parte de la jurisdicción ordinaria penal, tendientes a corroborar si el injusto existió y si el presunto responsable la ejecutó, se llegue a la imposición de condena penal.

Lo anterior, implicaría admitir que basta con la sola incriminación preliminar de la Contraloría para entender debidamente acreditado el delito y su responsable. Razonar como lo propone el libelista, conllevaría, por ende, a un nítido desconocimiento del derecho al debido proceso, a la infracción del principio de presunción de inocencia y, sobre todo, al debilitamiento de la autonomía reconocida legal y jurisprudencialmente a los dos modelos sancionatorios: penal y fiscal.

Recuérdese que, el parágrafo 1º del artículo 4º de la Ley 610 de 2000, establece que “la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad”.

En similar sentido, la Corte ha razonado que las “tareas que cumple la Contraloría se ejercen con absoluta independencia de las acciones penales y disciplinarias que pudieren surgir de las actuaciones y omisiones de los servidores públicos. Por ello, no necesariamente deben converger en el mismo sentido los resultados de los procesos que adelante cada autoridad competente, dentro del ámbito de sus funciones.” (CSJ AP, 23 ene. 2001, rad. 17.089).

Además, si las conclusiones del informe preliminar bastaran, a manera de plena prueba, para afirmar la responsabilidad penal del inculpado, el juez penal quedaría convertido en un simple fedatario de las estimaciones esgrimidas por el ente de control fiscal —incluso en su fase más primigenia—, lo cual tornaría inane o superfluo el inicio de cualquier investigación penal porque con antelación ya se conocería su resultado, obligatoriamente condenatorio, así como banal cualquier esfuerzo defensivo por rebatirlas.

De otro lado, es importante precisar que, contrario a lo estimado por las instancias y por el demandante, por más que dichas conclusiones preliminares de la Contraloría, dada la especialidad de la materia investigada, tengan un alto contenido técnico, no gozan del carácter de prueba pericial y, por ende, no están sometidas a las ritualidades propias del título VI, capítulo III, artículos 249 a 258 de la Ley 600 de 2000. En efecto, como se esgrimió atrás, los resultados de las indagaciones preliminares del ente de control fiscal, son prueba autónoma de carácter constitucional en los supuestos de detrimentos patrimoniales del Estado.

3. El caso concreto.

3.1. Lo primero a destacar es que el reporte de auditoría integral rendido por la Contraloría describe varias irregularidades en que Mxxxxx Mxxxxxx Exxxxxx Axxxxx habría incurrido, siendo Gerente Regional de la sucursal Bxxxxx, particularmente, al otorgar cuatro sobregiros a las empresas Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. —dos a cada una— que no cumplían con los requisitos mínimos de aprobación.

Así, en relación con Dxxxxx S.A., el informe indica que el 4 de febrero de 1998 —cerca de un mes después de que Mxxxxx Mxxxxxxx hubiera llegado al cargo de Gerente Regional Bxxxxx(52)— la referida sociedad abrió una cuenta corriente en la Cxxxxx Axxxxx (la xxxx-x) con escasos $10.000.

Dice también que, pese a la menguada capacidad monetaria de respaldo que exhibía dicha compañía, la procesada, sin contar con el voto unánime de la Junta Directiva y soslayando varios de los requisitos legales, habría autorizado un cupo de sobregiro de $400.000.000 que esa empresa incluso superó, sin control alguno de la entidad crediticia, pues la sociedad tuvo unos descubiertos por $501.871.156,74 y $188.711.684,45, por un tiempo de 44 días —entre el 16 de febrero y el 3 de marzo del año en mención— y 207 días —entre el 8 de abril y el 24 de noviembre de 1998—, respectivamente, sin que se aplicara sanción alguna al respecto.

Además, sostiene que la acusada no contó con el documento de aprobación de la cuantía autorizada de la Junta Directiva y tampoco obtuvo, como le hubiera correspondido, los extractos bancarios de los tres últimos meses y los estados financieros de ese grupo empresarial de los años 1995-1996.

Igualmente, refiere el reporte, la incriminada habría desconocido que, a 31 de diciembre de 1997, Dxxxxx S.A. presentaba un estado de iliquidez de “xxx<xx”, que estaba demandada y que la Escritura Pública de reforma social 912 de 3 de abril de 1995 reflejó que había aumentado su capital autorizado de $10.000.000 a $200.000.000, sin especificar las sumas suscritas y pagadas, por lo que, como lo conceptuó el abogado externo —Exxxxxx Lxxxxxxx Vxxxx—, quien realizó el estudio de títulos respectivo, no solo no era viable celebrar ninguna operación financiera o crediticia con esa entidad hasta tanto no se hiciera la aclaración respectiva, sino que con ocasión de la acción civil que podía comprometer el patrimonio de la compañía, la funcionaria debió obtener garantías reales que respaldaran los descubiertos.

Contrario a esas mínimas y obvias precauciones, el informe advierte que las obligaciones se soportaron, únicamente, en las rúbricas del representante legal y del codeudor, garantía del todo insuficiente, de cara al monto de capital prestado, pues, era evidente que, ante un eventual incumplimiento, dada la iliquidez manifiesta de la firma, no existiría el respaldo necesario para recuperar lo adeudado a corto plazo, facilitando, de esta manera, la pérdida del dinero público.

A ello, el reporte suma que, según el certificado de existencia y representación de Dxxxxx S.A. y el Oficio U.R.C. / 98 197 del 5 de agosto de 1998 —suscrito por R. Dxxxxx Mxxxx Dxxxy dirigido a Exxxxxx Cxxxxxx Brxxxxx, Gerente Nacional de Control de Legalidad de la Cxxxxx Axxxxx—, precisamente, la hermana de la enjuiciada —Lxxxxxx Lxxxxxxx Exxxxx Axxxxx— y su cuñado (esposo de esta) —Rxxx xxx Bxxx— eran, para la época de los hechos, la suplente del representante legal y el representante legal de Dxxxxx S.A., respectivamente, cuestión que sugiere que el parentesco con los socios de esa firma —establecido por la Contraloría— y los negocios familiares fueron los que generaron un trato preferencial del banco hacia dichos usuarios, el cual se habría visto reflejado en la insistencia de la acusada, ante la presidencia y vicepresidencia comercial de la Cxxxxx Axxxxx, para que se atendiera favorablemente la solicitud de crédito.

Por su parte, frente a Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. el informe de la Contraloría indica que era un cliente con promedio negativo ($17.380.718.59) en su Cuenta Corriente xxxx-x, razón por la que, de acuerdo con las normas de administración de cartera de la Cxxxxx Axxxxx, no era prudente tener relaciones comerciales crediticias con esa empresa.

Sin embargo, asevera la Contraloría, la encartada le habría aprobado un cupo de sobregiro de $40.000.000 que, incluso, en una oportunidad, excedió dicha persona jurídica, alcanzando los $45.553.473.81 por 63 días —entre el 11 de marzo y 14 de mayo de 1998—. El otro evento de sobregiro fue del orden de $18.769.799.37 por 220 días —entre el 15 de mayo y 25 de noviembre del mismo año—. En uno y otro caso, según el informe, la enjuiciada omitió aplicar las sanciones de rigor.

De esta manera, la Contraloría estima que, tal como ocurrió con Dxxxxx S.A., la acusada, tenía claros intereses familiares y personales en favorecer a esa empresa, ajenos, por consiguiente, a su deber de custodia jurídica del dinero de la entidad crediticia estatal y proyectó su indebido ánimo ilícito frente a Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A., cuya relación comercial era, en extremo, cercana, con aquella otra sociedad.

A tal inferencia llegó tras advertir que Dxxxxx S.A. autorizó a la Cxxxxx Axxxxx a efectuar pagos en cheques de gerencia con cargo a su cuenta, a favor de Nxxxxx Fxxxxxxx Cxxxxx Vxxxx, representante legal suplente de Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A., quien tendría vínculos familiares con Mxxxxx A. Fxxxxx Cxxxxxx, suplente de la junta Directiva de Dxxxxx S.A.

Además, el ente control destacó que, la dirección y el teléfono de Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A., señalados el 2 de febrero de 1998 en el RUT de la DIAN, son los mismos que aparecen en el membrete de la papelería utilizada ordinariamente por Dxxxxx S.A. en sus operaciones comerciales y en las solicitudes de servicios bancarios presentadas a la Cxxxxx Axxxxx, (Cra x Nº x-xx, Edificio Mxxxxxxx, xx Piso-Bxxxxxxx, teléfono xxxxxxxx).

Aseguró también que el 18 de septiembre de 1998 se confirió poder para el cobro jurídico de las obligaciones a cargo de Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A., con la instrucción de que fuera entregado expresamente al abogado externo Oxxxx Gxx Cxxxxx Vxxxx, con lazos de parentesco con el Gerente suplente de Dxxxxx S.A. —Gxxxxxx Gxxxx Gxxxxxx— y codeudor de Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. y con Nxxxxx Fxxxxxxx Cxxxxx Vxxxx, representante legal de la última compañía mencionada y miembro de la Junta Directiva de la misma.

De hecho, dicho nexo familiar entre Cxxxxx Vxxxx y Gxxxx Gxxxxxx, refirió el órgano contralor, le sirvió al primero para declararse impedido en el mandato ejecutivo que le había sido otorgado.

Resaltó que la encausada dio instrucciones precisas, como miembro del Comité de Reparto, junto con el jefe del departamento de crédito y cartera —Jxxxx Gxxxxxx Uxxxxx—, a través de los oficios U.R.C. /98 197 y U.R.C. / 98 202, de no remitir a cobro jurídico las obligaciones en mora de las citadas empresas, siendo que, tras 90 días de vencimiento, era imperativo proceder en ese sentido.

Fue notorio para la Contraloría que, tanto en el descubierto de 207 días de Dxxxxx S.A. como en el de 220 días de Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. transcurrió el plazo máximo de 90 días, sin que la acusada los reportara a la sección de cartera para su cobro judicial.

Finalmente, resaltó que hubo una concentración significativa de los recursos de crédito otorgados en sobregiro, pues a julio 31 de 1998, estas dos empresas tenían el 94% de participación —Dxxxxx S.A. el 86% y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. el 8% en el rubro destinado por la entidad financiera para esa línea comercial—, descubiertos que por estar ampliamente vencidos ameritaban su cobro jurídico y que, sin embargo, para esa fecha, no contaban, siquiera, con los respectivos poderes.

3.2. Al respecto, aunque el informe de la Contraloría sugiere que la procesada tuvo una participación activa, tanto en la aprobación de los ilegales sobregiros, como en la falta de recaudo oportuno de las sumas de dinero entregadas por el banco, pues se habría valido de su cargo para impedir que las obligaciones en mora de Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. no fueran reportadas a la unidad de cartera, pese a que por su condición de Gerente Regional y de miembro de los comités regionales de crédito y de castigo de cartera vencida, tendría pleno conocimiento del deber de iniciar el cobro jurídico de las deudas de los usuarios incumplidos, cuyo vencimiento superara los 90 días(53), es lo cierto que, tales hechos no pudieron ser objeto de corroboración en la causa que nos ocupa.

En efecto, como lo resaltaron los falladores y la Delegada del Ministerio Público, los juicios de valor incriminatorios, consignados en el informe de auditoría integral de la Contraloría, no fueron verificados en la actuación penal, sino apenas en torno al tiempo de servicios de la inculpada al frente de la gerencia regional Bxxxxx y las funciones a su cargo, lo cual resulta insuficiente para erigir en su contra juicio de reproche jurídico penal por el delito de peculado por apropiación, máxime cuando se desconoce si las imputaciones elevadas por el ente de control fiscal en esa fase primigenia de investigación fiscal, llegaron a consolidarse en un auto de imputación de responsabilidad fiscal o en un fallo con responsabilidad fiscal.

Ciertamente, la Corte concuerda con los juzgadores y la representante del Ministerio Público en que, en el legajo, aparte de i) un fragmento del mencionado “informe de auditoría integral”, ii) la denuncia que lo reproduce en idénticos términos, iii) algunos documentos que, por un lado, ubican a la procesada como Gerente Regional (e) de la sucursal Bxxxxx para la época de los hechos y describen las funciones propias del cargo y, por otro, informan su asistencia a algunos comités en los que, por cierto, no se aprobaron los sobregiros que le son reprochados y iv) ciertos documentos que no tienen ninguna relación de pertinencia con la señora Exxxxx Axxxxx sino con otro coprocesado (gerente regional para el año 1997) —valga recalcar, aportados por el mismo implicado—, no obra ninguna prueba que, en grado de certeza, permita sostener la atribución de responsabilidad penal.

Esto, por cuanto, es palmario que la actividad del ente instructor fue supremamente deficiente, al punto que, si bien, desde un inicio, ordenó la práctica de varios elementos de persuasión —testimonial, documental, inspección judicial con acompañamiento de perito contable— dirigidos a recaudar información acerca del trámite de aprobación de los sobregiros endilgados a la inculpada, jamás se ocupó de que, verdaderamente, fueran allegados a la investigación, falencia que, por igual, se reprodujo en la fase de juzgamiento.

Así se pronunció en lo fundamental el fallo de segundo nivel:

En efecto, se observa que a través de sendos oficios emanados de la Fiscalía Catorce Delegada de Cartagena, se requirió a la Contraloría General de la República, a la Cxxx de Cxxxxxxx Axxxxx, Industrial y Minero en Liquidación, entre otras entidades, la remisión de los documentos fundamento de los créditos y desembolsos objeto de investigación, sin que se tuviera respuesta por parte de las citadas entidades oficiales, específicamente los documentos soporte presuntamente otorgados por la señora Mxxxxx Exxxxx Axxxxx. Por el contrario, se evidenció que la mayoría de la documentación solicitada se encontraba archivada en las instalaciones de la Cxxxxx Axxxxx en la ciudad de Bogotá, tal como se declara en la Inspección Judicial llevada a cabo el día 17 de abril de 2000, en las oficinas de Coordinación del Bxxxx Axxxxx(54), y en el escrito emanado del Bxxxx Axxxxx de Colombia (sucursal Cartagena)(55).

Ahora bien, no desconoce la Sala, como lo destaca el representante de la parte civil, que la auditoría integral de la Cxxx de Cxxxxxxx Axxxxx realizada por la Contraloría General de la República, constituye una prueba pericial válida, en tanto fue realizada por un ente de control que tiene dentro de sus atribuciones la vigilancia de gestión fiscal de los entes sometidos a ella, pues la Constitución Política de Colombia define el Control Fiscal en su artículo 267, como una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

(…)

Sin embargo, debe advertirse que aunque la Auditoría Integral realizada por la Contraloría General de la República a la Cxxxxx Axxxxx entre 1997 y 1998, constituye un elemento de prueba de gran valía, como que en su análisis individual ofrece información precisa sobre alguno de los tópicos de interés para el esclarecimiento de los hechos, entre los cuales cabe mencionar, que la procesada Mxxxxx Exxxxx Axxxxx se desempeñó como Gerente Regional (Bxxxxx) de la extinta Cxxxxx Axxxxx, que la cartera en mora de dicha entidad financiera estaba conformada por una cartera de consumo estimada en 17.91%, una cartera comercial de 82%, y una cartera hipotecaria de 0.07%, que en el otorgamiento de sobregiros o desembolsos participaron cuatro departamentos integrantes de la Cxxxxx Axxxxx, que la cuenta corriente perteneciente a la empresa Dxxxxx S.A. obtuvo aprobación para un cupo de sobregiros por $400.000.000, que la empresa Hxxxxxxxx S.A. obtuvo un cupo aprobado de $40.000.000 alcanzando la suma de $45.553.423, es lo cierto que, en sentir de la Sala, no alcanza a abarcar todos los supuestos que se hace necesario tener por establecido de cara a un juicio de responsabilidad penal, por el contrario, al ponerlo en relación con el resto de los elementos de prueba recogido (sic) queda de manifiesto que alguna de sus conclusiones requerían ser verificadas.

En efecto, conforme se puede referenciar, para establecer los sobregiros irregulares evidenciados por la Contraloría General de la República, la Fiscalía se basó principalmente en la auditoría adelantada por la citada entidad oficial, destacando que la procesada Exxxxx Axxxxx tenía responsabilidades funcionales y operativas en los créditos otorgados, y muchos de los cuales se efectuaron sin el cumplimiento de los requisitos correspondientes en desacato de la (sic) directrices internas de la Cxxxxx Axxxxx(56).

Pese a ello, la Sala encuentra atendibles las observaciones que realizara el Juzgador de Primera instancia, en torno a que el trabajo llevado a cabo por la Fiscalía no fue lo suficientemente eficaz para lograr el esclarecimiento de los hechos. Lo anterior encuentra respaldo en el Oficio adiado 04 de mayo de 2007 emanado por la Fiscalía Seccional 14(57), mediante el cual el ente instructor pone de presente al fallador de instancia lo siguiente: “...muy respetuosamente nos permitimos infórmale (sic) que revisados los documentos aportados a la investigación, ellos corresponden a los tramitados créditos y/o sobre giros autorizados por Dxxxxxxx Exxxxxx Pxxxxx, a quien se le precluyó la investigación y por tanto se encuentra debidamente ejecutoriada y archivada y respecto a la acusación de Exxxxxxx Axxxxxxxxx, no aparecen anexos correspondientes a los trámites de aprobación de sobre giros a favor de las sociedades Dxxxxx S.A. y Hxxxxx Pxxxxxxxxxx S.A, suscrito por ella, y a quien el despacho le vinculó en su oportunidad, mediante declaración de persona ausente...”.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que al interior del plenario no existe prueba documental que soporte la tramitología en torno a los desembolsos otorgados a las empresas Dxxxxx S.A. y Hxxxxx Pxxxxxxxxxx S.A, presuntamente a través de la ciudadana Mxxxxxxx Exxxxxxx Axxxxxxxxx, para la Sala las apreciaciones llevadas a cabo por la Fiscalía al respecto, sobre las cuales edificó el llamamiento a juicio, carecen de sustento probatorio, pues no corresponde a un profundo y detenido análisis que consultara las condiciones en que debía ejecutarse los desembolsos atribuidos a la procesada, la naturaleza de los mismos, ni los parámetros conformes (sic) los cuales fueron adjudicados los citados créditos, siendo necesario, como es apenas obvio, la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y valorados por los comités integradores de la Cxxxxx Axxxxx, pues como lo refirió en este sentido el fallador de primer nivel, el otorgamiento de los créditos que incurrieron en mora, no estaba sólo a cargo de la gerente regional, sino también involucraba la autorización de cuatro departamentos de la liquidada entidad financiera.

Efectivamente, en este sentido, observa la Sala que el análisis de los sobregiros se redujo solamente a la valoración predicada por la Contraloría General de la República, que como se dijo constituye prueba válida, pero insuficiente para edificar una sentencia condenatoria por el punible de Peculado por Apropiación.

Se observa también que el ente investigador no insistió en orden a que se aportara la documentación que soportaba los sobregiros o créditos en mora irregularmente concedidos a la (sic) empresas Dxxxxx S.A. y Hxxxxx Pxxxxxxxxxx S.A, ni se escuchó en declaración jurada a los funcionarios de la extinta Cxxxxx Axxxxx, que también hacían parte de los cuatro comités integradores de dicha entidad financiera, para constatar sí (sic) los requisitos exigidos para la adjudicación realmente se cumplían o no. Menos se averiguó cuál era realmente el procedimiento en torno al otorgamiento de los créditos, pues según lo manifestado por el otrora vinculado procesal Dxxxx Pxxxxx Exxxxxxx, éstos fueron modificados en varias oportunidades, puntualizando que se trataba de una decisión colegiada(58). Tampoco aparece probado, ni ello se desprende del informe de auditoría realizado a la mencionada entidad, el comportamiento financiero de las entidades arriba citadas con la Cxxx Axxxxx.

Siendo así las cosas, se presenta en este caso una incertidumbre probatoria insuperable en relación con el real acaecimiento del hecho investigado, lo que, desde luego, impide erigir un juicio de responsabilidad penal en contra (sic) la señora Mxxxxxxx Exxxxxxx Axxxxxxxxx.(59) (Negrillas originales)

Nótese cómo, contrario a lo argumentado por el censor, no es cierto que el Tribunal se haya contradicho al admitir, de un lado, que los hechos imputados a la acusada fueron probados con el mentado informe y, de otro, que no estaban acreditados, pues lo que hizo el ad quem, como quedó visto en la transcripción del fallo de segunda instancia que antecede, fue reseñar lo narrado en el documento de la Contraloría y, a continuación, sostener que dicha información debió ser respaldada con otras pruebas que ratificaran que tal estimación del ente de control era certera.

3.3. En realidad, como se sostuvo en los proveídos de instancia e incluso lo destacó el mismo recurrente en su demanda —apoderado del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Cxxxxx Axxxxx en Liquidación—, la única prueba eficiente recaudada en el proceso, tendiente a acreditar la responsabilidad de Mxxxxx Mxxxxxx Exxxxxx Axxxxx en el delito de peculado por apropiación, es el fragmento del “informe preliminar de auditoría”, practicado por la Contraloría General de la República a la gestión desplegada por aquella en la sucursal Bxxxxx de la Cxxxxx Axxxxx, particularmente, durante el año 1998, aportado con la denuncia —que lo reproduce en idénticos términos y no agrega ningún otro elemento de juicio—, el cual carece de toda corroboración a través de cualquier medio cognoscitivo.

Ciertamente, más allá de las referidas enunciaciones incriminatorias de la Contraloría, no existe ningún otro elemento de juicio pertinente, conducente y útil, decretado y practicado por el ente investigador o por el juzgador, aportado por alguno de los sujetos procesales o trasladado desde el juicio de responsabilidad fiscal, destinado a recabar la prueba de la materialidad de la conducta punible o de la participación de la procesada en el injusto, pues, ni siquiera se obtuvo el expediente administrativo producido por el órgano contralor, en el que obrarían los documentos a que hace referencia el aludido reporte fiscal, soporte del mismo, ni se sabe la suerte definitiva del proceso fiscal.

3.4. Y esto es enteramente atribuible al órgano de persecución penal y, parcialmente, al juzgador de primer grado, como pasa a verse.

En verdad, la minuciosa verificación del expediente permite establecer que el 13 de enero de 2000, a través de apoderado, el liquidador de la Cxxx de Cxxxxxxx Axxxxx, Industrial y Minero, en liquidación, formuló denuncia penal en relación con el otorgamiento, en la Sucursal Bxxxxx de dicha entidad, de múltiples créditos y sobregiros por cuantiosas sumas de dinero que, al parecer, no reunían los requisitos exigidos para esas operaciones, generando la pérdida de tales capitales, en perjuicio del erario público.

Particularmente, en cuanto se refiere a la señora Exxxxx Axxxxx, se tiene que la denuncia, reproduciendo el contenido del informe de auditoría de la Contraloría, le endilga haber concedido unos sobregiros a Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. sin acatar algunas previsiones, en orden a garantizar que los dineros prestados no se perdieran y, para probarlo, aportó copia de un pequeño fragmento del aludido documento, el cual, se insiste, no se acompañó de soporte alguno.

El denunciante solicitó decretar y practicar los testimonios de Dxxxxxxx Exxxxxx Pxxxxxx, Sigifrido Ardila Peña, Mxxxxx Exxxxx Axxxxx, Enrique Ruiz Osorio, de “todos y cada uno de los “clientes” y representantes legal (sic) de las personas jurídicas relacionadas en el informe”(60) y de “los integrantes del Comité Regional de Crédito y Comité de Crédito de Presidencia, al Gerente Regional Bxxxxx”(61), inspección judicial “sobre los archivos, libros, asientos contables y demás documentos atinentes al caso investigado, los que se encuentran en la Regional Bxxxxx del Bxxxx Axxxxx de Colombia, y/o donde se hallen conforme a las indicaciones del mencionado Bxxxxxxx”(62) y oficiar a la Regional Bxxxxx del Bxxxx Axxxxx de Colombia “para que remitan los documentos relativos al caso investigado en copia debidamente autenticada; o para que informen al despacho en qué sitio reposan tales documentos”(63).

Del mismo modo, suplicó “decretar y practicar todas aquellas pruebas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la identidad de sus autores y partícipes y la indemnización de los perjuicios causados a la entidad”(64), así como manifestó estar dispuesto a ampliar y ratificar la denuncia, sin perjuicio del conocimiento exacto que, sobre los hechos, dijo tenían quienes hicieron la auditoría (Wxxxxxx Axxxxxx Brxxxxx, Sxxxxxx Exxxxxxxx Fxx, Exxxxxx Fxxxxxxxx Mxxxxxx, Lxxxxx Jxxxxxxx Mxxxxxx, Rxxx x Mxxxxxx Cxxxxx, Oxxx Pxxxx Rxxx xxx, Cxxxx Pxxxx Gxxxx-Rxxxxxx, Bxxxxxx Txxx Rxxxxxxx, Gxxxxxx Pxxxx y Mxxxx Vxxxx), los que también podían ser llamados a rendir testimonio.

En consecuencia, la Fiscal 14 Seccional de Cartagena, en la resolución de apertura de investigación del 16 de marzo de 2000, dispuso i) escuchar en declaración jurada a dos de los funcionarios de la Contraloría —Wxxxxxx Axxxxxx Brxxxxx y Sxxxxxx Exxxxxxxx Fxx—, ii) practicar inspección judicial, con anuencia de un perito contable, “a los fólderes de los créditos a que se hace referencia en la denuncia, así como a los registros contables pertinentes, orientada igualmente la diligencia a revisar el comportamiento de crédito de las cuentas corrientes que se beneficiaron irregularmente de los sobregiros que se relacionan”(65) y a los demás elementos de trascendencia para el esclarecimiento de los hechos, iii) solicitar a la Gerencia Regional del Bxxxx Axxxxx, remitir copia certificada de la documentación concerniente a cada uno de los créditos relacionados en el informe de la Contraloría y iv) vincular a través indagatoria a Mxxxx Exxxxx Axxxxx y Dxxxxxxx Exxxxxx Pxxxxxx.

Libradas las comunicaciones respectivas, mediante Oficio 320 del 12 de abril posterior(66), se remitió al Gerente Zonal del Bxxxx Axxxxx una relación de 70 créditos, respecto a los cuales se había solicitado información, entre los que no se enunciaron los sobregiros otorgados a Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A., y al día siguiente se realizó la diligencia de inspección judicial, en las oficinas de la Coordinación Zonal del Banco, la cual no tuvo mayor fortuna, porque se informó que la mayoría de los fólderes de los créditos enlistados en la denuncia reposaban en las dependencias de la Cxxxxx Axxxxx en liquidación, con sede en Bogotá, razón por la que la instructora pidió a quien atendió la diligencia —Exxxxxxx Dxxxx Axxxxx— remitir, con destino al expediente, copia del manual de procedimiento y de cartera y de los expedientes que sí se hallaban a su disposición, entre los que tampoco estaban los de las mentadas empresas.

Posteriormente, el 30 de mayo, la fiscal del caso ordenó requerir a la referida funcionaria del Bxxxx Axxxxx, a fin de que enviara al Despacho las copias que le fueron solicitadas en la inspección judicial, practicar prueba pericial para establecer el movimiento de algunas cuentas corrientes, entre ellas, las de Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A., identificadas con xxxx-x y xxxx-x , respectivamente, “y a partir de allí determinar si sobre las mismas se sutorizó (sic) sobregiros, indicando el monto de los mismos”(67), así como realizar inspección judicial a la Contraloría General “a fin de que remitan el expediente adelantado en relación con el informe de la Cxxxxx Axxxxx.”(68)

Procedente de la Gerencia Zonal Bxxxxx del Bxxxx Axxxxx, el 9 de junio de dicho año se recibió un Oficio que dijo enviar copia de la documentación de 11 créditos —no aparece en el expediente— y en el que se asevera que la correspondiente a 20 obligaciones más, debe ser solicitada a la Cxxxxx Axxxxx en liquidación(69).

Cerca de un año después, el 14 de mayo, se reiteraron las órdenes de escuchar en indagatoria a Mxxxxx Exxxxx Axxxxx y Dxxxxxxx Exxxxxx Pxxxxxx y de practicar inspección judicial en la Contraloría General de la República, Regional Bxxxxx, así como se dispuso solicitar al Bxxxx Axxxxx que informara qué personas integraban el Comité de Crédito de la Presidencia y el Comité Regional de Crédito en los años 1xxx a 1xxx.

A este último requerimiento, a través de Oficio 338 del 12 de junio de 2001, la Directora de la Sucursal Cartagena del Bxxxx Axxxxx respondió que “para los años 1997, 1998 las diferentes modalidades de crédito, sus requisitos y diferentes comités, eran manejados por la antigua Cxxxxx Axxxxx, información ésta que no manejamos”(70), razón por la que pidió dirigir la consulta a la Cxxxxx Axxxxx, en liquidación, lo cual se hizo mediante resolución del 17 de julio ulterior, en el que también se insistió en realizar la inspección judicial a la Contraloría.

El Oficio 348 del 28 de septiembre de 2001 suscrito por la Coordinadora de la oficina de Pensiones, Quejas y Reclamos de la Cxxxxx Axxxxx, en liquidación informó quiénes eran los funcionarios que conformaban los comités de crédito de presidencia entre los años 1995 y 1999 (presidente, vicepresidente de crédito y cartera, gerente de crédito, gerente de cartera especial y oficial de cumplimiento) y regional de crédito (gerente regional Bxxxxx, director del departamento de crédito y cartera, director de la sucursal sede de la regional gerencia regional y director comercial regional).

Entre todos ellos, como miembro del segundo de los comités mencionados para el año 1998, apareció el nombre de Mxxxxx Mxxxxxx Exxxxxx Axxxxx, en calidad de gerente regional Bxxxxx(71).

Igualmente, en Oficio 482 del 22 de octubre se solicitó al Director del Grupo Especial Anticorrupción de la Cxxxxx Axxxxx, en liquidación, copia certificada de varios expedientes de créditos y sobregiros, entre ellos de Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. e información sobre el estado actual de la obligación y la afectación patrimonial respectiva(72).

Dicho funcionario contestó, en Oficio GEA-05-388 del 12 de febrero de 2002, que la Fiscalía Quinta de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública se encontraba investigando algunos créditos concedidos en diferentes regionales, entre ellos, los de Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. y Dxxxxx S.A.(73), y mediante Oficio GEA-00675 del 26 de marzo siguiente remitió copia de los memorandos de la Coordinación de Unidad Remedial y de la Coordinación de Arreglos de cartera donde se da cuenta, en su orden, de los créditos en cobro jurídico —en ellos no figuran las referidas empresas(74)— y del saldo de algunas obligaciones —dichas sociedades sólo son mencionadas para señalar que no se encuentran registradas en sus bases de datos—(75).

Posteriormente, a petición del representante de la parte civil, la señora Exxxxx Axxxxx fue vinculada al proceso mediante declaratoria de persona ausente(76).

Por su parte, la parte civil, en un memorial por cuyo medio solicitó la definición de la situación jurídica de los procesados dijo allegar copia de las carpetas de varios clientes (12) —tampoco aparecen en el expediente—, entre los que, en todo caso, no figuran Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A.(77)

En resolución del 4 de octubre de 2005 de la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena se revocó la decisión que precluyó la investigación a favor de los procesados y se dispuso recaudar “mayores elementos de juicio”(78), por lo menos, ampliar indagatoria a Exxxxx Pxxxxxx, “oficiar a los Juzgados Civiles del Circuito donde se adelantaron los procesos ejecutivos, buscando ante todo el avalúo de los inmuebles dados en garantía y el valor del crédito junto con los intereses legales”(79), si fuera el caso, remitir a la Fiscalía Quinta Seccional la actuación concerniente a los créditos a los que aludió el Director del Grupo Especial Anticorrupción —no se referenció como titulares a Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A.— a fin de “evitar que se profiera decisiones contradictorias”(80) y confrontar al indagado en punto de la razón para la concesión de los sobregiros.

El 14 de octubre de 2005 el Ministerio Público requirió a la Fiscalía para que allegara dichos medios de conocimiento a la actuación(81).

El 12 de diciembre siguiente se ordenó ampliar la indagatoria a Dxxxx Exxxxxx Pxxxxx y oficiar a los juzgados civiles del circuito donde se tramitaron los procesos ejecutivos para establecer el valor de los créditos y los intereses de ley, así como el avalúo de los inmuebles dados en garantía(82) —ninguno correspondía a los sobregiros de Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A.—

En dicha diligencia de ampliación, Dxxxx Exxxxxx Pxxxxx —coprocesado— aportó algunos certificados de paz y salvo de obligaciones crediticias(83) y unos cuantos juzgados civiles enviaron la información solicitada(84). Ninguna se relaciona con las plurimencionadas empresas.

Cerrada la investigación —el 26 de abril de 2006— el delegado del Ministerio Público solicitó precluir la investigación, habida cuenta que no se recaudaron las pruebas que la segunda instancia había reclamado al revocar la preclusión que dictara su inferior. En el mismo sentido, se pronunció la defensa de Exxxxxxxx Pxxxxx.

Mientras tanto, la parte civil solicitó acusar con fundamento en el informe preliminar de la Contraloría(85), postura enteramente aceptada por la Fiscalía en el pliego de cargos del 29 de septiembre posterior respecto de Mxxxxx Mxxxxxx Exxxxxx Axxxxx por el delito de peculado por apropiación, pues a favor de Diego Espinoza Posada, declaró la preclusión.

Nótese, en este punto, cómo, siendo la resolución de acusación el marco para la atribución de responsabilidad, se limitó a señalar que la sindicada hizo unos sobregiros “por valor hasta de Cuatrocientos millones de pesos moneda legal ($400.000.000 m/l) sin el lleno de los requisitos administrativos, no obstante a (sic) la iliquidez de algunos beneficiarios, [tales como “Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. que tenía un promedio negativo en su cuenta] con lo que habría violado los reglamentos de crédito de la Entidad Oficial, dando lugar al detrimento fiscal de la Entidad”(86) y que, se abstuvo de cobrar las respectivas obligaciones por la vía ejecutiva, imputación que dijo estar fundamentada, sin más, en la denuncia y el informe de la Contraloría.

Habiendo alcanzado ejecutoria la resolución calificatoria, en el traslado del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público pidió recaudar “las garantías, pólizas, seguros, aprobaciones, manejo de cuentas, al momento de[l] otorgamiento [de los 256 sobregiros] y demás documentación de éstos; lo mismo que establecer la participación de la enjuiciada en el trámite y aprobación de los mismos”(87), allegar los memoriales por cuyo medio ella ordenaba no entregar a cobro jurídico a los titulares de los sobregiros que autorizó, concretamente, en relación con Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. y solicitar los antecedentes penales y contravencionales de la acusada.

Por su parte, en la audiencia preparatoria del 12 de abril de 2007, la Juez Segunda Penal del Circuito de Cartagena ordenó requerir

a la fiscalía presente para (sic) allegue los anexos correspondientes a la acusación elevada contra Mxxxxx Escobar y si dentro de ellos no obra la documentación pedida por el Ministerio Público se oficiara (sic) a la Cxxxxx Axxxxx en liquidación ubicada en la ciudad de Bogotá y los antecedentes de la procesada. De Oficio se solicitará informe a la Cxxx de Cxxxxxxx Axxxxx en liquidación informe del estado actual de los sobregiros y/o créditos autorizadazos (sic) por Mxxxxxxx Exxxxxxx. Obtenida la respuesta si existiere procesos judiciales por cuenta de ellos se oficiará a esos despachos a fin de establecer (sic) valor del mandamiento de pago y de las sumas de dineros recuperados dentro de los mismos y en términos generales estado de los proceso (sic). Realizar avalúo pericial a partir de la actualización de saldos insolutos de los sobregiros y/o créditos que puedan existir para determinar daños y perjuicios comisionado (sic) para tal fin al C.T.I. de la Fiscalía, término 15 días.(88)

En cuanto a los anexos que, se pensó, estarían en poder de la Fiscalía, esta informó mediante Oficio 393 del 4 de mayo de 2007 que:

revisados los documentos aportados a la investigación, ellos corresponden a los tramitados créditos y/o sobregiros autorizados por Dxxxx Exxxxxxxx Pxxxxx, a quien se le precluyó la investigación y por tanto se encuentra debidamente ejecutoriada y archivada y respecto a la acusación de la Exxxxxxx Axxxxxxxxx, no aparecen anexos correspondientes a los trámites de aprobación de sobregiros a favor de las sociedades Dxxxxx S.A. y Hxxxxx Pxxxxxxxxxx S.A., suscrito por ella, y a quien el despacho le vinculó en su oportunidad, mediante declaración de persona ausente.

Como quiera que se abrió investigación penal, el 20 de abril de 2007, por la compulsa de copias contra los representantes de estas sociedades, hemos ordenado solicitar toda esa documentación en la Cxxx de Cxxxxxxx Axxxxx en Liquidación.(89)

Así mismo, los peritos designados para hacer el avalúo pericial de los saldos adeudados manifestaron su imposibilidad de realizarlo por no contar con la información necesaria para tal fin. En ese sentido, expresaron:

La Auditoría Integral fue practicada por la Contraloría General de la República en el año 1999 y el informe data de junio de la misma anualidad, lo que quiere decir que estamos ante unos hechos detectados hace 8 años, desconociéndose si de los 12 créditos relacionados en la denuncia, existen algunos créditos que ya han sido cancelado (sic) e igual situación se presenta con los sobregiros otorgados, por lo que solicitamos al Despacho Judicial que se sirva aclarar esta situación con la Entidad demandante o su apoderado, en razón a que por nuestra cuenta indagamos en las oficinas del Bxxxx Axxxxx de Colombia-Cartagena, antes Cxxxxx Axxxxx, y nos informaron que toda la información relacionada con los hechos que nos ocupa (sic) se encuentran en las oficinas de la Cxxxxx Axxxxx en Liquidación, ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.

Una vez obtengan la información exacta nos la allegan y así podremos darle cumplimiento a la comisión referenciada.(90)

Al expediente, mediante Oficio UGP-PP-2109 del 8 de agosto de 2007, la Coordinadora de la Unidad de Gestión Procesal —privado y penal— también allegó fotocopia de la tarjeta de control de empleados de la procesada, fotocopia de sus funciones, de las actas de Comité Regional de Cartera — Nº 5 a 10 del año 1998—, del acta de Comité de Castigo de Cartera —Nº 2— en las que aparece como asistente el nombre de aquella y de las actas de aprobación de 11 créditos y el estado de esas obligaciones. En ninguna parte se mencionan las obligaciones de Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A.

3.5. El precedente recuento, deja ver la incuria manifiesta del instructor y del juzgador de primer nivel de cara a la necesidad de esclarecer los hechos denunciados.

En realidad, tanto la Fiscalía instructora como el juzgador no sólo dejaron de practicar importantes medios de prueba pedidos por la parte civil, pese a encontrarse en posibilidades reales y materiales de hacerlo, sino que también omitieron ejercer la oficiosidad en orden a averiguar con igual celo tanto lo desfavorable como lo favorable a los intereses de la acusada, con lo cual se dejó de comprobar la hipótesis acusatoria, dando paso a la obligación de mantener incólume la presunción de inocencia que favorece a la inculpada.

Al respecto, lo primero que se advierte es que si bien la víctima de la infracción penal solicitó en su denuncia escuchar en declaración a varias personas, además de los procesados, y particularmente a las personas naturales y representantes legales de las personas jurídicas titulares de los créditos y sobregiros, a los miembros de los comités de autorización y a los auditores que rindieron el informe preliminar de la Contraloría, la Fiscalía ignoró tal petición probatoria, porque únicamente ordenó recepcionar los testimonios de dos de los funcionarios del ente fiscal, pero nunca los practicó y aunque obtuvo información sobre los miembros de los comités tampoco los citó.

De igual modo, la parte civil pidió practicar una inspección judicial al sitio en el que se encontraran los documentos que respaldarían las supuestas irregularidades, pero el ente acusador solamente realizó una en las dependencias del Bxxxx Axxxxx de Cartagena, sin obtener ninguna información relevante a los fines de la investigación en contra de la señora Exxxxx Axxxxx, porque ahí se le informó al funcionario instructor que ella reposaba en Bogotá y, sin embargo, tampoco fue perseverante en la solicitud de los elementos de prueba requeridos, cuestión que, como es obvio, impidió que el perito contable convocado a la mentada diligencia pudiera cumplir su cometido.

Agréguese que, en esa oportunidad, la Fiscal del caso le pidió a la Coordinadora Zonal del Bxxxx Axxxxx la remisión de copia de los fólderes de los créditos que tenía a su disposición, entre los cuales no aparecieron los de Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. y del manual de procedimientos y de cartera; sin embargo, aunque tras un requerimiento, se indica que los primeros fueron enviados al proceso, no constan en el expediente y el segundo nunca se allegó, el cual era valioso para establecer el trámite a seguir en el otorgamiento de créditos y sobregiros y en el cobro de cartera.

De ahí en adelante, la Fiscalía dispuso un par de veces practicar una inspección a la Contraloría, a efecto de obtener copia del expediente fiscal correspondiente, diligencia que jamás tuvo lugar.

Igual sucedió con la prueba pericial ordenada para establecer el movimiento de algunas cuentas corrientes, entre ellas, las de Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A., identificadas con xxxx-x y xxxx-x, respectivamente, “y a partir de allí determinar si sobre las mismas se sutorizó (sic) sobregiros, indicando el monto de los mismos”(91), pues no obra constancia en la foliatura de que se haya realizado tal experticia, la cual era indispensable de cara a comprobar lo aseverado en el informe del ente de control fiscal, en el sentido que las cuentas fueron abiertas con un escaso valor y presentaban saldos negativos.

Nótese, asimismo, que el apoderado de la Cxxxxx Axxxxx, en liquidación, manifestó su intención de ampliar la denuncia, empero nunca se contempló esa posibilidad.

Aunque se solicitó al Director del Grupo Especial Anticorrupción de la Cxxxxx Axxxxx, en liquidación, copia certificada de varios expedientes de créditos y sobregiros, entre los que estaban los concernientes a Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. e información sobre el estado actual del crédito y la afectación patrimonial respectiva(92), no se obtuvo dicha información en relación con las referidas empresas. Es más, el funcionario informó que la Fiscalía Quinta de la Unidad Nacional de Delitos contra la administración pública se encontraba investigando algunos créditos concedidos en diferentes regionales, entre ellos, a las mencionadas sociedades(93) y la Fiscal, pese a la advertencia de su superior, no hizo nada por establecer si correspondía a los mismos hechos indagados en esta actuación, a fin de confirmar si, quizá, existía un doble proceso al respecto, que, eventualmente, pudiera ser violatorio del principio non bis in idem.

Repárese, también, que a pesar del expreso mandato que la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal le hiciera a su inferior en orden a recaudar elementos de convicción pertinentes a la investigación y de la preocupación manifestada, en similar sentido, por el representante del Ministerio Público, el órgano instructor no recopiló ninguno de esos medios suasorios —escasamente la información aportada por algunos juzgados sobre el estado de unos procesos ejecutivos, sin ninguna relación de pertinencia con los plurimencionados sobregiros— y se aventuró a acusar con lo único que desde el inicio del sumario tenía en sus manos: el fragmento del informe de auditoría aportado por el denunciante, al cual, se recaba, no se anexó ni una sola prueba de aquellas que le sirvieron de base al documento fiscal.

La actividad investigativa en la fase del juicio no tuvo mejor suerte.

Así, en el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000, el Ministerio Público insistió en recaudar “las garantías, pólizas, seguros, aprobaciones, manejo de cuentas, al momento de[l] otorgamiento [de los 256 sobregiros] y demás documentación de éstos; lo mismo que establecer la participación de la enjuiciada en el trámite y aprobación de los mismos”(94) y pidió allegar los memoriales por cuyo medio la procesada había ordenado no entregar a cobro jurídico a los titulares de los sobregiros que autorizó, concretamente, en relación con Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A., y solicitar los antecedentes penales y contravencionales de la acusada, razón por la que, en la audiencia preparatoria, el juez de la causa dispuso oficiar a la Cxxxxx Axxxxx en liquidación en el sentido requerido por el referido delegado, siempre y cuando no obrara esa información en los anexos que, el juzgador supuso, debía tener en su poder la Fiscalía, respecto de la procesada.

Pero, al verificarse que los documentos requeridos no constaban en ningún anexo que pudiera no haberse allegado a la actuación —así lo informó el órgano investigador al juez de la causa—, porque, como se vio, jamás se obtuvieron durante la instrucción, el fallador no hizo nada por recaudarlos en la etapa de juzgamiento.

Del mismo modo, como se destacó atrás, el Juez de conocimiento, en la mentada audiencia, ordenó solicitar a la Cxxx de Cxxxxxxx Axxxxx, en liquidación, información sobre el “estado actual de los sobregiros y/o créditos autorizadazos (sic) por Mxxxxx Exxxxxx. Obtenida la respuesta si existiere (sic) procesos judiciales por cuenta de ellos se oficiará a esos despachos a fin de establecer (sic) valor del mandamiento de pago y de las sumas de dineros recuperados dentro de los mismos y en términos generales estado de los proceso (sic). Realizar avalúo pericial a partir de la actualización de saldos insolutos de los sobregiros y/o créditos que puedan existir para determinar daños y perjuicios comisionado (sic) para tal fin al C.T.I. de la Fiscalía, término 15 días”(95).

No obstante, los peritos designados por el juzgador para hacer el avalúo pericial de los saldos adeudados manifestaron su imposibilidad de realizarlo por no contar con la información indispensable para cumplir la misión encomendada.

Así también, aunque la Coordinadora de la Unidad de Gestión Procesal —privado y penal- allegó fotocopia de la tarjeta de control de empleados de la procesada, de una relación de sus funciones, de las actas de comité regional de cartera —Nº 5 a 10 del año 1998—, del acta de comité de castigo —Nº 2ؙ—en las que aparece el nombre de la acusada y de las actas de aprobación de 11 créditos y del estado de dichas obligaciones, ninguno de estos documentos corrobora que ella aprobó los ilegales sobregiros.

En efecto, la copia de su hoja de vida y control de empleados indica que la encartada laboró en la referida institución bancaria entre el 12 de junio de 1995 y el 15 de junio de 1999 y, específicamente, como Gerente Regional (e) entre el 1º de enero de 1998 y el 30 de septiembre del mismo año(96). Así mismo, las actas de algunos de los comités regionales de cartera, y de castigo de cartera vencida incorporadas al diligenciamiento muestran que la procesada participó en ellos en dicha calidad. Sin embargo, estos documentos, al tiempo, también dan cuenta que en ninguna de esas reuniones se autorizó o se tomó alguna determinación respecto a los sobregiros de las empresas Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. y Dxxxxx S.A. por los que se elevó pliego de cargos.

De igual manera, obran unas constancias de aprobación de algunos créditos, pero ninguna de ellas se refiere a dichos usuarios bancarios.

Por lo demás, aunque las funciones del cargo que desempeñó la procesada aparecen documentadas en el expediente(97) y en ellas se lee que el Gerente Regional tenía a su cargo la aprobación de los créditos y la autorización de su desembolso, también se expresa que dependiendo de la cuantía o naturaleza se requería el concurso de sus superiores.

La vinculación de la procesada a dicho cargo y su presencia en algunos comités en los que no se discutió nada sobre los sobregiros investigados solo indica eso, que era la gerente y que participaba en esos comités, pero no que haya autorizado los descubiertos por cuenta propia o en connivencia con otros funcionarios, simplemente porque además de las afirmaciones hechas en el informe de la Contraloría nada más lo comprueba.

Repárese que no existe claridad sobre el procedimiento de aprobación de los sobregiros, pues aunque se conocen las funciones de la implicada, estas no son precisas al respecto y dan a entender que otros cuerpos colegiados intervenían en el asunto, a más que tampoco se consiguió el reporte de las competencias de sus superiores y demás comités bancarios.

Igualmente, no se estableció que hubiera algún interés ilícito de la señora Exxxxx Axxxxx en favorecer a las empresas involucradas, ya que no se obtuvieron los certificados de existencia y representación respectivos ni prueba alguna que acreditara tanto los nexos de parentesco o amistad con sus socios o representantes legales como su intervención para que las obligaciones no fueran pasadas a cobro jurídico.

Así, pues, en este caso, como lo destacaron las instancias, no existe certeza acerca de si la autorización de los sobregiros estaba o no en cabeza de la procesada o de otras instancias, pues además que se desconoce si la cuantía o la naturaleza de la obligación crediticia le permitían tomar tal determinación, se observa que varios de los créditos que aparecen aprobados a clientes diversos a los que nos ocupan, fueron autorizados por el vicepresidente comercial, el gerente nacional de crédito, el vicepresidente de crédito y cartera y el jefe de la Unidad Regional Bogotá, pero no por la gerente regional y, se itera, más allá de la participación de la enjuiciada en los aludidos comités no aparece autorizando o gestionando alguno de los descubiertos investigados.

A esto se añade, como lo resaltó el ad quem, que Dxxxxxxx Exxxxxx Pxxxxxx, quien también fuera gerente de la regional Bxxxxx durante 1997, destacó que los procedimientos para la aprobación de los créditos fueron modificados en varias oportunidades y, en todo caso, no era una determinación necesariamente autónoma sino que requería del concurso de varios funcionarios en distintos niveles de decisión, según el caso.

Entonces, como se dijo desde un inicio, si no obstante el indiscutible valor suasorio del “informe de auditoría fiscal”, cada uno de los hechos a los que alude ese documento, relacionados con la presunta aprobación por parte de Mxxxxx Mxxxxxx Exxxxxx Axxxxx de los cuatro sobregiros a favor de las empresa Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxx S.A. mientras ella era gerente regional, no pudieron ser verificados en el proceso penal por la incuria investigativa del ente instructor y del juez de la causa, es del caso admitir que subsisten dudas insalvables sobre la participación de la encausada en los mismos, que no se satisface el estándar probatorio mínimo incriminatorio indispensable para superar el estado de incertidumbre generado y que, en esas condiciones, es inviable derruir la presunción de inocencia y emitir fallo de condena.

Esto es, no existe razón suficiente que permita edificar juicio de responsabilidad penal en cabeza de la acriminada pues los hechos presuntamente delictivos en torno suyo, consignados en el fragmento del informe preliminar de la Contraloría, no fueron, ni remotamente, objeto de verificación, constatación o comprobación a través de cualquier otro medio de convicción.

En verdad, lo descrito atrás pone en evidencia que la Fiscalía General de la Nación, a través de su delegada, incumplió su obligación constitucional y legal de investigar el delito y coordinar las funciones de policía judicial, averiguando tanto lo favorable como lo desfavorable a la imputada, y que el juez de conocimiento, pese a contar con la facultad legal de decretar y practicar pruebas de oficio, dirigidas a establecer la verdad histórica, más allá de ordenar el recaudo de los medios suasorios que habrían podido cumplir tal cometido, no insistió en su recopilación, generando un vacío probatorio que sólo puede ser correspondido con la declaración de absolución que, con tino, decretaron las instancias.

3.6. El recuento antecedente deja ver, con meridiana claridad que, además que no se recaudaron los medios de prueba ordenados por las autoridades judiciales que tuvieron a cargo la investigación y juzgamiento de la procesada, se dejó de indagar acerca de si, en verdad, como lo aseguró el Director del Grupo Especial Anticorrupción de la Cxxxxx Axxxxx, los hechos relacionados con la autorización de los sobregiros endilgados a la señora Exxxxx Axxxxx fueron investigados en cuerda procesal aparte —específicamente ante la Fiscalía Quinta de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública— y cuál fue la decisión adoptada, a efecto de precaver una eventual ruptura del principio non bis in idem.

De concluirse que ninguna acción penal se inició por tales acontecimientos, era oportuno que se investigara por la historia de las cuentas corrientes pertenecientes a Dxxxxx S.A. Nº —xxxx-x— y Hxxxxxxx Pxxxxxxxxxxx S.A. —xxxx-x— a cuyos titulares les fueron concedidos los sobregiros —extractos bancarios—, la capacidad de endeudamiento de dichas empresas para la época de los hechos —estados financieros, certificados de existencia y representación en los que fuera visible el monto de los capitales —suscrito y pagado— y las demandas civiles en su contra—, las garantías personales o reales entregadas a la Cxxxxx Axxxxx, los montos exactos de los sobregiros, la duración de los descubiertos, si fueron o no cancelados —directamente o por vía de cobro prejurídico o judicial—, los funcionarios involucrados en la aprobación de los mismos y las constancias documentales o testimoniales sobre la presunta insistencia de la gerente investigada ante la presidencia y vicepresidencia comercial de la Cxxxxx Axxxxx en su concesión.

Así mismo, era del caso el recaudo de los manuales de procedimiento y de cartera de todos los cargos que tuvieron injerencia en la autorización de los sobregiros y en la falta de cobro judicial oportuno de los mismos, las actas en que ello se consintió, los testimonios de los empleados de la institución financiera que —conforme a los atributos de la prueba (pertinencia, conducencia y utilidad)— hubieran servido para establecer cuáles eran los protocolos para el otorgamiento de los sobregiros y las instrucciones dadas para el manejo de la cartera.

También resultaba adecuado establecer si, como lo afirma el informe de la Contraloría, los sobregiros fueron concentrados casi en su totalidad en las referidas sociedades, e inquirir sobre los vínculos de parentesco de la procesada con los altos funcionarios de las dos personas jurídicas beneficiarias y también entre estas sociedades.

Sin embargo, tal como lo resalta la Delegada del Ministerio Público, nada de esa información aparece reflejada en el proceso y, por eso, como bien lo dilucidaron las instancias, se impone dar aplicación al principio constitucional y legal de la presunción de inocencia, lo mismo que a su similar del in dubio pro reo, pues la Fiscalía no logró establecer, en grado de certeza, si verdaderamente hubo una apropiación ilegal de los dineros estatales por parte de la enjuiciada, por lo que no existe otro remedio que mantener la decisión absolutoria de las instancias.

Finalmente, es necesario agregar que aunque el censor alude a la presunta falta de valoración de un contrato de mandato, no señala cuál es su contenido suasorio ni la trascendencia del mismo a los fines de la decisión impugnada y la Corte, en su exhaustivo reconocimiento del expediente, tampoco lo observa, como para imputarle a los juzgadores alguna suerte de omisión probatoria.

Las anteriores son las razones para no casar el fallo impugnado.

4. Cuestión final.

La Corte compulsará copias disciplinarias para ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cartagena, a efecto de que se investigue la conducta de la funcionaria investigadora y del juez de primera instancia, de cara a la falta de acopio efectivo de los medios probatorios indispensables para pronunciarse acerca de la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad penal endilgada a Mxxxxx Mxxxxxx Exxxxxx Axxxxx.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve

1. No casar la sentencia la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2012 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena, que confirmó la absolución impartida el 25 de julio de 2011, a favor de Mxxxxx Mxxxxxx Exxxxxx Axxxxx, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad, por el delito de peculado por apropiación.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

3. Compulsar las copias de que trata el acápite de la cuestión final de esta providencia».

(43) Nótese que no se previó tal valor probatorio para, por ejemplo, los resultados de las indagaciones de carácter disciplinario.

(44) Cfr. Acta de la sesión de la Comisión redactora del 5 de mayo de 1990 de la Asamblea Nacional Constituyente. pág. 9.

(45) Al respecto, el constituyente Hxxxxxxxx Lxxxxxxx Jxxxxxx opinó: “(…) por lo demás, los resultados de las investigaciones adelantadas por la Contraloría, tendrán valor probatorio ante ésta jurisdicción, es una norma que no tiene sentido porque es obvio, es apenas de sentido común, que si tiene la función, que si va a tener la función de investigar los delitos contra el patrimonio del Estado y juzgar a los presuntos responsables, es evidente que las pruebas que practique, tienen pleno valor ante ella misma, es como decir, como si dijéramos en la Carta Política, que las pruebas practicadas por la Fiscalía General de la Nación, en los delitos que esté adelantanto (sic), tienen plena prueba ante ella misma. Eso es una cosa absolutamente redundante. (…)”. Acta de sesión plenaria del 17 de junio de 1990. p. 3.

(46) Ibidem.

(47) Ibidem.

(48) Ibidem.

(49) Ibidem.

(50) Ibidem.

(51) Radicado 17089, del 23 de enero de 2001

(52) De acuerdo con la tarjeta de control de empleados, Mxxxxxx Mxxxx Exxxxxx Axxxx laboró entre el 1º de enero de 1998 y el 30 de septiembre del mismo año como Gerente Regional, supernumerario. Cfr. folios 196 y 196 vuelto.

(53) En este sentido, ver Acta 007 del 25 de marzo de 1998, del Comité Regional de Cartera en la que se da lectura de las directrices a examinar en ese meating, entre ellos, el de obligaciones con vencimientos superiores a 90 días. Cfr. Folio 67 del cuaderno de anexos.

(54) Ver Folio 72. Cuaderno Original de Instrucción.

(55) Ver Folio 82. Cuaderno Original de Instrucción.

(56) Ver Folio 82. Cuaderno Original de Instrucción.

(57) Ver Folio 112. Cuaderno Original de Juzgamiento.

(58) Ver Folio 89. Cuaderno de Instrucción Original.

(59) Cfr. folios 15-22 de la sentencia de segunda instancia a folios 21-26 del cuaderno del Tribunal.

(60) Cfr. Folio 18 del cuaderno de instrucción.

(61) Ibidem.

(62) Ibidem.

(63) Ibidem.

(64) Ibidem.

(65) Cfr. Folio 60 ibidem.

(66) Cfr. folios 70-71 ibidem.

(67) Cfr. Folio 75 del cuaderno de instrucción.

(68) Ibidem.

(69) Cfr. folios 76-77 ibidem. Ninguno de los créditos a los que se alude en este oficio corresponde a Dxxxxx S.A. y Hxxxxxxxx Pxxxxxxxxx S.A.

(70) Cfr. Folio 82 del cuaderno de instrucción.

(71) Cfr. folios 92-94 ibidem.

(72) Cfr. folios 95-96 ibidem.

(73) Cfr. folios 112-113 ibidem.

(74) Cfr. Folio 115 ibidem.

(75) Cfr. Folio 119 ibidem.

(76) Cfr. Folio 134 ibidem.

(77) Cfr. Folio 156 ibidem.

(78) Cfr. Folio 124 del cuaderno de segunda instancia de la Fiscalía

(79) Ibidem.

(80) Ibidem.

(81) Cfr. Folio 185 del cuaderno de instrucción.

(82) Cfr. Folio 188 ibidem.

(83) Cfr. folios 197-199 ibidem.

(84) Cfr. folios 228-231 y 235 ibidem.

(85) Cfr. folios 240-246 ibidem.

(86) Cfr. Folio 254 del cuaderno de instrucción.

(87) Cfr. folios 14 del cuaderno de la causa.

(88) Cfr. Folio 88 ibidem.

(89) Cfr. Folio 112 ibidem.

(90) Cfr. Folio 108 ibidem.

(91) Cfr. Folio 75 del cuaderno original de instrucción.

(92) Cfr. folios 95-96 ibidem.

(93) Cfr. folios 112-113 ibidem.

(94) Cfr. folios 14 del cuaderno de la causa.

(95) Cfr. Folio 88 ibidem.

(96) Cfr. folios 196 y vuelto del cuaderno de anexos.

(97) Las relativas al crédito y cartera son las siguientes:
“Controlar que las solicitudes de crédito, se encuentren debidamente documentadas, de acuerdo con lo estipulado en los Manuales de normas y Políticas de Crédito y aprobar y autorizar mediante su firma, las operaciones de crédito dentro de los límites de las atribuciones que le han sido conferidas y conforme a las reglamentaciones, sometiendo a los niveles decisorios superiores, aquellas que por su cuantía o naturaleza así lo requieran.
Estudiar las operaciones de crédito, cartera vencida, arreglos de cartera y comercio exterior, que correspondan a sus facultades, aprobar y autorizar su concesión y desembolso, ordenar los trámites para constitución de garantías e hipotecas o ampliación de las mismas, supervisar el cumplimiento y lleno de requisitos y someter a los niveles decisorios superiores, aquellas que por su cuantía o su naturaleza así lo requieran.
Adelantar gestiones para cobro y recuperación de cartera y presentar a consideración del superior inmediato posibles fórmulas de arreglo o la conveniencia de una acción judicial.” Cfr. Folio 55 del cuaderno de anexos.