Sentencia SP13932-2017 de septiembre 6 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP13932-2017

Rad. 48153

Acta 297.

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., seis de septiembre de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «La demanda

La demandante invoca la causal 7ª prevista en el artículo 192 de la Ley 906 de 2004, según la cual la acción de revisión procede cuando mediante pronunciamiento judicial la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria.

Fundamenta la causal señalando que esta colegiatura, en sentencia del 27 de febrero de 2013, dictada dentro de la radicación 33254, varió su precedente criterio, al establecer en nueva jurisprudencia la improcedencia de la aplicación del incremento de la pena establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, para casos de terminación anticipada del proceso por allanamiento a cargos o preacuerdo en conductas punibles enlistadas en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

Cuestiona que no se haya reducido la pena señalada para la conducta punible de secuestro extorsivo agravado por haberse allanado a los cargos los procesados en la audiencia preliminar de formulación de imputación, beneficio que, según lo menciona, la Corte otorga a partir del cambio jurisprudencial señalado.

En consecuencia, solicita la revisión de las sentencias de primera y segunda instancia, para que, en su lugar, se emita fallo que redosifique la pena impuesta a E.P.P., U.B.L. y G.C.V.

(…).

Consideraciones

1. La Sala es competente para conocer de la presente acción de revisión, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 906 de 2004, dado que se dirige contra una sentencia dictada por un Tribunal Superior de Distrito Judicial.

2. Resulta pertinente destacar que la acción de revisión es un instrumento procesal que tiene como finalidad la remoción del carácter intangible de la cosa juzgada cuando se acredita una o varias causales taxativamente impuestas por el legislador y se establece que un fallo ejecutoriado trae consigo algún contenido de injusticia material.

En el asunto de marras, la pretensión de la accionante aduce a la causal 7ª del artículo 192 del Código de Procedimiento Penal de 2004, según el cual procede la revisión «cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya variado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad».

Sobre el mencionado motivo de revisión, la Sala ha reiterado que el demandante debe demostrar cómo el fundamento de la sentencia cuya remoción se persigue hoy, es entendido por la jurisprudencia de otro modo, y que además, de mantenerse el criterio anterior, se configuraría una clara situación de injusticia, debido a que la nueva solución ofrecida por la doctrina de la Corte conduciría a la sustitución del fallo.

Así mismo, ha sido insistente en señalar que para su demostración no basta invocar de forma abstracta la existencia de un pronunciamiento de la Corte, o de señalar uno concreto pero desconectado de la solución del caso, sino que resulta indispensable, además, demostrar cómo de haberse conocido oportunamente por los juzgadores la nueva doctrina sobre el punto, el fallo cuya rescisión se persigue habría sido distinto (CSJ AP, mar. 11/2003, rad. 19252).

De la misma manera, la Sala ha precisado que el pronunciamiento judicial con sustento en el cual se apoya la solicitud sólo debe provenir de la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, por ser esta corporación el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, atendiendo la función que cumple de unificar la jurisprudencia nacional como tribunal de casación (CPP, art. 206, CSJ AP, dic. 5/2002, rad. 18572).

En tal virtud, atendida la previsión normativa y los precedentes jurisprudenciales de la Corte, se tiene que los presupuestos sustanciales de la causal 7ª de revisión, son: i) que la acción se dirija contra una sentencia condenatoria ejecutoriada, ii) que el fallo sea proferido por un juez o corporación judicial, iii) que la Sala Penal de la Corte, en decisión posterior, haya variado la concepción normativa aplicada en el fallo cuya revisión se pide, y iv) que el nuevo criterio jurídico expresado por la Sala sea favorable, en cuanto, de mantenerse el anterior comportaría una clara situación de injusticia.

Observa la Corte que tales presupuestos efectivamente se presentan en el caso sometido a su decisión. En efecto, la acción de revisión se dirige contra una sentencia ejecutoriada proferida por una corporación judicial.

De otro lado, se ha acreditado en esta actuación que el criterio jurídico con el cual se sustentó la sentencia condenatoria fue variado con posterioridad por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para cimentar este aserto se requiere, desde luego, traer a colación los fundamentos de los fallos de primera y segunda instancias y luego reseñar la nueva postura jurisprudencial de esta corporación. A ello entonces se procede.

Para ubicar el contexto de la decisión que se proyecta, ha de partir la Sala por relievar cómo, en atención al allanamiento a cargos operado en la audiencia de formulación de imputación, el Juzgado XXX del Circuito Especializado de XXX, condenó a E.P.P. y U.B.L. a las penas principales de 718 meses de prisión, 75.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y a G.C.V., a la penas principales de 630 meses de prisión y multa de 40.833.33 salarios mínimos legales mensuales, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el máximo legal de 20 años, en calidad de coautores responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo con el delito de secuestro simple, y heterogéneo con los de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Para la determinación de dicha sanción el sentenciador aplicó el incremento punitivo previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 respecto del delito de secuestro extorsivo agravado, pero se abstuvo de otorgar a los condenados la reducción correspondiente a su decisión de allanarse a los cargos, en cuyo sustento invocó la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

La sentencia de primera instancia obtuvo confirmación del tribunal superior, con la única modificación de las penas de prisión y multa impuestas a cada uno de los procesados, las cuales fijó en 616 meses y 36.437,24 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para todos por igual.

Ahora bien, sobre el tema en discusión se hace necesario destacar que en un principio la Sala de Casación Penal de la Corte atendió al contenido literal del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 y, en consecuencia, admitió que en los delitos allí reseñados, entre ellos el secuestro extorsivo, no solo se debía negar al procesado todo tipo de beneficios, particularmente, la atemperación punitiva por allanamiento a cargos, sino que era imperativo atender al incremento contemplado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Sin embargo, esta corporación varió su postura en fallo del 27 de febrero de 2013, dictado dentro de la radicación 33254, advirtiendo que en los supuestos en los cuales el procesado se allane a cargos o acuerde con la fiscalía pero se estuviese ante las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006(1), no hay lugar a aplicar el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

En aras de soportar esta nueva perspectiva jurisprudencial, se consideró que en tratándose de la prohibición expresa de otorgar beneficios dispuesta en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, no resulta justo ni proporcional aplicar el incremento de la pena establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, cuando se ha acudido a los mecanismos procesales de justicia premial instituidos por el legislador.

De esta manera se aludió al tópico en la providencia citada:

Por consiguiente, a la luz de la argumentación aquí desarrollada, fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 —para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo—, tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena.

Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de pena previstos en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a los delitos referidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

Es necesario acotar que este criterio ha sido reiterado en decisiones posteriores de la Sala, como en CSJ SP, 19 jun. 2013, radicación 39719, donde señaló:

Durante las alegaciones orales, de consuno la Fiscalía y la representación del Ministerio Público, pidieron se aplicase de oficio, en favor del procesado, la más reciente jurisprudencia de la Sala, consignada en el radicado 33254 del 27 de febrero de 2013.

La decisión en comento, cabe recordar, a partir de la aplicación del principio de proporcionalidad y la verificación del querer del legislador al expedir la Ley 890 de 2004, concluyó que a los delitos a los cuales cobija la prohibición de rebajas o beneficios del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, entre ellos la conducta punible de extorsión, no les es aplicable el incremento generalizado de pena establecido en el artículo 14 de la primera normatividad citada.

(…).

Claramente el apartado trascrito contiene una restricción al concepto de inaplicación del aumento de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pues, precisamente para que el principio de igualdad respecto de personas a quienes se condena por la vía ordinaria en delitos diferentes, no sea vulnerado, establece como premisa básica que el no incremento sólo opera cuando el procesado se acoge a los mandamientos de justicia premial que contienen las figuras del allanamiento a cargos y preacuerdos.

Vale decir, en los casos en los cuales la persona vinculada por delitos contemplados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, no hace manifiesta su intención de acogerse a la terminación anticipada del proceso, vía allanamiento o preacuerdo, y ello no se materializa en la consecuente definición anticipada del asunto, la pena aplicable debe consultar también el incremento dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

También se ha ratificado, entre otras decisiones, en las providencias dictadas en los radicados 42647, 41657, 39719, 41152, 42035, 42041 y 42925.

En el evento objeto de examen, como se recuerda, los aquí sentenciados aceptaron los cargos que por los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias les imputó la fiscalía, por cuya razón fueron objeto de condena, sin que se les haya otorgado, en relación al primero de ellos, descuento punitivo por su decisión, pese a lo cual en la tasación de la pena los falladores le aplicaron el incremento previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Resulta, por tanto, indudable que concurren en este evento los presupuestos de la causal de revisión materia de invocación, motivo por el cual se declarará fundada la misma.

3. Redosificación punitiva.

Para lo que nos ocupa, el Juzgado XXX Penal del Circuito Especializado de XXX condenó a E.P.P., U.B.L. y G.C.V., como coautores de los delitos de «secuestro extorsivo agravado en concurso material homogéneo, con el delito de secuestro simple, y material heterogéneo con los de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y de defensa personal, y utilización de uniformes e insignias». En consecuencia les impuso, a los dos primeros, las penas de 718 meses de prisión y multa equivalente a 75.000 smlmv; mientras que a C.V. lo sentenció a 630 meses de prisión y multa equivalente a 40.833 smlmv.

Para escoger ese guarismo, el fallador de primera instancia procedió a efectuar, por separado, el proceso de individualización de la sanción en relación a cada uno de los delitos atribuidos. En esa labor dijo el juzgador que como a los procesados E.P.P. y U.B.L. se les imputó la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 58-10 del Código Penal, debía ubicarse en el cuarto máximo de movilidad de cada ilícito para determinar la pena a imponer; y en el caso de G.C.V., como además de esa agravante también concurría la de menor punibilidad consagrada en el artículo 55-1 ibídem, correspondía, entonces, situarse en el primer cuarto medio.

Bajo esos parámetros, el juez consideró que el ilícito con pena más grave era el de secuestro extorsivo agravado. Fue así que a los acusados P.P. y B.L. determinó imponerles la pena de prisión de 618 meses y multa de 62.312,75 smlmv. A C.V. resolvió sancionarlo con 550 meses de prisión y multa de 28.020,83 smlmv.

Acto seguido, a los valores impuestos a P.P. y B.L. les sumó 100 meses (es decir, 16.1%)(2) y 12.687,25 smlmv (es decir, 20.36%)(3), y a C.V. 80 meses (es decir, 14,5%)(4) y 12.812,50 smlmv (es decir, 45.72%)(5), en atención al concurso de delitos que se presentó, resultando un total de 718 meses de prisión y multa de 75.000 smlmv para los dos primeros sentenciados y 630 meses de prisión y multa de 40.833 smlmv para el último de ellos.

La Sala Penal del Tribunal Superior de XXX, al desatar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado por la defensa, disminuyó tales guarismos al considerar que la circunstancia genérica de mayor punibilidad contemplada en el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal, no debió tenerla en cuenta el juzgador de instancia, de modo que la sanción a imponer frente al delito escogido como el de mayor entidad (secuestro extorsivo agravado) tenía que calcularse dentro del cuarto mínimo de movilidad.

De acuerdo con los aspectos ponderados en la sentencia confutada, el ad quem determinó situarse en el límite superior del cuarto mínimo de movilidad del delito más grave, correspondiente a 516 meses de prisión y multa de 23.749,99 smlmv, para incrementarle a esos guarismos 100 meses y 12.687,25 smlmv por la concurrencia de los otros ilícitos, imponiéndole finalmente, por igual, a los tres procesados la pena intramuros de 616 meses y multa de 36.437,24 smlmv.

Pues bien, la Corte procederá a redosificar las sanciones impuestas, respetando los criterios de tasación considerados por los juzgadores de instancia, salvo aquellos que se opongan a las garantías fundamentales, a la ley y la jurisprudencia favorable, dado que la condición de jueces con facultades de control constitucional está radicada también en quien funge como tal en la acción de revisión.

Por tratarse de un concurso de conductas punibles se dará, entonces, aplicación al procedimiento fijado en los artículos 31, 60 y 61 del Código Penal.

Así se tiene que el delito de secuestro extorsivo agravado (C.P., art. 169 y 170) sin el incremento ordenado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, y conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Ley 733 de 2002, prevé las penas de prisión de 28 a 40 años y multa de 5.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigente.

Como el legislador dispone que las penas se deben dividir en cuartos, para ello se toma el máximo de los linderos y a éste se le resta el mínimo. El resultado obtenido se divide en cuatro y el producto que se alcanza determinará cada uno de los ámbitos de movilidad.

Fraccionadas en cuartos se obtiene lo siguiente: (i) para la pena de prisión: el cuarto mínimo oscila entre 336 a 372 meses; segundo cuarto de 372 meses y 1 día a 408 meses; tercer cuarto de 408 meses y 1 día a 444 meses, y cuarto final de 444 y 1 día a 480 meses. Y (ii) para la pena de multa: primer cuarto de 5.000 a 16.250; segundo cuarto de 16.251 a 27.500; tercero de 27.501 a 38.750 y cuarto final de 38.751 a 50.000 smlmv.

El delito de secuestro simple (C.P., art. 168), conforme a lo establecido en el artículo 1º de la Ley 733 de 2002, incluido el incremento dispuesto por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, prevé las penas de 192 a 360 meses de prisión y multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigente.

Dividida la pena en cuartos se obtiene lo siguiente: (i) prisión: primero de 192 a 234 meses de prisión; segundo cuarto de 234 meses y 1 día a 276 meses; tercer cuarto de 276 meses y 1 día a 318 meses y cuarto final de 318 meses y 1 día a 360 meses; (ii) multa: primer cuarto de 800 a 975; segundo cuarto de 976 a 1.150; tercero de 1.151 a 1.325 y cuarto final de 1.326 a 1.500 smlmv.

El delito de hurto calificado y agravado, conforme lo establecido en los artículos 240 inciso 2º y 241-10 del Código Penal, modificados por los artículos 37 y 51 de la Ley 1142 de 2007, respectivamente, tiene una pena de prisión que va de 144 a 336 meses. Dividida en cuartos se obtiene: primero de 144 a 192 meses de prisión; segundo cuarto de 192 meses y 1 día a 240 meses; tercer cuarto de 240 meses y 1 día a 288 meses y cuarto final de 288 meses y 1 día a 336 meses de prisión.

El delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, según el artículo 365 del Código Penal, modificado por la Ley 1142 de 2007, prevé una pena de prisión que oscila entre los 48 y 96 meses. Al dividirla en cuartos se obtiene: primer cuarto de 48 a 60 meses, segundo cuarto de 60 meses y 1 día a 72 meses, tercer cuarto de 72 meses y 1 día a 84 meses y el cuarto final de 84 meses y 1 día a 96 meses de prisión.

El delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas tiene señalada en el artículo 366 del Código Penal —modificado por la Ley 1142 de 2007— una pena de prisión de 60 a 180 meses. Al dividirla en cuartos tenemos: primer cuarto de 60 a 90 meses, segundo cuarto de 90 meses y 1 día a 120 meses, tercer cuarto de 120 meses y 1 día a 150 meses y el cuarto final de 150 meses y 1 día a 180 meses de prisión.

Finalmente, el artículo 346 del Código Penal dispone para el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias una punibilidad de 48 a 108 meses de prisión y multa de 66,66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, incluido el incremento dispuesto por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Al fraccionarse en cuartos se obtiene lo siguiente: (i) para la pena de prisión: el cuarto mínimo oscila entre 48 a 63 meses; segundo cuarto de 63 meses y 1 día a 78 meses; tercer cuarto de 78 meses y 1 día a 93 meses, y cuarto final de 93 y 1 día a 108 meses. Y (ii) para la pena de multa: primer cuarto de 66.66 a 424.995; segundo cuarto de 425 a 783.33; tercero de 784 a 1141.665 y cuarto final de 1142 a 1.500 smlmv.

Como en el fallo de segunda instancia, al redosificar la pena, el tribunal dijo ubicarse en el primer cuarto y, tras tomar en cuenta los aspectos relacionados por el juez de primer grado para su individualización, consideró escoger el límite superior de dicha fracción, la Corte respetará tal criterio y se ubicará en los cuartos mínimos de cada una de las sanciones e impondrá las penas máximas establecida en ellos.

Por ese motivo, las penas de prisión para cada uno de los delitos son las siguientes: secuestro extorsivo agravado 372 meses de prisión y multa de 16.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes que corresponde al máximo del primer cuarto; secuestro simple 234 meses de prisión y multa de 975 salarios mínimos legales mensuales vigentes; hurto calificado y agravado 192 meses de prisión; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 60 meses de prisión; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas 90 meses de prisión; y utilización ilegal de uniformes e insignias 63 meses de prisión y multa de 424.995 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como los procesados se allanaron a los cargos en la audiencia de formulación de imputación, las penas señaladas para los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias respecto de los cuales no existe prohibición legal alguna, se reducirán en un 45% como lo consideró el juez de primera instancia.

En consecuencia, las penas de prisión para cada uno de los delitos son las siguientes: secuestro simple 128 meses y 7 días de prisión y multa de 536,25 salarios mínimos legales mensuales vigentes; hurto calificado y agravado 105 meses y 18 días de prisión; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 33 meses de prisión; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas 49 meses y 15 días de prisión; y utilización ilegal de uniformes e insignias 34 meses y 18 días de prisión y multa de 233,747 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Visto lo anterior, es evidente que la pena más grave, una vez individualizadas las correspondientes a cada uno de los delitos que intervienen en el concurso(6), es la del secuestro extorsivo agravado (C.P., arts. 169 y 170).

Así las cosas, en virtud de las reglas de punibilidad que rigen la concurrencia de delitos (L. 599/2000, art. 31) la Corte partirá de la pena ya individualizada en 372 meses (31 años) para el delito base (secuestro extorsivo agravado) y la aumentará hasta en otro tanto, proporción que no podrá superar la suma aritmética de las penas que concurren, como tampoco el máximo permitido por el legislador.

Para el desarrollo de esta labor la Corte ha sostenido que la redosificación debe cumplirse respetando los criterios y montos que tuvieron en cuenta los jueces de instancia(7), acatamiento que desde luego se impone siempre y cuando no desconozcan el debido proceso previsto en el artículo 31 ibídem, ni los parámetros legales allí contenidos.

Estudiando el proceso de dosificación realizado por el fallador de primer grado se encuentra que después de fijada la pena del delito base incrementó en 100 meses la pena de prisión para E.P.P. y U.B.L., que equivale a un 16,1%; y a G.C.V. en 80 meses de prisión, es decir, un 14,5%.

Ahora, nota la Sala que el tribunal al redosificar la condena impuesta a los procesados, optó por reducir a 516 meses la pena imponible por el punible más grave y, en razón de la concurrencia delictual, resolvió aumentarle a cada uno de ellos los mismos 100 meses abonados por el juez de primera instancia, olvidando que frente a la nueva sanción establecida dicha cifra no resultaba porcentualmente acorde con el incremento efectuado por el a quo, esto es, del 16,1% para E.P.P. y U.B.L., y del 14,5% para G.C.V. De haberse observado tales parámetros, la adición punitiva para los tres sentenciados hubiese sido menor(8). Como quiera que dicho proceder vulnera el principio de legalidad de la pena, la Sala procederá a determinar la sanción a imponer acatando los guarismos fijados por el fallador de primer nivel.

Por consiguiente, la pena fijada para el delito base en 372 meses de prisión, se deberá incrementar respetando la proporción de 16,1%, en 59 meses y 24 días(9), respecto de E.P.P. y U.B.L., para un monto definitivo de 431 meses y 24 días de prisión; y en relación a G.C.V. el aumento será del 14,5%, esto es, 53 meses y 27 días(10), para un total de 425 meses y 27 días de prisión, cifras que ajustan a las limitantes legales previstas para los concursos de conductas punibles.

En lo que atañe a la sanción de multa no se atenderán las proporciones determinadas en los fallos de instancia(11), toda vez que con ellos no solo se desconocería lo preceptuado en el numeral 4º del artículo 39 del Código Penal(12), que impone sumar las multas correspondientes a cada una de las infracciones, sino que, además, se estaría condenando a los enjuiciados a una pena pecuniaria mucho mayor de la que les corresponde si la operación matemática se ciñe a dicha directriz.

Por eso, sumándose las penas pecuniarias previstas para los delitos de secuestro extorsivo agravado —16.250 smlmv—, secuestro simple —536,25 smlmv— y utilización ilegal de uniformes e insignias —233,747 smlmv—, se obtiene un monto definitivo de 17.019,99 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberán pagar, a título de multa, E.P.P., U.B.L. y G.C.V., cada uno por separado.

Por lo anterior, se declararán sin valor, parcialmente, las sentencias de instancia del 4 de junio de 2008 y 19 de agosto del mismo año, proferidas por el Juzgado XXX Penal del Circuito Especializado de XXX y el Tribunal Superior de esa ciudad, exclusivamente para determinar las sanciones principales impuestas a E.P.P. y U.B.L. en 431 meses y 24 días de prisión y de multa en 17.019,99 smlmv; y para G.C.V. en 425 meses y 27 días de prisión y multa de 17.019,99 smlmv, como coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo con el delito de secuestro simple, y heterogéneo con los de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias.

La pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas se mantendrá en el término de 20 años.

Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar fundada la causal de revisión invocada por el defensor de los condenados E.P.P., U.B.L. y G.C.V.

2. Declarar parcialmente sin efecto las sentencias de instancia del 4 de junio de 2008 y 19 de agosto del mismo año, proferidas por el Juzgado XXX Penal del Circuito Especializado de XXX y el Tribunal Superior de esa ciudad, respectivamente, contra E.P.P., U.B.L. y G.C.V., ÚNICAMENTE en lo que concierne a las penas principales de prisión y multa.

3. Fijar de manera definitiva la pena de prisión en 431 meses y 24 días y de multa en 17.019,99 smlmv para E.P.P. y U.B.L.; y de 425 meses y 27 días de prisión y multa de 17.019,99 smlmv para G.C.V.

4. En todo lo demás, los fallos de instancia permanecen vigentes.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.»

1 ART. 26.—Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.

2 ((100x100)/618)= 16.1%)

3 ((12.687,25x100)/62.312,75)= 20.36%)

4 ((80x100)/550)= 14.5%)

5 ((12.812,50x100)/28.020,83)= 45.72%)

6 Cfr. CSJ SP 15 de mayo de 2003, radicado 15619.

7 Cfr. CSJ SP de 27 de mayo de 2004, radicación 19884.

8 Para E.P.P. y U.B.L. de 83 meses correspondientes al 16,1% de 516 meses; y de 72 meses 21 días para G.C.V. equivalente al 14,1% de 516 meses.

9 ((372 x 16.1)/100)= 59,8 = 59 meses y 24 días.

10 ((372 x 14.5)/100)= 53,9 = 53 meses y 27 días.

11 Si se partiera de los 16.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes señalada para el delito de secuestro extorsivo agravado y se incrementara en 3.308,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente al 20,36% determinado por el a quo, respecto de E.P.P. y U.B.L., se obtendría un monto definitivo de 19.558,5 smlmv como pena de multa; y si se aumenta aquél monto en 7.429,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es igual al 45,72% impuesto por la primera instancia, para G.C.V., esa operación arrojaría un total de 23.679,5 smlmv como pena de multa. Ambas cifras son superiores a 17.019,99 smlmv, que se obtienen sumando las multas correspondientes a los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple y utilización ilegal de uniformes e insignias.

12 Conforme al numeral 4º del artículo 39 del Código Penal. “En caso de concurso de conductas punibles o acumulación de penas, las multas correspondientes a cada una de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder el máximo fijado en este artículo para cada clase de multa”.