Sentencia SP14109 de septiembre 6 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

SP14109-2017

Radicación 48248

Acta 297

Bogotá D.C., seis de septiembre de dos mil diecisiete.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales del nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala advierte que el numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, consagra como motivo de revisión de las sentencias ejecutoriadas, el pronunciamiento judicial de la Corte que conlleva un cambio favorable del criterio jurídico que sustentó la condena, respecto de la responsabilidad o de la punibilidad.

Encuentra que asiste razón a las accionantes que piden redosificar la pena, en razón a que cuando H.L.R. y F.C.O. aceptaron en la audiencia el delito de secuestro extorsivo agravado formulado por la Fiscalía y por el cual fueron condenados, aquella les fue fijada con el incremento previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, sin derecho a la rebaja consagrada en el artículo 351 de la Ley 906 del mismo año, en razón de la prohibición establecida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

En efecto, en la sentencia del 27 de febrero de 2013, rad. 33254, la Sala modificó su criterio jurídico y señaló que de acuerdo con la finalidad del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, el incremento de pena previsto en él es inaplicable cuando el imputado se allana a cargos o preacuerda con la Fiscalía, por alguno de los delitos que según el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, se hallan excluidos de todo beneficio judicial y administrativo.

Tal tesis, reiterada en los fallos del 19 de junio de 2013, rad. 39719, 23 de julio de 2014, rad. 41657, y febrero 4 de 2015, rad. 42300 y 43934, entre otros, no hace otra cosa que reconocer que dicho aumento justificado en la necesidad de incrementar las penas para los delitos como consecuencia del derecho premial concebido en la Ley 906 de 2004, rompe la razonabilidad y proporción de la sanción penal en los casos de allanamiento y preacuerdo por delitos contemplados en la prohibición del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

No hay duda que la última disposición citada al excluir de beneficios y subrogados, entre ellos, la rebaja de pena por sentencia anticipada “allanamientos y preacuerdos” para los delitos enlistados en ella, desconoce los principios de las sanciones penales mencionados y conduce a la imposición de una pena mayor al autor al tener en cuenta el aumento de la pena previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 sin justificación alguna, en la medida que las consecuencias del derecho premial no pueden serle reconocidas.

De acuerdo con lo anterior, la causal invocada en las demandas de revisión se estructura cabalmente, dado que está demostrado el cambio favorable del criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria respecto de la punibilidad, razón por la cual se rescindirán parcialmente los fallos emitidos el 27 de junio y 27 de agosto de 2007 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja y el Tribunal Superior de la misma ciudad, modificando la pena impuesta a los condenados.

A H.L.R. y F.C.O. en la audiencia de formulación de acusación les fue imputado el delito de secuestro extorsivo —artículo 169 del Código Penal modificado por el artículo 2º de la Ley 733 de 2002— agravado por cometerse en persona mayor de sesenta y cinco (65) años y presionarse la entrega del dinero exigido para su liberación bajo amenaza de muerte —nums. 1º y 6º del artículo 170 del Código Penal, modificado por el artículo 3ºde la Ley 733 de 2002—, cargo al cual se allanaron.

Verificada la legalidad del allanamiento y aceptado por el juez de conocimiento, en la sentencia al individualizar la pena tuvo en cuenta la fijada en el citado artículo 170 para el delito de secuestro extorsivo agravado, estableciendo los extremos punitivos de veintiocho (28) a cuarenta (40) años de prisión y multa de cinco mil (5.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los anteriores los modificó en la tercera parte del mínimo y la mitad del máximo, conforme los lineamientos del artículo 14 de la Ley 890 de 2004 y los determinó en treinta y siete (37) años y cuatro (4) meses a sesenta (60) años de prisión y multa de seis mil seiscientos sesenta y seis punto seis (6.666.6) a setenta y cinco mil (75.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En razón a la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad, le impuso a cada uno de los acusados el mínimo del primer cuarto del ámbito de movilidad punitiva, esto es, treinta y siete (37) años y cuatro (4) meses de prisión y multa de seis mil seiscientos sesenta y seis punto seis (6.666.6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues la Fiscalía omitió endilgarles la coparticipación criminal y consideró que su imputación en esas condiciones transgredía el principio de congruencia.

Acorde con lo señalado en el numeral 1º del artículo 196 de la Ley 906 de 2004, procederá la Sala a redosificar la pena estrictamente en lo que fue materia de aumento, en virtud del cambio jurisprudencial favorable a los condenados.

Con sujeción a los parámetros considerados por el sentenciador en el proceso de individualización de la pena, a H.L.R. y F.C.O. les corresponde purgar el mínimo del primer cuarto del ámbito de movilidad punitivo determinado a partir de la consagrada en el artículo 170 del Código Penal, modificado por el artículo 3º de la Ley 733 de 2002, esto es, veintiocho (28) años de prisión y multa de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Conforme con el artículo 51 del Código Penal, relativo a la duración de las penas privativas de otros derechos, y lo previsto en su inciso 1º, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas será de veinte (20) años en concordancia con el inciso 3º del artículo 52 ejusdem.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Declarar fundada la causal 7ª de revisión del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 invocada por las defensoras de H.L.R. y F.C.O., en lo atinente a la inaplicación del incremento punitivo previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

2. Declarar parcialmente sin efecto las sentencias del 27 de junio y 27 de agosto de 2007, dictadas por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja y el Tribunal Superior de la misma ciudad, únicamente en lo concerniente a las penas principales de prisión, multa y la accesoria impuestas a los condenados.

3. Fijar las siguientes penas a cada uno de los condenados H.L.R. y F.C.O.: i) prisión de veintiocho (28) años, ii) multa cinco mil ($5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y iii) inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período de veinte (20) años.

4. En lo demás, los fallos permanecen vigentes.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese y Cúmplase».