Sentencia SP14245-2014 de octubre 20 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP14245-2014

Rad. 40476

Magistrado ponente

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

(Aprobado Acta 346)

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Si bien adujo el actor sendos reproches contra la sentencia que hace objeto de la impugnación extraordinaria, dado que el argumento expuesto con respaldo en violación indirecta de la ley sustancial que sostuvo derivarse de error de hecho por falso juicio de existencia por omisión, es en relación con ambos cargos el mismo, la Corte abordará su estudio y otorgará respuesta de manera coetánea, pudiéndose concluir a través de dicho ejercicio, conforme se anticipa, su evidente improsperidad.

2. Fundó el ataque al fallo el censor casacional, según queda advertido, por la especie de yerro fáctico que se cimenta en el hecho de haber pretermitido el Tribunal un pronunciamiento inhibitorio fechado el 18 de abril de 2006, emitido por el grupo de control disciplinario interno de la universidad del Cauca, en donde se sostiene que al no reposar en el folder laboral del disciplinado Miguel Fernando López Calle, el acto administrativo que lo comisionara como docente de la universidad para ejercer el cargo de directo

Ejecutivo de Fauca, su conducta, que se ha entendido adecuada a los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, habría sido desarrollada a título particular y no de servidor público, siendo en consecuencia atípica de los punibles imputados.

3. Por la manera como discurre el libelista, se hace muy evidente que el reparo a la sentencia no estriba, con estrictez, en el supuesto de haber omitido el Tribunal el estudio de la aludida decisión del grupo de control disciplinario interno de la Universidad del Cauca, asunto por demás inocuo, toda vez que esta pretendida prueba contiene simplemente un criterio jurídico con precaria relevancia en el ámbito en que se produjo y nada más, con mayor razón cuando es conocida la plena autonomía entre la acción disciplinaria y la penal, conforme lo prevé de manera expresa el art. 2.3 de la Ley 734 de 2002 CUD; sino de no dar por demostrado cuanto en ella se analiza y decide, esto es, no asumirse por el sentenciador que las conclusiones allí contenidas definen el aspecto relativo a que si López Calle intervino como particular en los actos disciplinables, correlativamente no podía cometer los delitos de peculado y falsedad que suponen la cualificación del sujeto activo.

4. En realidad, si bien es cierto que el Tribunal no se ocupó de la prueba que aduce el censor omitida, el desarrollo del reproche lleva implícito tener que reconocer que si la

oficina de control disciplinario no encontró en la hoja de vida del imputado el acto administrativo que lo comisionó para ser director ejecutivo de la Fauca, el mismo no existió; pero mas aún, que sin tal acto administrativo debe entonces convenirse que su conducta se cumplió por un particular y no un servidor público, dejándose de lado el fundamento que la sentencia tuvo para entender demostrado que el imputado actuó en la condición últimamente aludida y por ende que los delitos que bajo este supuesto se le atribuyeron no escapan a ese ámbito de acción cualificada.

Dada la insignificancia de la prueba que se acusa omitida frente al cometido de pretender con ella dar por demostrado que López Calle obró como particular, realmente correspondía al casacionista demostrar que el imputado, independientemente de que no mediara el acto comisorio cuyo presupuesto formal sirvió a la referida oficina de control para su decisión, no podía cometer los delitos de peculado y falsedad pública por los que fue acusado.

Este es, decantadas en la forma indicada las evidentes precariedades del ataque, el tema sobre el cual se ocupará brevemente la Corte para dilucidar el aspecto de fondo que está implícito en las motivaciones del libelo.

5. El 23 de abril de 1996 entre la Universidad del Cauca y la Fundación General de Apoyo a la Universidad del Cauca Fauca, se concertó un “Convenio marco de cooperación y apoyo institucional”, que tenía por objeto “la concertación de servicios y esfuerzos institucionales con miras a optimizar los recursos humanos, técnicos, económicos, fiscales y parafiscales de las dos instituciones”.

El 31 de marzo de 1997 se inscribió en la cámara de comercio del Cauca la Fundación General de Apoyo a la Universidad del Cauca Fauca, señalándose en el parágrafo segundo que para el cumplimiento de su objeto social “la fundación administrará por delegación que expresamente le haga la universidad, proyectos, actividades, bienes y recursos”. (FL.72 vto.).

El 16 de abril de 1997, se concertó un “convenio específico” entre la Universidad y el Fauca, señalándose como objeto “Intercambiar experiencias y personal en los campos de desarrollo institucional y administrativo, para lo cual La Universidad Del Cauca se compromete a comisionar un docente de tiempo completo, para que ejerza las actividades de director ejecutivo de la Fauca”. A su vez, el 31 de diciembre de 2002 se suscribió el convenio específico 147 de cooperación por un valor hasta de $479.065.047.

Miguel Fernando López Calle se vinculó a la Universidad del Cauca desde el 1º de febrero de 1996 y fue elegido como director ejecutivo en encargo de la Fauca el 9 de julio de 1997 y mediante Resolución 3 del 12 de diciembre de dicho año se le asignaron funciones en propiedad, ejerciéndolas hasta el 26 de enero de 2005.

6. Sobre este supuesto fáctico, fuera de toda discusión está dentro del marco de que se ocupó esta investigación (pues revisorías fiscales posteriores arrojaron un valor por justificar superior a los doscientos millones de pesos) que como director ejecutivo del Fauca, López Calle tramitó ante la Universidad un avance de dinero por la suma de $3.100.000 con miras a la adquisición de 5 libros en desarrollo de un proyecto celebrado entre Colciencias y la Universidad del Cauca y no obstante que los textos nunca fueron comprados, expidió el comprobante de egreso 14197, pero utilizó los recursos para el pago de tarjetas de crédito propiedad de su esposa Olga Consuelo Perafán Hermida.

7. Visto que a la Fauca correspondía, entre otros teleológicos cometidos fijados en el objeto de su constitución, la administración por delegación de recursos públicos insertados en el presupuesto de la Universidad del Cauca, nociones básicas de derecho administrativo sobre esta materia permiten entender que los actos realizados por la persona, natural o jurídica (privada o pública) delegada, se entienden realizados en lugar de la administración; esto es, que se actúa en el ámbito de la delegación, como si fuera la propia administración pública delegante quien adoptara las decisiones.

Así, es un hecho que la Fundación Fauca, cuyo principal objeto era cumplir con los fines originarios de la propia Universidad del Cauca, tanto en su origen como por su funcionamiento canalizaba recursos públicos de la educación, de modo que así algunos actos estuvieran sometidos al derecho privado, hay otros, aquellos concernientes a la propia disposición de dichos recursos que se deben reputar inherentes a la entidad de derecho público de la cual emanaban para su funcionamiento.

8. De ahí que, con razón, el Tribunal hace notar en la sentencia que aunque la Fauca nació como entidad privada, tanto el aporte para su fundación, continuidad y supervivencia misma y el cumplimiento de su objeto social no puede explicarse sino por la contribución de recursos públicos de la propia Universidad del Cauca. En el mismo sentido es explicable la razón por la cual el rector de tal institución Danilo Reinaldo Vivas Ramos (fl.86), al preguntársele por los recursos que hacen posible el funcionamiento de la Fauca señalara haber siempre “afirmado que los recursos que maneja la fundación a través de Convenios suscritos con la Universidad son públicos, tanto en su origen como por el objeto para el cual están destinados a pesar de que la fundación es de carácter privado”.

9. Ahora bien, la inexistencia de un acto escrito y formal mediante el cual se comisionara al docente de la Universidad del Cauca Miguel Fernando López Calle como director ejecutivo de la Fauca no conlleva colegir, desde luego, la ausencia de la comisión y más aun que, en efecto, durante casi diez años, dentro de los cuales se cometió las conductas punibles imputadas, no hubiera fungido en dicho cargo, esto es, que formal y materialmente, López Calle, vinculado como servidor público en la Universidad del Cauca desde 1996, no cumpliera la comisión y el encargo discernidos. En este sentido, la propia literalidad de los Convenios entre la Universidad del Cauca y la Fauca habían previsto que para director ejecutivo se designara a un docente de planta, es decir, que estatutariamente ya se había previsto que ese cargo fuera desempeñado por un servidor público con vínculo directo con la Universidad, según en efecto sucedió al recaer en el profesor López Calle.

10. El carácter vinculante de los actos en calidad de servidor público del procesado, conlleva en el ámbito de la responsabilidad penal que al manejar recursos del erario al margen de los cometidos funcionales y por fuera del objeto de la entidad que legalmente representaba y las finalidades que les eran propias, cuando son objeto de apoderamiento, la comisión de un delito de peculado, así como acreditar mediante documento expedido en desempeño de la misma condición funcional, mendazmente una fuente de su gasto que no corresponde a la realidad, un atentado a la fe pública, conforme lo declaró la decisión impugnada que, por lo anteriormente expuesto debe mantenerse incólume al no prosperar la demanda de casación propuesta.

En razón y mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

No casar el fallo impugnado.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, cúmplase, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen».