Sentencia SP14320-2014 de octubre 22 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP14320-2014

Rad.: 40010

Magistrado Ponente

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

(Aprobado Acta 349)

Bogotá, D. C., veintidós de octubre de dos mil catorce.

Consideraciones

Primer cargo

1. Inexorable garantía para el ejercicio del ius puniendi con legitimidad es, como bien se conoce, que el trámite a través del cual se llega al proferimiento de una decisión definitiva cumpla con el debido proceso, presupuesto de orden constitucional contemplado por el artículo 29 y de acuerdo con el cual nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que le es imputado, ante juez competente y con observancia de las formas propias de cada juicio; índole de esta última característica a la cual pertenece el supuesto sobre la vigencia de la acción penal durante los distintos tramos de la actuación para poder hacerle producir todos sus efectos jurídicos.

2. Orientado a demostrar que se ha conculcado el rito de juzgamiento dentro de esta actuación está el primer cargo por el que propugna el defensor de Jesús Antonio Bernal Amorocho, conforme queda sintetizado, bajo el entendido que la acción penal prescribió durante la fase de indagación preliminar y antes de que se dispusiera la formal apertura de investigación penal, argumento que se estructura en una propuesta de aplicación ultractiva del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, cuyos efectos favorables reclama no obstante la declaración de inexequibilidad que de la misma hiciera la Corte en su Sentencia C-1033 de 2006.

3. Dado que hace casi dos lustros que se definió por la Corte Constitucional la inconstitucionalidad del precepto que hoy pide el actor sea aplicado, la solución del reproche propuesto dentro de este marco de sustentación no solo surge con especial claridad, sino que permite rechazar las pretensiones que involucra, en criterio compartido con la Fiscalía como no recurrente y el Ministerio Público en esta sede, al haber fijado la sentencia en cita un parámetro sobre la vigencia que tuvo el artículo 531 y el carácter excepcional y absolutamente restrictivo que habría posibilitado su aplicación.

4. En efecto, el escrutinio sobre la conformidad del artículo 531 con la Carta Política que mediante la Sentencia C-1033 de 2006 hizo la Corte, le permitió advertir que ni la implantación del nuevo sistema penal acusatorio, ni la conveniencia de descongestionar, depurar y liquidar procesos penales anteriores a la entrada a regir de la Ley 906 de 2004, podían justificar el quebranto que una medida de prescripción extraordinaria y reducida como la contemplada en dicha norma, aparejaba para los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Pero además, en orden a precisar los efectos del fallo, tradicionalmente entendidos a partir de la fecha de la decisión en cuya virtud desaparece del ordenamiento jurídico la norma contraria a la Constitución, lo hizo advirtiendo que “en aplicación de reiterada jurisprudencia y dado que se trata de la regulación de un beneficio que es contrario a la Constitución la inexequibilidad así declarada lo será desde la fecha de publicación de la Ley 906 de 2004. Empero es claro que los efectos retroactivos de la sentencia se aplicaran es en aquellos procesos en los que no se haya ya concretado la prescripción o caducidad especial cuya inexequibilidad se decreta”.

5. Pese a la falta de contenido jurídico de la expresión “no se haya concretado ya la prescripción”, debido al carácter equívoco sobre si estaba referida al hecho de haber transcurrido el término de prescripción allí contemplado dentro del período en que tuvo vigencia, o a que además dentro del mismo se hubiera hecho tal declaración, la Sala Penal entendió, como no podría ser de otra manera sujeta la decisión sobre su constitucionalidad a los fundamentos expuestos en el anotado fallo, que al disponer que la inexequibilidad del artículo 531 se declaraba desde la propia entrada en vigencia del ordenamiento de la Ley 906 a que pertenece, debía consecuentemente antes de la fecha de tal sentencia, haberse decretado judicialmente la prescripción.

Así se expresó, entre otras decisiones, en el AP-35778 de 2011, al precisar:

“Dicha decisión, opuesto a lo que expone el censor, no da lugar a equívocos, pues se sabe que la referida norma resulta inaplicable tanto antes como después del pronunciamiento de la Corte Constitucional, incluso desde la promulgación de la Ley 906 de 2004 que contiene este precepto, y cuando el Tribunal Constitucional señaló: ’Empero es claro que los efectos retroactivos de la sentencia se aplicarán es en aquellos procesos en los que no se haya ya concretado la prescripción o caducidad especial cuya inexequibilidad se decreta’, claramente hacía alusión a situaciones jurídicas consolidadas, en donde la extinción de la acción penal por prescripción ya había sido decretada judicialmente y tal decisión había cobrado ejecutoria formal y material”.

6. Siendo ello así y bajo el entendido que los hechos acaecieron el 20 de noviembre de 2001, esto es, cuando se produjo el pago de la totalidad del inmueble “Rincón de Resacas”, pero sólo se abrió investigación el 24 de febrero de 2009 y por ende advertido por los fundamentos del reproche, que persigue la ultraactiva aplicación del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 sólo hasta este momento, emerge evidente la improsperidad del ataque.

Segundo cargo

1. La segunda censura también propuesta dentro de los supuestos de quebranto al debido proceso, reclama el hecho de no haberse accedido a la aplicación del artículo 42 de la Ley 600 de 2000, esto es, no disponerse la cesación de todo procedimiento por indemnización integral por parte de ninguno de los sentenciadores en las instancias, pese a estar, en su criterio, colmados los presupuestos normativos para hacerlo, pues no solamente la asamblea general del Sintracreditario aprobó el acuerdo conciliatorio, sino que se allegó el acta en que el mismo se produjo entre la ofendida y el imputado.

2. Ciertamente, tanto el a quo como el tribunal rechazaron la indemnización integral deprecada.

Para el juez de primera instancia es cuestionable la autonomía de la Asamblea Nacional de Delegados, cuando ha propendido durante toda la actuación por darle legalidad al delito y ocultar la realidad, a tal punto que consintió un pretendido arreglo conciliatorio mediante un acuerdo que involucraba un hecho futuro e incierto, 100 asesorías sindicales y 100 conferencias sobre dicho tema por un monto de $1.200 millones que se cumplirían durante los años siguientes, pero además, desproporcionado y lesivo de los intereses del sindicato. Dispuso el juzgador, además, compulsar copias penales en contra de los miembros de la asamblea que aprobaron el acuerdo conciliatorio y su presidenta.

A su turno, para el tribunal, se tiene como regla general que en los casos autorizados por ley, un arreglo indemnizatorio entre las partes permite la extinción de la acción penal. No obstante, no se trata de una regla absoluta, pues si el juez advierte que el acto resarcitorio es inexistente y que se ha urdido su acreditación como un montaje, múltiples razones legitiman a no aceptarlo y entonces a proseguir la actuación.

Entendió que este es, precisamente, el caso presente, cuyo antecedente encuentra en la rechazada constitución de parte civil y que ahora se procura con la conciliación, sobre cuyas circunstancias dan cuenta Carlos Arturo Barragán y Maribel Valdés, presidente y secretaria de Sintracreditario. Así, no traduce el acta en cita ningún acto de indemnización y por ende no podía ser tenido por tal.

3. En efecto, la contemplada por el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, es una de las denominadas causales objetivas y específicas de extinción de la acción penal acorde con el artículo 82 de la Ley 599 de 2000 y procede en aquellos casos no exceptuados en este precepto, en que se ha producido la reparación integral del daño ocasionado con el punible, esto es, en eventos en que el procesado restituya el objeto material del delito o su equivalente pecuniario y que haya indemnizado los perjuicios ocasionados.

Como se sabe, esta figura tiene origen en la postura procesal orientada a posibilitar la autocomposición de los conflictos y tradicionalmente se ha entendido que la decisión preclusiva es imperativa para el funcionario judicial con la manifestación de quien es titular de los derechos socavados, en el sentido de haber sido indemnizado, sin que le sean en esas circunstancias oponibles motivos no previstos en el acto conciliatorio o transaccional.

El poder y derecho dispositivo sólo puede ejercitarse por el titular de la acción civil, se haya o no constituido procesalmente como parte, pues no siempre a quien asiste este derecho participa activamente dentro del proceso, pero en cambio resulta inexorable que efectivamente represente la titularidad de los derechos inherentes al patrimonio económico lesionado, para poder mostrar su beneplácito en acuerdos indemnizatorios.

4. La tradición jurídica procesal colombiana, acogió a la parte civil dentro del trámite penal, como sujeto procesal cuyo propósito era la búsqueda de una condena reparatoria o indemnizatoria, lo cual fue de este modo hasta la conocida Sentencia C-228 de 2002 en que la Corte Constitucional le confirió un poder superlativamente ambicioso (al extremo de entenderse por dicho motivo que prácticamente encarna la propia teleología de la justicia y del derecho), toda vez que no sólo se le atribuye la búsqueda de una decisión resarcitoria, sino además que está dentro de sus inobjetables fines la verdad y la justicia.

Quien proclama representar los intereses de la parte civil debe estar legitimado para ser admitido y entonces para obrar como sujeto de derechos. En este sentido, quien se afirma titular del objeto material que ha sido quebrantado, es el que tiene la posibilidad de ingresar al proceso mediante un apoderado que lo represente en la consecución, entre otros propósitos, el de la condena resarcitoria.

5. Precisamente a la valoración de estos parámetros dedicó espacio el tribunal en la decisión del 22 de marzo de 2011, cuando hubo de pronunciarse en segunda instancia sobre las pretensiones de constituirse en parte civil en representación de Sintracreditario.

Advirtió con dicho propósito, que si bien en principio es en abstracto el sindicato Sintracreditario quien se vio menoscabado en su patrimonio económico, no resultaba jurídicamente admisible como parte civil quien a su nombre había abogado, toda vez que los actos de la asamblea y las declaraciones de la secretaria, habían expresado su criterio sobre la propia inexistencia delictiva y la acusación infundada, en forma tal que una persona interesada en la absolución de un acusado no podía tener legitimidad para promover una reparación.

Con especial detenimiento, observó el tribunal que la asamblea nacional, si bien acordó vender el centro vacacional en una suma equivalente al valor de compra y que, de ser necesario, se pagaría una comisión, es lo cierto que el bien se negoció por $3.000 millones y sólo ingresaron al sindicato $1.800 millones.

Siendo la demanda presentada a nombre de Sintracreditario por perjuicios de $50 millones, entendió dicha corporación que el actor carecía de cualquier interés en la justicia, la verdad y la reparación, con mayor razón cuando había abogado durante todo el proceso por la impunidad del hecho.

En efecto, entre otros argumentos, en el citado proveído se dijo:

“7. De manera que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 45, 48, 49 y 51 del CPPP, la demanda presentada en nombre de Sintracreditario debe ser inadmitida, pues en ella no se ha planteado, de manera coherente con el contexto fáctico y jurídico de la acusación, que dicho sindicato se considere afectado patrimonialmente en el mismo o que persiga la demostración de los hechos por los que se procede penalmente en contra de esta persona, careciendo por ende de los requisitos dispuestos en los incisos 7º y 8º del artículo 48 del CPPP. Por supuesto, es derecho del sindicato respaldar al acusado y entrar en desacuerdo con la Fiscalía; pero si decide hacerlo tal postura deviene incompatible con la de los titulares de la acción civil”.

8. Debe saberse que hoy existe claridad en cuanto a que la administración de justicia es un ámbito del poder público que se orienta a la realización de los fines estatales y que, en tratándose de la justicia penal, su labor se dirige, en cada caso, a aproximarse razonablemente a la verdad y a realizar la justicia en un marco de estricto respeto de los derechos de los intervinientes. De allí que estos propósitos se conozcan precisamente como fines constitucionales del proceso penal y que, con las matizaciones impuestas por los distintos roles procesales, ellos tengan efecto vinculante sobre el juez, las partes y los intervinientes.

En ese contexto, cuando la administración de justicia advierte que se desencadena un proceso o que se acude a uno ya instaurado pero no con el fin de promover la realización de esa teleología impuesta por la Constitución y desarrollada por la ley, sino con el propósito de manipularlo, aquella esté legitimada para reorientarlo hacia la realización de esos fines superiores”.

9. En este caso, en quien dice acudir como parte civil, no se advierte el propósito de promover la realización de los fines constitucionales del proceso penal y, en particular, la verdad y la justicia y la reparación en lo que a ella respecta; sino, cosa bien distinta, la intención de desvirtuar la trascendencia penal de la conducta que la Fiscalía le imputa al acusado, al punto que, de manera insólita, su postura es la misma que este ha asumido y el defensor clama por la admisión de la demanda presentada. Indistintamente de las resultas del proceso, para la Sala es evidente que una postura como esa no constituye un acto legítimo de comparecencia a un proceso penal con el fin de procurar la satisfacción de las propias expectativas, sino un posible intento de manipulación de la actuación procesal que la Fiscalía no duda en calificar de colusión”.

6. Pues bien, visto que, con atinado criterio, el tribunal no encontró fundamento de legitimidad en las pretensiones de constituirse en parte civil por parte de quien dijo hacerlo a nombre de Sintracreditario y que sólo quien reuniera dicho presupuesto para hacerse parte como víctima podría entonces tenerlo para celebrar válidamente un acto conciliatorio o transaccional con el imputado, es evidente que tampoco a esa misma persona jurídica, en idénticas condiciones representada, podría serle admitido un acto de aquella índole o de aceptación por indemnización integral.

7. Las decisiones del Sintracreditario o más precisamente de la asamblea nacional de delegados que propiciaron la materialización de la conducta delictiva de Jesús Antonio Bernal Amorocho, si bien de momento escapan al ámbito de reproche punitivo como persona jurídica, no descarta la activa intervención que tuvieron los individuos que la componen; no solamente en las decisiones que instaron la comisión del delito, sino en la totalidad de aquellas que con posterioridad se adoptaron orientadas a justificarlo o empeñarse en sacar avante su impunidad, pues todas ellas carecen de legitimidad desde la perspectiva de esta actuación penal, no solamente para adquirir el status de parte civil, sino también para ejercer actos dispositivos como perjudicados.

Es que para la Corte, la lesividad a los derechos y patrimonio de un colectivo asociado en un sindicato de base como Sintracreditario, no puede ser suplida en su voluntad por aquellos que pretextando su representación han coadyuvado con su conducta a los actos de apoderamiento por parte de uno de sus integrantes, así lo hayan proclamado como su representante legal. Este es uno de aquellos casos en que el delito que se juzga, a pesar de habérsele imputado con exclusividad al presidente del Sintracreditario Jesús Antonio Bernal Amorocho, emerge inocultable la intervención activamente participativa de cuantos procuraron dar visos de legalidad a la venta de un inmueble que pertenecía al colectivo, en la peor de sus crisis económicas y falta de liquidez de la organización y pese a la cual desdeñaron la suma de $1.200 millones para el año 2001.

8. Si, como queda visto, la asamblea nacional de delegados que intervino en la defraudación de los intereses de la persona jurídica al autorizar la venta de uno de sus haberes inmobiliarios con menoscabo en una suma superior a los $1.200 millones, así como con posterioridad no fue admitida como parte civil dentro de este trámite, tampoco puede, en las mismas condiciones y con base en el mismo fundamento de derecho, hacer transacciones conciliatorias acerca de las pretensiones patrimoniales de la totalidad de los miembros sindicalizados, sobre quienes, finalmente, recayó el desmedro de sus intereses en Sintracreditario, toda vez que la ley no puede servir al propósito de burlar la justicia y el derecho, ni admite avalar un procedimiento como el instado por el grupo de miembros del sindicato que se coligaron inicialmente para propiciar la conducta delictiva con desmedro del sindicato y ahora en colusión del mismo con miras a una aparente legitimidad para celebrar un acto conciliatorio de indemnización integral.

9. No desconoce la Corte, desde luego, conforme lo aduce el actor, la plena autonomía de la persona jurídica en la toma de sus decisiones, conocida la discrecionalidad que en el ámbito de lo privado tiene, ni la representatividad que eventualmente en orden a la toma de decisiones pudiera igualmente tener. Advierte en su lugar la Sala que no se está frente al flujo normal de decisiones de la persona jurídica, sindicato, sino frente a una estratagema urdida para esquilmar, como en efecto se produjo. De ahí que la valoración negativa de ese modo de proceder estriba en que el Sintracreditario, como no podía ser de otro modo, expresó la voluntad aparente contenida en sus decisiones, con actos de su representante legal lesivos del patrimonio colectivo y pretendió parapetarse en eventos de igual naturaleza, no solamente para simular una representación como parte civil en el proceso penal, que no le fue admitida, sino, finalmente, conseguir el reconocimiento de su aquiescencia en orden a lograr la impunidad plena del delito que cohonestaron, con un acta conciliatoria que tampoco puede, en estas condiciones, ser admitida.

10. En dicho sentido debe agregar la Sala, por último, que el contenido mismo del acta conciliatoria, esto es, aceptar como equivalente a la suma de $1.200 millones para el año 2001, 100 asesorías sindicales y 100 conferencias sobre esa misma materia, a razón de $6 millones cada una, que serían cumplidas por el imputado, no traducen acto conciliatorio legítimo alguno, no solamente porque, como ya se advirtió, los sujetos que dan lugar al mismo, intervinieron en desarrollo de los actos ejecutivos del delito, sino porque el propio contenido de la conciliación evidencia el cometido, no de resarcir los perjuicios, sino de establecer una equivalencia en especie exorbitante, desproporcionada y carente de sustento real, con mayor razón atendida la índole de las actividades que lo representan, la inidoneidad y vicios en su objeto y en el sujeto a quien se dice imponer las correspondientes cargas, en una estratagema jurídicamente inaceptable por la descompensación al absurdo que entraña un pacto de tales características, en la forma como se produjo y en relación con el menoscabo patrimonial que, por lo demás, supera en varias veces, el valor representado en la manera como se procuró conciliar en este caso.

El fallo impugnado, en consecuencia, se mantiene incólume.

En razón y mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar el fallo impugnado.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, cúmplase, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».